Entradas

El descontento de las comunidades campesinas en las regiones del sur del país se acrecienta día a día. La diferencia ahora es que, una situación muchas veces invisibilizada, como las penurias de la agricultura familiar, ahora encuentra su correlato con las demandas de amplias franjas de la población que han visto aumentar los precios de alimentos, combustible y transporte, sin que la bonanza de los precios por minerales en el mercado internacional les haya favorecido. Así se desprende de numerosas conversaciones que Red Muqui pudo sostener en el marco del VII Encuentro Interregional del Surandino que comprende a los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac y que se desarrolló del 31 de marzo al 1 de abril en la localidad de Chucuito-Puno. Cerca de cincuenta integrantes de organizaciones sociales de base, representantes de comunidades y federaciones campesinas se reencontraron después del receso obligado por la pandemia del Covid-19 y fortalecieron de esta manera los lazos de solidaridad y hermandad entre organizaciones que impulsan cambios en y desde las regiones del sur andino.

Al analizar colectivamente el contexto político, social, económico y ambiental y la situación en sus territorios, se escucha una y otra vez el abandono que sienten por parte del Estado y la sociedad como agricultores familiares que siguen proporcionando más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

Juliana Anchaquiri de la comunidad de Chila Chambillas, lamenta por ejemplo los bajos . precios que obtienen por sus cosechas. “Por arroba de Cañihua, recibimos entre 25 a 30 soles, es lo mismo que recibíamos hace unos años y todo ha subido”. Un valor exiguo si se considera que en los mercados de Lima, ese dinero da para comprar apenas 2 kilos de este cereal. Es decir una diferencia del 600 por ciento entre lo que recibe el productor y el precio que paga el consumidor, que en su mayor parte queda en el bolsillo de comerciantes intermediarios.

También critican los escasos planes gubernamentales de apoyo al agro y siguen sintiendo el desprecio de la sociedad a su labor, tan esencial para poner comida sobre las mesas no solo de sus casas. Elsa Yaver de la misma comunidad que Juliana coincide en que en ningún momento, desde que ella tiene recuerdos la sociedad ha valorado la agricultura y a los campesinos: “En la escuela los profesores nos decían, lo que ustedes hacen no vale nada, tienen que estudiar para ser secretarías”.

Parecida es la apreciación de Milo Huillca de la comunidad de Aresti, distrito Omacha, de la provincia cusqueña de Paruro: “No habría habido comida durante la pandemia si no hubiese sido por los campesinos. Ahora los precios de los insumos para la siembra y cosecha se han disparado, mientras que lo que recibimos por los productos no ha variado. El saco de abono artificial ha subido de 70 soles que costaba hace un año a 270 soles”.

Para revertir esta situación son muchas las voces de los participantes del encuentro que claman por reformular y relanzar la llamada Segunda Reforma Agraria y que conforman un grupo de trabajo para debatir esa posibilidad.

Julián Paucar, presidente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), es una de ellos, que dice sentirse defraudado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, que en muchas comunidades de Cusco recibió más del 90 por ciento de los votos en las elecciones de junio de 2021. Recuerda que, “después nos organizamos para recoger y entregar nuestras propuestas para la 2da reforma agraria en Cusco. Ahora hay que retomar el debate en cada región y homogeneizar la propuesta antes de entregárselas a una nueva instancia que coordine esto a nivel de Viceministerio. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de esta reforma, porque ya que el gobierno ha dejado de hablar de ella.” 

Para unificar estas demandas y darle mayor visibilidad en la instancia el presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco FDCC, Salvador Merma Hilachoque, hace un llamado a qué las demás federaciones de campesinos presentes del Surandino se sumen al paro agrario que tiene programado su federación para el 18 y 19 de abril. Para su realización se están coordinando asimismo con las organizaciones campesinas, de Arequipa, Tacna y Moquegua. En el pliego de demandas exigen al gobierno el cumplimiento de la Segunda Reforma Agraria, así como el incremento del presupuesto para el sector agrícola en un 7%.  Para esta convocatoria los gremios campesinos han planteado propuestas concretas para contrarestar el alza indiscriminada de los insumos agrarios como los fertilizantes.

 

 

 

Muchos otros participantes abogan por avanzar con un proceso constituyente que reemplace la actual Carta Magna impuesta a sangre y fuego por el dictador Alberto Fujimori. Una demanda que finalmente se plasma en el pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil reunidas en el encuentro que abogan por retomar el debate y discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.

Todos ejemplos de la preocupación que existe en las comunidades campesinas e indígenas sobre el rumbo que está tomando el país en momentos de continua crisis política y social.

