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La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

El día de hoy, miércoles 16 de julio a las 6pm, se presentará la última investigación a cargo del consultor economista de Red Muqui, Juan Aste Daffós, “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en el contexto de la Covid-19 y la reactivación economica”, en un escenario con un nuevo de gabinete en el país, que ha expresado a través del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pablo Cateriano, que “la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo” y que el Perú es un país bendecido por la naturaleza que ha brindado una riqueza que está enterrada, en alusión al potencial del sector minero.

La investigación tiene como objetivo presentar el análisis costo beneficio económico y social entre el ingreso generado por la actividad agropecuaria y de pesca artesanal en el valle de Tambo – Arequipa – y el que éste recibiría del proyecto minero Tía María.

Desde que inició la primera fase de la reactivación económica, la Sociedad Nacional de Minería, la Confiep y la ex ministra de Energía y Minas junto a la Southern, han insistido en la necesidad de impulsar el proyecto tía maría para reactivar la economía, encontrando la negativa del saliente premier, Vicente Zevallos. Frente a esta ofensiva, desde la población de valle de Tambo se realizaron dos cacerolazos en rechazo al proyecto minero.

¿Qué pasará ahora? Desde la Red Muqui presentamos esta investigación para responder con un análisis técnico económico cuál es la mejor alternativa para la reactivación económica del valle de Tambo y del país.

El documento será presentado por el ingeniero economista, Juan Aste, y comentado por la ingeniera agrónoma, Marlene Castillo, por el presidente de la Junta de Uusarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, y Mario Chirapo, uno de los voceros de la población del valle.

Fecha: Miércoles 16 de julio – 6pm

Transmisión: www.facebook.com/redmuqui

PUBLICACIÓN LIBERADA: «RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE VALLE DE TAMBO EN PANDEMIA»

Puedes leer la Publicación «Riesgos y potencialidades de Valle de Tambo en pandemia» en formato PDF en este link o aquí: https://muqui.org/wp-content/uploads/2020/09/Tambo-Muqui-22-7.pdf

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

Frente a las recientes y constantes declaraciones del ex presidente de la CONFIEP, uno de los socios principales de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del país; y de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,  respecto a que los proyectos mineros que están estancados como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca deben reactivarse debido a que se requieren recursos económicos para afrontar la pandemia que vivimos; la población del valle de Tambo, Arequipa, donde se quiere empezar a construir el proyecto Tía María, ha convocado para este viernes 12 a las 6:30pm un cacerolazo en rechazo a las intenciones de estas dos instituciones que tienen mucho poder: una en el sector privado, y otra en el Estado.

Empresariado minero

«Hoy día Cocachacra no puede ser impedimento para que se desarrolle Tía María, que abarque Quellaveco, que abarque todos los proyectos mineros de Cajamarca y Lambayeque», declaró Roque Benavides en RPP el 08 de junio.

El mismo día, el empresario minero también dio una entrevista al diario Expreso, manifestando la misma posición. Ya en abril había declarado a Perú 21, señalando «esta crisis nos tiene que llevar a reflexión a todos, tenemos que poner en valor nuestros recursos. Si bien la gente de Cocachacra criticaba el proyecto Tía María, creo que no estaba escuchando que son oportunidades».

Ministra de Energía y Minas

Por su lado, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, declaró el 17 de mayo en relación a los proyectos mineros Tía María y Conga: «el país requiere de recursos, va a requerir de mano de obra, va a requerir de empleo, va a requerir de estos ingresos al fisco para poder atender a la población”.

Voceros de valle de Tambo

Miguel Meza y Mario Chirapo, voceros del valle, señalaron a Red Muqui que en vez de que los empresarios mineros y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quieran imponer el proyecto Tía María, «deberían estar preocupados en la remediación del río Tambo que está siendo contaminado por la minera Aruntani en plena pandemia».

Miguel Meza agregó que la OEFA no ha determinado hasta ahora a la empresa minera responsable de la contaminación con arsénico y boro del río y, añadió, es extraño que los estudios de la Autoridad Local del Agua señalen que aún el río Tambo no pasa los límites de contaminación y es apto para el consumo humano.

