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El jueves 23 de junio, durante la mañana, se realizó la reunión entre funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y representantes del Frente de Defensa de Huancavelica, acompañados por el obispo de la ciudad y uno de los asesores legales, con el objetivo que los dirigentes hicieran llegar sus preocupaciones sobre el posible inicio de operaciones del proyecto minero de exploración Pukaqaqa Sur de la empresa transnacional Nexa Resources en la región Huancavelica.

Al finalizar la reunión, la delegación huancavelicana hizo saber su preocupación a la Red Muqui. El obispo de Huancavelica, Carlos Salcedo, señaló que el MINEM informó que ya hay una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada desde el 15 de diciembre del 2020. La delegación señaló que esa DIA solo se trató con 200 comuneros que están en la zona de extracción de minerales, pero, observó que: “no se ha contemplado a los más de 50 mil pobladores del distrito de Huancavelica y Ascención que serían afectados”.

La regidora de la municipalidad provincial de Huancavelica, Elsa Benavente, señaló que “la toma de captación de agua principal que abastece el 70% de agua que ingresa a la planta de tratamiento Emapa, está cerquísima a la cabecera de cuenca: Calqui, donde la empresa minera Nexa Resources pretende iniciar el proyecto de exploración minera de cobre.

La minera pretende instalar 20 plataformas con 40 perforaciones que van desde 100 a 1000 metros de profundidad, en una zona llena de bofedales, manantiales y dos lagunas. Durante la perforación se cruzara con acuíferos que alterarán la calidad del agua subterránea, contaminándola con mercurio, plomo y arsénico.

Además, las personas que no tienen acceso a una red pública de agua potable, están organizadas en la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). Y el agua que consumen directamente procede de pozos, manantiales y otros. “Solo cloran el agua”, precisa la regidora. En los distritos de Huancavelica y Ascensión hay 19 JAAS.

Finalizó precisando: “Hemos enfatizado ante los funcionarios del MINEM que no están tomando en cuenta la Política Nacional Ambiental ni la Estrategia contra el Cambio Climático, donde dice que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas.

Por su parte, el secretario general del Frente de Defensa de Huancavelica, Miguel Cárdenas, alerta a las organizaciones de base sobre cualquier maniobra o acto de exploración que realice la empresa. ”Los funcionarios del MINEM han señalado que están a la espera que la empresa les envíe la solicitud de inicio de exploraciones para que la aprueben.

“Cualquier conflicto que pueda pasar, el MINEM será responsable. El agua es vida, no se negocia, es una fuente para la vivencia del ser humano: agua sí, mina no”.

La representante de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos de Huancavelica, Belsa Escobar, también se mostró indignada: “nos vamos preocupados porque el MINEM ha dicho que, si la empresa Nexa presenta la solicitud de inicio de operaciones de exploración, ellos se ceñirán a las normas y aprobarán el inicio del proyecto minero. Nos encontramos con gente que lamentablemente no piensa en nuestros padres, madres y comuneros de estas zonas, que criamos nuestras alpacas, llamas, ovejas, nuestros animales. Harán las perforaciones en esta zona afectando nuestra pachamama, el ambiente, el agua y el aire.

A su turno, uno de los asesores legales, Javier Janckhe, señaló a Red Muqui que predomina una posición tecnócrata de los funcionarios, que más allá de evaluar los impactos ambientales que puede generar el proyecto minero a las comunidades y población de Huancavelica, lo que señalan es que hay un marco normativo vigente. Ellos llegaron a decir que tienen un corsé y que tienen que cumplirlo porque podrían irse presos si no cumplen estas normas. “Primeros están sus hijos”, señalaron, pero la pregunta es, ¿dónde queda la gente de Huancavelica frente a los impactos de este proyecto minero?, cuestiona el abogado.

El asesor legal precisó que hay varias acciones legales que se han estado emprendiendo, como el recurso de nulidad que se presentó en su momento. “Existen estudios de la Autoridad Nacional del Agua que establecía ya la presencia de arsénico con los riesgos de afectación a las personas; y estudios de EMAPA, que establecía el riesgo de acceso a agua potable a la población en general. Pese a eso el MINEM siguió adelante con la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental y posteriormente frente al recurso de nulidad que se presentó por el Frente de Defensa y la Municipalidad, mantuvo su postura de favorecer a la empresa a través de una resolución del 7 de julio del 2021

Si llegaran a aprobar el inicio de exploraciones de la empresa minera Nexa Resources, hay acciones legales a nivel constitucional que se podrían plantear frente al riesgo inminente del derecho a la vida, precisó Javier Janckhe.. Podría plantearse un recurso de amparo que pueda evitar el riesgo a la vida de la salud de las personas.

Al finalizar del informe de la delegación, el presidente del Frente de Defensa de la provincia de Huancavelica precisó: «Llamamos al presidente Pedro Castillo para que tome la decisión política de no aprobar este proyecto minero desde gobierno. Huancavelica le dio su apoyo, y hay que evitar este conflicto».

