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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Como ya es habitual, esta semana nuevamente hemos tenido tensión y crisis política en el país, lamentablemente “la inestabilidad política” es la nueva normalidad con la que tendremos que aprender a convivir aparte de la pandemia. Luego de una campaña de demolición montada por la derecha, el fujimorismo y sus medios aliados, incluido la Marina; el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, finalmente ha renunciado a su cargo, y a la actualidad todavía el presidente Castillo no ha designado quién lo reemplazará. Esta situación no ayuda en nada al gobierno en sus primeros 20 días de gestión, no hemos tenido tal situación en las últimas décadas en el país: tener un gabinete ministerial que ya empieza a descomponerse y hasta pedidos de vacancia al presidente. A la par de esta nueva crisis, la situación de la pandemia preocupa, ya que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha señalado que estamos ingresando al escenario de una tercera ola de la Covid-19 y debemos empezar a prepararnos para tal situación.

Otro de los temas que ha resaltado en la semana, es el caso de las comunidades afectadas por el corredor vial minero en Chumbivilcas – Cusco, como se recuerda este es uno de los primeros casos de conflictividad social que ha tenido que encarar el gobierno de Castillo y el gabinete de Guido Bellido. Luego de una visita rápida del premier a la misma zona, las comunidades acordaron dar una tregua de sesenta días para que se atienda sus demandas; sin embargo, a más de dos semanas de ese compromiso, las comunidades y organizaciones sociales de Chumbivilcas han denunciado la inacción del gobierno y de la empresa minera Las Bambas por intentar canalizar sus reclamos. Frente al anuncio de un nuevo paro, el gobierno recién ha logrado establecer un espacio de diálogo para este fin de semana. El caso del corredor minero no es un asunto sencillo, los reclamos vienen de muchos años atrás, y hay que decir que lamentablemente los últimos gobiernos y la misma empresa minera, no han sabido gestionar adecuadamente las salidas técnicas y legales a este caso.

Sobre la política de gestión de los conflictos sociales y los espacios de diálogo, es de lo que debería a empezar a hablar el gobierno de Castillo, y para ello requiere de los mejores especialistas, no se pueden dar el lujo de improvisar en este sector, ya que los conflictos sociales vinculados al tema minero son los más complejos y delicados en el país y lamentablemente no han sido bien encarados por la mayoría de los gobiernos pasados. Por el contrario, la respuesta del Estado siempre ha estado vinculada a la violencia y represión contras las poblaciones y comunidades locales. Una mala señal es, por ejemplo, el nombramiento de Braulio Grajeda Bellido en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, quien no conoce este sector y parece que por ser de Perú Libre le dieron el cargo. No es especialista en gestión de conflictos sociales. Desde la Red Muqui creemos que el gobierno de Pedro Castillo, si de verdad quiere atender las demandas de la población, tiene que conformar un equipo que conozca el sector y que empiece a plantear una serie de reformas para gestionar de otra forma la conflictividad social en el país.

Ante el reinicio de protestas el lunes 16 de agosto por acuerdo de las siete comunidades de Chumbivilcas: Huascabamba, Cruzpampa y Cancahuani (Ccapacmarca), Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya (Colquemarca), y Huininquiri (Santo Tomás), que estuvieron en paro desde el 23 de julio hasta el 02 de agosto; el día de hoy, miércoles 18 de agosto, las comunidades junto al Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH) levantaron su medida de protesta debido a que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado y dirigió una carta a los dirigentes el día de ayer, 17 de agosto, con la firma del presidente de la PCM, Guido Bellido, en donde señalan que la Mesa de Diálogo se implementará el 21 de agosto a las 10:00am en el distrito de Ccapacmarca, «con la participación de los sectores que han sido solicitados para atender la problemática expresada; la misma que es un paso previo a la instalación de la Mesa de Diálogo a llevarse a cabo el sábado 28 de agosto a las 10:00 horas en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas».

La carta finaliza señalado que en ambas reuniones «se contará con la participación de mi persona, como Presidente del Consejo de Ministros, y se abordarán las demandas planteadas en la carta de la referencia».

La carta de referencia a la que se refiere Guido Bellido, es la carta que le enviaron las comunidades y el FUDICH el 09 de agosto, que, al no tener respuesta, sumado a la no instalación de la mesa de diálogo el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier el 2 de agosto, generó malestar en los dirigentes. A esto se suma que la empresa minera MMG Las Bambas no acudió a las reuniones pactadas previamente con las comunidades, primero el 08 de agosto y luego para el 15 de agosto.

