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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Hemos tenido una semana con mucho movimiento a nivel político y social, sobre todo luego del debate realizado en el distro de Chota- Cajamarca entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dentro de los planteamientos, y en la mayoría muy generales que se dijeron, está la propuesta de la señora Keiko de distribuir el 40% del canon minero de manera directa a la población en las regiones mineras del país, propuesta que fue respaldada por algunos “analistas políticos” señalando que esto era perfectamente posible. Al respecto desde Red Muqui hemos señalado que tal medida no solo es populista e inviable, sino que busca bajar el rechazo de la población a la minería en los territorios a cambio de dinero, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Además solo se beneficiarían algunas regiones como Cusco, Ancash, Arequipa, Cajamarca, y algunas más, su alcance es muy limitado y, sobre todo, se generaría conflictos entre la población y los gobiernos locales, ya que las municipalidades se quedarían con pocos fondos para las obras públicas. En suma, se evidencia la desesperación de Keiko por buscar votos en las zonas rurales del país.

Un segundo tema, sumamente preocupante, es la que viene del Congreso de la República. El pasado 22 de abril se aprobó el dictamen de ley que reconoce a los “Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. Esta ley fue impulsada por el fujimorismo y Alianza Para el Progreso. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública, ya que promueve abiertamente la militarización, el uso de armas de fuego y la represión estatal en los territorios por parte de estos comités de autodefensa (CAD). Desde nuestro punto de vista la norma debe ser observada por el Ejecutivo, ya que varios ministerios la han observado, así como la Defensoría del Pueblo, inclusive el día de ayer diversas organizaciones sociales, comunales y las mismas rondas campesinas se han movilizado al Congreso de la Republica para pedir el archivamiento de la misma. Santos Savedra, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas ha señalado que: «Esto lo ha impuesto el fujimorismo con el respaldo de APP. Las rondas no lo hemos planteado. Esto nos llevaría a ser como Colombia con organizaciones paramilitares en nuestros territorios y comunidades”

Finalmente, al mismo tiempo del reclamo de las organizaciones por la observación y archivamiento de la esta ley de los comités de autodefensa, también se ha planteado al Congreso de la Republica, la urgencia de un pleno de pueblos y de ambiente, ya que la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República tiene varios dictámenes aprobados en favor de los pueblos indígenas, el ambiente, el cambio climático, entre otros. Esperamos que finalmente los voceros de las diferentes bancadas del Congreso se pongan de acuerdo para aprobar el pleno de los pueblos para los próximos días, antes de finalizar la legislatura y el periodo de este congreso. Para finalizar, desde Red Muqui queremos solidarizarnos con las víctimas de la represión y la violencia desatada en Colombia y nos sumamos a los llamados para que el gobierno de Iván Duque cese el uso de la fuerza y la violencia de las fuerzas de seguridad contra la población.

 

 

El lunes 06 de julio se emitió el Decreto de Urgencia N° 081-2020, amparándose en el inciso 19 del artículo 117° de la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.” Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala objetivos específicos:

  1. Contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo.
  2. Lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.

En su artículo 4 autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Para el caso de Gobiernos Regionales, los recursos solo financian las actividades de emergencia vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en el marco de sus competencias. Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por consiguiente, en su artículo 5° se habilita a los Gobiernos Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana al respecto señala que “la emisión de este decreto es una medida esperada en el marco de los aprietos fiscales que viene pasando el estado, especialmente las municipalidades; que ya no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la crisis” (…) esta medida no va a tener impacto nacional, solo algunas regiones cuentan con suficientes recursos por canon como Arequipa, Moquegua y Cuzco. Ahora con este decreto el Ejecutivo libera de restricción fiscal a los gobiernos regionales para poder utilizar recursos del canon para prevención y control del Covid-19.”

Sobre el canon minero, recordemos que está reconocido en el artículo 77° de la Constitución y regulado mediante Ley N° 27506, es destinado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura de gran impacto. Con esta norma se habilita el uso de estos recursos para prevención y control del Covid-19 hasta diciembre de 2020.