Los alcaldes del valle de Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia también mostraron su rechazo a las recientes declaraciones de Roque Benavides y de la ministra de Energía y Minas.

Mario Chirapo agregó que el alcalde provincial, Candia, está expresando su posición respecto al proyecto minero sin escuchar a la población. Antes se mostraba en contra y ahora a favor del proyecto minero. ¿Qué habrá pasado?, se pregunta.

 

Artículo de Juan Aste Daffós / economista asesor de la Red Muqui                                                                       

Queda claro que la decisión del gobierno el día de hoy, de aplazar la cuarentena 2 semanas más, significa un retroceso de la orientación que se estaba perfilando en el gobierno presionado por los grandes poderes económicos que quieren que el país vuelva a la normalidad de una vez, como si no estuviéramos viviendo una pandemia. La decisión de levantar la cuarentena y reactivar la economía estaba basada en una decisión política de desplazar el objetivo de resguardar la salud por el de proteger a las empresas formales para que recuperen ingresos y beneficios, y puedan pagar pronto deudas al sistema bancario y financiero y tributar al mínimo; así como propiciar “tranquilidad” a la mayoría de la población del Perú dedicada a las actividades informales que vive de los ingresos que obtiene diariamente. Unos presionando desde la Confiep y otros desde su impulso individual y disperso de romper la cuarentena desde los mercados para vivir el día a día.

Cuarentena poco efectiva

Ante el fracaso de la cuarentena hasta ahora, que no da signos de que pueda revertirse en estas dos semanas al no estar acompañada de otras medidas efectivas, al no poder aplanar la curva de infectados, hospitalizados, en UCI y fallecidos; tanto debido a las limitaciones del sistema de salud pública, producto de una sistemática política de abandono como sector prioritario conjuntamente con la educación pública y la agroalimentación, pese al esfuerzo de médicos y enfermeras (os), profesores (as) y agricultores; como a la imposibilidad de llegar con bonos y canastas a la mayoría de la población de informales que viven el día a día, a las personas que se quedaron sin trabajo y sin ingresos, o con los ingresos limitados de sus pensiones y CTS; y luego a los despedidos a los que se les aplicó la suspensión perfecta de labores, a todos los cuales se les impuso el “quédese en su casa”.

En todos estos casos, la responsabilidad la ha asumido el Estado, porque se ha esperado que este consiga tener éxito en la cuarentena haciendo cumplir el “quédese en su casa” con la fuerza policial, las fuerzas armadas y el apoyo complementario de las municipalidades. Sin embargo, tanto en el sustento del gobierno (Pilar Mazzetti) como de la Confiep, la razón del fracaso en el “tercer martillazo” de la cuarentena o medidas para aplanar las curvas de infectados y muertos está en “la desobediencia de las personas para acatar la cuarentena”; es decir, en la mayoría de personas pobres que decidieron salir individualmente a buscar ingresos para alimentarse y vivir el día a día.

La estrategia de la Confiep

Así, los empresarios con sus economistas y también el gobierno; y esto es lo más grave, concluyen que al no poder aplanarse las curvas a pesar de los esfuerzos de las medidas de contención, hay “un impacto negativo sobre la actividad económica global y sobre diversos grupos sociales, con una incidencia especial en determinados sectores de la población” (véase el sexto considerando del DS080-2020-PCM de reanudación de actividades (…) e inmediatamente señala que “es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias (…)” (véase sétimo considerando del DS citado antes). A pesar de extender la cuarentena dos semanas más, el gobierno ya empezó la reactivación económica de varios sectores, como la minería que nunca paró del todo-, restaurantes vía delivery, etc.

Por ello, ahora el argumento empresarial no explícito es que, al fracasar la cuarentena y el plan de salud del gobierno al no poderse aplanar la curvas por culpa de la población desobediente (léase los informales principalmente), la reactivación de la economía ayudará al Estado a disponer de mayores ingresos fiscales, es decir, los grupos económicos de siempre, supuestamente, colaborarán con el gobierno para que se pueda mejorar la atención de la salud en un corto y mediano plazo; como si esto hubiera ocurrido antes. Cuando lo que siempre ha primado es la economía de las empresas sobre la salud y la vida de las personas. Con este argumento, a contracorriente de los demás países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mejor no se hubiera aplicado la cuarentena para no afectar la economía, porque igual no se hubieran podido aplanar las curvas.

