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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Esta semana hemos recibido una buena noticia y no necesariamente de nuestro país. Las buenas noticias vienen desde nuestro vecino país de Chile, debido a que se acaba de instalar  oficialmente la Convención Constitucional que tiene 155 miembros y tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución y para ello ha elegido como presidenta a una indígena mapuche de 58 años, la doctora y académica Elisa Loncón. Sin duda, son tiempos de cambios en la sociedad chilena y más para los pueblos indígenas que han sido ignorados durante décadas en ese país, por ello nos parece muy potente y esperanzador que la Convención Constituyente sea presidida por una mujer mapuche. En nuestro país, Pedro Castillo, el virtual presidente del Perú ha señalado que se debe iniciar el mismo proceso, sin embargo, la derecha y sus aliados han dicho que esto no es posible ni ahora ni nunca. Se mira a Chile solo cuando se trata de comparaciones económicas, pero no cuando se trata de reivindicar derechos.

 

De otro lado, esta semana el Congreso de la República nuevamente ha sido el centro de la atención política, esta vez por la insistencia en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente hemos asistido nuevamente a un penoso espectáculo en el hemiciclo, dado que un Juzgado de Lima ha ordenado que se suspenda todo acto de elección del TC,  ya que existen una serie de vicios en el proceso de selección de los candidatos. Sin embargo, el Congreso en un claro acto de desacato a esta orden judicial, el día de ayer ha sesionado con normalidad, señalando que fue un acuerdo de la junta de portavoces y que ellos son un poder autónomo que no están sujetos a la intervención de otros poderes. Los únicos partidos que han decidido no ser parte de este circo son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo cierto es que aún con toda esta presión, los partidos y congresistas golpistas no han logrado juntar los 87 votos que se requiere para la elección de los miembros del TC. El tema no está cerrado y estos días todavía insistirán con esta elección golpista.

Finalmente, otro tema que genera preocupación a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas es la insistencia de sectores del Congreso para la aprobación de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Desde Red Muqui ya señalamos que la aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Entre algunas de las observaciones, es que va en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y sus rondas campesinas que están a cargo de la seguridad en sus territorios. Estos comités de autodefensa, además, podrán utilizar armas de fuego, así lo señala la norma, lo que complicaría más la situación en los territorios, como por ejemplo en las zonas de alta conflictividad social como es el corredor minero del sur andino; es decir, promueve más militarización y violencia en los territorios.

La norma ya fue aprobada hace algunos meses por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley; sin embargo, estos días los partidos golpistas en el Congreso buscan aprobarla por insistencia. Hay que mantenernos vigilantes.

El pasado 22 de abril del presente año, el pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Por ello, desde la Red Muqui señalamos que:

  • Esta ley busca “reconocer legalmente a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros pobladores rurales” e incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, donde su rol principal sería el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Recordemos que la conformación de los CAD se dio de manera excepcional en la época del conflicto armado interno que vivió nuestro país. Esta ley ahora busca fomentar la conformación de los CAD como un organismo paralelo a las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; contraviniendo la autonomía, territorio y jurisdicción especial de estas organizaciones originarias que ha sido reconocido en los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política, al igual que al Convenio 169 de la OIT y otros tratados de derechos humanos; pues, lo que se busca en la práctica es subordinar a estas organizaciones originarias a las Fuerzas Armadas y la PNP.
  • De otro lado, las disposiciones de esta Ley en sus artículos 6 y 8 son de especial preocupación debido a que, en el marco de los Estado de Emergencia decretados por el Poder Ejecutivo (como en los casos de conflictos socio ambientales), los CAD reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol asignado por las FFAA; es decir, impedir las protestas sociales y de ser el caso reprimir las manifestaciones, incluso pudiendo hacer uso de armas de fuego que esta ley les autoriza poder obtenerlas, sea de forma privada o por asignación estatal. Todo esto puede conllevar a fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país, que actualmente ya se encuentran militarizadas por los Estados de Emergencia. Esta ley entonces promueve la militarización y la represión estatal en los territorios.
  • La aplicación plena de esta ley y las conformaciones de los CAD en todo el territorio nacional, supone una potencial violación de los derechos humanos, individuales y colectivos; debido a que estas organizaciones podrían hacer uso indiscriminado de las armas de fuego que se les faculta obtenerlas y la promoción y financiamiento que recibirían desde el Estado. Sobre todo, en contextos de conflictividad social, pues se les facultaría a intervenir bajo pretexto de resguardar el orden interno y la seguridad ciudadana; pues no existe ningún control institucional de su actuación. Así mismo basta recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que, en la época de violencia política, sobre todo en los años 90, los CADs se han resistido a entregar sus armas y existen denuncias de graves atentados a la libertad, a la vida e integridad contra miembros de las mismas comunidades campesinas.

Por todo lo mencionado; desde la Red Muqui hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales, organizaciones indígenas y originarias, comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas a estar vigilantes y levantar su voz de protesta contra esta ley, que pretende socavar los principios democráticos del uso de la fuerza y la autonomía y jurisdicción especial. De la misma forma solicitamos al Poder Ejecutivo observar esta ley por su contenido inconstitucional, como lo ha hecho el MININTER, MINDEF y la Defensoría del Pueblo; y al Congreso de la República archivar esta ley.

Lima, 30 de abril del 2021.