 

En el distrito de Huanza, ubicado en en la provincia limeña de Huarochirí, se está produciendo un desastre medioambiental, que ya ha arrastrado miles de toneladas de relaves mineros altamente tóxicos, a través de la quebrada Conay, por donde discurre un caudal de color plomizo.

El 30 de marzo pasado, después de copiosas lluvias ocurridas en el sector, ocurrió un desprendimiento de proporciones aún no cuantificadas de depósitos de relaves mineros, pero que a simple vista, de quien se acerque a la abandonada explotación minera Huampar, parece gigante. Por eso y para buscar soluciones inmediatas la comunidad de Huanza le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente en abril del presente año (MINAM), que la mencionada zona fuera declarada en emergencia ambiental. Con ello se le habría dado atención inmediata del parte del Estado y tal vez se hubiese podido evitar que la población siguiera usando esas aguas tanto para regadío y otras actividades agropecuarias como para el consumo humano. No obstante las evidencias del desastre, unas 19 comunidades campesinas que se dedican a la ganadería, así como 9 distritos: Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca y Santa Eulalia, han tenido que seguir consumiendo de las fuentes hídricas directamente afectadas. Contaminación que no se detiene en esos lugares, pues el río de la quebrada Conay, llega al río Macachaca, que a su vez confluye con el río Santa Eulalia, uno de dos tributarios del río Rímac, principal afluente de la capital y que provee de agua potable a sus habitantes.

Valle de Santa Eulalia-autor-MuquiZinc, plomo y plata eran los principales minerales extraídos de un socavón que junto a los depósitos de relaves y de desmonte nunca fueron cerrados, tal como lo reconoce el propio Ministerio del Ambiente, que advierte que los relaves “se encuentran sin actividad de cierre y expuestos al ambiente, además que sus taludes y plataformas superiores están erosionados, entre otros aspectos”. Y continúa constatando que “ en otros dos depósitos (ID 13063 e ID 9988) se registraron deslizamientos de relave y arrastre hacia las partes bajas de las quebradas, cuyas aguas van hacia la laguna Antarangra”. 

Iniciada en los años 50 del siglo pasado, las operaciones fueron abandonadas a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, hay una única persona empleada que hace de cuidador de las instalaciones, en su mayoría barracas y galpones desvencijados y gigantescas montañas de desechos tóxicos sobre cuyas partes planas se han formado verdaderas lagunas que ejercen aún más peso y presión sobre estructuras que no cuentan con ningún tipo de soporte físico.

charcos de agua sobre relave minero - autor: MuquiUn bofedal condenado a muerte

Inmediatamente debajo del perímetro de los cerros del venenoso relave, se juntan dos vertientes de agua, los afluentes del río Conay. Uno es el Azulcocha a mano derecha y el otro es el río Piticuli. Por separado, ambas corrientes aparecen con aguas cristalinas. Un panorama que cambia sólo cien metros más abajo, donde se produce la confluencia. Ubicada justo sobre una planicie, donde se encuentra un ecosistema muy particular de las sierras andinas, como explica Edwin Berrospi ingeniero ambiental de Red Muqui y señala con el dedo índice una playa formada por sedimentación de relave arrastrada por el río:  “Acá vemos un atentado contra una inmensa área de un bofedal, un ecosistema único y muy frágil. Es un sistema hidrológico que funciona conjuntamente con sus especies que están dentro de ese ecosistema. Si vamos abajo, vamos a encontrar varios bioindicadores de un bofedal, que determinan que se trata de ese sistema, que es único. Tiene que ver por ejemplo con la ubicación en una planicie, donde el sistema aluvial de arriba viene sedimentando toda la materia orgánica que ha sido transportada por la lluvia. Es un proceso de cientos de miles de años de formación en la que muchas especies se han ido adaptando a lo largo de ese espacio de tiempo, especies que se mantienen acá. Por lo tanto este relave está atentando contra estas especies, que debido a la toxicidad de los elementos que se han vertido van a morir y van a desaparecer”. 

bofedal condenado a muerte - autor: MuquiYa lo hicieron las truchas silvestres que llegaban hasta la parte alta del bofedal, como atestigua Wilson García que, igual que otros comuneros, venía a pescar a esta zona. En tanto, en las piscigranjas ubicadas en las riberas del río Macachaca murieron las truchas que estaban siendo criadas allí. Dos toneladas de truchas muertas, es la cosecha de la contaminación en esos criaderos ahora abandonados.

No serán los únicos animales afectados, asegura García: “Los animales que vemos aquí, las vacas y las llamas, todavía no han muerto, pero en dos, tres meses o en medio año ya van a comenzar a morir. En los 90 cuando hubo otro gran deslizamiento de relaves al río ya vimos una contaminación parecida, a los cuatro meses comenzaron a morir los animales. Era una “flaquera” que les venía, qué químicos habrán sido… Siempre se le ha reclamado a la empresa y nunca ha reconocido, nunca” 