El remedio era peor que la enfermedad

Lo cierto es que en momentos en que el sistema de salud está llegando rápidamente al nivel del colapso y se han incrementado los infectados y los fallecidos, trasladar en la practica la prioridad de la salud a la economía implicará impulsar los mercados y la aglomeración de la gente con las consecuencias de disparar el impacto de afectados y muertos por la Covid 19.  En estas condiciones, no solo se tendría que realizar otra cuarentena empezando de cero y de un año, sino que el PBI ya no caería 10 o 15% sino más de un 50% con las implicancias en las quiebras de empresas y pérdidas de empleo masivo, con la casi desaparición de sindicatos. Traer muchas pruebas moleculares, respiradores y camas UCI, como lo ha anunciado hoy el gobierno, ahora solo sería un paliativo que ayudaría en los lugares de mayor incidencia del covid 19, porque el mercado no ayudará a resolver el problema del incumplimiento del aislamiento social, tal como ha ocurrido hasta ahora. El remedio resultará peor que la enfermedad.

Cuarentena integral

Como ningún gobierno puede abandonar el objetivo de la cuarentena de aplanar las curvas de infectados y fallecidos, y lograr neutralizar a la Covid 19; una propuesta es otorgar inmediatamente un bono universal de 1,000 soles que llegue a la más amplia población, e implementar otro tipo de cuarentena por un mes y no solo dos semanas, ahora sostenida en la organización barrial, comunal o de otra forma de organización territorial urbana y rural que asuma las tareas de control y coordinación con las instancias del Estado (gobiernos municipales y gobiernos regional y nacional) para la atención de la salud, y la alimentación y la educación vinculadas hoy a la prioridad de salvaguardar la salud y la vida de las personas en armonía con la naturaleza.

Sociedad civil debe asumir organización frente a la crisis

En ese sentido, urge que las organizaciones sociales locales articulen vía un comité, la atención de la salud, la alimentación y la educación por cada barrio o manzana en las ciudades y por comunidades y rondas, por distritos, etc. La idea es que sean reconocidas institucionalmente (legalmente) como instancias de coordinación local con las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, y las fuerzas policiales en los casos que se requiera. Y también debe demandarse que el gobierno nacional financie la campaña agrícola que se viene a la agricultura familiar, así como la compra de sus productos para acopiar y distribuir una canasta de alimentos por barrios y comunidades en áreas urbanas y rurales coordinando con las organizaciones sociales locales. La organización social territorial urbana y rural ayudará a enfrentar esta pandemia y otras que pudieran aparecer en el futuro próximo.

RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

En la reciente conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por el gobernador regional, Cáceres Llica, acompañado del alcalde provincial de Islay y todos los alcaldes distritales de la provincia; las autoridades pidieron la intervención de organismos internacionales en la provincia ante la negativa de Vizcarra de no escucharlos frente a los graves impactos que tendrá toda la provincia en términos económicos, agrícolas, hídricos y en salud humana por afectación de metales tóxicos como ya se visualiza en otras regiones del país.

En la conferencia, el alcalde provincial, Edgar Rivera, señaló: “Pedimos intervención de organismos internacionales en Islay. Vizcarra no nos ha escuchado. ¿Cómo nos pueden imponer un proyecto nuevo, cuando nuestras actividades y ejes económicos de la provincia son la pesca, la agricultura y el turismo? ¿Cómo quieren imponernos nuevos proyectos, si hay ejes económicos abandonados por el gobierno central en la provincia?”.

Por su parte, el gobernador regional agregó: “Queremos intervención de organismos internacionales. Técnicamente podemos decir muchas cosas: que está a 800 metros del río Tambo; a 2km del mar; y que va a ser una mina a tajo abierto que va a desaparecer el valle de Tambo”.

El diálogo

Sobre el diálogo planteado por el gobierno, el gobernador regional señaló: “Ahora indican queremos dialogo, ¿de qué?, si ya se dio la licencia de construcción. Pedimos que se anule la licencia de construcción, allí podemos sentarnos a dialogar”. Agregó que el presidente se comprometió con ellos en no dar la licencia de construcción a la empresa Southern si antes no dialogaba con la población de Valle de Tambo. Sin embargo, luego “nos sorprendió con licencia de construcción entre gallos y medianoche. Quiere decir que ha traicionado a nuestro pueblo. El presidente se debe al voto popular del Perú, tiene que escuchar a su pueblo, debe mandar obedeciendo. Le pedimos que reflexione, ya son cuatro días de huelga”, sentenció.

Protesta Macroregional

El gobernador regional agregó que las protestas pueden expandirse. “Esto se va a intensificar, se van a sumar los pueblos; es más hasta se puede sumar todo el sur del Perú. Ya el gobernador de Tacna ha señalado que apoya al valle del Tambo, el de Moquegua también, que apoyar, y así vamos sumando”.

El gobernador regional informó durante la conferencia que está enterado de que en la región vienen coordinando la CGTP y otras organizaciones para la realización de protestas en toda la región. Cabe señalar que el día de ayer las organizaciones gremiales pesqueras de Matarani también se sumaron al paro frente al impacto negativo que tendría en la pesca la descarga de la salmuera en el mar, en el proceso de desanilización del agua de mar para el uso del proyecto minero.

Nueva Ley de Minería

El gobernador regional también planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de minera. “La ley de minería es de 1993, donde se da todos los beneficios a las mineras; es más se les devuelve dinero. 15 mil millones se les ha devuelto. Necesitamos que el Congreso haga una nueva ley con el Ejecutivo. Que vea el tema de impuestos; de las ganancias; regalías; el tema ambiental; y permisos sociales. Las comunidades campesinas no son contempladas en la actual ley”.

Finalizó señalando, no somos antimineros, pero hay lugares donde se puede hacer minería y otros no. “En el valle del Tambo no es posible. ¿Cómo es posible que el gobierno central quiera destruir un ecosistema frágil?”.

RED MUQUI se dirige la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Esta semana la Presidenta de la CONFIEP, María Isabel León anunció la presentación al Presidente Vizcarra de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial.
Nos preocupa que entre las prioridades exigidas como parte de su Agenda, CONFIEP haya planteado como “señal importante”, que el gobierno peruano otorgue la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern, antes del vencimiento del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho proyecto, que se producirá el 31 de julio próximo.
Denunciamos la evidente presión del empresariado nacional, en particular minero, para lograr la realización del proyecto Tía María, buscando una señal “de que la inversión va a ser protegida”, como se ha dicho desde CONFIEP. Ante ello, esperamos que el presidente cumpla con su declaración respecto de Tía María: “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”.
Debemos recordar que el rechazo mayoritario de la población del Valle de Tambo de la provincia de Islay en Arequipa al proyecto minero lleva ya 10 años. Se trata de una lucha legítima que se centra en la agricultura como opción de desarrollo, la misma que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.
Por ello la población del valle de Tambo se expresó en setiembre del 2009 en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo.
Los riesgos han sido demostrados. Las 136 observaciones al primer EIA del proyecto minero que realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS nunca fueron resueltas debidamente. El nuevo EIA no consideró en su audiencia pública la participación de los agricultores afectados del valle, no se les permitió participar. Las observaciones presentadas al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese a ello fue aprobado.
Por todo ello, desde RED MUQUI consideramos que sería irresponsable otorgar la licencia de construcción, y con ella dejar expedita la autorización de inicio de operaciones de exploración al proyecto minero Tía María, lo que podría generar un nuevo y más grave conflicto social, que esperamos tampoco se resuelva con una eventual militarización. Si los verdaderos representantes de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo aceptan el espacio de diálogo propuesto desde el Ejecutivo, este proceso no debe convertirse en una “negociación”, ni servir para “dar viabilidad” al proyecto, sino debe escuchar la razones por las que los agricultores no consideran viable el proyecto Tía María, no creen que la agricultura sea compatible con dicho proyecto, y recoger sus propuestas sobre la mejora de sus actividades económicas agrícolas y el futuro del Valle, y todo ello no puede estar condicionado a los días que quedan de vigencia del EIA del proyecto.