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Resistir y transitar en defensa de la Amazonía. Rumbo al XI FOSPA, Bolivia

El Pre Foro Social Panamazónico (FOSPA) 2024 en Perú se realizará del 25 al 28 de abril en la Universidad Nacional de San Martín, en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. Este representa un encuentro de experiencias y reflexiones colectivas a fin de generar propuestas que aporten al documento de posicionamiento político y a la agenda de acciones estratégicas que se definirán en el XI FOSPA Bolivia 2024, el cual se realizará en junio del presente año.

En tal sentido, en el evento se consensuarán propuestas estratégicas desde Perú para preservar la Amazonía frente a desafíos y afectaciones como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el impacto de las industrias extractivas , la minería ilegal y la convivencia intercultural , aportes que se sumarán con las que lleven las delegaciones de los demás países al encuentro internacional.
Programa

El Pre-FOSPA 2024 se iniciará formalmente el jueves 25 de abril, pero días antes se realizarán actividades previas como la que organiza el Fórum Solidaridad Perú (FSP) con la Coordinadora de Ríos; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) con defensores/as y el Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático (MOCICC) con jóvenes.

El programa del Pre FOSPA Perú 2024 es el siguiente:

Jueves 25 de abril: Luego del registro de participantes, se llevará a cabo la inauguración, seguida por un panel inaugural titulado «FOSPA en el tiempo e importancia para la Amazonía: Historia y Desafíos».

En la ceremonia de apertura se dedicará un espacio en memoria de los/las defensores/as asesinados, así como de otros dirigentes y líderes que nos acompañan desde otra dimensión.

En la tarde se llevará a cabo una movilización por las calles de Tarapoto, para cerrar el primer día con una noche cultural.

Viernes 26 de abril: El día iniciará con una presentación de los objetivos y metodología del FOSPA. Luego de analizará el contexto actual en la Amazonía de acuerdo con cinco ejes o dimensiones de temas:

1) Estado del territorio y defensores.
2) Estado, Autonomías y el Territorio Panamazónico.
3) Crisis climática, ecología integral y transición ecológica.
4) Diálogo intercultural de lo andino y lo amazónico.
5) Avances y desafíos en los derechos de las mujeres amazónicas y andinas.

Por la tarde se llevarán a cabo reuniones de grupos de trabajo de las iniciativas de acción del FOSPA, enlistadas en siete títulos:

1) Soberanía, seguridad alimentaria y agroecología.
2) Defensores de los Ríos, Agua y Territorio.
3) Hidrocarburos y transición energética.
4) Educación comunitaria.
5) Autonomía indígena: economía, tierra y territorio.
6) Defensa del cuerpo y territorio de las mujeres amazónicas y andinas.
7) Extractivismo y economías ilegales.

Para cerrar el día, se llevará a cabo un Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. En este espacio las mujeres kukama de Loreto presentarán su estrategia legal, y luego se hablará sobre el derecho a intérpretes en San Martín.

Posteriormente, el tema serán las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el caso andino, en específico la afectación por contaminación de metales pesados a mujeres. Estas actividades tendrán un cierre festivo y comunicativo.

Sábado 27 de abril: En este día se continuará con las sesiones de los grupos de trabajo, para luego tener una plenaria y recoger el recorrido del día en sentires y pensares.

Domingo 28 de abril: En el último día del foro, se realizará una plenaria, seguida por la Sentencia del Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. Antes de pasar a la clausura del evento, habrá una plenaria de discusión y lectura del Pronunciamiento o Declaración Final del PRE FOSPA Perú.

La XI edición del FOSPA en Bolivia
El FOSPA es un espacio bianual de articulación y reflexión internacional para fortalecer alianzas e incidir a favor de la defensa de la Amazonía.

En este proceso se unen, actúan y piensan temas esenciales sobre la región amazónica que incluye a: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, República Cooperativa de Guyana, Surinam, Perú y Venezuela.

La XI edición del FOSPA se realizará en las ciudades de Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes, municipios vecinos ubicados en del norte amazónico de Bolivia.

Redacción: Area Socioambiental – Red Muqui

 

El 22 de marzo se celebra el día mundial del agua para crear conciencia en la humanidad. Sin embargo el Perú actualmente enfrenta una situación grave por las altas temperaturas, lluvias torrenciales y desbordes de los ríos y quebradas que fueron causados por el ciclón Yaku que afectó no solo al norte del país, sino a la propia ciudad de Lima y sus poblaciones asentadas en los márgenes de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

¿Qué es el Yaku?,  

Yaku es el nombre que proviene de la palabra quechua “agua” y la furia que desató el ciclón en el mes del agua, que consiste en una tormenta de rápida rotación que se transforma en un fenómeno climático muy peligroso, ha dejado al menos 61 muertos, alrededor de 12.000 personas sin hogar y más del 49 mil afectados, según cifras de Defensa Civil. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Senamhi sostiene que se trata de un inusual ciclón de características tropicales no organizado. Es decir, se trata de un sistema de baja presión de giro en sentido horario asociado al calentamiento de la temperatura superficial del mar y a la segunda banda de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) que influye en las lluvias extremas, especialmente en la cuencas medias de la vertiente del pacifico generando el incremento de caudales y activación de quebradas.