Gabriela Flores, que trabaja para Caritas en Chosica, organización que forma parte de la  mesa de trabajo sobre derrame de relave del pasivo ambiental minero de la quebrada Conay – Huanza,  explica que el bofedal, también es importante por la función de recarga hídrica, “debajo de estas plantas que vemos hay todo un conducto de acuíferos de agua subterránea que beneficia las comunidades que están en la parte baja, es la fuente para que puedan haber puquiales, manantiales y si esto está afectado con metales pesados, finalmente también van a llegar a esos manantiales y puquiales. Retener, filtrar esos elementos es muy difícil de lograr, si no se controla la fuente de la contaminación.

depósitos de relave parcialmentre derrumbados y bofedal-autor:MuquiHerbert Gutiérrez, de Caritas Chosica explica cómo se originó la contaminación más reciente: “La empresa minera Huampar, después de explotar mineral durante unos cuarenta años han dejado sus sedimentos de relave en estos cerros que podemos ver. A fines de marzo se produjeron lluvias fuertes que formaron pozos sobre la parte plana de estos relaves, que no tienen ningún tipo de protección o drenaje de aguas lluvias que se van acumulando encima de ellas. Una bomba de tiempo que en un momento explotó y derrumbó parte del cerro. La comunidad lo vivió porque el agua que consumen, que proviene de este lugar de repente se volvió espeso y de color grisáceo.”

Edwin Berrospi de Red Muqui añade: “No hubo sistema de fiscalización, de control y de manejo de estos relaves, entonces en momentos de gran intensidad de precipitaciones, se ha debilitado toda el depósito, ya que no había ninguna estructura o construcción que le diera estabilidad física, esto se ha derrumbado”.

Wilson García, presidente de la comunidad de Huanza explica que el agua que consumen proviene de un canal de captación que recorre ocho kilómetros desde la toma de agua en el lugar conocido como Cashca, en la parte alta del río Conay y que llega directamente a la comunidad campesina de Huanza. 

Cuando vieron el deslizamiento, lo intentaron atajar abriendo un canal, al ver que esto no ayudaba, porque se seguían jalando los sedimentos, llevaron tubos para hacer una cañería. Y son esos tubos los que están logrando sacar parte del agua para aliviar la carga que se deposita encima del cerro de sedimentos. Es una medida de emergencia, improvisada de la propia comunidad, que trata de contener el derrumbe como puede, sin embargo, parte de los relaves siguen cayendo al río y más aún cuando llueve.

cañería improvisada instalada por comunidad-autor:MuquiOtros daños

Para Edwin Berrospi que visita por primera vez la zona, la gente de la comunidad sabe el daño que les están causando los desechos de la empresa Huanza S.A. “La magnitud del derrumbe parcial de los relaves, es mucho mayor de lo que imaginaba. No solo está contaminando a una cabecera de cuenca del río Rímac, sino que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico de consumo humano para un conjunto de comunidades que están expuestas a ese envenenamiento. Población que consume esas aguas, que no solo tienen una alta acidez, sino también de metales pesados, tanto en su cantidad, intensidad y magnitud que por cada segundo que se vierte se está sedimentando en su lecho”.

En cuanto a los elementos concentrados en los relaves, altamente tóxicos para todas las especies expuestas a ellos, que probablemente se estén vertiendo a los ríos, Berrospi enumera: plomo, arsénico, cadmio y cromo. 

Un socavón oscuro: reflejo de impunidad 

Abandono, desidia, falta de fiscalización, atropello contra las comunidades y la naturaleza e impunidad para los dueños de las empresas, una forma de violencia estructural y concreta. Todo eso se puede observar también en otro pasivo ambiental, que dejaron quienes sacaron provecho de la mina.

Cuando se ingresa al terreno de explotación abandonada, a mano izquierda resalta un cerro rocoso, en el que se abre un socavón con una entrada enmarcada con vigas de madera revestidas de hierro de unos dos metros de altura. En el suelo se ven los restos de rieles, de donde se sacaba el mineral. Lo más llamativo, sin embargo, es un verdadero arroyo que sale a gran presión de las galerías inundadas. Sus aguas también están saturadas de minerales, ya que en los bordes del cauce abundan manchas de metales de óxido ferroso, resultado del proceso de lixiviación, del desprendimiento de las rocas y piedras al interior de la mina como explica Edwin Berrospi: “Hay un contacto con todo lo que han sacado y está saliendo agua ácida de esta mina, otro pasivo ambiental. Aquí se hace visible la ausencia del Estado, no hay una debida fiscalización de parte del Estado, ni supervisión, nada.

Para cerrar esta bocamina, habría que hacer todo un estudio hidrogeológico para entender la complejidad interna cómo están distribuidas las galerías subterráneas. Porque aquí se ve solo un hueco de donde sale agua, pero son muchos lugares inundados que no vemos”.

cocavón abandonado - autor:MuquiEl coordinador del área socio ambiental de Red Muqui es tajante en cuanto a la defectuosa política del Estado: “Antes no había ningún plan de cierre, nada, no les importaba. El resultado de esa negligencia es lo que vemos acá. Sin embargo, los planes de cierre actuales son muy débiles en cuanto a las exigencias. Pero aparte de eso, no hay nadie quien los fiscalice. Quién los hace cumplir… Porque al final todas las operaciones mineras dejan enormes montañas de relaves acumulados que son estos pasivos ambientales, que van a seguir vertiendo aguas ácidas, que van a seguir desprendiendo partes de los relaves acumulados y por lo tanto van a seguir afectando a las comunidades”.

