El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.
Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.
Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.
El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.
La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental. El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.
Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.
[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.
[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020