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Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

Artículo de Rodrigo Lauracio Apaza / Equipo legal de Red Muqui

Para muchas familias en nuestro país estas semanas de cuarentena se han convertido en toda una odisea, debido a las carencias, que incluso ya las aquejaban con anterioridad a la pandemia desatada por el virus Covid N° 19. Innegablemente las más vulnerables son aquellas que se encuentran en extrema pobreza o pobreza, y sobre todo las que se ubican en las zonas rurales (comunidades campesinas y nativas). Para ellas el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, salud, educación o incluso alimentación eran ya de por sí, limitados. En las actuales circunstancias estas se han visto acrecentadas.

Pero a estas insatisfacciones también se ha sumado el acceso a los derechos básicos o prestación de servicios públicos. Si en las circunstancias de “normalidad constitucional”, es decir cuando no había un estado de emergencia, desde el Estado no se podía garantizar estos derechos y servicios en plenitud; con el actual Estado de excepción era previsible que esta deficiencia se acrecentaría.

Para graficar un poco este escenario, recordemos algunos casos.

Fiscalización y Minería

El primero está relacionado con la actividad minera informal en la zona denominada “Cerro el Toro” (La Libertad). Hace una semana se ha denunciado que se continúan desarrollando actividades mineras informales con normalidad, pese a las restricciones que existen actualmente, en las que laboran muchas personas de la zona andina de La Libertad. El ministerio Público (Fiscalía en Materia Ambiental de la Libertad) declaró que no podía iniciar acciones legales (interdicción) contra los responsables debido a limitaciones derivadas del Estado de Emergencia[1].

El segundo caso está relacionado con la actividad minera formal. El día de ayer se ha hecho público que la empresa minera Antamina (Ancash) ya tiene 7 personas confirmadas con Covid_19 y varias personas con síntomas que se encuentran en cuarentena dentro del campamento minero. Ello hace notar que al primer trabajador diagnosticado con Covid_19 el 31 de marzo, que presentó síntomas desde el 25 de marzo, no se le brindó las atenciones requeridas de forma oportuna, y no se implementaron las medidas preventivas necesarias para evitar contagios dentro del campamento minero y en las ciudades aledañas (Pueblo de San Marcos, Provincia de Huari). Conocido los hechos por el Ministerio Público (Fiscalía Provincial Penal de San Marcos); la Fiscalía aperturó investigación preliminar contra la compañía, pero no pudo desarrollar la diligencia de constatación debido a las abstenciones funcionales de colaboración y apoyo por parte de la PNP[2].

Estos dos casos, juntos a otros que probablemente hayamos podido conocer, solo nos evidencia que se está poniendo en una situación de indefensión a aquellas personas que de por sí ya son “vulnerables”. El rol del Ministerio Público (fiscalías) es fundamental, ya que es el ente garante de derechos ante una situación de comisión de delitos. El cual no se puede ver mermado o restringido en absoluto, aún en un Estado de emergencia.

El rol del Poder Judicial

De la misma forma el Poder Judicial tiene un rol fundamental en este contexto de emergencia, pues la administración de justicia no es un servicio que pueda dejar de funcionar. Lo mismo ocurre con la PNP, quienes a pesar de tener bajo su responsabilidad el control del orden interno para garantizar el aislamiento social, como prioridad, también deben de prestar colaboración oportuna e idónea en los procesos de investigación de delitos.

Todas estas exigencias que demandamos, desde luego no puede representar un riesgo para la salud e integridad del personal que labora en estas intuiciones, como jueces y fiscales; por ello las Cortes Superiores de Justicia y las Juntas de Fiscales Superiores deben optar por medidas que permitan a las personas acceder a la justicia (plantear denuncias, demandas, quejas, etc.) en este contexto de aislamiento social.

Finalmente, la población debe saber que, con el establecimiento de un estado de emergencia, efectivamente se restringen derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión o inviolabilidad de domicilio; pero no se restringen derechos como el acceso a la justicia (la posibilidad de hacer denuncias por algún delito o agravio), y el Estado no deja de garantizarlos. Es decir, no se está impedido de acudir a las dependencias policiales o sedes del Ministerio Público para presentar denuncias, y menos constituirá delito alguno.

