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Desde la medianoche de este lunes 13 de mayo, pobladores de cuatro comunidades del distrito de Colquemarca (Lacca Lacca, Yanque, Parccobamba y Gran Chico), perteneciente a la provincia de Chumbivilcas, Cusco, han bloqueado la carretera del corredor minero sur como forma de protesta contra la minera MMG Las Bambas y el gobierno peruano por incumplimiento de compromisos con las comunidades mencionadas.

A través del corte de la carretera, que atraviesa decenas de comunidades de Arequipa, Apurímac y Cusco, los pobladores exigen que se cumplan los compromisos, entre ellos la construcción de vías de comunicación, obras de saneamiento básico, de educación y salud. De acuerdo con Fortunato Gallegos Pacheco, representante del Frente Único de Defensa de los Intereses de Colquemarca, el año pasado, la empresa minera MMG Las Bambas instaló mesas de diálogo para establecer acuerdos que beneficien a sus poblaciones, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los acuerdos ha sido cumplido por parte de la empresa. Antecedente que explica el cansancio y la frustración en las comunidades, que, por medio de una asamblea, acordó movilizarse para presionar a la empresa y exigir el cumplimientos de los compromisos pactados.

Además del incumplimiento de los compromisos mencionados, las comunidades también exigen la firma de un convenio marco con la minera y que se declare a las comunidades como zona de influencia directa en la cuarta modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas. Estudio con el que la empresa pretende extender su operación hacia un nuevo tajo denominado Chalcobamba. De acuerdo con el ex dirigente del Comité de Lucha del Corredor Minero de la provincia de Chumbivilcas, Luis Huamaní Fuentes, ninguna de estas exigencias se han cumplido hasta el momento: “lo que se estableció fue que las declararan como zonas de atención especial, lo que implicaba que se les brinde mejoras en los servicios de salud, educación y laborales, sin embargo, esto tampoco se ha cumplido por parte de la empresa Las Bambas.” Huamaní expresa que solo están exigiendo el cumplimiento de sus derechos, y buscan ser actores económicos importantes, ser parte de la cadena de valores de la empresa, pero esto “solo ha quedado en papel”.

Cabe resaltar que, de acuerdo con el representante del Frente Único de Defensa, Fortunato Gallegos, este incumplimiento de acuerdos no solo lo padecen las comunidades del distrito de Colquemarca, sino también comunidades de Capacmarca y Valille. Tanto es así, que comunidades de este último distrito realizaron acciones de protesta contra la empresa minera por la misma razón, falta de incumplimiento de acuerdos, sin obtener hasta ahora resultados favorables.

Si la empresa sigue incumpliendo los acuerdos, Huamaní pronostica que más comunidades se sumen a las protestas, lo que generaría que se extienda el tiempo de movilización acordado previamente. Por su parte, Fortunato Gallegos critica que el Estado peruano no vele por los derechos de las comunidades, mientras que sí apoya y protege a las empresas mineras que vienen ingresando a sus territorios, ante lo cual se ven obligados a protestar. Y resume la experiencia de que a pesar que “el pueblo sale a exigir lo que se acuerda y lo que les corresponde, el gobierno manda a policías”.

La comunidad campesina de Huancuire ha advertido hoy sobre las declaraciones de un posible desalojo de sus integrantes del área circundante al tajo Chalcobamba en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, que ha hecho esta mañana el general de la PNP y jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa. Además la comunidad ha alertado sobre expresiones del oficial entrevistado por un canal de Televisión, que consideran amenazas directas contra sus asesores legales.

En un comunicado público dirigido al ministro del Interior Dimitri Semanche, el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa solicita al gobierno que aclare las palabras del jefe policial, ya que los dirigentes y el gobierno mantienen conversaciones para reanudar un espacio de diálogo, que permita destrabar la situación en la que se encuentra el conflicto en torno a la minera Las Bambas, que mantiene sus operaciones suspendidas hace casi dos meses.

Señales de distensión y acercamiento que inclusive han provenido de parte de la iglesia, ya que ayer la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer la petición que le hizo llegar el presidente Pedro Castillo en orden de asumir un rol mediador en la disputa que Huancuire, Fuerabamba y otras cuatro comunidades aledañas mantienen con una de las principales productoras de cobre del mundo. Inclusive el Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel Ministerial que llegaría hoy martes al distrito de Challhuahuacho, región Apurímac.

