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El ingeniero ambiental Daniele Terranova, con experiencia en trabajos de investigación y evaluación de impacto ambiental, ha encontrado numerosos vacíos en el estudio “Análisis técnico cualitativo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera (MEIA) Toromocho (2020)”, base para la ampliación del mencionado proyecto. Los contenidos esenciales relacionados con el contexto ambiental y de explotación minera de las áreas donde se ubica la mina Toromocho de la empresa Chinalco, serán presentados en un informe que resalta no sólo esas falencias, sino también propone posibles mejoras derivadas de la lectura del documento.

La necesidad de este estudio surge de las graves consecuencias ambientales y sociales presentes en el Perú desde hace siglos, a causa de las actividades mineras que devastan el país. Es claro que, los ingresos de estas actividades terminan en manos de unos pocos, y muchas veces se van al extranjero. Debido a esto, la minería, en sus diversas formas, es hoy la principal causa de los conflictos socioambientales en el Perú.

En un contexto de por sí muy adverso como el de Morococha, donde parte de la población se niega a abandonar sus moradas, la mina Toromocho ha iniciado obras de ampliación que la llevarán a explotar 170 mil toneladas de cobre por día, aumentando la severidad de sus impactos en estos territorios. Las actividades de expansión fueron precedidas en 2020 por la publicación del MEIA, cuyos capítulos: quinto y sexto resultaron más relevantes para el investigador a la hora de analizar la integridad y solidez de los procesos de evaluación de impacto ambiental relacionados con la expansión del complejo minero.

Por medio de este estudio, Terranova no solo se ha propuesto mejorar la calidad de la evaluación de impacto ambiental MEIA, sino también desarrollar y difundir conocimientos sobre temas ambientales y de sustentabilidad. Contribuye, de esta manera, al debate sobre la minería, sustenta la protección ambiental por actividades extractivas y le entrega herramientas a las comunidades afectadas.

Identificación de impactos

La identificación de impactos es la fase de un estudio ambiental enfocado en determinar los potenciales problemas ambientales derivados de actividades humanas, también sirve para asegurarse de que a lo largo de la operación de la actividad no se produzca un daño significativo al medio ambiente.

El MEIA (2020) presenta tablas que resumen las interacciones entre las actividades mineras y los componentes ambientales (aire, agua, biomas…). Sin embargo, a partir del análisis de esas tablas es posible deducir que hay interacciones faltantes: según Chinalco, algunas actividades específicas no afectan el medio ambiente cuando son preparatorias para la construcción de ciertas partes de la planta, mientras que sí lo son cuando se realizan para otros fines. Por ejemplo, la actividad “movimiento de tierras (corte, relleno y nivelación)…” se repite varias veces con diferentes propósitos, pero solo se reporta unas pocas veces su impacto en la “pérdida de suelo”. Está claro que el impacto de una actividad no depende del propósito con el que se realiza.

El caso mencionado representa un vacío muy grave, ya que cada impacto no identificado implica que,  no se considerará la implementación de medidas de prevención, mitigación o compensación. Tampoco habrá actividades de monitoreo; a parte significa polución que no vemos, y de la que no nos protegemos.

Por estas razones, lo que Chinalco tiene que hacer es aclarar este aspecto o aportar correcciones, para no subestimar los impactos de sus actividades. 

Caracterización del drenaje ácido

El drenaje ácido es el impacto ambiental minero más nocivo a nivel mundial y consiste en la formación de sustancias ácidas provocadas por el contacto entre algunas rocas mineralizadas, trabajadas por la empresa, y el agua, sobre todo la lluvia; este ácido, al llegar a las aguas subterráneas, contamina gravemente los recursos hídricos subterráneos y luego también superficiales, afectando cada componente ambiental y el hábitat.

Este riesgo, sin embargo, solo se menciona vagamente en el MEIA (2020). No hay una caracterización geológica completa y específica, es decir, una descripción detallada de los tipos de rocas que se encuentran cerca de la mina, su contenido mineral y cómo la actividad humana interactúa con dichas rocas. También faltan efectivas medidas de prevención o mitigación de este potencial impacto ambiental.

No considerar este peligro significa arriesgarse a contaminar muchos cuerpos de agua durante décadas o siglos, no solo cerca de la mina, sino también río abajo. Los metales pesados ​​se acumulan en los organismos y son perjudiciales para el metabolismo de animales y humanos.