 

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) señala que el ciclón Yaku contribuye a la intensificación de las lluvias en la costa norte y parte de la costa centro, al transportar humedad del océano y complementarse con el aire húmedo proveniente de la Amazonía.

Cuáles son los riesgos?

Lamentablemente nuestras principales fuentes hídricas se encuentran amenazadas por el acelerado aumento de la población y la creciente demanda de las actividades económicas como la minería. A ello se le une el cambio climático, lo que está poniendo en peligro la existencia de nuestros manantiales, puquiales, bofedales, páramos, glaciares, lagunas, riachuelos y las aguas subterráneas. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) existen más de 21 ríos contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, relaves mineros. A ello se le suman los pasivos ambientales mineros que afectan directamente a las principales cuencas hidrográficas del país. Los niveles de contaminación se incrementan y el calentamiento global por los gases de efecto invernadero derrite los glaciares que abastecen de agua a las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca, lo que genera una grave crisis ambiental.

El riesgo de desborde de los relaves mineros  de Tamboraque

Los deslizamientos, los huaycos, las intensas lluvias y la activación de quebradas generados por el ciclón del Yaku han puesto en un inminente riesgo de desborde los relaves mineros de Tamboraque. Dichos relaves con alto contenido de residuos tóxicos están ubicados al costado del río Rímac, lo que genera un peligro inminente para la ciudad de Lima.

El problema principal, es que no existe una adecuada planificación para el tratamiento de los relaves mineros. Una eventual contaminación del caudal no solo impactaría en la población que vive en la cuenca del río (provincia de Huarochirí), sino en gran parte del departamento de Lima. Esta corriente es la principal fuente de abastecimiento de agua potable. En el año 2019, Sedapal advirtió que la tercera fuente de contaminación del río Rímac estaba vinculada con relaves mineros (1).

Relaves mineros de Tamboraque

 

Elaboración: Mayra Zambrano y Beatríz Cortéz

En el marco del Día Internacional del Agua, desde Red Muqui elaboramos un breve balance sobre las principales normas que regulan la protección del derecho al agua frente al extractivismo y cambio climático. El escenario actual de post-pandemia  es bastante complejo en Perú, entre la crisis económica, la crisis política y de grave violaciones de derechos humanos, se desarrolla también una grave crisis climática que viene afectando especialmente a las comunidades campesinas altoandinas producto de las sequías y la falta de agua; así como a la población costera producto de las lluvias y el Ciclón Yaku.

La industria minera necesita ingentes cantidades de agua para su funcionamiento, principalmente agua superficial pero también agua subterránea. Por el bombeo hacia y el desagüe desde las minas, pueden suceder diversos cambios a nivel freático, del caudal de los manantiales y alteraciones en la calidad del agua (1) lo que en la práctica puede conllevar a graves impactos socio-ambientales en el territorio. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) -Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es la entidad encargada de habilitarles a las empresas mineras el acceso al agua, mediante la licencia de uso de agua para operaciones mineras. Sin embargo, actualmente, la ANA entrega directamente derechos de uso de agua a las empresas mineras y no consulta a las comunidades campesinas sobre el uso de las aguas en sus territorios, lo que genera una vulneración de sus derechos territoriales como pueblos indígenas. Esto implica que el uso productivo del agua para fines mineros tenga prioridad frente al uso primario del agua de los pueblos indígenas. Recordemos que, el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es prioritario sobre cualquier otra clase o tipo de uso.

Por ello, a través de la  Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático y su posterior reglamentación mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, se logró definir un camino de capacidades adaptativas frente a las consecuencias inminentes del cambio climático, cuyo objetivo radica especialmente en la anticipación y reducción de riesgos probables. En ese sentido, debido a la alta vulnerabilidad de las unidades hidrográficas (2) y la situación de los pueblos indígenas, las medidas de adaptación aplicadas deben tener en cuenta el enfoque intercultural que revalorice los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales. De esta manera, trabajar horizontalmente con los pueblos originarios es una opción necesaria y urgente para adecuarnos a las nuevas condiciones climáticas que podrían acarrear inseguridad alimentaria e hídrica a nivel nacional. 