Carta de Guido Bellido a dirigentes de las comunidades

Pronunciamiento de las comunidades

El comunicado de la PCM y la carta del premier fue una respuesta también al pronunciamiento que emitieron los dirigentes de las comunidades agrupados en el FUDICH y el presidente del Frente, quienes hicieron un llamado de atención al premier Bellido debido a la falta de compromiso al no instalar la mesa de diálogo para el 11 de agosto pasado y no haber ninguna comunicación desde la PCM con las comunidades, tal como lo había prometido el 2 de agosto para que las comunidades levanten la huelga.

Asimismo, en el pronunciamiento expresan el rechazo a sus declaraciones respecto a que estarían siendo «engañados y azuzados por abogados». Y precisan que una de sus principales demandas es la «nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa nuestros terrenos y declara como Vía Nacional carreteras comunales», que fue aprobado y publicado el 25 de mayo del 2018, sin el saneamiento legal y la consulta previa a las comunidades. «Todo esto en beneficio de la empresa minera MMG Las Bambas», señala el pronunciamiento.

Agregan que «desde entonces estamos exigiendo la nulidad de esta norma a consecuencia de ello hemos sido
denunciados, agredidos por la Policía Nacional y somos víctimas de la constante declaratoria de
estado de emergencia militarizando territorios comunales».

Finalmente, precisan que no pretenden que la solución se alargue otros años más; reafirman su respaldo al gobierno de Pedro Castillo, y «exigen que los funcionarios encargados de las funciones del Estado se comprometan con mayor responsabilidad».

Demandas de las comunidades

1. Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales
2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
3. Ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
5. Si las comunidades aceptan vender sus terrenos al MTC, estos deben ser a valores comerciales.
6. No a la criminalización de la protesta.

Después de 11 días de paro indefinido, las comunidades de Huascabamba, Cruzpampa y Cancahuani (distrito Ccapacmarca), Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya (distrito Colquemarca), y Huininquiri (distrito Santo Tomás), levantaron la medida de protesta tras el pedido del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien se comprometió en solucionar sus demandas en el lapso de 60 días, luego de reunirse durante 3 horas con los dirigentes comunales de Chumbivilcas y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Mayta. También participaron de la reunión como observadoras, las congresistas del Cusco: Ruth Luque de Juntos por el Perú y Katy Ugarte de Perú Libre.

La reunión se desarrolló desde las 10 y 30am en el sector de Muyoq Orcco – Yavi Yavi en Chumbivilcas. El presidente de la PCM, Guido Bellido, llegó al lugar en caballo escoltado por las rondas campesinas de la zona.

Demandas de las comunidades

Durante la reunión el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH), Wilber Fuentes, expuso las demandas de las comunidades para que el ejecutivo viabilice su solución:

  1. Derogatoria de la R.M. N° 372-2018-MTC – mientras no haya saneamiento legal de los terrenos comunales-.
  2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
  3. Solicitamos y exigimos ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
  4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
  5. No a la criminalización de la protesta.

La disputa por el territorio

Las comunidades en protesta de Chumbivilcas exigen la nulidad de la RM. N° 372-2018-MTC, debido a que a través de esa resolución del 2018, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones reconvirtió las vías comunales de las comunidades de Chumbivilcas en vía nacional para el pase de los camiones de la empresa minera MMG Las Bambas. El MTC arguye que esta reconversión fue a solicitud de los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa. El corredor minero sur atraviesa las provincias de Cotabambas en Apurímac y Chumbivilcas en Cusco.

Esta reconversión de las vías comunales por parte del MTC, que pertenecen al territorio de las comunidades indígenas, nunca fueron consultadas a la población. Además, el MTC nunca compró los terrenos a las comunidades.

Ahora las comunidades exigen que la empresa minera MMG Las Bambas les indemnice por el daño ambiental causado todos estos años por el paso de 300 camiones diarios por su comunidades, confirmado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y, les pague en la actualidad por el uso de su territorio a través de un contrato por servidumbre minera.