En dicho escenario, las palabras del jefe policial son consideradas contrarias a estas conversaciones que las autoridades comunales han mantenido al más alto nivel en Lima y que incluyó una reunión con el propio mandatario Castillo.

Respecto del desalojo el general Roger Pérez expresó que “estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada” y añadió que “primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos».

En otro momento se refirió a los asesores legales, que por lo demás son personas que desarrollan su trabajo públicamente y han estado presentes en las instancias de diálogo con el gobierno e informó que la Policía ha detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y los azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. Literalmente sus palabras fueron: 

«Ellos pagan a un grupo de asesores que están detrás de ellos, azuzando”. Personas que según el uniformado tendrían principalmente motivaciones económicas. “El fiscal del distrito judicial de Challhuahuacho ya tiene conocimiento, estamos haciendo un trabajo muy profesional y proceder próximamente a su detención”, advirtió.

En respuesta a estas declaraciones vertidas en un programa del canal  RPP, la comunidad de Huancuire ha aclarado que “debemos dejar en claro que la medida de protesta adoptada por nuestra comunidad fue decidida en pleno uso de nuestra autonomía comunal, por afectarse negativamente nuestros derechos colectivos, siendo nuestro asesor un profesional del derecho que únicamente nos acompaña a fin de interponer absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos de intereses”.

Finalmente los representantes de Huancuire han expresado que confían en la honesta voluntad por parte del poder ejecutivo para concertar mediante el diálogo y resolver esta problemática. Por eso consideran las declaraciones de la autoridad policial un caso aislado, aún cuando interpelan al titular del Interior Semanche a que aclare sobre la línea de mando de la política ministerial.

 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha accedido a las peticiones hechas por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire para sentarse a dialogar. En una carta dirigida al premier Anibal Torres estas solicitan como condiciones previas, que cese la criminalización de la protesta, y que el gobierno levante el Estado de Emergencia que promulgó la semana pasada. Además, piden que las reuniones se realicen en el espacio denominado Manantiales donde se han asentado las comunidades desde el inicio de las protestas hace unas tres semanas. Sin embargo, el premier ha contestado que el estado de emergencia se levantará de acuerdo del informe policial que debe señalar que no hay peligro alguno en la zona, y que esa inspección e informe se debe tener estos días.

Debido a la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire, al día siguiente se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos.

La acción fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo. Los comuneros han denunciado a través de las redes sociales que la presencia policial aún es masiva en la zona.

Para calmar las tensiones el pasado miércoles una comitiva de la PCM visitó el distrito de Challhuahuacho, pero fracasó en su intento de comprometer la asistencia de los dirigentes comuneros a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para este sábado siete de mayo en un lugar a determinar en la zona.
Lo que sí ha prosperado, en cambio, es el fortalecimiento de la unidad de las comunidades, ya que el jueves se reunieron dirigentes de 6 de ellas que protestan contra la compañía minera: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.
Como resultado de este encuentro acordaron que, de ahora en adelante, las protestas se realizarán de manera articulada entre las seis comunidades, pues coinciden en que la empresa no ha cumplido sus compromisos.

El pacto de las seis comunidades

Como muestra de ello este lunes 9 de mayo las 6 comunidades realizarán un pacto de unidad y defensa mutua. Colocarán un hito – Saywa cada comunidad en el apu Cóndor huachana – dónde las autoridades comunales firmarán el acta de pacto de unidad de defensa mutua y emitirán un comunicado público.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba señala: «si hay lucha lucharemos juntos, si hay cárcel nos encancelarán juntos. Todos nos comprometemos a luchar juntos contra las Bambas y olvido de este gobierno. Hay 4 hermanos que están graves. Un herido de bala y una mujer de 60 años que prácticamente ha perdido el ojo. No es como dice el premier que ella se ha caído. Por lo menos que el gobierno mande su representante para que la vea. Igual un compañero que se ha operado por la fractura de mandíbula que está en el hospital de Cusco. Hemos tenido 11 años de diálogo sin resultados, por ello la comunidad ha decidido recuperar sus tierras dónde opera Las Bambas.