Por otro lado, en julio de 2021 se aprobó el  Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI que desarrolla el marco metodológico para la delimitación, identificación y zonificación de cabeceras de cuenca, esto a partir de la Ley N° 30640 que en 2017 modificó la Ley de Recursos Hídricos para lograr la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Sin embargo, hasta la fecha no existen avances en los procesos de zonificación de las cabeceras a nivel nacional. En diciembre de 2021, en el Sur de Ayacucho diversas organizaciones y comunidades se levantaron en protesta exigiendo la paralización de cuatro unidades mineras propiedad de las Mineras Ares, Apumayo y SAMI SAC, esto debido a la afectación de los recursos hídricos de la zonas por la presencia de metales pesados (3). Para atender la situación, la PCM instauró una mesa de diálogo, uno de cuyos compromisos fue la zonificación de las cabeceras de cuenca. Pese a ello, dicho compromiso de protección nunca se materializó y los cronogramas de cierre de minas no se respetaron, por el contrario en 2022, la Minera Ares solicitó la prórroga del plazo de explotación.

Al respecto, se concluye que los proyectos extractivos y la consecuente aceleración de los efectos del cambio climático impactan principalmente en los medios de vida de los pueblos indígenas, debido a su dependencia a la agricultura familiar y sus fuentes de agua. Por ello, es necesario que la normativa sobre recursos hídricos se enfoque en la capacidad de mitigación y adaptación frente al cambio climático, teniendo en cuenta los factores externos de presión económica que pueden ocasionar contaminación de las unidades hidrográficas. Además, es necesario que se modifique el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) para que se garanticen los derechos de las comunidades campesinas y se evalúe la eficacia del Marco metodológico sobre identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca y se fortalezca la rectoría del MIDAGRI por sobre los objetivos de otros ministerios productivistas como el Ministerio de Energía y Minas.

 

ANEXOS:

1 Tovar, Jorge A.  El agua subterránea en el medio ambiente minero y su importancia en los cierre de mina. 

2 Perú cuenta con tres tipos de regiones hidrográficas: Pacífico (abarca el 21,8% del territorio con 62 cuencas), Amazonas (74,6% del territorio con 84 cuencas) y Titicaca (3,6% del territorio con 13 cuencas). Además de 34 cuencas transfronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.

3 Mediante el despacho de la Congresista Ruth Luque, se pudo tener acceso a la copia del Informe N° 863-2022/DCOVI/DIGESA de la DIGESA-MINSA donde se concluye que de acuerdo al Informe N° 007- 2021-GRA-GG-GRDS-DRSA-DSA-JBA de la Dirección de Salud de Ayacucho existen evidencias de exposición a arsénico de los habitantes de 19 centros poblados de las provincias de la zona Sur de Ayacucho.

La Tierra es un espacio natural único, donde conviven aproximadamente 10 millones de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones de vida, pero los seres humanos nos hemos convertido en la especie dominante que se viene gestionando de manera irresponsable, poniendo en peligro toda la biodiversidad y el propio planeta. Debemos respetar y celebrar a la madre de todos los humanos todos los días, no sólo el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.

Importancia de la tierra

Poco se conoce sobre la importancia de la tierra que se origina a partir de pequeños fragmentos de material desprendido de la roca sólida y por la acción de plantas y seres vivos mediante el proceso de meteorización, donde la acción del clima es extremadamente importante. En un solo gramo de tierra pueden existir hasta 50,000 especies de organismos microscópicos que trabajan y generan beneficios[1]. Los microorganismos destruyen y reciclan las hojas. Esto crea humus, entre otras cosas, que libera nutrientes, almacena agua y estabiliza la estructura del suelo. En el conjunto de los seres vivos que habitan en la tierra radica por ejemplo un gusano llamado lombriz que sirve para alimentar y dar vida a cada una de las plantas que crecen en el suelo vivo, lo cual contribuye a la oxigenación de los seres humanos y se constituye en una alternativa orgánica para el desarrollo de la agroecología. Cuanto más diverso sea un suelo en cuanto a microorganismos, más resistente será a las consecuencias del uso intensivo de la tierra y a los efectos del cambio climático, como la sequía extrema. La protección de la biodiversidad del suelo es al mismo tiempo una protección del clima, ya que el suelo almacena carbono en el humus y reduce la cantidad de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero relevante para el clima, en la atmósfera.

¿Cuáles son las principales amenazas ambientales?

En el día mundial de la tierra queremos recordar los principales problemas ambientales a los que estamos expuestos.

  1. Cambio climático y calentamiento global
  2. La desertificación y sequias
  3. La excesiva sobreexplotación de los recursos naturales (explotación de recursos minerales, explotación de acuíferos, uso inadecuado del agua, sobrepesca, dependencia de energía no renovable, cultivos masivos y ganadería intensiva)
  4. Deforestación y erosión del suelo
  5. Extinción de especies
  6. Invasión de plagas y enfermedades
  7. Contaminación ambiental.

La explotación de la tierra está generando la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en la actualidad, más de 31.000 especies se encuentran en peligro de extinción.

El 33 % de los suelos del planeta está de moderado a altamente degradado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si la erosión de suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se tendrá impactos muy fuertes en las economías y si la contaminación del aire continua de manera alarmante se incrementará la mortalidad de las personas, porque según la según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminantes.

¿Cuáles son los impactos de la minería?