Anteriormente la empresa minera MMG Las Bambas había evaluado realizar un mineroducto para trasladar sus minerales, tal como estaba en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original de hace varios años; sin embargo, hasta ahora no hay una decisión al respecto. También se había evaluado transportar los minerales a través de un tren. Por ahora lo que exigen las comunidades es el justo pago de la empresa minera por trasladar sus minerales por su territorio.

Plazo al gobierno

Si bien las comunidades han aceptado levantar el paro, dentro de un mes van a evaluar como se va avanzando en la solución de sus demandas. El presidente de la PCM, Guido Bellido, señaló que en dos semanas ya estará instalada la mesa de técnica para viabilizar la solución a las demandas. Cabe resaltar que el actual premier es de Chumbivilcas, Cusco.

Desde el 23 de julio la comunidad campesina Huininquire del distrito Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, viene protestando debido al abandono de la mesa de diálogo por parte de la empresa minera china MMG Las Bambas desde el 10 de junio. Diariamente pasan más de 400 camiones con minerales por la única vía comunal de su territorio, y el Estado y la empresa minera no dan solución desde hace varios años a las legítimas exigencias de la comunidad de Huininquire, y las comunidades de Yanque Lacca Lacca – del distrito de Colquemarca- y Cancahuani y Cruzpampa – del distrito de Ccapacmarca-, pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas de Cusco región, quienes desde el domingo se han sumado a las protestas.

Represión deja 15 heridos

El sábado 24 de julio, de acuerdo al testimonio de Sitxo Huamaní, presidente de la comunidad Huininquire, los comuneros se encontraban realizando una olla común en la vía comunal de su territorio, como una medida de protesta frente a la falta de solución a sus demandas y la PNP arribó en 7 buses desde el lado norte y sur de la carretera y se bajaron con personal militar y voltearon sus ollas donde estaban preparando sus alimentos. Los comuneros reclamaron frente al abuso y la policía empezó a disparar perdigones y bombas lacrimógenas para dispersarlos, dejando 15 heridos, 2 de gravedad que ya fueron dados de alta, de acuerdo a declaraciones también del dirigente Wilber Fuentes, presidente del Frente Único de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas.

Además, producto de las bombas lacrimógenas, 3 hectáreas de pastizales se quemaron.

De acuerdo a las indagaciones que hicieron entre los propios comuneros, identificaron al comandante Q. Gallardo como responsable de la represión policial.

Protestas continuarán hasta el 4 de agosto

El dirigente Wilber Fuentes señaló que el día de hoy, 26 de julio, las protestas continúan en las comunidades Yanque Lacca Lacca, Cancahuani, Cruzpampa y Huascabamba, y se desarrollarán hasta el 4 de agosto, que se reinstalará la mesa de diálogo en Chumbivilcas, tras la aceptación de la empresa minera en retomar el diálogo. Asimismo, las comunidades mencionadas y sus dirigentes esperan que el presidente electo, Pedro Castillo, se pronuncie el 28 de julio en su mensaje a la nación respecto a la problemática del corredor minero sur que también involucra a las comunidades de la provincia de Cotabambas en Apurímac, con quienes vienen coordinando los dirigentes de Chumbivilcas de Cusco. Los dirigentes exigen, además, que se sancione a los policías responsables a cargo del operativo y de la represión directa a los 15 comuneros que resultaron heridos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demandas de las comunidades Chumbivilcas son:

  1. Desconocimiento de la R. M. N° 372-2018-MTC (Mientras no haya saneamiento legal de nuestros terrenos comunales).
  2. Compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera.
  3. Solicitamos y exigimos ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera tal como obliga el Convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera.
  4. Inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor.
  5. Si las comunidades aceptan vender sus terrenos al MTC, estos deben ser a valores comerciales.
  6. No a la criminalización de la protesta.

Pronunciamiento de las comunidades de Chumbivilcas afectadas por el corredor minero sur de la empresa minera MMG Las Bambas del 11 de junio, en que sustenta el por qué de sus exigencias.

El día de hoy, 28 de enero, las organizaciones de Espinar decidieron iniciar una huelga indefinida a través de una asamblea pública que se viene desarollando en la plaza principal de Espinar.