Para evitar eso, Chinalco tiene que reconocer el peligro de drenaje ácido en su sitio, individualizar los riesgos potenciales e identificar las formas en las que se puede prevenir. Hay que conducir una investigación específica, que tome en cuenta los parámetros más importantes (pH, temperatura, grado de saturación del agua, presencia bacteriana…). Es importante que los trabajadores/técnicos de la compañía tengan el conocimiento y las herramientas para controlar drenaje ácido, y para identificar técnicas que reduzcan los impactos.

Impactos por emisión de PM

El material particulado (Particulate Matter, PM por sus siglas en inglés) es el conjunto de partículas pequeñas (entre 2,5 y 10 micras), generadas por varias actividades como excavaciones o combustión, que pueden transportar muchas sustancias tóxicas. El PM puede transportar estos contaminantes muy lejos y afectar hábitats y ecosistemas, pero también pueden llegar a los bronquios y alvéolos, exponiendo la salud humana a graves consecuencias.

La emisión de partículas puede causar pasivos de muchas maneras diferentes. Probablemente, no todos han sido descritos y caracterizados cuidadosamente en el MEIA (2020). Además, en dicho estudio no se explica cómo las medidas adoptadas por Chinalco realmente logran reducir significativamente las emisiones de PM: estamos hablando del uso de coberturas o reducción de velocidad de camionetas. 

Se trata de un pasivo muy impactante porque hay muchas actividades que pueden contribuir seriamente a la liberación de PM a la atmósfera. Las partículas contienen diversos contaminantes, porque se generan en un área con muchas de estas sustancias, y pueden depositarse, arrastradas por los vientos, en aguas superficiales, o en importantes ecosistemas como los bofedales, o llegar a los asentamientos, y dañar la salud humana.

Además de implementar nuevas medidas de prevención y mitigación, como sistemas de captura de polvo, sugerimos equipar a los trabajadores con medidores especiales que informen sobre las concentraciones de PM a las que están expuestos. También será útil el fortalecimiento de la red de monitoreo, ubicando estaciones de control cerca de los elementos ambientales más vulnerables.

Impactos sobre el suelo

La importancia del suelo a menudo se subestima en los estudios de impacto ambiental. No obstante, el suelo tiene un papel fundamental a nivel ecológico porque está íntimamente relacionado con la calidad del agua, con la salud de la flora y la fauna, con su fertilidad y, en general, con el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. Por esta razón, los impactos sobre el suelo no solo afectan ese espacio, sino también a todos los componentes ambientales.

Las actividades mineras afectan seriamente el suelo, ya que modifican profundamente la morfología del territorio. El uso de maquinaria pesada, el desbroce de vegetación y la alteración geomorfológica compactan las partículas del suelo, impidiendo los intercambios de gases y agua con el exterior. Esto favorece la escorrentía superficial, y de esta manera, los flujos aumentan los procesos erosivos: partículas y material contaminado por la minería acaban descendiendo, afectando los alrededores. Además, el desbroce de vegetación reduce el contenido de materia orgánica, aportando, con ello, a su vez a los procesos de erosión y degradación generalizada.

En el contexto territorial de Toromocho, donde el paisaje es muy rocoso, polvoriento, escarpado y frío, la importancia del suelo es permitir que las lluvias lleguen al subsuelo. Ya ha quedado explicado como, la minería compacta el suelo, crea flujos superficiales y aumenta los procesos erosivos, lo que también aumenta el transporte de material contaminado, en este caso hacìa la cuenca del Mantaro. Desafortunadamente, los tiempos de autoregeneración del suelo son muy largos y los procesos bien complejos, pues son muy difíciles de estimar. En este sentido, el suelo es un recurso no renovable: otra razón más para cuidarlo mejor.

La primera medida que necesitamos, para enfrentar este problema, es llevar a cabo un análisis específico de las condiciones de vulnerabilidad del sitio: este puede ayudar en encontrar las acciones más efectivas en reducir la erosión y degradación. Hoy, los mejores modelos ambientales nos dicen que hay medidas que funcionan muy bien, por ejemplo el uso de terrazas particulares o muros de contención.

Conclusiones

Las observaciones reportadas en este análisis resaltan la necesidad de realizar un importante trabajo de protección ambiental. Las actividades mineras son de alto impacto y el área de Morococha tiene varios aspectos ambientales frágiles. Surge entonces la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental más completo y preciso, para evitar pasivos graves e irreversibles.