En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental negativo sobre la tierra por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas frágiles que han contaminado el agua, los suelos, aire, etc. Entre ellos, podemos mencionar los humos de La Oroya, la desmedida explotación minera en la ciudad de Cerro de Pasco, el desplazamiento de la ciudad de Morococha, la destrucción de bosque por la minería ilegal en Madre de Dios, el derrame de mercurio en Choropampa – Cajamarca, y los más de 7500 mil pasivos ambientales mineros en todo el país – registrados por el MINEM-, entre otros, que afectan en cada lugar a nuestro territorio y su población donde se desarrolla la actividad minera.

En la actualidad, en casi todas las regiones donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (p. ej, servicios ecosistémicos) y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad.

Los suelos y los recursos hídricos se cuentan entre los más amenazados y afectados por la actividad minera y metalúrgica. Esto puede ocurrir de forma directa, a través del vertido en ríos, lagunas y ambientes marino costeros de efluentes que superan los límites máximos permisibles de metales tóxicos establecidos por la normativa peruana e internacional. El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos  a las actividades mineras, y diversos efectos en la fauna y la flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases, pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca.

 

[1] Briadget Emmet, Centro para la Ecología y la Hidrología de Reino Unido

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente el presidente Pedro Castillo ha participado en la 76a sesión de la Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas desarrollado en Nueva York – EEUU y en su discurso ha hecho una serie de anuncios. Entre los que queremos destacar está el tema de la crisis climática global. Señaló que declarará la emergencia climática en el Perú. «El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050, reducir las emisiones de gases de dióxido de carbono del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. El gobierno declarará la emergencia climática nacional» afirmó en su discurso. Desde la Red Muqui saludamos este anuncio del presidente, ya que, durante su campaña, su mensaje a la nación, así como en su plan del bicentenario para los primeros meses de su gobierno no se habían planteado acciones concretas sobre la crisis climática global.

Respecto a este tema, diversas organizaciones ambientalistas y de los derechos humanos de la sociedad civil han convocado a una movilización por el clima en la ciudad de Lima y a nivel nacional este viernes 24 de setiembre. La consigna de la movilización es: “No es el clima, es el sistema” #DesenraizaElSistema, entre otros mensajes alusivos a la crisis climática que vivimos a nivel global. Desde Red Muqui también nos sumamos a este llamado a la movilización para proteger nuestra pachamama, al respecto es importante señalar que la creciente actividad minera a tajo abierto (84% de la minería en el Perú), está generando gases de efecto invernadero, como los gases nitrosos que provienen del uso de ANFO (mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo) en las voladuras para abrir dichos tajos. La cantidad de explosivo que se utiliza, la dispersión del aire, entre otros factores, determinan los impactos ambientales y su repercusión en el cambio climático local.

Finalmente, mencionar que el presidente Pedro Castillo, durante su visita en Estados Unidos ha sostenido varias reuniones con diferentes actores estatales y privados de otros países, entre ellos con la empresa American Lithium y sus directivos. En esta reunión el presidente ha mencionado que: “como he comentado en los últimos tiempos, seguimos comprometidos con la economía del Perú en general y, en particular, el sector minero sin planes de nacionalización o expropiación”. Llama la atención este anuncio debido a que se había generado expectativa en la población, sobre todo afectada por la minería, porque durante la campaña si se dijo que se iban a plantear cambios en el sector minero, aunque nunca se aclaro lo que significaba la “nacionalización” para el sector extractivo. Desde la Red Muqui si consideramos que se deben discutir varios cambios normativos en el sector minero, entre ellos la política de concesiones mineras en el país, una nueva ley general de minería, una nueva política para la atención de la conflictividad social en el sector minero, así como un nuevo régimen tributario para este sector, aunque sobre este último punto sí se ha anunciado desde el MEF que se va a aperturar esta discusión. En todo caso desde Red Muqui estaremos atentos a esta discusión.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Hemos empezado la semana con una noticia muy dolorosa, y es que el lunes 24 de mayo se ha conocido del asesinato de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad, en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, Junín. Hasta el momento, las versiones oficiales señalan que los responsables serían grupos de narcoterroristas instalados en la zona. Desde la Red Muqui expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y esperemos que se investigue de manera seria esta masacre y que caiga todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Así mismo, lamentamos el uso y aprovechamiento político que se pretende hacer sobre esta tragedia, y lo mínimo que deberían hacer ambos candidatos y los medios de comunicación es que respeten el dolor de los familiares y que se les garantice justicia para las victimas.

De otro lado, en la medida en que nos acercamos al 06 de junio, día de las elecciones presidenciales, el escenario electoral se torna cada vez más polarizado, y por más llamado que se hace a la exposición de propuestas y planteamientos concretos de los candidatos, los ataques de uno y de otro lado no han cambiado, y lamentablemente los medios de comunicación nacional se siguen prestando para ello, favoreciendo de manera muy evidente a una sola candidatura. En ese marco, el pasado fin de semana hemos asistido al primer debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, y más que un debate técnico finalmente terminó siendo un debate político, ya que la mayoría de propuestas presentadas han sido muy generales.  Al respecto, un tema que nos genera preocupación es el referido a la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas ya que no hemos escuchado planteamientos concretos al respecto.