Los motivos del inicio de la huelga se deben a que el gobierno y la empresa minera Glencore Antapaccay abandonaron la mesa de diálogo el 7 de agosto del año pasado tras el paro de casi un mes en julio sin resolver los problemas integrales de Espinar. Solo se logró atender el primer punto de la plataforma, que era el otorgamiento de un bono para la reactivación económica de los espinarenses. Los problemas de fondo como la reformulación del Convenio Marco para que el pueblo realmente pueda velar por su desarrollo tras 40 años de actividad minera; la ampliación del proyecto minero Corocohuaycco que debe ser consultado a toda la provincia; la reparación y remediación ambiental del corredor minero; la atención inmediata a los afectados por metales tóxicos; la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos para sancionar a los responsables de los heridos y muertos en el conflicto en años anteriores y que el Estado abandone la criminalización de la protesta a dirigentes; han quedado irresueltos, sin que los tres gobiernos que ya vamos teniendo, hayan atendido estos problemas.

Además, la mesa de diálogo y los puntos de la plataforma de lucha no han sido reconocidos a través de una resolución ministerial, un instrumento jurídico que institucionalice y obligue a las partes a cumplir con el dialogo y los acuerdos que se alcancen.

La única respuesta del gobierno, frente al anuncio del reinicio de protestas en días pasados, fue la emisión de un oficio del Ministerio de Energía y Minas N° 015- 2021 MINEM- OGGS, de fecha 21 de enero, en que propone virtualizar el diálogo y que una comisión de autoridades y dirigentes de Espinar viajen a la ciudad de Lima.

Frente a ello, los dirigentes de Espinar rechazaron la virtualidad del diálogo y el viaje de la comitiva; debido a que en Chumbivilcas, el gobierno ha estado desarrollando mesas de diálogo presenciales cumpliendo los protocolos de salud y seguridad.

 

Chumbivilcas da plazo de 72 horas

Tras el reinicio de la mesa de diálogo en su segundo día, el miércoles 27 de enero; los dirigentes del Frente Unificado de la Provincia de Chumbivilcas y las autoridades municipales decidieron dar un plazo de 72 horas al gobierno y la empresa minera para que participen de la mesa de diálogo el ministro o viceministro de Energía y Minas y el gerente general de Hudbay, debido a que los representantes actuales no tienen poder resolutivo.

El segundo día de la mesa de diálogo se suspendió debido a que la empresa minera no acepta el aporte del 7% de sus utilidades y lo que ofreció, a través de su representante: Víctor Hugo Cotrina, son 500 mil soles anuales para cada distrito de la provincia, 1 millón de soles para la implementación de acciones de prevención y lucha contra el covid-19; y la gestión de 42 millones de soles de inversión en obras que se harían por la modalidad de Obras por Impuestos.

Además, los dirigentes exigieron que Hudbay deje de trabajar durante la suspensión de la mesa de diálogo y anunciaron que iniciarán medidas legales para la nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Constancia, tal como lo señalan los periodistas de Pulso Regional, que estuvieron presentes en la mesa de diálogo.

Puedes ver el desarrollo del segundo día de la mesa de diálogo AQUÍ

 

Chumbivilcas

Tras 8 días de paralización de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas agrupadas en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH); el día de hoy, viernes 22 de enero, llegaría un representante del Ministerio de Energía y Minas para abordar las exigencias de la provincia:

  • Acuerdo de un Convenio Marco Provincial con la empresa minera Hudbay para que destine el 7 % de las utilidades anuales y se incorpore el monitoreo ambiental comunitario del medio ambiente y salud humana.
  • Nulidad de la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Constancia de Hudbay debido a que el instrumento ambiental en participación ciudadana se realizó solo a través de sesiones virtuales y llamadas telefónicas, vulnerando los derechos colectivos a la participación ciudadana oportuna, intercultural y con transparencia.
  • Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en los distritos afectados por la minería.

La medida de paralización se tomó debido al desplante de la empresa minera, que convocó a los dirigentes y autoridades a una reunión. “El 7 de diciembre, Chumbivilcas ha terminado con las vías de diálogo y muy a pesar de ello cuando Hudbay envió una carta para reunirnos el 15 de enero, Chumbivilcas ha aceptado (mediante oficios) y hemos estado presentes dirigentes y autoridades. Todo para escuchar la propuesta de la empresa minera… Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas y Hudbay no se presentaron en Chilloroya, por eso el pueblo chumbivilcano ha decidido levantarse en pie de lucha”, señaló el presidente del FUDICH, Wilbert Fuentes.