Respuestas inmediatas y cambios estructurales

En respuesta a las necesidades más urgentes, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete – Fortaleza, presentó el mes pasado la propuesta de instalación de 5 kilómetros de tubería, que se conectaría a una toma de agua de uno de los afluentes del río Conay, que se ubica por encima de la zona de relave, la cual servirá como fuente de abastecimiento temporal de agua a los usuarios de la comunidad campesina de Huanza.

rio Conay, toma de agua Chesque - autor: MuquiMás allá de hacer un desvío del caudal para evitar la contaminación del recurso que le llega a la comunidad o al distrito de Huanza, la corriente del Conay seguirá siendo contaminada por los relaves y desembocando sus aguas en los ríos Macachaca, Santa Eulalia y finalmente el Rímac. Por eso, la ingeniera Flores propone que se realicen acciones paralelas, como hacer un encapsulamiento del relave, para que los tóxicos no continúen a la intemperie. Otro aspecto es, lograr una estabilidad física a través de la construcción de gaviones y diques, para evitar otros derrumbes y el contacto directo entre el depósito y el río. 

También es importante tomar muestras de sedimentos que permitan cuantificar el daño que está generando en la parte baja, donde se ubica el bofedal, totalmente destruido y cuyas aguas contaminadas finalmente está llegando a puquios y manantiales en otras áreas. Sin olvidar que a través del viento se distribuye material particulado, que contiene contaminantes arrastrados más allá del curso de los ríos.

A la hora de establecer responsabilidades para Gabriela Flores los culpables de esta contaminación son la minera y el Estado, porque el Estado ha permitido que esto se genere, sin que las instituciones cumplan su función de prevenir y fiscalizar este tipo de daños ambientales o como dice Romina Villanueva, ingeniera agrónoma, también de Caritas Chosica:  “No hay que olvidar que el cierre legal ocurrió en 2002 y por lo tanto estamos en presencia de veinte años de negligencia por parte del Estado. El MINEM y la ANA han realizado inventarios, pero al final eso ha sido todo, no se han hecho los trabajos pertinentes. Están esperando recién hasta que haya este tipo de daños para actuar”.

Por eso Edwin Berrospi exige que “así como los gremios empresariales y mineros siempre hablan de destrabar los requisitos para las inversiones, es hora que la sociedad exija que el Estado destrabe su burocracia para evitar este proceso engorroso, en el que nadie se responsabiliza”.  

Desde una perspectiva más estructural, para impedir que estos abusos se sigan perpetuando, el geólogo Mattes Tempelmann, con vasta experiencia en las afectaciones socio ambientales de la minería en Perú y experto de MISEREOR en Alemania, plantea : “Los costos de remediación, ahí donde pueda existir ese proceso, junto a los costos por las pérdidas materiales, como aquellos causados por la muerte masiva de truchas y los gastos en salud y alimentación que debe enfrentar la sociedad en su conjunto, especialmente la comunidad de Huanza, son costos que la empresa debe incluir dentro de su balance. Es un cálculo que no hace la minera, siempre dicen que la minería es un negocio rentable, pero es solamente rentable porque no se incluyen estos costos que son externalidades que la empresa en cambio traslada hacia la sociedad”. 

Tal vez no sería descabellado exigir que las empresas mineras y el Estado cuantifiquen e internalicen esos costos para calcular la rentabilidad de los proyectos mineros. Sin olvidar que estamos en presencia de más de 8 mil pasivos ambientales, muchos de los cuales se encuentran en el mismo estado de abandono por su antiguos propietarios y no están siendo fiscalizados por el Estado. Una parte considerable se encuentra en cabeceras de cuenca o al borde de los cursos de los ríos más importantes del país. 

En el día mundial del agua que celebramos cada 22 de marzo con el propósito de promover la importancia del vital líquido en el planeta, aún estamos muy lejos de lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 6 “cuyo fin es garantizar el acceso universal al agua limpia y un saneamiento adecuado a todo la población mundial antes del 2030”. Una de las metas establecidas para tal efecto es mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Lamentablemente nuestras principales fuentes hídricas se encuentran amenazadas por el acelerado aumento de la población, la creciente demanda de las actividades económicas como la minería y por el cambio climático. Todos estos factores están poniendo en peligro la existencia de nuestros manantiales, puquiales, bofedales, páramos, glaciares, lagunas, riachuelos y aguas subterráneas. A pesar de que el 70 por ciento del planeta está compuesto de este elemental líquido, el 97 por ciento es salada, y solo el 2.5 por ciento disponible en la tierra es agua dulce. De ello, tan solo el 0.007% corresponde al consumo humano y se encuentra en los ecosistemas frágiles que necesitamos conservar, principalmente en las cabeceras de cuenca con su riqueza hídrica .