Durante la primera vuelta, diversas organizaciones hemos alcanzando una serie de propuestas y preocupaciones sobre la agenda ambiental y ecológica en el país, resumido en el “Pacto Ecosocial”, que fuera presentado a los candidatos presidenciales. La premisa de esta alianza por el pacto es porque: “El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales…”; si no se toman medidas inmediatas de cara a este escenario lamentablemente el futuro que nos espera es desolador e incierto.

Dentro del llamado que se hace en el pacto Ecosocial está la cuestión del extractivismo, principalmente los impactos de la minería, no solo en materia ambiental, si no de la salud de las personas expuestas a metales pesados, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Agendas casi ausentes hoy en día en los debates y propuestas de los candidatos, así que esperamos que esta ausencia sea incluida en el debate presidencial del próximo domingo 06 de junio organizado por el JNE en la ciudad de Arequipa.

Desde el Grupo Perú Ambiente y Clima vemos con preocupación que el Dictamen de Ley Marco de Cambio Climático, aprobado el día 07 de noviembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), aún no haya sido puesto en agenda de sesión del Pleno a casi dos semanas de su aprobación.  Sería contraproducente que por falta de voluntad política el proyecto de Ley no se apruebe en la presente legislatura, lo que ocasionaría un retroceso en este esfuerzo que la sociedad civil viene impulsando desde el 2014 y que nos permitirá mejorar la gestión de la problemática del cambio climático en nuestro país acorde a nuestros compromisos internacionales.

Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser un primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca los principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las políticas públicas en adaptación y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenas u originarios, y demás actores interesados.

Esperamos que en el debate en el Pleno de Congreso se incorporen a la Ley otras disposiciones que fortalezcan  la Gobernanza, que para ser efectiva debe contar con la participación de todas las partes interesadas, transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas, entre otros. Una de las prioridades que una Ley Marco de Cambio Climático debe contener es la participación amplia y diversa de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas de cambio climático. En esa línea, la Comisión Nacional de Cambio Climático debe ser reconocida como el principal espacio de la Gobernanza Climática, por lo que debe participar en el diseño, gestión, monitoreo, evaluación y fiscalización de todos los instrumentos, medidas y mecanismos climáticos de nivel nacional e internacional.

Asimismo, esperamos que la Ley que finalmente sea aprobada fortalezca el rol del Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional y Ente Rector  en materia de cambio climático. Sólo así nuestros compromisos internacionales expresados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas lograrán concretarse. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas deben ser entendidas como algo más que un conjunto de metas y medidas apropiadas para lograrlas, son una herramienta para articular y movilizar los esfuerzos gubernamentales y privados, particularmente en las actividades y sectores identificados como los prioritarios en Adaptación y Mitigación. Es por ello que una Ley Marco de Cambio Climático las debe incluir como un instrumento de gestión climática y, por lo tanto, reconocer su carácter vinculante.

Exigimos que se publique el texto final del dictamen de Ley Marco de Cambio Climático que fuera acordado en la CPAAAAE y su posterior debate en el Pleno del Congreso antes que culmine esta Legislatura. Recordamos a los congresistas que todas las agrupaciones políticas presentes en el actual Congreso reconocieron en sus planes de gobierno que enfrentar el cambio climático es prioritario para el país.

Las instituciones y redes integrantes del Grupo Perú Ambiente y Clima saludamos que numerosos países -incluyendo al Perú y Francia en una declaración conjunta- hayan expresado su respaldo al Acuerdo de París ante el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de dicho l Acuerdo. Para concretar este respaldo, instamos a los otros 194 países firmantes a intensificar sus esfuerzos y aumentar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación. Solo de esta forma se podrá alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de adaptación, la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión del gobierno de Trump refleja la miopía de la actual administración estadounidense que no reconoce que procesos globales como el cambio climático afectan a todos los países y no puede ser enfrentado bajo esquemas de competitividad. La administración Trump justifica su decisión con el argumento que el Acuerdo de París perjudica los intereses económicos de Estados Unidos, ya que obstaculizaría sus planes para impulsar la industria de hidrocarburos, especialmente el carbón. También denuncia que los compromisos del Acuerdo de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India que registran emisiones GEI pero que con otros países en desarrollo exigen miles de millones de dólares de ayuda por parte de los países desarrollados.

Este razonamiento no toma en cuenta el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que reconoce que históricamente los países desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para desarrollar sus economías que los países en desarrollo, y por lo tanto, no se les puede exigir lo mismo a todos los países. Al negar este principio, Estados Unidos estaría evadiendo su responsabilidad internacional en el cambio climático. Según el World Resources Institute, Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero entre 1850 y 2007, y sería responsable de 28.8% de las emisiones.