Espinar

Las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de Espinar: el Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), entre otras organizaciones, anunciaron que retomarán la huelga indefinida el 28 de enero a través de un comunicado, tras tener una asamblea el 14 de enero.

Señalan en su comunicado que el gobierno y la empresa minera abandonaron la mesa de diálogo que tenía como agenda la reformulación del Convenio Marco, la consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, la reparación a los afectados por metales tóxicos de Espinar y la remediación de los lugares contaminados.

Además, rechazan que el ministerio de Energía y Minas sea el facilitador de las reuniones con el gobierno central debido a que estaría parcializado con la empresa minera.

Asimismo, rechazan que el gobierno y el Ministerio Público estén desarrollando procesos penales contra los dirigentes sociales que han liderado los legítimos reclamos de la población, criminalizando así la protesta social.

Finalizan su comunicado saludando el fallo del Poder Judicial que exige al Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco a atender a la población afectada por metales tóxicos de la provincia.

Las Bambas

Ante el paro iniciado el 23 de noviembre del año pasado que fue suspendido el 7 de diciembre ante la propuesta del gobierno de retomar las mesas de diálogo que había abandonado la empresa y el mismo gobierno; el 20 de enero se desarrolló la reunión entre representantes del MINEM, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron; el congresista Lenin Checco; autoridades municipales; dirigentes sociales; y representantes de MMG Las Bambas, para que la empresa minera informe sobre las transferencias por canon minero que recibió la región entre el 2012 y el 2020. Los dirigentes sociales de la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho y Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho exigen que la empresa minera pague el canon del segundo semestre del 2017 a la fecha, debido a que la empresa no ha reportado utilidades y por ello no ha habido canon, que en la situación actual es clave debido a la crisis económica producto de la pandemia.

Las organizaciones de Challhuahuacho han dado como plazo el 10 de febrero para que el gobierno responda si habrá canon este año, tal como lo exige toda la provincia de Cotabambas. Además, se abordarán otros puntos como la afectación ambiental en la región producto de la actividad minera. Los dirigentes pidieron la presencia de funcionarios del Ministerio del Ambiente, OEFA y ANA.

 

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, frente a la actual situación política y de conflictividad social que vive el país, señala a la opinión publica lo siguiente:

Primero: En medio de la actual crisis política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, y los cambios ministeriales recientes; rechazamos los casos de conflicto de intereses o las llamadas “puertas giratorias” de funcionarios del Estado y de empresas privadas. No sorprende el caso del ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por trabajos anteriores realizados para Odebrecht. No basta con cambiar ministros, la crisis se mantendrá si no se hacen cambios de fondo; mientras se mantenga el marco normativo que permite la modificación de EIAs vía ITS en el sector minero, la política de concesiones mineras, la permisibilidad de las puertas giratorias, así como los decretos de urgencia emitidos sin la aprobación del Congreso, entre otros.

Segundo: Llamamos la atención sobre la reactivación de la conflictividad social que se viene dando en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en el denominado corredor minero de Cusco y Apurímac. Las comunidades ubicadas en el entorno minero y la carretera del corredor vial exigen atención a los acuerdos firmados por el gobierno nacional en las múltiples “mesas de diálogo”, así como la compensación por los daños que se viene ocasionando en sus territorios. Sin embargo, en vez de respetar y avanzar en los acuerdos de las mesas de diálogo; la respuesta del Gobierno Nacional ha sido nuevamente declarar en estado de emergencia la zona y criminalizar la protesta social, lo que agrava aun más la situación de tensión y conflictividad.

Tercero: Valoramos la lucha de los pobladores y agricultores del valle de Tambo en Arequipa por defender su principal actividad económica que es la agricultura, frente a la insistente imposición del proyecto Minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper Corporation. Que finalmente ha llevado al presidente Martin Vizcarra y la PCM a afirmar que el proyecto minero no va en este gobierno porque: “no están dadas las condiciones». Si bien este anuncio es un logro para los pobladores del valle de Tambo, exigimos que se retire a las FF.AA. y la PNP, ya que la hostilización continúa en la zona. El Gobierno debe reconocer que el proyecto Tía María es inviable porque no cuenta con la aceptación social de la población. Además, persisten observaciones ambientales al proyecto aprobado; por ejemplo, las observaciones hechas por la UNOPS no han sido levantadas hasta ahora. En el valle de Tambo hay otras opciones de proyectos de vida como la agricultura, que son incompatibles con la actividad minera y que debe ser respetada por su aporte a la soberanía alimentaria y al desarrollo del país.