La creciente contaminación minera nos plantea una grave amenaza para la salud humana y los ecosistemas. Un problema que a menudo subestiman tanto los responsables de las políticas públicas como los propios actores ante la grave situación hídrica. Un estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA 2016) ya nos alertó que los principales ríos del país están contaminados con coliformes fecales y metales pesados. Es decir, 129 cuencas hídricas del país están siendo contaminadas a través de 1210 vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales, mientras que existen otros 682 pasivos ambientales mineros y 372 fuentes de residuos sólidos que aportan a esa contaminación, y  ponen en riesgo así la salud de la población y los ecosistemas.

Necesitamos proteger nuestras cabeceras de cuenca

En esta jornada de alerta mundial del preciado líquido, debe ser prioridad la protección de las cabeceras de cuenca no solo como espacios que se alimentan de las lluvias, sino como zonas especiales de recarga hídrica y que tienen una conectividad hidrogeológica con el funcionamiento permanente del sistema hidrológico de una cuenca. Es importante e indispensable su protección, porque el país tiende a presentar condiciones de estrés hídrico, y se estima que para el año 2050 experimentará una situación crítica. Como vemos actualmente, la mayoría de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo son de tipo ambiental y están vinculados directamente con el agua.

Además, la gran diversidad de ecosistemas como los páramos, los bosques de neblina, las jalcas y los espacios medianamente planos también constituyen espacios que producen y almacenan aguas para alimentar a las cuencas mediante las turbas o ecosistemas florísticos que convierte al suelo en esponjas para alimentar a las cuencas. Con ello podemos garantizar la disponibilidad de agua para todos y todas tal como lo indica el objetivo de desarrollo sostenible. 

Urge una ley de vigilantes y monitores ambientales para la protección y cuidado del agua

Asimismo se hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Esperamos que el Congreso de la República debe priorizar el debate sobre su importancia para reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería                                                               

La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.

A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.

Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.

Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes  niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.

La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.

Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.

Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.

En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.

Latinoamérica se ha dado el lujo de vivir de sus recursos naturales, pero el modelo tiene consecuencias sociales y medioambientales, y no resiste eternamente.

La base de la economía de buena parte de los países latinoamericanos son sus generosos recursos de la minería, la agricultura, el sector forestal o la pesca, y los importantes ingresos por sus exportaciones, pero el modelo de desarrollo extractivista está teniendo graves consecuencias sociales y medioambientales en algunos casos irreversibles. Considerando que la pandemia desnudó mas las falencias del actual modelo, se realizó el foro “Alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos”, el jueves 30 de setiembre, en el cual especialistas precisaron los problemas del actual modelo.

En el foro organizado por la Red Muqui,  Carlos Portugal, consultor de la Red, resaltó que se ha demostrado que es inviable el crecimiento infinito con el modelo actual. Reconoció que la pandemia por el Covid-19 puso sobre el tapete la discusión sobre modelo de desarrollo sostenible.

Como medida para dejar de lado el modelo extractivista, Portugal recomendó “el financiamiento a los gobiernos locales de zonas mineras para proyectos de desarrollo a nivel comunal y local con la implementación de ordenamiento territorial participativo y elaboración de planes de vida que contengan la visión territorial y las opciones productivas”.

En el libro “Alternativas al desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia”, publicación de la red Muqui en la que Portugal colaboró, se indica que los ejes de un desarrollo alternativo son: la construcción de economías y sociedades post extractivistas, desarrollar la soberanía alimentaria y promoción de la agricultura familiar, reactivación desde los territorios y priorizando la actividad agropecuaria y agroindustria. Por último, implementar una cultura de nueva relación con la naturaleza en base al Buen Vivir, donde la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos es fundamental para el desarrollo de los pueblos.

Cabeceras de cuenca

En las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, son ecosistemas de gran valor y   generalmente se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales, aguas subterráneas y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica.

Actualmente la implementación del marco metodológico de las cabeceras de cuenca que está elaborando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe responder a un proceso participativo y de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico. Además, se necesita trabajar en la actualización completa de la información de las cabeceras de cuenca desde lo social, ambiental, económico y cultural para identificar, delimitar y zonificar con planes de ordenamiento territorial y planes de vida.

Para Andrés Alencastre, Coordinador Nacional de Agua – C, es necesario comprender el ciclo del agua desde su dinámica en las cuencas y microcuencas. De esa manera, se construye el concepto y el enfoque territorial.

Al respecto, Ruth Preciado, especialista en gestión de recursos hídricos, resaltó que en las cabeceras de cuencas no deben realizarse actividades que impacten en el ecosistema de cuenca, y se debería asegurar la continuidad del agua en su ciclo natural.

La especialista advirtió que las autoridades hacen una valoración sesgada de las cabeceras quedándose solo con lo técnico e hidrológico. “Encasilla la cabeza de cuenca en lo que más conviene para ciertos intereses, pero en realidad la cabecera de cuenca tiene una valoración social, ambiental, en salud, adaptación al cambio climático, pobreza, calidad de agua y derechos de uso de agua”, precisó Preciado.

En esa línea, Ana Leyva, especialista de CooperAcción consideró que “falta información sobre los recursos hídricos que tenemos como país, solo hay estimaciones. No hay un balance real, sino vacíos y sin información, nos sacan la vuelta. Hace años no avanzamos, hace años no invertimos en información».

