Entradas

Nota elaborada por DHUMA – Puno

Los días 11 y 12 de agosto, delegaciones de la zona Sur de la región de Puno (caso Aymarazo), Moquegua y Bolivia, articularon acciones para salvar las cuencas del extractivismo minero. Las tres representaciones visitaron las cuencas que conforman la vertiente del Lago Titicaca, entre ellos, cuenca Coata, Jatun Ayllu y Llallimayo.

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de las 13 cuencas que conforman la vertiente del Lago Titicaca, del lado peruano, 09 se encuentran catalogadas como de prioridad alta y prioridad media por los valores elevados de contaminación, conflictos sociales, escasez de agua y afectación económica identificados. De prioridad alta figuran las cuencas Coata, Huancané e Ilave, y de prioridad media las cuencas Suches, Azángaro, Illpa, Pucará, Callacame e Intercuenca Ramis.

En la cuenca Coata, conjuntamente con los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias Daniel Alcides Carrión (distrito de Coata) y San Agustín (distrito de Coata), las delegaciones estudiantes participaron del monitoreo ambiental fisicoquímico del agua de la cuenca Coata, identificando los niveles de contaminación a través de los parámetros de temperatura, pH, oxígeno disuelto, alcalinidad total, dureza total y turbidez. Según el ingeniero ambiental Bladimir Martínez Ordoñez, miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA, manifestó que la cuenca Coata recibe tres fuentes contaminantes provenientes de las aguas servidas de la ciudad de Juliaca, actividades mineras formales, informales e ilegales en la cabecera de cuenca y de 201 Pasivos Ambientales Mineros.

Mientras que en la cuenca Jatun Ayllu (provincia de Lampa) y Llallimayo (provincia de Melgar), la Asociación de Propietarios de la Cuenca Jatun Ayllu Afectados por la Minera Aruntani SAC., conjuntamente con los representantes de la zona Sur de Puno, Moquegua y Bolivia, fueron testigos de los estragos ambientales que viene ocasionado la minera Aruntani en sus 12 años de operación, desde el año 2007 a 2019. Recordemos que está empresa minera, en la actualidad, se encuentra en etapa de cierre hasta el año 2026.

Los pobladores de Jatun Ayllu manifestaron que la empresa minera para iniciar sus operaciones se comprometió a no contaminar las aguas de la cuenca en mención, a apoyar en el desarrollo de la ganadería y artesanía local, ofreciéndose también como fuente laboral para la población local, lo que terminó dividiendo entre pobladores y las organizaciones, ya que solo se beneficiaron un sector minoritario del distrito de Ocuviri. La minería convirtió los ríos con agua dulce en aguas ácidas, teniendo daños ambientales irreversibles en la desaparición de diferentes especies de fauna y flora de la cuenca Jatun Ayllu, generando que la población esté expuesta a 16 metales tóxicos, poniendo en riesgo la salud de todas las personas que habitan en los alrededores de las cuencas Jatun Ayllu, Llallimayo, Ramis y el Lago Titicaca.

Frente a esta realidad que viven los pobladores de estas cuencas, las delegaciones de la zona Sur del departamento de Puno, Moquegua y Bolivia, manifestaron que desde el Gobierno nacional, regionales y locales se debe implementar políticas de protección de las cabeceras de cuenca y ordenamiento territorial, como lo hacen las comunidades campesinas. Referente a la contaminación de las cuencas vertientes al Lago Titicaca, exigieron que se atienda con prontitud a la población expuesta a metales pesados y remediación integral de las cuencas. Asimismo, enfatizaron que es insostenible que la actividad minera se encuentre en cabeceras de cuenca, puesto que son zonas desde donde nace la vida. Invocaron a los pueblos quechuas y aimaras de Perú y Bolivia a sumarse en la defensa y protección de las cabeceras de cuenca y el Lago Titicaca en el marco de la campaña comunicacional «Salvemos las Cuencas del Extractivismo», visibilizando y documentando casos de contaminación que se originan por las actividades extractivas irresponsables en las cuencas, teniendo efectos negativos en el Lago Titicaca.

Lago Titicaca
El lago navegable más alto del mundo se sitúa en el altiplano puneño, en una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar, entre los territorios de Perú y Bolivia. Sus aguas son consideradas como el cúmulo de agua dulce más grande de Sudamérica. Su extensión es de 8.562 km², el 56% pertenece a Perú y el 44% a Bolivia, sirviendo de frontera entre ambos territorios. Tiene una antigüedad estimada de 3 millones de años y una profundidad media en 107 metros. La temperatura del agua se sitúa en 13º de media y más de 25 ríos vierten sus aguas en el lago Titicaca.

Durante la visita académica realizada por el relator especial de la ONU, Marcos Orellana, en que visitó zonas afectadas de la Amazonía y la provincia de Espinar, Cusco, también se reunió con las y los dirigentes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados y Sustancias Tóxicas.

Durante la reunión realizada el miércoles 23 de febrero por la mañana, el relator señaló que su visita académica tenía como objetuvo un primer acercamiento para conocer los casos a través de los testimonios de los afectados y de esa forma programar una siguiente visita oficial que permita realizar un informe público ante la ONU y entregarlo al gobierno peruano a través de una reunión, que permita visibilizar y otorgar propuestas para atender en el corto y mediano plazo las demandas de las personas y pueblos afectados por la industria extractiva minera y petrolera.

Durante la reunión, Eusebio Cuñachi de Chiriaco, Amazonas, expresó que las comunidades afectadas por el derrame de petróleo de Chiriaco de 2016 pese a tener un fallo a favor siguen sin tener acceso a un sistema integral de salud, y los efectos en la salud siguen sin ser atendidos. Exigimos atención, es nuestro derecho.

Desde el norte andino, Juana Martínez de Cajamarca, señaló que la minera Yanacocha derramó su mercurio en Choropampa: «a pesar de que estuvimos enronchados, dolores de cabeza y cuerpo, no nos quisieron apoyar. (..)Nunca hubo plan de contingencia para nosotros. Hemos hecho demandas nacionales e internacionales, pero no tenemos respuesta. Han tenido que archivar procesos judiciales, no tenemos dinero para seguir el juicio».

Desde Cerro de Pasco, Dora Damaso, indignadamente señaló: «De que estamos hablando de que hay una minería responsable, si hay niños con sangre. En Perú no hay minería responsable. La comida, todo está contaminado. Nos hemos cansado del MINSA. Nos falta implementación del hospital: no hay pastillas ni camillas».

A su turno, desde el sur andino de nuestro país, Félix Suasaca, dirigente afectado de cuenca del Coata de Puno relató: «Nos están matando por culpa de esas mineras: CIEMSA, MINSUR, TACASA Y MÁS DE 200 años De minería. Todas las aguas de consumo tienen tóxicos. El 83.5% tiene tóxicos en su cuerpo. El lago Titicaca no sirve y próximas extracciones de empresas serán de litio y uranio. Somos denunciados penalmente por defender DDHH».

 

El viernes 25 de febrero, el relator también se reunió con los pescadores y líderes indígenas afectados por los derrames de petróleo.

Luis Diaz, de la Federación de Pescadores de Ucallama, atestiguó que llevan más de cuarenta días, en los que  la empresa ha jugado con ellos. Una empresa multimillonaria, que a pesar de sus ganancias nunca vieron desplegar operaciones de contingencia. Como habitante de Ucallama, puede dar fe que existen amplias zonas que abarcan desde la zona de Chancay hasta Ventanilla, que no han sido limpiadas adecuadamente. Según sus palabras, no hay presencia del Estado, y los equipos hacen acciones de supuesta limpieza en zonas que no son controladas, en las que entierran las arenas contaminadas simplemente para esconderlas.

Abel Rojas, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Ucallama en la provincia de Huaral expresó que representa el distrito más perjudicado, puesto que no sólo  están afectados por el derrame de petróleo, sino también por la industria de harina de pescado. El dirigente explicó que ahora no tienen ingresos para mantener a sus familias y ante la falta de medios incluso han debido retirar a sus hijos en etapa escolar de los establecimientos educacionales. 

Ante la falta de respuesta e inexistentes apoyos del gobierno central, lamentó tener que acudir a las instancias internacionales. Por eso apeló a la mediación del Relator Especial, para que sea el transmisor de sus reclamos y pedidos, porque no tienen ningún interlocutor en el gobierno.

Macedonio Vásquez Contreras, presidente del Frente macro región norte Pesca Sí Petróleo No, expresó que los derechos humanos de la población han sido vulnerados por más de 150 años a través de reiterados desastres ambientales. Sin embargo ha debido ocurrir un desastre en la capital del país para que los medios y la gente en Lima le preste atención a una realidad que los pueblos amazónicos viven día a día. Comunidades cuyos ríos están contaminados, cuyos cuerpos están contaminados.

Afirmó que a la contaminación por reiterados derrames petroleros se le suma la contaminación causada por la minería como en las costas de Ilo causada por la empresa Southern Coopper o como en la bahía de Puerto Huarmey afectados por la minera Antamina. En ambos casos los pescadores han debido desplazarse a kilómetros de distancia de sus antiguas zonas de pesca.

El Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, ante los testimonios presentados y como primera reflexión acerca de las significancia de los derrames y la contaminación expresó que los testimonios refuerzan las imágenes del derrame petrolero en Ventanillas que han dado la vuelta al mundo. Para él esta es la expresión clara de la fragilidad y al mismo tiempo de la dependencia que tenemos del medio ambiente y de la necesidad de preservarlo como base esencial de nuestras vidas. Sin embargo se cuestionó si acaso las imágenes tan dramáticas han aportado a sensibilizar, han significado un cambio en el enfoque de lo que significa el desarrollo. Reclamó que esto debería llevar a un nuevo rumbo hacia un mundo con medio ambiente intacto, un reclamo que debería ser un compás moral. Pero no basta con declamaciones, sino que es necesario una respuesta normativa que tome en cuenta también un registro de las afectaciones sociales, algo que no se ha hecho en el país por parte de las autoridades.

 

Por primera vez, la Ley de Presupuesto nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022 , se dispone s/. 10 682 505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados; adicionalmente se se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín). Y, finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público; por último, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado, por ello algunos integrantes de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental opinan lo siguiente:

Elsa Benavente de la Asociación Peruana Desarrollo integral Luz de Dios, cuyas siglas son APDI Luz de Dios, señala que hay un gran avance porque es una suma que se aumenta en comparación a lo que se asignó a nivel nacional en el 2021 para tamizajes y atención a pacientes. Ella señala también que a la fecha solo se ha ejecutado el 43.5% del presupuesto total en este rubro, que al 2021 solo era de 2 millones aproximadamente. Agrega “que se tiene el reto se fiscalizar en qué se está gastando el presupuesto asignado, porque haciendo una revisión en el MEF no se logra ejecutar todo el presupuesto y además la mayoría de ese gasto se ha ido en pago de personal. Para el caso de los cinco territorios priorizados, las personas afectadas por metales pesados señalan que no se vienen realizando los tamizajes pertinentes, ahora con el aumento del presupuesto debemos estar vigilantes hasta lograr la atención efectiva de las personas afectadas.”

Jaime Silva del Centro de Cultura Labor-Pasco señala que en el caso de Pasco en los años 2019 y 2020 se asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de soles para atender a afectados y afectadas; sin embargo, no hubieron resultados satisfactorios porque no hubieron mejoras concretas en la calidad de vida de la población. Por ello, ahora señala que el MINSA debe invertir de manera eficiente este presupuesto: “Desde Pasco solicitamos que se debe apuntar al fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, también se necesitan de médicos especializados en toxicología para metales pesados, además que en los casos más graves de niños afectados es necesario llevarlos a otros países para que lleven tratamientos especializados. Por último, es necesario que se amplíe el número de tamizajes en las zonas afectadas para tener diagnósticos claros sobre la situación”.

De igual forma, Miluska Rojas de Red Uniendo Manos, señala que ahora se debe hacer énfasis en coordinar con el MINSA para que el presupuesto llegue a implementarse eficientemente en los territorios, es decir a nivel regional, señala también: “ Se debe incidir en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) para que actué conforme a lo que diga la norma y a la vez que los congresistas hagan seguimiento a esto. También es necesario que se logre la reglamentación de la Ley N° 31189 y tener criterios más apropiados para la priorización en la ejecución del presupuesto y podamos pasar del tamizaje a la atención concreta a la mayor cantidad de afectados y afectadas».

 

 

 

El viernes 12 de noviembre, dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata acordaron llevar a cabo el paro indefinido que inició el pasado lunes debido a la ausencia de la premier Mirtha Vásquez a la zona para sostener una reunión con autoridades locales y dirigentes de la cuenca del río Coata que involucra a 5 distritos que son afectados directamente por la contaminación de la cuenca.

Llegado el día lunes 15, si bien pobladores de los cinco distritos iniciaron el paro colocando escombros en el río Torococha, Alcaldes distritales de la cuenca del Coata y alcalde provincial de Juliaca y Puno, así como representantes de organizaciones sociales, llegaron a Lima para reunirse con la premier y representantes del Estado para discutir las demandas que exigen las comunidades de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Paucarcolla.

Recordemos que las principales demandas de las comunidades son la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al río Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Román y Seda Juliaca. Actualmente la población no cuenta con las suficientes cisternas de agua potable como medida de emergencia frente a la contaminación.

Asimismo, exigen la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura.

Luego de los dos días de reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo que dió fin al paro emprendido en la zona de parte de las comunidades. Entre los principales acuerdos, se establece que el Ejecutivo y los gobiernos locales trabajarán para que los proyectos de saneamiento priorizados empiecen su ejecución el año 2022, 

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a realizar la transferencia de recursos, una vez iniciada la ejecución del presupuesto del año 2022, durante el primer trimestre, para los proyectos aptos y priorizados de los diferentes sectores involucrados.

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el programa AGROIDEAS se comprometió a formular planes de negocio y/o proyectos de reconversión para los distritos de la cuenca Coata, con la finalidad de cofinanciar mini establos y pastos cultivados como inversión complementaria. Finalmente, se realizará la inversión para realizar los estudios para el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para el riego en el ámbito de la cuenca Coata. 

Finalizada la reunión, el alcalde distrital de Coata, Elmer Pelinco destacó que se haya establecido el diálogo con el Ejecutivo, lo que ha permitido establecer las bases para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en beneficio de la población de Coata, Huata, Caracoto y Capachica.

“Nuestra realidad va a cambiar. Nosotros creemos en el presidente Pedro Castillo, los ministros y la premier, quienes hoy han hecho un compromiso para poder ejecutar los proyectos de agua y saneamiento”, afirmó.

De acuerdo a la Mesa de Diálogo (semipresencial) en el marco de la Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata, llevada a cabo el 06 de mayo en el auditorio de la Dirección Regional Agraria de Puno donde representantes de la Presidencia del Concejo de Ministros, ministerio de Ambiente, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda y Construcción, asimismo dirigentes y autoridades de la cuenca Coata, acordaron abordar la problemática ambiental y salud de la cuenca Coata en dos grupos.

El grupo de salud, liderado por el Ministerio de Salud (MINSA) y Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA), acordaron impulsar el grupo de trabajo desde el 13 de mayo en las instalaciones de la Dirección Regional Agraria de forma semipresencial para elaborar el Plan de Acción de Atención para los afectados y afectadas por metales pesados. Motivo por el cual los dirigentes de la cuenca del río Coata, se constituyeron para impulsar el desarrollo de la agenda propuesta. Sin embargo, al constituirse para participar de esta reunión, después de viajar desde Coata hacia Puno, fueron desairados por los funcionarios de salud al no encontrarse estos de forma presencial. Por lo que, representantes del MINSA al no noticiar a tiempo acerca de los cambios en la modalidad de la reunión, propusieron que los dirigentes asistan de forma virtual, cuando estos se encontraban en un parque, sin contar ellos con las condiciones necesarias de bioseguridad y tecnológicas para plantear sus pedidos.

El incumplimiento de este acuerdo, ocasionó que los dirigentes abandonen la reunión virtual en su totalidad, para posteriormente manifestar su descontento y anunciar una movilización masiva indeterminada. Las razones según detalla el presidente del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca son: 1) el desinterés de las autoridades del sector salud para elaborar y ejecutar el Plan de Acción de atención a los afectados y afectadas por metales pesados, y 2) las pocas garantías que la plataforma virtual brinda, ya que personas sin representación se infiltran con facilidad.
Por lo anterior, dirigentes de la sociedad civil anunciaron que los pobladores afectados acataran un paro indefinido desde el 02 de junio del presente año para exigir a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), puedan atender a sus demandas planteadas con celeridad, siendo la demanda principal llevar a cabo reuniones presenciales en las zonas afectadas.

Antecedentes

Las protestas sociales pacíficas fueron emprendidas por los habitantes de la cuenca baja del río Coata, en noviembre y diciembre del 2020. Medida de protesta que dio resultado en 15 diciembre del mismo año la instalación de una Mesa de Dialogo entre las autoridades de la PCM y afectados por la contaminación del río Coata con metales pesados. Esta reunión duró más de 16 horas, arribando a 12 acuerdos, las mismas que fueron asumidas por la PCM para su cumplimiento.
Entre los acuerdos se destacaba la constitución de una mesa de trabajo de salud, liderada por Ministerio de Salud (MINSA) y Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA), que tiene como responsabilidad la evaluación gradual de metales pesados en la población de la cuenca del río Coata entre enero y marzo de 2021. Adicionalmente, este grupo debía remitir un cronograma compartido entre MINSA y DIRESA para la implementación de equipamientos y personal en los establecimientos de salud ubicados en la cuenca Coata por parte del Gobierno Regional de Puno, mientras se llevaba a cabo la asistencia técnica por parte del MINSA.

¿Cuáles son los avances de estos acuerdos?

De acuerdo, a la mesa de diálogo llevada a cabo el 06 de mayo en el auditorio de la Dirección Regional Agraria de Puno, en el marco de la Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata, a favor de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, con presencia de los ministerios de Ambiente, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda y Construcción, los avances serían los siguientes:

1) Sobre la evaluación gradual de metales tóxicos:
La representante de MINSA, Dr. Yaneth Moreno, manifestó que, en enero del presente año, se realizaron tamizajes de orina a 279 personas de Coata, Huata y Capachica sobre metales pesados, los resultados muestran que 223 personas tienen arsénico en el organismo. También en Caracoto se realizaron tamizajes a 115 personas, de las cuales 89 tiene arsénico en el cuerpo.

2) Sobre la asistencia técnica:
El MINSA informó que capacitó a 106 profesionales entre médicos y nutricionistas del Equipo Multidisciplinario para atender a personas expuestas a metales pesados, capacitación que estuvo a cargo del representante de CENSOPAS, Dr. Yony Astete. Asimismo, se capacitó al personal técnico de salud sobre la identificación de signos y síntomas por exposición a arsénico, a cargo de Melinda Valdivia, Toxicóloga Clínica.

Próxima reunión

Los representantes de la PCM junto a los asistentes acordaron que las próximas reuniones se llevarían a cabo en dos grupos: 1) grupo de trabajo de salud, integrado por alcaldes de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, DIRESA y MINSA, cuya reunión se programó para el 13 de mayo y 2) grupo de trabajo de proyectos de saneamiento, cuya reunión se programó para el 14 de mayo.

Tras la convocatoria al paro indefinido para este lunes 9 de noviembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca en Puno, debido a que las familias afectadas por metales tóxicos- recientemente confirmadas con arsénico y mercurio 34 personas- no tienen atención médica especializada de parte del Estado y respuesta a las otras demandas tras la contaminación del río Coata; la Fiscalía provincial de San Román de la región de Puno, ha decidido iniciar un procedimiento preventivo al alcalde distrital de Cupi: Marcelino Surco Quispe, y al presidente del Frente de Defensa:Felix Suasaca, porque incurrirían en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad en el desarrollo del paro indefinido, tras haber señalado en medios de comunicación que el paro se justifica porque las autoridades hasta ahora no cumplen con las necesidades de los afectados y afectadas de los pueblos de los 5 distritos tras la contaminación de la cuenca del río Coata.

En la notificación, además, la fiscalía argumenta que los dirigentes y alcalde deben acatar el decreto supremo que ordena el estado de emergencia nacional (restricción del derecho de reunión) debido a la pandemia.

La convocatoria al paro se da porque el Estado no ha atendido las exigencias de los dirigentes de los 5 frentes de Defensa agrupados en el Frente de Defensa Unificado del río Coata, que está contaminado con metales pesados y desechos industriales. Producto de esta contaminación, después de que Censopas sacó muestras a 55 personas, 34 personas salieron con resultados de arsénico y mercurio en sus organismos. Los resultados recién se hicieron públicos después de 8 meses debido a la filtración de los resultados al dirigente Félix Suasaca.

Frente a estos hechos, los dirigentes convocaron a los ministerios para instalar una mesa sobre metales pesados con reconocimiento legal a la mesa multisectorial que vienen funcionando desde hace años, para que se garantice una atención integral a los afectados y afectadas; sin embargo, a las reuniones en Puno acudieron funcionarios sin poder de decisión, y hasta ahora no hay ninguna medida concreta. Además de la medida de atención especializada en salud, también exigen la remediación del río Coata, la implementación de una planta de tratamiento para que las personas puedan acceder al agua potable, y el mejoramiento de la infraestructura de salud en la provincia de San Román.

Dirigentes rechazan acción intimidatoria

Frente a esta notificación, los Frentes de Defensa emitieron un comunicado en que rechazan esta notificación: «Desde el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca RECHAZAMOS enfáticamente estas acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior, por medio de esta disposición fiscal que busca, por medio del amedrentamiento a nuestros voceros y representantes, frustrar la demanda justa de las personas de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca en la defensa de la vida, la salud, el ambiente, el agua, el agro, el río Coata y lago Titicaca, frente a la inoperancia e desidia de las autoridades del sector salud».

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, quien está asumiendo la defensa de agricultores y dirigentes de valle de Tambo, esta es una «típica actitud de criminalización de la protesta social, por la cual el Estado, a través de sus procuradores intenta instrumentalizar el derecho penal para perseguir a quienes, ejerciendo su derecho fundamental a la protesta social, anuncian la realización de un paro en oposición a decisiones gubernamentales que afectan sus derechos fundamentales. Ya el Tribunal Constitucional acaba de decir que la protesta social es un derecho fundamental y que la responsabilidad penal es personal. Entonces, es un derecho protestar y no se puede intentar criminalizar a quienes lo hacen».

 

Compartimos la nota de prensa del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca:

Los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca ingresamos a un paro indefinido desde el 9 de noviembre de 2020, para exigir al gobierno nacional y gobierno regional la atención inmediata ante la contaminación de la cuenca del río Coata y consecuente grave afectación a la salud de las personas.

Desde la publicación de los resultados de los análisis de orina a 55 personas en los distritos de Coata, Huata y Capachica, donde se confirmaron 32 personas con arsénico y 2 personas con arsénico y mercurio en su organismo.

Se convocaron a numerosas reuniones a las autoridades del Ejecutivo nacional para abordar la problemática de la afectación a la salud humana que genera la contaminación del río Coata, sin embargo, dichas autoridades no muestran interés en conformar mesas de trabajo para iniciar acciones inmediatas de atención médica a favor la población afectada, así como demás actuaciones en el corto, mediano y largo plazo.

A pesar que desde mayo de 2019 se viene dando la declaratoria de Emergencia, la misma que fue ampliándose por novena vez hasta noviembre 2020, con esta declaratoria no se obtuvieron resultados concretos para la mejora en la calidad de vida y buen vivir de los pobladores afectados con metales tóxicos, ni en la recuperación de su salud.

EXIGIMOS:

  • Construcción y Saneamiento en agua potable, ampliación de dotación de agua potable de calidad y en cantidad por cisternas a todos los pobladores afectados de la cuenca Coata.
  • Inmediata implementación de un plan de diagnóstico, atención y tratamiento integral para las personas afectadas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas en sus organismos.
  • Presencia de médicos especializados para la atención integral especializada a personas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas; la construcción y equipamiento de centros de salud con laboratorios especializados en metales pesados.
  • Presencia del Ejecutivo nacional como la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda y Construcción, y el reconocimiento mediante un decreto supremo de la PCM, a la mesa técnica multisectorial de la cuenca del río Coata que viene funcionando desde el 2014; la instalación de una mesa de salud de metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en la cuenca Coata.
  • Exigimos que los órganos responsables de la fiscalización y sanción como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Dirección Regional de Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua y Ministerio Público sancionen e impidan la contaminación de la cuenca del río Coata.
  • Exigimos la implementación inmediata del Convenio de Minamata para la prohibición del uso de mercurio en actividades mineras en la cuenca del río Coata.
  • Exigimos la prohibición normativa de la dación de concesiones mineras en la cabecera del río Coata y cabeceras de cuenca a nivel local, regional y nacional.

Por estas razones realizaremos una conferencia de prensa virtual este jueves 5 de noviembre a las 11am, que será transmitida en vivo a través del facebook de la Red Muqui y la CNDDHH.

CONVOCA:

  • Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca.
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Capachica
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca del Río Coata
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Huata
  • Frente de Defensa del Distrito de Caracoto
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación del sector de Chilla del Distrito de Juliaca

 

Puno, 04 de noviembre de 2020

Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.

Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia

Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.

Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.

Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.