Finalmente, urge retomar el debate jurídico y político sobre el rol de la minería en el país con la participación de todos los sectores involucrados; principalmente de las comunidades y poblaciones en cuyos territorios se ven afectados sus derechos. No contamos con una institucionalidad pública que garantice la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Además, los marcos normativos actuales son insuficientes para garantizar el acceso al derecho a la salud humana y ambiental; a la participación ciudadana; a la consulta previa y el ordenamiento territorial. Como lo ha señalado recientemente Michel Forst, Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en su visita oficial a nuestro país: “Se debe fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida”.

Lima, 17 de febrero del 2020.

El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.

Los delitos que se le imputan a los dirigentes sociales son: secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros.

Historia de la protesta

En el año 2011, las comunidades campesinas originarias del distrito Llusco, provincia de Chumbivilcas, acudieron ante el Estado para denunciar la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Anabi SAC. Pese a múltiples pedidos, los dirigentes no fueron escuchados. Sin embargo, ante las movilizaciones desarrolladas posteriormente, el gobierno instaló una mesa de diálogo en enero del 2012. Esta mesa en la que estuvieron el presidente de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales, la empresa minera Anabi y la población, llegó al acuerdo de realizar monitoreos ambientales en la zona impactada, cuyos resultados serían presentados públicamente ante la población de Llusco; cosa que nunca pasó.

Debido al incumplimiento, la población volvió a la protesta, y en el contexto de las movilizaciones, la empresa denunció que el 05 de febrero del 2012 habían incendiado su campamento minero. Tras ese hecho, la empresa denunció a varios dirigentes por diversos delitos; y la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia contra nueve hombres y una mujer.

No hay pruebas

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, cabe señalar que en el transcurso de la investigación no se han presentado fotos, videos u otra prueba que demuestre que los dirigentes sociales fueron los responsables del incendio del campamento minero. Solamente se han presentado como prueba, las declaraciones de ex trabajadores de la empresa minera. Contradictoriamente la misma jueza no quiere aceptar como medio probatorio las declaraciones de los dirigentes sociales acusados.

Sentencia

Las y los defensores están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro. La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades; pues no existe evidencia de su participación en los actos.

Uno de los abogados de los 10 dirigentes acusados, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, miembro de la Red Muqui, lamenta que la jueza Yépez Provincia haya rechazado el Amicus Curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Amicus Curiae rechazado

El abogado relata que la jueza rechazó de plano el Amicus Curiae presentado por mesa de partes, señalando que el plazo para presentar aportes probatorios ya pasó. Confundiendo que el Amicus Curiae es un derecho constitucional que pretende aportar al razonamiento jurídico para la fundamentación de la sentencia y no un medio probatorio

La jueza no ha valorado el Amicus Curiae. “Están procesando a defensores del ambiente y el territorio. Ellos estaban ejerciendo derechos constitucionales y no estaban ahí para cometer delitos”, señala el abogado, sobre el contenido del Amicus Curiae.

Audiencia final

Finalmente, el abogado agregó que la jueza se ha mostrado reticente a valorar las declaraciones de 5 de los 10 dirigentes acusados, señalando que las declaraciones no tienen valor probatorio, ante la solicitud de que el día de mañana, además de los alegatos finales a presentarse, también puedan ser escuchados 5 dirigentes sociales acusados. A pesar de la actitud de la jueza, los dirigentes acusados hablarán en defensa propia y colectiva. ”Lo que tendría que hacer la jueza es demostrar que los dirigentes no están diciendo la verdad, no señalar que sus declaraciones no tienen valor probatorio”, finalizó Ramiro Llatas.

En la sede del gobierno regional de Cusco se acaba de realizar la conferencia de prensa, en horas de la mañana, en la que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; los alcaldes de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, y Velille; y los dirigentes de las comunidades de Cancahuani, Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu y Tincurca, junto al presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe; exigen al presidente Vizcarra la derogatoria del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM que faculta el Estado de Emergencia que se viene aplicando desde ayer, 16 de octubre, en las comunidades mencionadas, adyacentes a la vía convertida en corredor minero por el Estado para que puedan pasar los más de 600 camiones que transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas desde Apurímac, pasando por Chumbivilcas, Espinar -provincias de Cusco-, hacia el puerto de Matarani en Arequipa. Exigen que se levante el Estado de Emergencia para que pueda darse el diálogo con el gobierno.