Ante esta problemática, el libro “Alternativas al desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia”, propone fortalecer las capacidades de los municipios y comunidades de zonas mineras para la vigilancia ambiental y social. Además de la aprobación de la ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Durante su participación en el foro, Alberto Acosta Espinoza, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, advirtió que los gobiernos de los distintos países de la región tratan de recuperarse del impacto de la pandemia por el Covid-19 apostando por mas extractivismo y explotación de los recursos naturales.

“¿Qué futuro tiene seguir exportando petróleo? Se conoce que el 60% de las reservas de petróleo existente deben quedarse en el subsuelo, el 89% de las reservas de carbón no pueden ser explotadas, el 59% de reservas de gas no pueden ser explotadas si no queremos que la temperatura de la tierra crezca en 1.5 grados o 2 grados sino queremos una hecatombe. En ese sentido, no podemos seguir forzando el crecimiento económico no sostenible”, comentó Acosta.

Por su parte, Mary Luzmila Marroquín León, presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada, Mejia y Mollendo (valle de Tambo- Arequipa), recordó que durante la pandemia fueron los agricultores que proveían de alimentos al país. Y pese al esfuerzo que hicieron lamenta que las autoridades siguen minimizando a la agricultura familiar.

“Defendemos el agua para la agricultura con sangre, sudor y lágrimas. En la pandemia no les faltó alimento porque el campo los proveía. A ningún agricultor le llegó el dinero estatal, a nadie le dijeron toma capital para que siembres”, subrayó.

 

 

Puedes leer el estudio «Alternativas al Desarrollo: experiencias y propuestas frente al extractivismo en el contexto de la pandemia» aquí ➡️ LINK

Puedes ver las dos mesas del foro «Alternativas al desarrollo y protección de los recursos hídricos» aquí:

▶️ Mesa 1: Alternativas al Desarrollo

▶️ Mesa 2: Protección de recursos hídricos

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

En medio de un escenario de inestabilidad política y con un nuevo gobierno, en los dos últimos meses el Ejecutivo ha tenido la oportunidad de avanzar en la protección efectiva de los recursos hídricos y especialmente el de las cabeceras de cuenca; sin embargo, se han tomado decisiones muy poco acertadas. A comienzos de julio se emitió el Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI que desarrolla el “Marco metodológico de la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca”. Esta norma debió de salir en el 2018, ya que en agosto del 2017 se aprobó la Ley N°30640, que tiene por objetivo regular la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, incorporando en el artículo 75 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, a fin de evaluar la implementación de medidas especiales para su protección y conservación según su vulnerabilidad.

El artículo 103.5 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece específicamente que la graduación de la vulnerabilidad ambiental de cabeceras de cuenca se establece de acuerdo a los criterios señalados en el Marco Metodológico; sin embargo, el marco metodológico aprobado mediante el Decreto Supremo 014-2021-MIDAGRI, no contiene criterios de graduación de vulnerabilidad ambiental, lo cual es clave para lograr la declaratoria de intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Lo que hace este Decreto Supremo en su disposición complementaria final, es disponer que se desarrolle otro documento técnico que contenga el análisis de vulnerabilidad ambiental del componente hídrico en cabeceras de cuenca. Es decir, el Marco Metodológico aprobado no contiene este análisis fundamental para que el Estado tenga criterios técnicos apropiados para avanzar hacia la intangibilidad de las cabeceras de cuenca.

La medida de intangibilidad de cabeceras de cuenca es una medida preventiva necesaria para evitar impactos en los recursos hídricos y conflictos sociales, lamentablemente el Estado se aleja cada vez más de su potestad reguladora y de protección ambiental.

Ejecutivo observó ley favorable a descontaminación de ríos

Por otro lado, la semana pasada el Ejecutivo ha observado la autógrafa de la “Ley que establece acciones de protección, descontaminación, remediación y recuperación de Cuencas Hidrográficas afectadas por daños ambientales” que el Congreso aprobó el 22 de julio. El principal objetivo de esta Ley es desarrollar acciones prioritarias para la mitigación y remediación de daños en las principales fuentes y cuerpos de agua de las cuencas hidrográficas a nivel nacional. En su artículo 3° establece dentro de las acciones prioritarias la elaboración de un plan de descontaminación, remediación y recuperación que como mínimo contenga línea base, indicadores y cronograma.

En su disposición complementaria establece modificaciones a la Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental, precisando más las responsabilidades del ejecutivo para determinar las fuentes de contaminación y para coordinar técnica y económicamente con los privados responsables de la contaminación A la vez, establece que la PCM y los gobiernos locales además de los gobiernos regionales tendrán la obligación de presentar informes sobre sus avances ante el Congreso

A pesar de la relevancia del tema que trata esta Ley, la PCM responde en sus observaciones a la autógrafa (Ofició N° 554-2021-PR) que se estaría vulnerando el principio de competencia, señalando que la PCM tiene competencias exclusivas en materia ambiental, señalando que el Poder Legislativo no puede determinar las materias que requieren la implementación de políticas nacionales y que la acción del poder legislativo no puede incidir en el planeamiento estratégico sectorial del Poder Ejecutivo.  Por otra parte, el MINAM cuestiona que ya existen comisiones multisectoriales para el abordaje de la problemática de la contaminación ambiental, señalando que existiría duplicidad de esfuerzos. No toma en cuenta que la autógrafa en su artículo 3° perfila con mayor precisión las obligaciones del Ejecutivo, como la obligatoriedad de establecer cronogramas, indicadores y líneas de base para el abordaje de la problemática. Por ejemplo, en la actualidad en las mesas de diálogo del río Coata no se han establecido estos mecanismos de planificación que son necesarios y donde muchas veces el Ejecutivo falla y tiene debilidades.