En el caso del Perú, saludamos que la Cancillería haya emitido un comunicado en el que expresa «preocupación y decepción» por el anuncio efectuado por Trump, y «refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional», lo cual fue ratificado por el presidente Kuczynski en su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, instamos al gobierno a mostrar mayor respaldo político en la implementación de los compromisos climáticos, especificando las responsabilidades sectoriales y territoriales en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, estableciendo incentivos y sanciones; asignando los fondos necesarios para la implementación y garantizando la participación plena y efectiva de la sociedad civil. Por su parte esperamos que Congreso de la República logre un rápido consenso para la aprobación de una Ley de Cambio Climático.

Asimismo, es esencial superar las contradicciones entre la política de promoción de inversiones relacionadas a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y la obligación de proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. La efectiva implementación de los compromisos climáticos requiere del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que recientemente está siendo afectada por retrocesos en las competencias del Ministerio del Ambiente en relación a temas como el Ordenamiento Territorial y los recursos hídricos. Asimismo, cabe resaltar que a nivel internacional se está cuestionando la compatibilidad entre el objetivo de limitar el aumento de temperatura del planeta y continuar con nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles o prácticas mineras no sostenibles. Es hora que en el Perú también se tome en serio el compromiso que renueva la Cancillería respecto a “desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional” para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.

El Grupo Perú Ambiente y Clima (anteriormente Grupo Perú COP), saluda la entrada en vigencia del Acuerdo de París en noviembre pasado, lo cual representa simbólicamente la intención de los países – entre ellos el Perú – de cumplir con sus compromisos para que la temperatura global del planeta no sobrepase los 2°C, que de por sí ya nos coloca en una situación crítica.

La expectativa para la COP22, realizada en Marruecos en noviembre de este año, estuvo en que los países aprovechen el impulso de la entrada en vigencia del Acuerdo de París y se llegue a decisiones que permitan la implementación del Acuerdo. Sin embargo, en términos generales podemos afirmar que los avances concretados no dan señales de entrar firmemente en la ruta de reducción de emisiones de GEI hacia el 2021 y posteriormente 2030.

Uno de los hechos que pone en riesgo la implementación del Acuerdo es la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, del cual se teme que no cumpla con los compromisos climáticos asumidos por su país. El nombramiento de un abierto negacionista del cambio climático como responsable de su política ambiental confirma que estamos en un momento de alto riesgo para lo avanzado en Paris y se pueda incubar un proceso de “Brexit Climático”.

Consideramos igualmente preocupante que los negociadores hayan postergado hasta el 2018 el plazo para definir las reglas que permitan la implementación del Acuerdo de París; este retraso hace peligrar la meta de no superar los dos grados de aumento de temperatura, y la meta de 1.5 grados se aleja cada vez más. En este contexto, es esencial aumentarlos esfuerzos de mitigación y definir metas más ambiciosas para el periodo previo al 2020, sobre todo por parte de los países desarrollados.

Por otro lado, es preocupante el camino hacia la privatización de los mecanismos de financiación y muchas decisiones de particular importancia para los países vulnerables, como el financiamiento climático o la agricultura han sido postergadas para ser tratadas el próximo año.

En relación al financiamiento climático, respaldamos el pedido de los países en desarrollo, que exigen mayor claridad y garantías sobre el incremento en la movilización y suministro de recursos financieros, en particular para las acciones de adaptación. Aunque se ha avanzado en definir orientaciones para el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), y para el Comité Permanente de Finanzas, aún no se logra establecer una hoja de ruta para alcanzar la meta de US$ 100 billones anuales de financiamiento climático prometida por los países desarrollados.

Nos preocupan los desacuerdos que surgieron en la COP22 respecto a la continuidad del Fondo de Adaptación dado que fue creado bajo el Protocolo de Kyoto que ya fue reemplazado por el Acuerdo de París. Concordamos con la propuesta de que este Fondo sirva al Acuerdo de París, 2 como lo plantean los países en desarrollo. Este fondo es importante, pues permite un acceso más directo al financiamiento, con menos trabas burocráticas que exigen otras fuentes financieras, además los países en desarrollo tienen una mayor representatividad en las instancias directivas, lo que no sucede en otros casos.

La transparencia es otro de los pilares del Acuerdo de París, por lo que es preocupante observar que subsiste el desacuerdo en relación a si los países en desarrollo deben someterse a las mismas reglas que los países desarrollados. A este respecto, respaldamos la propuesta de AILAC sobre la relevancia de transitar de los esfuerzos actuales de reporte y revisión hacia un marco común y robusto de transparencia.