Finalmente, es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de reactivación económica para diferentes sectores, entre ellos fondos destinados a los gobiernos locales y regionales para atender la crisis sanitaria y económica, en algunos casos estos fondos han sido mal utilizados por las autoridades de locales, al respecto la Fiscalía hasta el mes de mayo había señalado que investigaba más de 500 casos de corrupción en todo el país. Por ello, es importante estar vigilantes y exigir transparencia para el buen uso de estos recursos extraordinarios en las regiones señaladas.

  • Indicó Grupo Propuesta Ciudadana en su publicación “Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”
  • Cambiar el esquema tributario es una de las propuestas para obtener un crecimiento justo
  • La distribución del canon minero debe estar sujeto a resultados

El coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, indicó que para aprovechar un eventual boom minero, el gobierno entrante deberá hacer un balance sobre cómo se ha aprovechado el precio alto de los metales, además de realizar un consenso nacional a fin de que el país obtenga rentas más justas por esta actividad extractiva.

En entrevista con el programa web “Los Desayunos de Correo y Usil”, Baca presentó la última publicación del Grupo Propuesta Ciudadana: “Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”, además de los problemas y desafíos que nos deja este proceso del gran ciclo minero que fue la base del crecimiento económico en de los último 10 años.

En ese sentido, el economista comentó que parte del estudio recalca que la renta que obtuvo el Perú, producto de la explotación minera, no estuvo al nivel de otros países de la región debido a que el marco tributario -diseñado en los años 90- ha permanecido inalterado durante 20 años.

“Las políticas que se tomaron para reactivar el crecimiento económico, como la reducción del impuesto a la renta, no ha sido acertada ya que no se ven los resultados. Se supone que debió haber mayores inversiones y eso no se ve en el sector extractivo, porque estas dependen de la economía mundial”, comentó en los “Desayunos de Correo y Usil”.

Para ello, Baca considera que el próximo gobierno debe hacer un balance y un consenso nacional sobre cómo enfrentar un próximo ciclo. Uno de los errores a corregir -como plantea el documento del Grupo Propuesta Ciudadana– es apuntar a tener una estructura tributaria progresiva, basada en impuestos a la renta y no en impuesto indirectos, como ocurre actualmente.

Otra cuestión que debe atender el próximo presidente, es ver cuáles son los motores del nuevo crecimiento, tomando en cuenta que el sector minero y petrolero no va a tener los resultados de antes.

“Estos sectores, como la agroexportador y el turismo, nos han mostrado resultados. También hay sectores a los que se deben dar mayores impulsos como al de la industria textil que también tiene mucho potencial”, agregó.

¿Y el canon?

“Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”, también le dedica un análisis al canon minero. Baca explicó que el esquema de distribución del canon, si bien fue adecuado al inicio, con el aumento de los recursos que trajo el boom minero, se hizo insostenible, tanto para el Congreso, como para el Ejecutivo.

“El canon se ha reducido a la quinta parte de lo que había en los años de altos precios. Debería abordarse el esquema de transferencias intergubernamentales con una distribución de recursos más transparentes y predecibles. Esto permitiría que los gobiernos locales y regionales tengan mejor noción cuánto dinero van a disponer”, propuso.

El coordinador de Propuesta Ciudadana también señaló que la gestión deficiente de los ingresos por canon –desde gobierno central, regional y local- ha contribuido a generar inequidades y conflictividad social.  Es por ello, que Propuesta Ciudadana  refiere que la estructura de repartición del canon debe ser más equitativa y apuntar a crear fondos de inversión.

Algo que también debe contemplar el próximo gobierno es que en la época de bonanza, el canon representaba el 20% del presupuesto total, y ahora representa menos del 10%,  por lo que sería un error enfocarnos en el canon, ahora.

“El reto mayo es como el Perú retoma las sendas del crecimiento, que se estiman por encima del 3%. En los próximos 5 años no hay proyectos nuevos, entonces hay que ver que los existentes corran en un clima de menor conflictividad” concluyó.

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Foto: Captura YouTube Propuesta Ciudadana