Pero más allá de estos grandes debates, es la presentación de media docena de mujeres líderes de la comunidad Chila Chambilla la que despierta mayor solidaridad espontánea. Se percibe en los aplausos y en el cariño dispensado la admiración por la lucha de estas comunidades, cuya voluntad pareciera inquebrantable. A pesar de que el Tribunal Constitucional en una sentencia el pasado mes se negara a reconocer la consulta previa como derecho fundamental y con ello denegara el recurso de amparo solicitado por la comunidad. Una medida interpuesta porque la mitad de sus territorios fue concesionada por el INGEMMET a favor de la minera Cemento Sur en 2014 sin consultar a sus habitantes y legítimos propietarios. Son ellas, las líderes presentes en Chucuito-Puno, quienes proclaman que no se dejarán vencer y que unidas con las demás comunidades aymaras de Puno resistirán y marcharán juntos a Cusco y a Lima si fuese necesario también a Lima. Citan como ejemplos el “aymarazo”, cuando las comunidades aymara de la zona sur de Puno iniciaron una huelga indefinida y movilizaciones, con las que finalmente lograron revertir el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.

Y es que las comuneras tienen motivos para defender sus territorios, tal como explica Elsa Yaver, de la comunidad de Chila Chambilla: «La verdadera mina la tiene la comunidad. Tenemos cereales que cosechamos todos los años, tenemos avena, cebada, papa, quinua y cada año tenemos más cañihua,También tenemos ganado; alpacas, llamas, vacunos, chanchos y burros que se alimentan de nuestros pastos dulces y de nuestra agua que es dulce y por eso no dejaremos que entre la minera a contaminar».

 

El 02 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia en el Expediente N° 03066-2019-PA/TC, donde declara improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (Juli, Puno), y en la que expresamente desconoce el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa:

“[E]l derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita, por lo que no cabe reclamar respecto de él tutela a través del proceso de amparo, ya que no es un derecho fundamental.

En todo caso, el derecho a la consulta previa emana del Convenio 169, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que no puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión y menos que tenga rango constitucional.”

Esta decisión marca un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las garantías constitucionales de las poblaciones más vulnerables del país. Por ello debemos manifestarlo siguiente:

  1. Por más de una década, el Tribunal Constitucional, en diferentes casos, venía sentando reiterados precedentes sobre la vigencia y exigibilidad del Convenio 169 de la OIT desde su entrada en vigencia en el país (02 de febrero de 1995), y con ello el reconocimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. De la misma forma, declaró el rango constitucional de este tratado de derechos humanos y su plena protección y garantía por el sistema de justicia peruano, e incluso desarrollando su contenido constitucionalmente protegido. Al respecto se pueden ver las sentencias 00022-2009-PI/TC (fj. 11), 05427-2009-AC/TC (fj. 43), 00025-2009-PI/TC (fj. 23), entre otras.
  2. En esta sentencia el Tribunal Constitucional no ha cumplido con garantizar una debida motivación para apartarse de sus anteriores precedentes donde reconoció y amparó el derecho a la consulta previa de diferentes pueblos indígenas u originarios que se vean afectados por medidas administrativas o legislativas y ha negado el rango constitucional que tiene este tratado de derechos humanos que lo integra a nuestro ordenamiento nacional, atentando contra principios constitucionales, más aun siendo el Tribunal Constitucional el máximo garante de nuestra Constitución.
  3. Nuestra Constitución Política no sólo resguarda los derechos fundamentales reconocidos explícitamente, sino también aquellos reconocidos implícitamente y los incorporados por los tratados derechos humanos; por lo que, la justicia constitucional tiene el deber irrestricto de garantizarlos, en especial cuando estos derechos corresponden a pueblos históricamente excluidos y que enfrentan día a día diversas barreras políticas, sociales, económicas y culturales como son los pueblos indígenas.
  4. Rechazamos la posición asumida para este caso de los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini, quienes afectan la búsqueda de justicia intercultural y la importancia del reconocimiento del Convenio 169 como instrumento normativo constitucional necesario e indispensable para la conservación y garantía de la existencia de los pueblos indígenas.

Por todo ello, exhortamos al Tribunal Constitucional a marcar distancia de esta última decisión y garantizar la plena protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT, su reiterada jurisprudencia y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Puno, marzo de 2022

 

Suscriben:

Comunidad Campesina Aimara de Chila Chambilla

Comunidad Campesina Aimara de Chila Pucara

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

Instituto de Defensa Legal – IDL

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA

CooperAcción

Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Asociación Arariwa

Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas – CADEP JMA

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, CEDEP AYLLU

Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Colectivo de Abogados y Abogadas de la Red Muqui Sur

Red Muqui

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico – MOCICC

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS PERÚ

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

Movimiento Manuela Ramos

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS Trujillo

Asociación Proyecto Amigo

Perú EQUIDAD

Centro Loyola Ayacucho

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP

Centro de Desarrollo Étnico – CEDET

Paz y Esperanza

Codeh Pucallpa

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Instituto del Bien Común – IBC

Forum Solidaridad

Caminos de la Memoria

Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana – Aporvidha

Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el Rechazo y el Olvido

Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

COFADER PERÚ

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES

Instituto Regional Para la Paz

IPEP – CJS (Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social) Chimbote.