En conclusión, en los últimos dos meses, en medio de la crisis política y constantes movilizaciones de las organizaciones sociales y ciudadanía que buscan un cambio en las políticas de gobierno a favor de la protección de los derechos; la tecnocracia del Ejecutivo viene mostrando una política de continuidad en la desprotección de los recursos hídricos. Esperamos que desde la nueva gestión del Ejecutivo se re-evalúe los argumentos técnicos planteados hasta ahora, ya que bloquean la posibilidad de protección efectiva de los recursos hídricos y declinan de fortalecer las facultades de regulación ambiental del Estado frente a los privados.

 

 

 

TRAS MODIFICACIÓN PROMULGADA

  • Intangibilidad debería estar vinculada con Ordenamiento Territorial
  • Con aprobación de esta modificatoria se pone en cuestión necesidad de un inventario hídrico oficial

Las cabeceras de cuenca ya son reconocidas como zonas “ambientalmente vulnerables” y muchas de ellas podrán ser declaradas por la Autoridad Nacional de Agua (ANA) como “intangibles”, a fin de que evitar sufran contaminación por parte de las actividades extractivas.

Después haber sido aprobado por el pleno del Congreso, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 30640 que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos (N°29338) e incorpora que se establezcan criterios técnicos para identificar y delimitar a las cabeceras de cuenca. De esta manera, la ANA podrá evaluar la vulnerabilidad y luego implementar medidas para la protección y conservación de las mismas.

A esto se suma, que la ANA -con opinión del Ministerio del Ambiente (MINAM)- puede declarar como “zonas intangibles” a aquellas cabeceras de cuenca que no se otorguen para ningún derecho de uso, disposición o vertimiento de agua.

Con esta modificación, parte del artículo 75, que trata sobre la protección del Agua, indica literalmente que “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”.

Tras la publicación de esta modificatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la ANA deberá elaborar un Marco Metodológico para contar con los criterios técnicos que requiere la ley.

En ese sentido, RED MUQUI recomendó que, al momento de plantear dichos criterios, la ANA considere los procesos de Ordenamiento Territorial, así como lo de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) que ya existen –o están curso- en aquellas localidades donde se pretende conservar las nacientes de ríos. Precisamente, porque ya pueden estar identificadas las fuentes de agua que se necesitan declarar intangibles.

Inventario hídrico incompleto

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que actualmente los derechos de uso del agua, se otorgan en base a inventarios hídricos que presentan los solicitantes (empresas), debido a que el Estado no cuenta con inventario oficial -y completo- sobre las fuentes de agua en el Perú, especialmente de zonas naturales alejadas donde habitan comunidades campesinas y nativas.

Es así que no se puede determinar la verdadera disponibilidad de agua, ni establecer los niveles de protección que requieren las zonas que captan los recursos hídricos.

“Cada vez que una empresa minera -en este caso- solicita autorización, tiene que demostrar a la ANA cuántas fuentes existen en la zona y si hay disponibilidad de agua. Muchas veces, este organismo no tiene como comparar esta información con una de carácter oficial. Entonces solo debe fiarse de los solicitantes de uso”, puntualizó.

A ello se suma que puede haber varios solicitantes en las zonas de agua, para destinarla a otras actividades económicas, además del consumo humano y las actividades sostenibles y propias de la población local, que debe tener prioridad sobre su uso.

Además, RED MUQUI remarcó que, en sus criterios técnicos para intangibilidad (no uso), la ANA también debe considerar a las aguas subterráneas de las cuencas a conservar. Para ello, esta entidad no debe dejar de lado la participación de la población local, sobre todo de aquellos usuarios que habitan en las zonas donde se ubican las cabeceras de cuenca.

DATOS:

  • Hay que recordar que este proyecto tuvo su origen en el año 2012, tras la gran Marcha por el Agua que convocó a cientos de pobladores que marcharon desde Cajamarca y recorrieron unos 870 kilómetros hasta Lima.
  • Desde todo el Perú se fueron sumando personas, así como sus respectivas demandas e iniciativas de ley, las cuales fueron expuestas y recopiladas en un Foro Hídrico, que se llevó a cabo al término de la movilización.
  • El pedido en común fue que no se permitan actividades extractivas cerca de las cuencas de los ríos. Fue así que hace 5 años, Red Muqui apoyó con la redacción inicial de la primera propuesta para llegar a esta Ley.
  • La iniciativa de esta ley fue presentada el año pasado por el congresista Marco Arana Zegarra, en la presente legislatura 2016-2021 del Congreso

Foto: Turismoi

TRAS APROBACIÓN EN COMISIÓN

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó por mayoría el proyecto de ley protección de cabeceras de cuenca que desde ahora pasará a la agenda de discusión del Congreso.

