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Organizaciones latinoamericanas exponen en las Naciones Unidas el impacto de 28 proyectos chinos en América Latina

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Delegación de 10 representantes del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), junto a otras 35 organizaciones latinoamericanas, presentaron en la sede de la ONU en Ginebra, el informe: Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina. Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

En el marco del 4.º Examen Periódico Universal (EPU) de China, el informe desarrolla una exhaustiva investigación que evidencia el incumplimiento de pactos y convenios internacionales de derechos humanos y ambientales en 28 proyectos en los sectores de minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura, industria agroalimentaria y energía.

Julia Cuadros, de CooperAcción (Perú), en representación del CICDHA, intervino en la pre-sesión del EPU de China en la sede de la ONU en Ginebra el 29 de noviembre y destacó que “no es la primera vez que el CICDHA, canaliza estas preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no obstante, pese a la existencia de recomendaciones en ciclos anteriores del EPU y varios Procedimientos Especiales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), los esfuerzos de China por implementar mecanismos para regular la conducta de sus empresas e instituciones financieras, todavía son insuficientes e inefectivas”.

Entre los hallazgos expuestos por el CICDHA, al menos en 20 casos se reportan abusos sobre derechos de pueblos indígenas y 16 carecen de procesos de consentimiento previo, libre e informado (CPLI).

De acuerdo a Jaime Palomino, Presidente del Pueblo Shuar Arutam (Ecuador), “el informe es una llamada de atención a la comunidad internacional y las entidades chinas sobre la necesidad de garantizar que las empresas y las entidades financieras estén obligadas a rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina, particularmente, en casos donde no han logrado el consentimiento previo, libre e informado, como es el Proyecto minero San Carlos Panantza, en la Amazonía ecuatoriana”.

Es alarmante que todos los proyectos presentados en el informe evidencian afectaciones al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y 21 de ellos se encuentran en ecosistemas frágiles y estratégicos frente al cambio climático, como lo son la Amazonía y los Glaciares.

El secretario técnico del CICDHA, Marco Gandarillas, afirmó que las organizaciones instan a los gobiernos latinoamericanos a adherirse a la Resolución 76/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal, y a apoyar un multilateralismo ambiental más efectivo en el seno de las Naciones Unidas.

Además, el informe señala que la falta de mecanismos de supervisión ambiental y social de las entidades nacionales y chinas agrava los impactos negativos de las inversiones chinas en la región. Los casos muestran que la contaminación y degradación ambiental comprometen los medios de vida de las comunidades afectadas, el derecho a la salud y la soberanía alimentaria.

Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui de Perú, ratificó que “ante la falta de transparencia y responsabilidad de las empresas chinas en cuanto a la información que ofrecen al público sobre sus proyectos, las organizaciones solicitan a los bancos y empresas chinas mejorar la cantidad y calidad de la información publican”.

Entre las principales recomendaciones presentadas por el CICDHA en su informe está que las empresas chinas involucradas en los 28 proyectos reportados implementen medidas urgentes de reparación y remediación integral de los impactos negativos infligidos a las comunidades afectadas e incorporen mecanismos de control para asegurar que tales impactos no se repitan, siguiendo los más altos estándares internacionales. Asimismo, el CICDHA demanda que las embajadas chinas se constituyan en canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil de los países y las entidades chinas con el fin de que faciliten un diálogo oportuno sobre los conflictos ambientales y sociales que se generan en torno a los proyectos y se prevenga el escalamiento de los mismos.

Contacto prensa: Elsa Bejarano – [email protected] /593- 995392344

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Encuentro sobre inversiones chinas en Latinoamérica revela violaciones a los derechos humanos

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En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, hay cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, del total de 26 proyectos analizados, todas han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

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