Es fundamental que una región, que ya ha sufrido por la minería, no siga enfrentando consecuencias ambientales y sociales tan graves. La idea es que Chinalco no solo tome en cuenta este estudio y respete sus compromisos, sino que mejore su desempeño ambiental y social. Por ejemplo, podrían planear la adopción de las últimas técnicas de recuperación de terrenos tras el cierre, o adaptarse a las directrices internacionales, recogidas por ejemplo por el Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining and Metals, ICMM por sus siglas en inglés).

En los últimos días, varias familias de la Antigua Morococha han sido notificadas con la demanda de amparo que ha presentado la empresa Minera Chinalco Perú S.A. contra 19 familias que aún no han sido reasentadas de la Antigua Morococha. La empresa sostiene que las familias estarían impidiendo el normal desarrollo de sus actividades mineras en la unidad Toromocho, por lo que solicitan que las familias se abstengas de realizar estos actos.

Se debe tener en cuenta que las 19 familias aún no han sido reasentadas debido a que la empresa no ha logrado arribar a acuerdos al no atender sus demandas y preocupaciones. Es más, como consecuencia de la perturbación de normal tránsito a causa de las actividades mineras, las familias iniciaron un proceso judicial de habeas corpus, en ella el juzgado exhortó a la empresa y al Estado a iniciar un proceso de diálogo para resolver el conflicto.

Es lamentable que la empresa minera Chinalco haya decidido iniciar este proceso judicial contra humildes familias, que no contribuye en la resolución del conflicto, y que somete innecesariamente a un nuevo proceso judicial.

Después de un año de espera, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) se pronunció respecto a la solicitud de “Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170000 TDP” de la empresa minera Chinalco. Y lo hizo tomando en cuenta el informe técnico N° 532-2021-ANA-DCERH elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde se indica que Chinalco no logró subsanar dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones realizadas en materia de recursos hídricos.

Basándose en dicho informe técnico, SENACE decidió no admitir la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para llevar a cabo la segunda fase de ampliación del proyecto minero Toromocho. Respecto al componente de recursos hídricos, se observó que los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por día (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo de aguas adicionales a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original del 2010, lo cual ocasionaría considerables impactos ambientales.

Por otro lado, el documento resalta que el desarrollo del modelo conceptual (información utilizada) y posterior modelo numérico hidrológico no cuenta con la información suficiente y actualizada sobre los niveles de agua subterránea y flujos de entrada y salida del sistema hidrológico, por lo que dichos modelos numéricos han considerado información desfasada para la calibración. A su vez, ésta es limitada debido a que no se tomaron registros de las fuentes de agua subterránea desde el último Estudio de Impacto Ambiental en el 2010.

Las observaciones planteadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), habían sido advertidas a fines de julio del año 2020 en las observaciones presentadas a SENACE por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y la Red Muqui; en ella se advertía que la propuesta de Chinalco iba a requerir aproximadamente 331L/s de agua adicional para sus operaciones. Esta información no fue expuesta de forma clara por Chinalco en su MEIA, ya que actualmente el proyecto minero hace uso de aguas subterráneas (según su EIA 2010), y ahora según su MEIA necesitaban actualizar el estudio y hacer un balance hídrico. Otro dato importante es que Chinalco no consideró hacer un estudio sobre la conectividad hidrogeológica con las principales lagunas de la zona, a pesar de que la ANA ya había  declarado en emergencia dichas lagunas.

Finalmente, se debe recordar que las organizaciones sociales plantearon observaciones respecto del Área de Influencia Directa Social, ya que actualmente hay un grupo de familias no reasentadas en la Antigua Ciudad de Morococha, al igual que el incumplimiento de compromisos en materia socio ambiental relacionados al desarrollo económico local, adquisición de bienes y servicios y la cuota de empleos. De la misma forma se platearon observaciones respecto a los procesos de participación ciudadana e indígena, ya que el mecanismo virtual propuesto por la empresa minera no era idónea para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros, no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores. La decisión de SENACE hace bien en observar el MEIA de Chinalco, ya que no reunió suficientes elementos que permitiera asegurar la reducción de impactos ambientales graves en el área de influencia del proyecto minero.

Frente a las constantes acciones de la minera Chinalco y efectivos de la PNP en contra de los habitantes de la Antigua Morococha, el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Distrital de Morococha emitieron un pronunciamiento el día de ayer, lunes 5 de octubre, solidarizándose con las mujeres agredidas, incluida una menor de edad, el reciente viernes 2 de octubre.

Como informamos a través de una nota informativa el viernes pasado, los pobladores, cansados del constante bloqueo de sus vías con desmonte y maquinaria de la empresa –la única salida y entrada que tienen al pueblo-, cortes de agua y luz, y contaminación ambiental; decidieron ir a las instalaciones de la minera para conversar con representantes y buscar una solución. Sin embargo, los trabajadores de la empresa minera con la PNP – cuando llegaron- agredieron a las personas. Ver video.