También consideramos preocupante el escaso avance respecto a la transparencia del financiamiento climático, ya que aún no se ha acordado un plan de trabajo que establezca plazos y procedimientos para contabilizar los recursos canalizados para la acción climática. La suma de estos elementos evidenció en la COP22, que muchos de los gobiernos querían eludir la responsabilidad por la aplicación de las Contribuciones Nacionales (NDC), hasta que tengan garantías de financiamiento para sus acciones; en ese sentido muchos países han defendido abiertamente el protagonismo de la iniciativa privada a través de Alianzas público-privadas, como sabemos, la participación privada en el fondo no será por filantropía ambiental, en el mejor de los casos debe ser la oportunidad para un debate y diálogo abierto con la sociedad civil.

Asimismo, lamentamos que las negociaciones sobre Agricultura no hayan logrado resultados concretos, pese a que el propio Acuerdo de París reconoce «la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre y la especial vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los impactos del cambio climático». Hacemos un llamado a los negociadores a promover en las próximas reuniones de la CMNUCC la adopción de una decisión en relación a la Agricultura que reconozca la prioridad de las medidas de adaptación y permita construir capacidades y canalizar recursos a los agricultores familiares.

Reconocemos algunos avances en relación a diversos temas que el Grupo Perú Ambiente y Clima considera prioritarios.

  • Adaptación

Consideramos positivo que en la COP22 se haya establecido un plazo corto para que los países presenten sus propuestas sobre las características que debe tener la Comunicación de Adaptación. También saludamos que el Comité de Adaptación iniciara la discusión sobre cómo pueden reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo y cómo se evaluará la adecuación de estos esfuerzos; y concordamos igualmente con la necesidad de que este Comité cuente con financiamiento suficiente para implementar su plan de trabajo, dada la importancia de la Adaptación para países vulnerables como el Perú que requieren apoyo en la implementación de sus Planes Nacionales de Adaptación.

  • Programa de Nairobi

Se analizó la relación entre el cambio climático y la salud, áreas en que nuestro país ya siente los impactos negativos; reconocemos como un avance la aprobación de un plan de trabajo de 5 años para abordar las pérdidas y daños por impactos climáticos que no pueden ser enfrentados con medidas de adaptación, como el retroceso glaciar en el caso peruano.

  • La construcción de capacidades para la adaptación y mitigación

Como prioridad para los países en desarrollo y para el Perú, saludamos que el Comité de París para la Creación de Capacidades haya iniciado sus labores, ya que consideramos que puede contribuir a que todos los países sean capaces de cumplir con sus compromisos climáticos. Destacamos que se haya decidido que este Comité aborde temas como la equidad de género, los conocimientos indígenas y los derechos humanos. También destacamos la puesta en marcha de la Iniciativa de Construcción de Capacidades para la Transparencia, que ya cuenta con más de US$ 50 millones para operar, pero advertimos que esta cifra es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los países en desarrollo.

  • Plataforma de intercambio de experiencias y buenas prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático de comunidades y pueblos indígenas. En el caso peruano esta iniciativa es muy pertinente considerando el amplio bagaje de conocimientos y prácticas indígenas tradicionales. Esta Plataforma debería ser un espacio permanente en las futuras COP.

Respaldamos el planteamiento de los sindicatos, que exigen a los gobiernos que las NDC deben estar garantizadas por fondos públicos y que los países que han contribuido históricamente al cambio climático son los que deben asumir responsabilidades; asimismo que respeten y garanticen el trabajo digno, a los derechos humanos y ambientales e incorporen medidas de transición justa, que incluyan consultas con las organizaciones de trabajadores, empresas y comunidades campesinas y nativas. Debe especificarse como se afrontarán los impactos sociales de las políticas climáticas en los trabajadores, y como éstas serán reportadas en las NDC.

Asimismo, hacemos un llamado a no perder de vista la estrecha vinculación entre el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los resultados de Hábitat III, las metas de Biodiversidad de Aichi, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La planificación e implementación de los compromisos derivados de estos instrumentos internacionales debe ser integral.

Al Perú le corresponde dar un ejemplo de responsabilidad climática en América Latina, y un primer paso ha sido la pronta ratificación del Acuerdo de París. Ahora enfrentamos el reto de garantizar la compatibilidad entre los compromisos asumidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional y las políticas de desarrollo. En este sentido, instamos a que el Estado peruano evite contradicciones entre los compromisos climáticos y las medidas de promoción de inversiones.

Es urgente la asignación de recursos necesarios para la implementación de las NDC, particularmente en lo relacionado a las condiciones habilitantes, la gobernanza de los bosques, el fortalecimiento de la institucionalidad y estándares ambientales, el ordenamiento territorial, la protección de tierras de comunidades para evitar el cambio de uso para actividades no sostenibles, la participación de la población y comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones sobre políticas ambientales y climáticas, protección de zonas productoras de agua y gestión de la recarga hídrica con enfoque de cuenca, la protección de los flujos de agua superficial y subterránea para consumo humano y actividades sostenibles, y la priorización de medidas de adaptación relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria; todo ello con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, particularmente sus derechos territoriales y a la consulta previa.