Por lo tanto, si bien estamos ante una situación excepcional como ya dijimos, no estamos ni deberíamos estar desprotegidos. Si hubiera alguna omisión o no te quisieran atender en las dependencias judiciales de tu distrito o provincia, denúncialo o hazlo público. Es importante el control y la vigilancia ciudadana de los funcionarios públicos en este estado de emergencia.

[1] Puede ser visto en: http://www.laindustria.pe/nota/14724-huamachuco-fiscal-admite-que-no-puede-intervenir-en-cerro-el-toro#.Xo4w3yqpV8g.whatsapp. (Consultado el 10, de abril del 2020).

[2]Puede ser visto en: https://convoca.pe/agenda-propia/antamina-fiscal-abre-investigacion-preliminar-contra-minera-por-caso-de-covid-19. (Consultado el 10, de abril del 2020).

El día de hoy, viernes 27 de septiembre, la institución Proyecto Amigo de la provincia de Sanchez Carrión en la Libertad, se pronunció frente a la muerte del joven Luis Eduardo Briceño Escobedo de 17 años, del distrito de Bambamarca, perteneciente a la provincia de Bolívar.

El levantamiento del cadáver se realizó el día de ayer, jueves 26 de septiembre, por el personal de medicina legal del Ministerio Público y policías de la Divincri. De acuerdo a la examinación del cuerpo, el personal de medicina legal constató que el joven habría muerto de asfixia; posiblemente por un derrumbe en la zona donde se encontraba trabajando.

Solo se hizo el levantamiento del cadáver y no se realizó la necropsia respectiva, pese a que el Ministerio Público está obligado a realizarlo. Frente a ello la fiscalía podría ser denunciada por omisión de funciones.

En el cerro El Toro se encuentran operando tres empresas formales, siete informales en vías de formalización y aproximadamente 200 mineros ilegales, según la comisión investigadora regional de la problemática de la minería informal en el cerro El Toro, formada hace algunos meses.

Frente a ello, la institución que hacer parte de la Red Muqui, Proyecto Amigo se pronunció:

PRONUNCIAMIENTO ¡NO MAS MUERTE EN EL CERRO EL TORO, ABAJO LA INDIFERENCIA, ¡ABAJO LA IMPUNIDAD!

Denunciamos contundentemente las muertes que siguen dándose en el Cerro el Toro, sin que se haga algo por resguardar el derecho de todos; en especial de los niños y adolescentes. HOY UN ADOLESCENTE MÁS HA MUERTO. Murió asfixiado, rasguñando la tierra para tratar de salir de uno de los cientos de derrumbes que suceden desde hace años sin que se haga lo necesario para detener tanto daño. Invocamos a nuestras autoridades a hacer lo necesario para buscar justicia. NO permitamos otro entierro clandestino, No permitamos que esto se arregle con un monto de dinero entregado a las familias afectadas. Nos solidarizamos con el gran dolor que en estos momentos deben de estar pasando. Por su ser querido fallecido es que pedimos que esto NO QUEDE IMPUNE y que NO VUELVA A REPETIRSE. Invocamos a la fiscalía a proceder de acuerdo a ley y que reciba el apoyo de toda la comunidad huamachuquina para que haga respetar la búsqueda de justicia. No sigamos pasivos, intentemos una vez más; repudiemos la falta de acción determinada para resolver la situación de la minería ilegal, en todas sus formas. Aquí No decimos no a la minería, decimos que se haga bajo ciertas condiciones, como el respeto a la vida. Lo pedimos en nombre de la infancia, adolescencia y población que vive cerca de las zonas afectadas por la contaminación y los accidentes que provoca dicha actividad. Esta afectación se refleja en varios problemas de salud que no van a tener cura total por lo que debemos hacer algo. Lo pedimos por los trabajadores también, que en la búsqueda legitima de ganar más, trabajan sin ningún tipo de protección, de seguridad social. Huamachuco debe contar una historia diferente. NO permitamos, No toleremos la indiferencia frente a lo que sucede. Exijamos derechos para todos y todas. El oro y un trabajo no puede valer más que la vida

¡NO MAS MUERTE EN EL CERRO EL TORO, ABAJO LA INDIFERENCIA, ¡ABAJO LA IMPUNIDAD!

Proyecto Amigo