Después de varias semanas de revisiones, recomendaciones y cambios en el predictamen del proyecto de ley (N°283-2016), el título final quedó como: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación.

Ahora, el desafío de la Comisión es elaborar y aprobar una guía metodológica para la identificación de las cabeceras de cuenca en todo el país y su la delimitación geográfica correspondiente.

Además, es necesario contar con un reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuenca, considerando el marco legal de la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La futura aprobación de esta ley significaría una mejor protección para las comunidades campesina e indígenas ubicadas en los alrededores de las cabeceras de cuenca, pues ya no se verían afectadas por actividades productivas o extractivas que podrían vulnerar sus medios de vida y territorios.

Este proyecto legislativo es una propuesta sistematizada que surgió durante la Marcha Nacional del Agua (febrero de 2012) que recién fue presentada en setiembre del 2016, por el Congresista Marco Arana.

Para RED MUQUI la aprobación de una ley que proteja los lugares donde se originan las aguas de los ríos, es necesaria para que realmente se cumpla la norma que declara al agua como derecho humano fundamental. Ya que de no garantizar las nacientes de ríos no se puede hablar de generación del recurso hídrico.

“Era importante contar con la ya que estas aguas son consumidas directamente por las comunidades y utilizadas en actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería, que además abastecen mercados locales y de las grandes ciudades”, comentó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

Cabe resaltar que esta iniciativa de ley ha cuenta con el respaldo de Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, del Ministerio de Ambiente, Programa de Adaptación del Cambio Climático (PACC Perú) y de la Mesa de Trabajo para la Opinión Técnica Legal.

Todos estos organismos coinciden en que este proyecto no contraviene a la Ley de Recurso Hídricos, y que más bien resuelve algunos vacíos legales.

Por su parte la Presidencia del Consejo de Ministros ha recomendado incluir en el texto sustitutorio la prevención de conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca.

Fuente: DHSF Cusco / Comisión de Pueblos del Congreso / RED MUQUI

Foto: malcolmallison

TRAS VOTACIÓN DE PREDICTAMEN

  • Este 7 de marzo la votación del predictamen está en agenda

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología podría aprobar el predictamen del Proyecto de Ley (N°283/2016-CR) que propone identificar y delimitar de algunas cabeceras de cuenca para su protección.

En sesiones anteriores, esta iniciativa legislativa del congresista Marco Arana estuvo en debate y recibió algunos aportes. Luego, la comisión recomendó un texto sustitutorio en el que se especifique sobre la necesidad de establecer criterios técnicos por parte del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“Se recomienda la aprobación del proyecto de ley 283/2016-CR (EL PROYECTO LEGISLATIVO), con texto sustitutorio bajo el título: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación”, indica el documento del predictamen.

Como parte del texto sustitutorio, la comisión recomendó que dentro del plazo de trescientos sesenticinco (365) días, que se contarían a partir de la vigencia de la presente Ley, la ANA podrá determinar qué lugares, donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica, podrían ser identificados para su conservación y protección.

En ese sentido, la comisión señala que se debe elaborar y aprobar la guía metodológica para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, así como la cartografía correspondiente, para las tres grandes agrupaciones de cuencas hidrográficas de las vertientes del Pacífico, Atlántico y del Lago Titicaca.

Entre otros aportes técnicos al proyecto de Arana, se recomienda que se cuente con el reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuencas, y las normas infralegales para la implementación de la ley propuesta.

Asimismo, aprobar medidas de control y sanción por el incumplimiento de lo estipulado en esta norma.

Lado económico

Otras recomendaciones para aprobar esta ley de protección de nacientes de ríos, es que se establecezcan nuevas fórmulas de tarifas de agua para determinar el valor de las retribuciones de agua, y vertimientos en las cabeceras de cuenca, para garantizar su sostenibilidad económica, hídrica y de servicios ecosistémicos.

Para ello, la comisión indica que se podrá conformar comisiones técnicas o grupos de trabajo con participación de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, especializados en la gestión de los recursos hídricos.

Otra cuestión económica en torno a esta propuesta de ley, es que el Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con el MINAGRI, debe implementar mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, que permitan obtener recursos económicos para la conservación y protección de las cabeceras de cuenca.

¿Y las comunidades?

En el documento del predictamen, la Comisión de Pueblos consideró a las comunidades campesinas y nativas ubicadas en los alrededores de una cabecera de cuenca, y que podrían ser afectadas por actividades productivas o extractivas que a desarrollarse en el lugar.

Es decir, en la norma de protección de cuencas se deberá respetar y seguir lo dispuesto en la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En la norma también se incluiría a aquellas personas naturales o jurídicas, que poseen los derechos adquiridos con anterioridad a la aprobación de los criterios técnicos antes referidos.

Fuente: Comisión de Pueblos del Congreso

Foto: Travelchannel.com