“De manera unida estamos acá autoridades gubernamentales, comunales y dirigentes de Frente de Defensa de todo Chumbivilcas para manifestar nuestro total desacuerdo con el Estado de Emergencia. El gobierno tiene que resolver un problema que no lo hemos generado nosotros las autoridades, sino que viene desde años atrás. (..)Hemos visto en carne propia los impactos ambientales y sociales que hay producto de la minería”, señaló el gobernador regional de Cusco, iniciando la conferencia de prensa.

Los comuneros se encuentran en protesta desde hace 26 días debido a la contaminación ambiental que genera el paso de los camiones con minerales, que según ha confirmado la OEFA, está produciendo contaminación del aire y suelo con material particulado. Entre los planteamientos señalados, los dirigentes exigen la recategorización de la vía usada ahora como corredor minero, debido a que es propiedad comunal y nunca se les consultó el cambio de uso de la vía que ellos utilizaban. Decreto Supremo N° 011- MTC-2016 reclasificó los tramos del corredor minero como vía nacional. Exigen, también, que los camiones ya no pasen por sus comunidades.

La palabra de los alcaldes

“En las calles principales transitan nuestros hijos, los colegiales, y ahora ahí se encuentran tanques de guerra. Nos sentimos limitados en nuestros derechos frente a este Estado de Emergencia”, señaló el alcalde del distrito de Ccapacmarca, Richard Leon Vega; lugar donde ayer la policía, resguardada por los militares, reprimió a los manifestantes que bloqueaban la carretera.

A su turno, el alcalde Colquemarca, Henry Romero Palma, señaló que jamás imaginaron la magnitud de los niveles de contaminación que sufren los que viven en el corredor minero. “Son 4 años que hemos vivido esto. Gracias a la movilización de las comunidades, alcaldes y dirigentes se ha logrado la actuación del OEFA que ha demostrado la contaminación existente. Estamos hablando con pruebas”. Finalizó señalando, “hoy tenemos este Decreto Supremo que enfrenta a los peruanos. Exigimos diálogo”.

El Alcalde de Velille, Antonio Toledo, señaló que han sostenido un diálogo por un año con la empresa MMG Las Bambas y hasta ahora no asume ninguna responsabilidad por la contaminación ambiental que genera. “Hemos tomado esta medida de lucha porque nos hemos visto vulnerados a vivir en un ambiente sano”. Agregó, aludiendo al presidente Vizcarra: “¿con este decreto, sr presidente, estamos avalando entonces que la empresa minera siga contaminando; siga matando en vida a nuestros hermanos de Chumbivilcas?. No me parece correcto; yo también soy autoridad, y espero que no nos criminalice”, finalizó.

El alcalde provincial de Chumbivilcas cuestionó el discurso del presidente y los ministros respecto a que la minería trae progreso. “Nuestras comunidades no tienen servicios básicos, no tiene carretera asfaltada; de cada 10 niños, 6 están con anemia. ¿Cómo pueden decir que la minería trae progreso?”, cuestionó.

Cese a la represión

El presidente de la comunidad de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Walter Molina, exigió el cese a la represión del Estado y mencionó diversos artículos de la Constitución que respaldan la lucha emprendida por las comunidades de Chumbivilcas para defender sus derechos: “La Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, sin embargo, nuestras tierras no han sido respetadas y son usadas para la minería.No se ha cumplido la ley de consulta previa tampoco y se prioriza la minería, cuando en la Constitución también se dice que el Estado peruano apoya preferentemente al sector agropecuario. La ley de comunidades campesinas también respalda nuestras denuncias”.

Agregó que, durante la visita del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el 10 de octubre, señalaron a las comunidades que no había criminalización de la protesta y el Estado no reprimía, pero en Paruro ha habido represión. “Una mujer humilde ha perdido su ojo recientemente producto de la represión y tenemos dirigentes enjuiciados; entonces el Estado nos está mintiendo”. Además, culminó el dirigente, “visitaron Ccapacmarca para tener diálogo y acordamos realizarlo para el lunes 21 de octubre, pero nos han mentido. Piden dialogo y luego dan Estado de Emergencia”.