Las comunidades y poblaciones que se encuentran impactadas por las operaciones de la empresa minera Antamina y que se ubican tanto alrededor de la explotación de los minerales en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, como en las cercanías de la terminal del mineroducto donde se descargan los concentrados en Puerto Huarmey, en la provincia de Huarmey en Ancash, se están organizando y preparan diferentes medidas para rechazar la ampliación en el tiempo de explotación y en el volumen de extracción de minerales que la empresa está autorizada de realizar. Consecuencia de la aprobación otorgada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a la solicitud de Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que había presentado la empresa en 2022.

De tal manera, que en las semanas pasadas dirigentes y representantes de San Marcos y otros distritos de la provincia de Huari en Ancash y de las poblaciones de Puerto y ciudad de Huarmey han establecido una alianza de los territorios que son área de influencia, esencialmente por la contaminación y otros impactos ambientales y a la salud que genera Antamina. Así lo ha dado a conocer la directora del instituto Natura, María Elena Foronda en entrevista con Red Muqui.

Uno de los primeros pasos de esta unión consiste en presentar acciones legales para impugnar el proceso de aprobación del MEIA, ya que las comunidades campesinas no participaron de procesos de consulta previa, libre e informada como es su derecho por mandato legal.

Es el caso de la comunidad campesina de Huaripampa, ubicada en el distrito de San Marcos, que ha expresado su rotundo rechazo a la aprobación del MEIA de la empresa minera. Su presidente, Darwin Ariza Brioso, denunció al medio Huaraz Noticias que Antamina no tuvo la voluntad de socializar la MEIA con la comunidad, como lo exige la ley. “Nos enteramos de la aprobación del estudio por la prensa”, declaró el dirigente.

La comunidad teme que la expansión de las operaciones de Antamina genere una mayor contaminación ambiental en la zona. “Huaripampa colinda con la minera por más de 13 kilómetros, donde se encuentra su relave minero, el cual seguramente será ampliado”, mencionó Ariza. “Esto pone en riesgo la salud de nuestra población y el medio ambiente”, agregó.

MEIA observada con serios fundamentos técnicos

La propia Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Senace, ente estatal encargado de la aprobación de la modificatoria, múltiples y graves observaciones al estudio que presentó la empresa. Observaciones basadas en un estudio que realizó la Red Muqui y fueron dadas a conocer en septiembre de 2022. Este contiene una serie de advertencias sobre esta modificatoria, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos.

Entre las observaciones compartidas con Senace, los especialistas del área socioambiental de la organización de defensa de derechos humanos concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza en los verdaderos impactos que se producirían sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Impactos perniciosos que no solo han experimentado las comunidades en el radio de operaciones de la extracción de los minerales, sino en forma severa también la población de Huarmey y el puerto del mismo nombre, donde termina el mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash. Denuncian que desde que se instaló el terminal del ducto en Puerto Punta de Lobitos, hasta hace 22 años, la mejor zona de captura de peces, aparecieron numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar los casos de varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles por el Ministerio de Salud (Minsa). Pendiente de otros estudios está probar la causalidad de la presencia inusualmente alta de estos metales pesados y la actividad minera.

Antecedentes graves y proyecciones preocupantes

De lo que sí hay evidencia es una larga lista de perjuicios que han ocurrido desde que se instaló en 2002 la que es considerada una de las mayores explotaciones de cobre y zinc del mundo y que con la aprobación que le ha otorgado Senace extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036 y que le permite el incremento en la producción de cobre desde los actuales 175 mil toneladas a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores (Antamina) deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentarían los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Sin mencionar que, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos.

Son todos antecedentes que la alianza de comunidades y poblaciones afectadas por esta empresa minera, desean compartir con los copropietarios de esta empresa, específicamente el consorcio Glencore, el tercer mayor conglomerado minero a nivel global y dueño del 30 por ciento de las acciones de Antamina. Quieren alertar ante la opinión pública en los apacibles parajes alpinos en Suiza, donde se ubica su sede central y aprovechar de reunirse con diversas relatorías de Naciones Unidas, entre ellas aquella instancia de la ONU dedicada a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Por ello, actualmente se encuentran en campaña para poder reunir los fondos y poder enviar a representantes de las comunidades a Ginebra. Esperan que a nivel internacional haya mayor comprensión y empatía con los daños causados por esta empresa, algo que al parecer al Estado peruano y sus organismos de fiscalización como Senace ha dejado hasta ahora indiferente.