Gobierno Territorial Autónomo Awajún – GTAA

 

 

Por segundo día consecutivo integrantes de comunidades campesinas y ronderos de Bambamarca, Hualgayoc, Chugur y Chota permanecen movilizados, bloqueando el ingreso principal al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte. Las comunidades, que habían anunciado el paro la semana antepasada, exigen de esta forma el retiro de este proyecto minero, cuyos trabajo de exploración estarían contaminando las fuentes hídricas de una cabecera de cuenca.

El dirigente rondero Gilberto Cayotope, en entrevista con el medio Bambamarca TV explicó que las movilizaciones consisten en el bloqueo del acceso a las instalaciones del proyecto Antacori ubicadas en la zona de Sinchao en las cercanías del poblado de Pujupe, distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. En cambio, el dirigente aclaró que la carretera que conecta los poblados de la zona no es objeto de la paralización.

Juan Carlos Pérez, secretario de organización de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Indígenas y Urbanas de Cajamarca reiteró el rechazó de las comunidades de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota a los trabajos de cualquier proyecto minero en cabeceras de cuenca. Además hizo un llamado a las bases ronderas de las provincias de Bambamarca, Chota, Santa Cruz y San Miguel, que son las provincias más aledañas al lugar, a respaldar con su presencia las movilizaciones.

Los dirigentes exigen que la premier Mirtha Vásquez y el titular del Ministerio de Energía y Minas, Eduardo González Toro vayan a Sinchao a dialogar directamente con las bases de las comunidades campesinas y organizaciones mineras y conozcan de primera mano la contaminación del medioambiente causada por la actividad minera. Las comunidades exigen que el gobierno del Presidente Pedro Castillo declare inviable el mencionado proyecto minero.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con la mencionada comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones concatenadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Hoy 24 de junio conmemoramos el día del campesino, fecha más que simbólica para nuestros hermanos y hermanas del campo, ya que durante la pandemia de la Covid-19 han sido las comunidades campesinas y los pequeños productores locales quienes han sostenido la alimentación y la vida de millones de peruanos. Lamentablemente, los sucesivos gobiernos poco o nada han hecho para mejorar las condiciones de vida en las comunidades campesinas; por el contrario, nuestros hermanos/as siguen sufriendo la arremetida permanente a sus derechos individuales y colectivos, siendo discriminadas y estigmatizadas, muchas veces, por el mismo Estado. A pocas semanas del bicentenario, lo que vemos es nuevamente una narrativa en contras de las comunidades y pueblos indígenas. Desde el fujimorismo y sus aliados políticos se busca desconocer sus votos, sobre todo en aquellas zonas donde mayoritariamente la gente a votado por Pedro Castillo.

En esa línea, estos días, la arremetida de Keiko Fujimori y sus aliados en contra de la voluntad popular y la democracia, continúa. Esta vez buscan desacreditar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y la denuncia vienen de uno sus miembros: Luis Arce; que hace pocas horas ha presentado una “carta de declinación irrevocable” como miembro al JNE, dejándolos sin quorum y por tanto paralizando el proceso de revisión de las apelaciones de los recursos de nulidad presentados por el fujimorismo. El objetivo es claro, se busca ganar tiempo para que Pedro Castillo no juramente el 28 de julio, y que la próxima mesa directiva del nuevo Congreso convoque a nuevas elecciones. Así mismo, el día de hoy varios supuestos “lideres políticos”, aliados del fujimorismo encabezados por el flamante congresista electo Jorge Montoya, han realizado una conferencia de prensa para pedir una auditoria a la segunda vuelta de elecciones en Perú a la Organización de Estados Americanos (OEA). Es decir, no solo buscan desconocer los votos, así como a los organismos electorales, sino que vienen gestando un “golpe lento” a la democracia del país.

El tema no queda solo en estas esferas, también cuentan con una estrategia en el Congreso saliente, ya que han emprendido una campaña contra la actual mesa directiva presidida por la congresista Mirtha Vásquez. Los partidos y congresistas aliados del fujimorismo no solo han sacado una cuarta legislatura, si no que buscan modificar la Constitución respecto a la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, así como la elección express de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En esa ruta se encuentran y no les interesa en absoluto respetar la voluntad popular y los resultados de las elecciones.

Y como varios ya lo han señalado, los últimos hechos que presenciamos trascienden al fujimorismo, hay otros actores que no están dispuestos a perder sus privilegios, negociados y cuota de poder en las diferentes esferas del gobierno.

