Listado de la etiqueta: Chila Chambilla

Una comitiva de 20 autoridades de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, Juli-Puno, llegaron el 27 de abril hasta la ciudad de Lima para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) enmendar la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental. Como se recuerda el pasado 02 de marzo el TC ha desconocido el Convenio 169 de la OIT, señalando que no tiene rango constitucional, por consiguiente, los pueblos indígenas no pueden exigir la consulta previa por medio de una acción de amparo mediante proceso constitucional , además no es un derecho fundamental. La comitiva está siendo acompañada por la Congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en las reuniones que sostendrán con el MINEM, MINCUL y MIDAGRI. Las autoridades originarias tienen en agenda exigir la nulidad de las concesiones mineras, emisión de un informe de reconocimiento a las comunidades aimaras como parte del pueblo indígena aimara y protección al territorio como zona agrícola y ganadera. En una conferencia de prensa desde el Congreso de la República, el día 28 de abril, expondrán su rechazo a la sentencia del TC y a la concesión minera (2000 ha) que el Estado otorgó en el año 2005, sin consulta previa.

El día, 29 de abril, participarán del Foro Audiencia “Hablemos de la Consulta Previa a propósito de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Posteriormente las autoridades aimaras se dirigirán a realizar un plantón a las 4pm al frente del Tribunal Constitucional, exigiendo que se resuelva el recurso de subsanación a favor de las comunidades campesinas de Juli y para todos los pueblos indígenas del Perú. También dialogarán con la Defensoría del Pueblo, a fin de exigir que la sentencia del TC que niega la consulta previa sea informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, solicitan que el gobernador regional y los congresistas de Puno encabecen e intercedan en los diálogos que van a sostener con los diferentes ministerios.

El descontento de las comunidades campesinas en las regiones del sur del país se acrecienta día a día. La diferencia ahora es que, una situación muchas veces invisibilizada, como las penurias de la agricultura familiar, ahora encuentra su correlato con las demandas de amplias franjas de la población que han visto aumentar los precios de alimentos, combustible y transporte, sin que la bonanza de los precios por minerales en el mercado internacional les haya favorecido. Así se desprende de numerosas conversaciones que Red Muqui pudo sostener en el marco del VII Encuentro Interregional del Surandino que comprende a los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac y que se desarrolló del 31 de marzo al 1 de abril en la localidad de Chucuito-Puno. Cerca de cincuenta integrantes de organizaciones sociales de base, representantes de comunidades y federaciones campesinas se reencontraron después del receso obligado por la pandemia del Covid-19 y fortalecieron de esta manera los lazos de solidaridad y hermandad entre organizaciones que impulsan cambios en y desde las regiones del sur andino.

Al analizar colectivamente el contexto político, social, económico y ambiental y la situación en sus territorios, se escucha una y otra vez el abandono que sienten por parte del Estado y la sociedad como agricultores familiares que siguen proporcionando más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

Juliana Anchaquiri de la comunidad de Chila Chambillas, lamenta por ejemplo los bajos . precios que obtienen por sus cosechas. “Por arroba de Cañihua, recibimos entre 25 a 30 soles, es lo mismo que recibíamos hace unos años y todo ha subido”. Un valor exiguo si se considera que en los mercados de Lima, ese dinero da para comprar apenas 2 kilos de este cereal. Es decir una diferencia del 600 por ciento entre lo que recibe el productor y el precio que paga el consumidor, que en su mayor parte queda en el bolsillo de comerciantes intermediarios.

También critican los escasos planes gubernamentales de apoyo al agro y siguen sintiendo el desprecio de la sociedad a su labor, tan esencial para poner comida sobre las mesas no solo de sus casas. Elsa Yaver de la misma comunidad que Juliana coincide en que en ningún momento, desde que ella tiene recuerdos la sociedad ha valorado la agricultura y a los campesinos: “En la escuela los profesores nos decían, lo que ustedes hacen no vale nada, tienen que estudiar para ser secretarías”.

Parecida es la apreciación de Milo Huillca de la comunidad de Aresti, distrito Omacha, de la provincia cusqueña de Paruro: “No habría habido comida durante la pandemia si no hubiese sido por los campesinos. Ahora los precios de los insumos para la siembra y cosecha se han disparado, mientras que lo que recibimos por los productos no ha variado. El saco de abono artificial ha subido de 70 soles que costaba hace un año a 270 soles”.

Para revertir esta situación son muchas las voces de los participantes del encuentro que claman por reformular y relanzar la llamada Segunda Reforma Agraria y que conforman un grupo de trabajo para debatir esa posibilidad.