13 de diciembre de 2016

CARTA ABIERTA

Señor Presidente de la República:

Saludamos que en su primer discurso presidencial haya sido ambicioso en relación a la mejora de las condiciones y servicios de Salud y Educación. Sin embargo, notamos ausencias que generan preocupación en algunos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como los nuestros, sobre temas que giran en torno al Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre estas ausencias, notamos principalmente las siguientes:

1.   Omisión en su discurso de nuestra reciente ratificación del Acuerdo de Paris, a través del cual el país asume los desafíos de un desarrollo bajo en carbono y del cambio de matriz energética, así como el reto de la adaptación frente al Cambio Climático. Invocamos a que su gobierno garantice el cumplimiento de la meta de reducir 30% de emisiones GEI al año 2030, así como el logro de las metas de adaptación en relación al Agua, Agricultura, Pesquería, Bosques y Salud consignadas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, instamos a que se asignen los recursos necesarios para su implementación, con miras a fomentar el trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más afectadas por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo a consecuencia de la alteración del clima, como los pueblos originarios, agricultores familiares, campesinos, trabajadores y mujeres, con pleno respeto de sus derechos individuales y colectivos.

2.    Ausencia del tema de control y fiscalización en materia ambiental, en contraste con las múltiples alusiones a la necesidad de “destrabar los principales proyectos” de inversión. Recordemos que   en los últimos años se dieron medidas para acelerar la tramitación de la certificación ambiental y reducir las multas por infracciones, que han sido cuestionadas por organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que advierten que este tipo de medidas debilitan la institucionalidad ambiental, amenazan el desarrollo sostenible y atentan contra los derechos de pueblos originarios y poblaciones vulnerables. Debemos considerar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –de la cual el Perú pretende ser parte-  ha advertido que las medidas para acelerar inversiones no deben poner en riesgo el objetivo de protección ambiental.

3.    No tuvo ninguna mención al compromiso de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Si bien es importante el desarrollo de inversiones (infraestructura, industrias extractivas, entre otros) en el Perú, estas deben contar con claros estándares ambientales y sociales.   En ese sentido, dado que la protección, respeto y adecuada gestión de las áreas naturales protegidas son un compromiso internacional y siendo las ANP una inversión del Estado para todos los peruanos porque brindan seguridad alimentaria, hídrica y otros servicios ambientales a poblaciones locales y pueblos indígenas, es importante que no se debiliten las normas e instrumentos actuales que resguardan y gestionan la protección de las ANP de uso directo como indirecto en el Perú.  Las ANP son un compromiso internacional y por ende el Estado debe resguardar su sostenibilidad no realizando actividades que las impacten negativamente. En este sentido, nos preocupa la solicitud de la   Sociedad Peruana de Hidrocarburos para modificar   disposiciones   legales   relativas   a   Áreas   Naturales   Protegidas   que   según   el mencionado gremio “limitan el desarrollo de actividades de exploración y explotación”. Instamos al gobierno a no ceder ante estas presiones.

Asimismo, instamos a su gobierno a derogar el DL 1220 “Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal” y normas conexas,- especialmente el DS 010-2016- MINAGRI-,el cual explicita que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de tráfico  ilegal,  a  aquellos productos forestales en estado  natural o de  primera transformación…”, esto puede provocar que madera que figura como de “segunda transformación”, no pueda ser incautada, así tenga procedencia ilegal, poniendo en grave riesgo  nuestros  compromisos  internacionales  de  conservación  de  bosques  en  el  TLC  con Estados Unidos. Otro anuncio que   genera preocupación es la iniciativa de construcción de carreteras en la Amazonía, ya que estas vías han sido y son uno de los principales impulsores de la deforestación.

Por otro lado, consideramos que la minería informal e ilegal en la Amazonía es un motor de deforestación que es necesario fiscalizar, por lo que hacemos un llamado a que en el diálogo con los mineros ilegales e informales se priorice la protección de los ecosistemas amazónicos y no  se  ceda  en  la  prohibición  de  estas  actividades  en  zonas  prohibidas  como  las  Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, o en el uso de maquinaria prohibida como las dragas, o en cuerpos de agua.

4.   Genera confusión la falta de transparencia sobre el necesario fortalecimiento de la Autoridad Ambiental. Instamos a su gobierno a continuar con el proceso de consolidación del Sector Ambiente, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa, pues se requiere una Autoridad Ambiental firme y legítima, que articule con las distintas carteras ministeriales, sub sectores, a nivel nacional y sub nacional.

5.   Finalmente, exigimos la dinamización e institucionalización de los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los sectores y principalmente en la gestión ambiental. En una democracia participativa, transparente y que rinde cuentas, la puesta en agenda de temas relevantes requiere de la discusión pública entre gobierno y sociedad civil, que facilite la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas, y no constituya un simple ejercicio de comunicar decisiones.

Lima, 15 de agosto del 2016

GRUPO PERÚ COP