Chinalco cuestionada

Como resultado de la intervención, dos mujeres y una menor de edad fueron detenidas. Quienes al día siguiente -sábado- fueron liberadas tras permanecer en la Fiscalía de la Oroya.

Al respecto, el Gobierno Regional de Junín, además de reconocer y rechazar las acciones de la empresa minera Chinalco a través de un comunicado, exhortó el “cumplimiento de los ofrecimientos realizados por la empresa Chinalco al distrito de Morococha, así como a la provincia de Yauli”.

Asimismo, exige a la empresa minera y al Estado peruano “una pronta solución a este conflicto que lleva mucho tiempo, en respeto a la ciudadanía que habitó por mucho tiempo la antigua Morococha”.

 

 

 

 

 

 

Por su lado, la Municipalidad Distrital de Morococha, además de lamentar el bloqueo de vías: “único medio de desplazamiento de la población para la realización de actividades económicas, personales y de salud, así como de otras medidas restrictivas instauradas sin previa coordinación con la población”; exhorta, también, a la minera a retomar el diálogo con los pobladores a fin de culminar el proceso de reasentamiento, “con lo cual se evitarán a futuro estos lamentables incidentes, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y la salud e integridad de los pobladores”.

 

 

 

 

 

 

 

Desenlace

Actualmente las 40 familias están abandonadas por el Estado, sin que el gobierno intervenga para parar los abusos de la empresa minera y, además, están a la espera de las respuestas a las observaciones que presentaron al SENACE sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Toromocho de Chinalco, que no los reconoce como pobladores del área de influencia, y omite el impacto ambiental que generará en las aguas subterráneas al usar mayor cantidad de litros de agua por segundo para sus operaciones.

Además, respecto a la participación ciudadana, existe omisión de aplicación de normas relativas a los pueblos indígenas, al existir comunidades campesinas como San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca, que no han sido tomadas en cuenta para la realización de la consulta previa. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Durante estos meses, desde gobierno se ha anunciado que la ampliación del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco, es un proyecto que está en la fase final, listo para empezar a operar. Lo mismo ha ratificado el nuevo ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui.

Además de las observaciones a la MEIA que tiene el proyecto minero, actualmente la empresa no tiene una propuesta de reasentamiento que les sea beneficiosa a las 40 familias de la antigua Morococha, por lo que los pobladores rechazan dejar su tierra.

El 2012, gran parte de la población aceptó el reasentamiento ofrecido por Chinalco en la localidad de Carhuacoto, más conocido como “Nueva Morococha” pero con el transcurrir de los años han abandonado este lugar debido a que el ofrecimiento que hizo la empresa no se cumple: trabajo.

A ello se suma los riesgos de la zona, siendo los más importantes: el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones, los sismos, además de la presencia de dos lagunas que, frente a un fuerte movimiento telúrico, podrían desbordarse.

 

 Observaciones a la MEIA

 

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

El día de ayer, miércoles 26 de agosto, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental:

  • La participación ciudadana implica una reunión y como en el Estado de emergencia se ha suspendido todo, no hay participación ciudadana, pero para la aprobación de la MEIA se necesita la participación ciudadana porque es un requisito formal de acuerdo a ley. Chinalco señala que hará la reunión de manera virtual y difundirá la información mediante radios y redes sociales. Nosotros señalamos esa omisión en las observaciones.
  • La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental desconoce a pobladores y comunidades de 2 distritos del área de influencia directa: Mororocha y Yauli. En Morococha se encuentra la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará y dentro del distrito de Yauli está la comunidad campesina de Yauli, y Pachachaca y su anexo el barrio san miguel.
  • Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE

A fines de julio, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho de propiedad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas imprecisiones en las que incurrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Con estas observaciones, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín y pobladores locales, afectados por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, buscan que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el proyecto minero; de lo contrario se legitimará la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

Actualización al 07 de mayo.

La empresa minera Southern acaba de confirmar ayer por la noche que tienen un trabajador con COVID-19. Con esto la cifra aumenta a 265.

Nota original del 6 de mayo

Al reporte que teníamos hasta el 30 de abril de la semana pasada: 251 trabajadores con COVID-19 en el sector minero. Al día de hoy, miércoles 6 de mayo, ya asciende a 264 la cantidad de trabajadores mineros que han dado positivo a prueba de coronavirus, según los reportes de las propias empresas mineras, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Direcciones Regionales de Salud y, en el caso de los 3 nuevos casos de Hudbay, el  Hospital Regional de Cusco.