Julián Paucar, presidente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), es una de ellos, que dice sentirse defraudado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, que en muchas comunidades de Cusco recibió más del 90 por ciento de los votos en las elecciones de junio de 2021. Recuerda que, “después nos organizamos para recoger y entregar nuestras propuestas para la 2da reforma agraria en Cusco. Ahora hay que retomar el debate en cada región y homogeneizar la propuesta antes de entregárselas a una nueva instancia que coordine esto a nivel de Viceministerio. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de esta reforma, porque ya que el gobierno ha dejado de hablar de ella.” 

Para unificar estas demandas y darle mayor visibilidad en la instancia el presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco FDCC, Salvador Merma Hilachoque, hace un llamado a qué las demás federaciones de campesinos presentes del Surandino se sumen al paro agrario que tiene programado su federación para el 18 y 19 de abril. Para su realización se están coordinando asimismo con las organizaciones campesinas, de Arequipa, Tacna y Moquegua. En el pliego de demandas exigen al gobierno el cumplimiento de la Segunda Reforma Agraria, así como el incremento del presupuesto para el sector agrícola en un 7%.  Para esta convocatoria los gremios campesinos han planteado propuestas concretas para contrarestar el alza indiscriminada de los insumos agrarios como los fertilizantes.

 

 

 

Muchos otros participantes abogan por avanzar con un proceso constituyente que reemplace la actual Carta Magna impuesta a sangre y fuego por el dictador Alberto Fujimori. Una demanda que finalmente se plasma en el pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil reunidas en el encuentro que abogan por retomar el debate y discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.

Todos ejemplos de la preocupación que existe en las comunidades campesinas e indígenas sobre el rumbo que está tomando el país en momentos de continua crisis política y social.

Pero más allá de estos grandes debates, es la presentación de media docena de mujeres líderes de la comunidad Chila Chambilla la que despierta mayor solidaridad espontánea. Se percibe en los aplausos y en el cariño dispensado la admiración por la lucha de estas comunidades, cuya voluntad pareciera inquebrantable. A pesar de que el Tribunal Constitucional en una sentencia el pasado mes se negara a reconocer la consulta previa como derecho fundamental y con ello denegara el recurso de amparo solicitado por la comunidad. Una medida interpuesta porque la mitad de sus territorios fue concesionada por el INGEMMET a favor de la minera Cemento Sur en 2014 sin consultar a sus habitantes y legítimos propietarios. Son ellas, las líderes presentes en Chucuito-Puno, quienes proclaman que no se dejarán vencer y que unidas con las demás comunidades aymaras de Puno resistirán y marcharán juntos a Cusco y a Lima si fuese necesario también a Lima. Citan como ejemplos el “aymarazo”, cuando las comunidades aymara de la zona sur de Puno iniciaron una huelga indefinida y movilizaciones, con las que finalmente lograron revertir el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.

Y es que las comuneras tienen motivos para defender sus territorios, tal como explica Elsa Yaver, de la comunidad de Chila Chambilla: «La verdadera mina la tiene la comunidad. Tenemos cereales que cosechamos todos los años, tenemos avena, cebada, papa, quinua y cada año tenemos más cañihua,También tenemos ganado; alpacas, llamas, vacunos, chanchos y burros que se alimentan de nuestros pastos dulces y de nuestra agua que es dulce y por eso no dejaremos que entre la minera a contaminar».

 

POR OTORGAR CONCESIONES SIN AVISO

  • Comunidades de Juli y Atuncolla esperan que, por vía judicial, el Estado respete y aplique su derecho a la consulta
  • Estado concesionó el 100% del territorio comunal de Atuncolla sin previo aviso
  • Defensa es asumida por DHUMA y el IDL

En los próximos quince días, la Primera Sala Civil de Puno podría ordenar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), cumplan con aplicar el derecho a la consulta previa en favor de las comunidades de los distritos de Atuncolla (Puno) y Juli (Chucuito).

Tanto Quechuas (Atuncolla), como Aymaras (Juli), presentaron una acción de amparo por omisión al derecho de consulta previa, luego que el INGEMMET otorgara concesiones en territorios comunales, en favor de la empresa minera Billinton World Expedition en el año 2011 y Cemento Sur en el 2014, respectivamente.

Recién este 03 de noviembre, los magistrados encargados de llevar este proceso constitucional, recién recibieron a las comunidades en dos audiencias públicas para la vista de causas (conocimiento de motivos de los casos).

Caso Chila Pucara y Chila Chambilla

La primera audiencia pública, fue concedida a las comunidades Chila Pucara y Chila Chambilla (Juli, Chucuito), en donde por primera vez, un representante comunal pudo dirigirse al presidente de una Sala Civil.

«Queremos justicia, queremos que la ley nos proteja a nosotros como comunidad originaria. Nosotros vivimos en el campo, de nuestra agricultura y ganadería. Con esto prácticamente nos están discriminando y nos están matando con la minería», manifestó Laureano Apaza, dirigente de Chila Pucara.

A su turno, la defensa asumida por el abogado Juan Carlos Ruiz (Instituto de Defensa Legal, IDL) solicitó la nulidad de la concesión minera –no metálica- que le ha restado 1000, de las 1600 hectáreas (has) del territorio ancestral de Chila Pucara. Al igual que a Chila Chambilla que, hoy en día, vive con la mitad de sus tierras concesionadas (1000 de 2000 has).

«El procedimiento de concesión es nefasto. Ya que se expiden concesiones sin notificar a los afectados. A lo mucho se publican anuncios en el periódico que no especifican qué comunidades son afectadas, ni donde quedan las concesiones, solo colocan cuadrículas técnicas», indicó Ruiz Molleda.

Durante su exposición, el abogado recordó a la Sala, que el artículo 17.3 del Convenio 169 de la OIT, señala que no se puede aprovechar el desconocimiento de los pueblos acerca de las normas, para despojarlos de sus territorios.

“El otorgamiento de concesiones mineras, de espaldas a las poblaciones afectadas, están causando mucha conflictividad social en nuestro país. Lo lesivo, no es la concesión en sí, sino la omisión de un derecho que es la Consulta Previa», aseveró.

Asimismo, remarcó que las comunidades demandantes, no han caído en la tentación de recurrir a mecanismos de violencia y de confrontación para resolver sus conflictos, sino que han decidido acudir al Poder Judicial porque están convencidos de llegar a una solución bajo mecanismos institucionales.

Tras reiterar el pedido de admisión de demanda, la defensa de Chila Pucara y Chila Chambilla, dijo considerar que este problema le corresponde resolver a los jueces, ya que no es resuelto por el poder político (Ejecutivo).

Caso Atuncolla: 2 a 1

El caso de Atuncolla es complicado, si se toma en cuenta que los tres vocales que vieron el caso, no se ponen de acuerdo. Dos de ellos, revocaron la sentencia que declaró infundada –en primera instancia- la demanda de amparo presentada por las comunidades; mientras que el tercero desaprueba esta resolución de sus colegas magistrados.

Ante esta situación se convoca a un cuarto vocal para dirimir y solucionar este caso.

Al igual que las comunidades del distrito de Juli, Atuncolla solicitan que se suspendan los efectos de la resolución de las concesiones mineras en favor de la minera Billinton, que en el 2011 obtuvo la titulación del 100% de sus territorios. Hecho que supieron de manera extraoficial.

Durante la segunda audiencia del 03 de noviembre, el vocal dirimente, no permitió que ningún representante de las 11 comunidades de Atuncolla, pueda dirigirse a él.

«Para el otorgamiento de concesiones mineras superpuesta sobre el 100% de las tierras de las comunidades demandantes, no se ha tomado en cuenta la existencia de comunidades campesinas, ni de templos, ni de restos arqueológicos declarados patrimonio cultural de la Nación, como son las chullpas blancas, Sillustani, ni cabeceras de cuenca, entre otros», dijo el abogado defensor Cristóbal Yugra, durante su exposición de hechos.

Ante el vocal dirimente, la defensa insistió en que si bien la Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), no estaba promulgada en mayo del 2011; el Convenio 169 de la OIT se superpone, por estar vigente en nuestro país, desde 2 de febrero del 1995.

Demoras en los procesos

En opinión del abogado, José Bayardo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno), ambos procesos están demorando más tiempo de lo establecido en los códigos procesales constitucionales.

Refirió que la demanda de Acción de Amparo del caso Atuncolla, fue presentada en el 2012 y admitida en primera instancia, sin embargo, ahora está en segunda. En cuanto a Chila Pucara y Chila Chambilla, su demanda se presentó en el 2014, y dos años después, recién se está llevando a cabo una audiencia para resolver este caso.

“Si la resolución resulta contraria, tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional para seguir haciendo valer estos derechos”, adelantó.

DATOS:

Expediente N° 163-2016 corresponde a la demanda de las Comunidades Aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (distrito de Juli, provincia de Chucuito).

Expediente N° 01846-2012, corresponde a la demanda de 11 comunidades de Atuncolla (Palamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Ticani pampa, San José principio de Santa Cruz, Virgen soledad Cochela, San Gerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico).

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI