El pasado miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la “Mesa de trabajo para analizar Ley CADs – Ley N° 31494”, la cual reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y, posteriormente, publicada el 16 de junio.
La mesa de trabajo se realizó en el Congreso de la República y contó con la participación del representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el defensor del ambiente y presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca; así como de representantes de las organizaciones Red Muqui, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y el Instituto de Defensa Legal; y con la participación de los congresistas Ruth Luque y José Williams.
Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que, entre otros motivos, promueve la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas, abriendo la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa puedan adquirir armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.
Asimismo, la Ley CADs vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CADs,. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas que cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.El representante de IDL, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que entregar armas a los civiles no representa una solución apropiada a los problemas de inseguridad en las comunidades. Asimismo, que es el Estado quien “debe brindar seguridad, ese es su rol”. E indicó que, a través de esta ley, se está señalando que el Estado no tiene la capacidad de cuidar y proteger a la población.
Declaró también, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución el orden interno es competencia de la Policía Nacional, con la Ley CADs, se “está queriendo que las Fuerzas Armadas entren al orden interno”. Por tal motivo, se está creando una norma que lo que hace es “amenazar la institucionalidad y autonomía de las comunidades y rondas campesinas” y que “puede abrir puertas a la cooptación social”, lo cual representa un peligro para los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.
Posteriormente, Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, señaló, al igual que Ruiz, que el Estado es quien tiene la obligación de restablecer el orden en las zonas, es el “encargado de resguardar e impulsar el autodesarrollo”. También declaró que dar la responsabilidad a los civiles de que intervengan en la lucha contra la inseguridad, resulta demasiado riesgoso, y que “la misión del Estado constitucional no es esa”. Por su lado el representante de CEAS, Javier Jancke, señaló que desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hay preocupación por los “los paralelismos y violencia que se puede generar (con la aprobación de la Ley CADs), sobre todo en zonas de conflicto. Esto puede ser utilizado para fortalecer actividades ilegales como el narcotráfico”. Por esa razón, se declara que la ley puede generar una mayor vulneración de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, como históricamente se ha generado.
En cuanto a los dirigentes sociales presentes en la mesa técnica, Felix Suasaca señaló que ya existe un problema que las comunidades y defensores tienen que enfrentar constantemente, y es que los policías cometen delitos contra ellos, les reprimen de forma violenta en las protestas y el hecho de impulsar una ley que permite el acceso a armas representa un riesgo grave a los derechos de las comunidades. Incluso indicó que, en Puno no se les ha “consultado para que se generen los CADs”, es decir se ha vulnerado el derecho a la consulta previa a las comunidades.
Sumado a los señalado por Suasaca, el representante de la CUNARC, Santos Saavedra, declaró que como rondas campesinas “no aceptamos la ley (…). El Estado no puede imponernos la norma”. Recordemos que, anteriormente, organizaciones de rondas campesinas de diferentes regiones se han pronunciado y señalado su negativa a la Ley CADs debido a que vulnera la autonomía de las rondas.
La congresista Ruth Luque, comentó que los Comités de Autodefensa fueron generados para un contexto específico (tiempo de terrorismo), por lo cual señaló que no comprendía la razón por la que se quiere reactivarlos, sabiendo que las rondas campesinas ya cumplen con esa función. Además, indicó que esta ley puede generar fragmentación en la estructura y organización de la comunidad, ya que puede haber comunidades campesinas y rondas que no quieran que se creen Comités de Autodefensa, y puede haber otros que sí, “no es tan simple que se decida que hayan CADs”. Por eso declaró que hay que exigir que se haga una reflexión sobre esto, pero también “hay que exigir una mayor presencia del Estado” y que este debe tener una responsabilidad política clara.
Finalmente, es importante señalar lo declarado por el congresista José Williams, con respecto a que se ha realizado una modificatoria a la ley, y que ya no se estipula que se va a brindar el acceso a armas. Según Williams, “lo estamos cortando de la Ley, solo dice que los que tienen sus armas, cuando la violencia cese, deben entregarlas”. Lo que busca esta ley es que “los comités se incorporen a la seguridad ciudadana, como lo están las rondas campesinas, y que puedan apoyar a las rondas campesinas, ya que el Estado está lejos”. Pero acotó que la Policía Nacional y la municipalidad seguirán siendo las encargadas de la seguridad interna.
Asimismo, señaló que los comités no se van a imponer si la comunidad no lo quiere, pero ya que no existe presupuesto para las rondas campesinas, los CADs sirvan de apoyo, que se vuelvan “núcleos ejecutores”.
Finalmente, esta mesa constituyó un importante espacio para discutir el reglamento de una normativa que tiene la negativa de las comunidades y rondas campesinas, de manera que se reciban los puntos de vista de sus representantes y dirigentes.