Diresa de Ancash reporta que Antamina informó de 216 casos

Hasta el fin de semana, en que salió un reportaje de Cuarto Poder sobre el caso de Antamina, se conocía que la empresa seguía reportando solo 210 casos de coronavirus, de acuerdo al comunicado que había emitido ya hace 9 días. Hasta ahora la empresa no ha reportado públicamente más casos de COVID-19 en sus trabajadores, a pesar que faltaban pasar por la prueba de descarte y tener los resultados, más de 1900 trabajadores, de acuerdo al comunicado emitido el 27 de abril. De acuerdo a las declaraciones del viceministro de Energía y Minas, Augusto Cauti, a Cuarto Poder, el Ministerio de Energía y Minas solo tiene el registro de 210 trabajadores contagiados de Antamina.

Sin embargo, una información que pasó desapercibida después del comunicado público que emitió Antamina el 27 de abril, son las declaraciones, vía conferencia de prensa, al día siguiente, del representante de la DIRESA Ancash, en que señaló que la empresa minera le había reportado 216 casos de COVID-19.

“La información que tenemos actualmente y por informe de Antamina: 560 pruebas realizadas a la fecha; 216 han dado positivo a COVID-19, y todos están en cuarentena 14 días a partir del diagnóstico”.

Frente a otra pregunta de otra periodista, respecto a dónde está esa cifra registrada, el director señaló que “el registro está en lima, Essalud y de la propia empresa Antamina”

Como es de conocimiento público, el 01 de mayo falleció un trabajador de Antamina en una clínica de Lima. Frente a este hecho, la empresa señaló que no emitiría ningún comunicado público por respeto a los familiares. Sin embargo, tampoco ha vuelto a emitir un comunicado sobre la realidad de los demás trabajadores diagnosticados con el virus, que han señalado su voz de protesta a diversos medios periodísticos, por encontrarse abandonados en los hoteles de Lima, sin que se les realice las pruebas de descarte.

Chinalco reconoce trabajadores con Covid-19

Otro caso que hemos reportado en el informe de la semana pasada, es el caso de Chinalco, que inicialmente informó que tenía 1 trabajador con COVID-19 el 24 de abril; y luego quiso desmentirlo. Por ese motivo, y frente a la constatación de que más trabajadores se iban infectando; el sindicato de trabajadores de Chinalco pidió a Sunafil que visite el campamento minero de Tucto en Junín. Esta visita se realizó el sábado 25 de abril y el reporte que hizo la Sunafil tras su visita fue de 4 trabajadores con coronavirus que habían sido trasladados a Lima por la empresa minera.

Posterior a ello, frente a la exigencia del sindicato de trabajadores, la empresa estuvo haciendo pruebas de descarte a otra cantidad de trabajadores del campamento, resultando 4 casos más con Covid-19, el 27 de abril.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de este comunicado, pudimos tener acceso a la información que brinda el doctor a los trabajadores, en el que señala que de los 8 casos en total, 2 son asintomáticos y 3 están internados, pero estables.

A estos casos reportados por Sunafil y la empresa; el día de hoy, el sindicato acaba de informar en twitter que un trabajador fue evacuado el día de ayer, martes 5 de mayo, a las 11pm, del campamento minero Tunshuruco, por estar infectado de coronavirus. Ante este caso la empresa minera debería emitir un comunicado y Sunafil también verificar cómo se viene desarrollando la realización de pruebas de descarte en el campamento de Tucto, de donde se registraron los 8 infectados confirmados; y del campamento de Tunshuruco, donde hay 600 trabajadores, en que el sindicato reporta este hecho.

264 trabajadores con COVID-19

A estos casos confirmados por la DIRESA de Ancash (6 casos más de Antamina) y por la empresa minera Chinalco de Junín (4 casos más), se suman los 3 trabajadores de la empresa minera Hudbay que dieron resultado positivo a la prueba de COVID-19, tras ser evaluados junto a otros 67 trabajadores de la empresa minera por el personal del Hospital Regional de Cusco, que emitió un comunicado el reciente lunes 4 de mayo detallando estos hechos.

A los 251 trabajadores mineros contagiados que se tenían registrados con los reportes de las empresas mineras, Sunafil, Direcciones Regionales de Salud, la semana pasada; se suman estos 13 casos más señalados, llegando a la cifra de 264 casos de COVID-19 en el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui