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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Esta semana hemos recibido una buena noticia y no necesariamente de nuestro país. Las buenas noticias vienen desde nuestro vecino país de Chile, debido a que se acaba de instalar  oficialmente la Convención Constitucional que tiene 155 miembros y tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución y para ello ha elegido como presidenta a una indígena mapuche de 58 años, la doctora y académica Elisa Loncón. Sin duda, son tiempos de cambios en la sociedad chilena y más para los pueblos indígenas que han sido ignorados durante décadas en ese país, por ello nos parece muy potente y esperanzador que la Convención Constituyente sea presidida por una mujer mapuche. En nuestro país, Pedro Castillo, el virtual presidente del Perú ha señalado que se debe iniciar el mismo proceso, sin embargo, la derecha y sus aliados han dicho que esto no es posible ni ahora ni nunca. Se mira a Chile solo cuando se trata de comparaciones económicas, pero no cuando se trata de reivindicar derechos.

 

De otro lado, esta semana el Congreso de la República nuevamente ha sido el centro de la atención política, esta vez por la insistencia en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente hemos asistido nuevamente a un penoso espectáculo en el hemiciclo, dado que un Juzgado de Lima ha ordenado que se suspenda todo acto de elección del TC,  ya que existen una serie de vicios en el proceso de selección de los candidatos. Sin embargo, el Congreso en un claro acto de desacato a esta orden judicial, el día de ayer ha sesionado con normalidad, señalando que fue un acuerdo de la junta de portavoces y que ellos son un poder autónomo que no están sujetos a la intervención de otros poderes. Los únicos partidos que han decidido no ser parte de este circo son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo cierto es que aún con toda esta presión, los partidos y congresistas golpistas no han logrado juntar los 87 votos que se requiere para la elección de los miembros del TC. El tema no está cerrado y estos días todavía insistirán con esta elección golpista.

Finalmente, otro tema que genera preocupación a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas es la insistencia de sectores del Congreso para la aprobación de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Desde Red Muqui ya señalamos que la aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Entre algunas de las observaciones, es que va en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y sus rondas campesinas que están a cargo de la seguridad en sus territorios. Estos comités de autodefensa, además, podrán utilizar armas de fuego, así lo señala la norma, lo que complicaría más la situación en los territorios, como por ejemplo en las zonas de alta conflictividad social como es el corredor minero del sur andino; es decir, promueve más militarización y violencia en los territorios.

La norma ya fue aprobada hace algunos meses por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley; sin embargo, estos días los partidos golpistas en el Congreso buscan aprobarla por insistencia. Hay que mantenernos vigilantes.

Desde Red Muqui solicitamos a César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que escriba sobre lo que está pasando actualmente en Chile y cómo se originó el proceso constituyente actual, a raíz que en nuestro país, Perú, el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución también se está iniciando debido a los vientos de cambio que suenan con la victoria política electoral de Pedro Castillo.

Artículo de César Padilla de OCMAL.

El 4 de julio del presente año se instaló la Convención Constitucional en Chile. La primera medida fue la elección de la presidencia que quedó en manos de la activista Mapuche Elisa Loncón.

Antecedentes  

Debemos recordar que el proceso constituyente en Chile surge a raíz de la rebelión que inicia el 18 de octubre de 2019, día en que la ciudadanía se suma a semanas de manifestaciones de estudiantes de enseñanza media, especialmente en las estaciones del metro del centro de Santiago.

Luego de semanas de intensas movilizaciones y ante la debilidad de un tambaleante gobierno cuya única respuesta fue la represión, sectores de la derecha con apoyo de la centroizquierda y progresistas del Frente Amplio firmaron el 15 de noviembre un «Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución».[1]

El proceso de cambio

Para materializar el proceso constituyente se realizó una reforma constitucional[2] que abrió el camino a la realización de una “Convención Constitucional” con una serie de reglas y normas aportadas por las bancadas parlamentarias y que luego fueron criticadas por diversos sectores de las organizaciones sociales, como por ejemplo la necesidad de aprobación del reglamento y artículos por un mínimo de dos tercios.

Algunos logros obtenidos en el camino son, por un lado, la paridad de género (ausente en el acuerdo inicial) y la elección de una presidenta mujer, elegida dentro de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, y proveniente del pueblo Mapuche.

Un logro ciudadano importante también del proceso social fue la composición de la Convención Constitucional. La mayoría electa en votación popular, está compuesta por independientes y ninguna fracción política dispone del tercio necesario para vetar aspecto alguno que sea votado en dicho espacio.

Las luchas estratégicas

En este escenario y de cara a sortear las trabas y limitaciones impuestas desde el origen del proceso para elaborar una nueva constitución, surgen algunos reconocimientos tácitos avanzados hasta la fecha: será un proceso participativo, pues la mayoría de las y los convencionales tienen la convicción de que se trata de un proceso de participación amplia, para lo que están diseñando los mecanismos para escuchar las diversas voces provenientes de los territorios.

La participación de las mujeres tendrá no solo reconocimiento sino un estatus especial para combatir una sociedad patriarcal y excluyente. El reconocimiento a los pueblos originarios, expresado además en la elección de Elisa Loncón como presidenta de la convención cruzará el proceso de la nueva constitución.  La necesidad de garantizar las condiciones ecológicas, con el agua como protagonista de los conflictos frente al extractivismo, tensionará las discusiones sobre las bases de la sociedad, la economía, la naturaleza, los animales, los territorios y la forma de garantizar un mejor futuro para niñas, niños y generaciones venideras. La recuperación soberana y social de los bienes comunes están también bajo el foco de atención de la ciudadanía.

El respeto a la diversidad, los derechos de los diferentes grupos que conforman la sociedad estarán de seguro presentes en la nueva constitución, así como derechos universales a la salud, la educación, vivienda, pensiones dignas, participación democrática en las decisiones políticas que afectan a la sociedad en su conjunto.

El origen de los cambios

Y, tal vez, lo más importante de este proceso, es que surgió desde las movilizaciones de las organizaciones sociales, acompañadas por el sentir de una gran mayoría de la población cansada de los abusos, del sistema político de elites, de la exclusión, de la pobreza y la marginación. Estas organizaciones que gozan del apoyo de la población, debieron pausar las movilizaciones por la crisis sanitaria, pero siguen vivas y continúan mostrando su capacidad de exigir justicia y dignidad.

En el medio de las discusiones se ubica la situación de las casi 3.900 personas condenadas por actos relacionados con la rebelión social, cuyo eventual indulto, ya en discusión en el parlamento, volvió al debate con la instalación de la Convención Constitucional.

Quedan aún temas pendientes como reparación a las víctimas de la violencia policial a partir del 18 de octubre de 2019, la reforma policial y militar, especialmente a la rama uniformada y militarizada desde la dictadura de Pinochet.

Con todo, la esperanza sigue alumbrando el camino y, la sociedad chilena, harta de los abusos de los más de 40 años, sigue dando lecciones de voluntad para lograr la tan anhelada justicia y dignidad.

 

[1]https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf

[2]     https://www.senado.cl/capitulo-xv-reforma-de-la-constitucion-y-del-procedimiento-para/senado/2012-01-16/110209.html