En el año del bicentenario, en vez de hablar y reivindicar los derechos de las comunidades y poblaciones indígenas en el día del campesino, vamos a tener que volver a salir a las calles a defender lo poco que hemos ganado en este tiempo.

Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado

Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

Desde el Grupo Perú Ambiente y Clima vemos con preocupación que el Dictamen de Ley Marco de Cambio Climático, aprobado el día 07 de noviembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), aún no haya sido puesto en agenda de sesión del Pleno a casi dos semanas de su aprobación.  Sería contraproducente que por falta de voluntad política el proyecto de Ley no se apruebe en la presente legislatura, lo que ocasionaría un retroceso en este esfuerzo que la sociedad civil viene impulsando desde el 2014 y que nos permitirá mejorar la gestión de la problemática del cambio climático en nuestro país acorde a nuestros compromisos internacionales.

Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser un primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca los principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las políticas públicas en adaptación y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenas u originarios, y demás actores interesados.

Esperamos que en el debate en el Pleno de Congreso se incorporen a la Ley otras disposiciones que fortalezcan  la Gobernanza, que para ser efectiva debe contar con la participación de todas las partes interesadas, transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas, entre otros. Una de las prioridades que una Ley Marco de Cambio Climático debe contener es la participación amplia y diversa de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas de cambio climático. En esa línea, la Comisión Nacional de Cambio Climático debe ser reconocida como el principal espacio de la Gobernanza Climática, por lo que debe participar en el diseño, gestión, monitoreo, evaluación y fiscalización de todos los instrumentos, medidas y mecanismos climáticos de nivel nacional e internacional.

Asimismo, esperamos que la Ley que finalmente sea aprobada fortalezca el rol del Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional y Ente Rector  en materia de cambio climático. Sólo así nuestros compromisos internacionales expresados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas lograrán concretarse. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas deben ser entendidas como algo más que un conjunto de metas y medidas apropiadas para lograrlas, son una herramienta para articular y movilizar los esfuerzos gubernamentales y privados, particularmente en las actividades y sectores identificados como los prioritarios en Adaptación y Mitigación. Es por ello que una Ley Marco de Cambio Climático las debe incluir como un instrumento de gestión climática y, por lo tanto, reconocer su carácter vinculante.

Exigimos que se publique el texto final del dictamen de Ley Marco de Cambio Climático que fuera acordado en la CPAAAAE y su posterior debate en el Pleno del Congreso antes que culmine esta Legislatura. Recordamos a los congresistas que todas las agrupaciones políticas presentes en el actual Congreso reconocieron en sus planes de gobierno que enfrentar el cambio climático es prioritario para el país.

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Las comunidades campesinas de la región Piura en defensa de nuestra autonomía e independencia a que refiere nuestra Constitución Política en su artículo N° 89, informados de la existencia del Proyecto de ley N° 1910/2017-CR, iniciativa legislativa del congresista Luis Humberto López Vilela del grupo parlamentario Fuerza Popular, representante de la región Piura, expresamos lo siguiente:

1. Que el artículo N° 89 de la Constitución Política del estado prescribe que la propiedad de nuestras tierras es imprescriptible. Además, que el estado respeta la identidad cultural de nuestras comunidades.

2. Que el Proyecto de Ley no N° 1910/2017-CR es totalmente inconstitucional y resulta atentatorio a nuestros derechos individuales y colectivos reconocidos por nuestra carta magna puesto que busca otorgar títulos de propiedad individual a los comuneros fragmentando nuestra organización comunal, puesto que, el territorio es la base fundamental para la existencia de las comunidades campesinas quienes representamos más de la mitad del territorio regional.

3. Que el Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR promueve el mercado y la reconcentración de tierras con lo cual los comuneros al no tener apoyo del Estado para producir nuestras tierras volveremos a ser esclavos de los pocos grupos de poder económico.

4. Exigimos una Ley legítima que promueva la titularidad global de toda la comunidad más no de forma individual y ser reconocida como sujeto de crédito, solo con ello nos sentiremos fortalecidos y con nuestros derechos colectivos garantizados por el estado y por quienes tienen el deber de representación en el parlamento.

5. En defensa de nuestros derechos, exigimos al señor congresista López Vilela efectuar el retiro definitivo de su iniciativa legislativa por no responder a las reales necesidades de nuestras organizaciones campesinas y por resultar este Proyecto de Ley ilegítimo, injusto e inconstitucional.

6. Invitamos a los demás parlamentarios de la región su pronunciamiento público y posición respecto a la defensa de nuestras comunidades campesinas.

Finalmente nos declaramos en alerta permanente por la defensa de nuestro territorio y los derechos fundamentales que la Constitución y las normas del Derecho internacional nos reconocen. En consecuencia, de ser aprobado el Proyecto de Ley en mención, en ejercicio de nuestra autonomía adoptaremos las medidas de lucha pacíficamente necesarias.

Piura, octubre 2017