David Huillca, presidente de la comunidad de Chuykuni, señala que se unen a esta medida porque no hay soluciones firmes, sino mecidas, por ello harán el pacto para defenderse ante los abusos de la empresa minera.

Senon Paniura Flores, presidente de la comunidad de Pumamarca, también señala: «Nos encontramos bien engañados, por ello vamos a luchar, vamos a hacer un hito desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde este lunes nunca vamos a separarnos. Nosotros ya no creemos en el Estado y la empresa. Ellos siempre nos han traído a un fracaso. Lucharemos para que nos respeten en estos tiempos y no nos criminalicen.

Finalmente, Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad Chuaquere precisa que «la empresa minera nos ha dado la espalda a las comunidades que en un momento apostamos a la minería. Hemos cedido nuestras tierras para el desarrollo de Challhuahuacho, pero hasta el momento han incumplido, han dividido las comunidades, hemos sido engañados. Por justo derecho queremos que cumplan sus compromisos que han firmado. El Estado nos debe respaldar pero nos ha dado la espalda, mas aún con su estado de emergencia. La empresa ha venido con sus matones y han desalojado a nuestros hermanos de Fuerabamba con balas, han sido masacrados prácticamente.

La mina MMG Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre y pretende expandir sus operaciones a territorios que ancestralmente le pertenecían a la comunidad de Fuerabamba. Según la empresa dichos terrenos fueron vendidos por la comunidad, por lo que ahora serían sus legítimos propietarios. Los comuneros, en cambio, advierten que si bien se firmaron contratos de compra venta y cesión de terrenos, las condiciones establecidas no se habrían cumplido a cabalidad por lo cual han vuelto a ocupar el territorio.

Por otra parte la minera mantiene diversos conflictos, tanto con comunidades aledañas que son zona de influencia directa de sus operaciones, como con otras atravesadas por el corredor vial conocido como corredor minero sur y que antiguamente eran exclusivamente carreteras comunales declaradas unilateralmente por el Estado como carretera nacional. Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

El pasado 19 de noviembre diez comunidades de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, re-iniciaron una protesta y bloqueo del Corredor Minero Sur con el objetivo de denunciar que la compañía minera MMG Las Bambas no ha estado cumpliendo con los compromisos que se habían pactado.

En la reunión realizada en el sector de Ccollana, distrito de Velille, el último viernes 19 para discutir los temas correspondientes al Subgrupo de Trabajo N°2, Evaluación y análisis de las afectaciones ambientales (presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM)), se había acordado que le correspondía a la empresa minera presentar una propuesta económica para las comunidades que son parte de las áreas de interés ambiental y social por la alta contaminación que sufren. Sin embargo, los representantes de la mina llegaron a la reunión sin ninguna propuesta clara de apoyo económico, lo cual fue la razón por la que las 10 comunidades decidieron reiniciar las protestas declarada en el acta de la reunión

Frente a esto, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilder Fuentes, señaló que los bloqueos más fuertes se encuentran en los sectores de: Cruzpampa, Cancahuani, Ahuichanta, Idiopa Ñaupa Hapo, Urinsaya, Lacca Lacca, Yanque Parccobamba, Hatun Ccollana, Huaylla Huaylla y Huininquiri. Además, otra de las demandas de las comunidades de Chumbivilcas es que se las incluya como ‘áreas de interés ambiental’, por lo que recibirían cierto monto como apoyo económico, además de ser partícipes de la cadena de valor a través como proveedores de bienes y servicios a la empresa. Esta última representa una demanda que se había establecido en los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo del mes de octubre y que, sin embargo, la empresa minera Las Bambas aún no cumple.

De esa manera, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, a través de un pronunciamiento, exigió la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, además de los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas, pero también de los altos ejecutivos y funcionarios de la minera en mención, para que se puedan atender las demandas que exigen las comunidades que no están siendo cumplidas por la minera.

 

SEGUNDA REUNIÓN PARA DISCUTIR LAS DEMANDAS

En el quinto día de protesta, el 24 de noviembre en la institución Educativa Huininquiri, se llevó a cabo una segunda reunión entre representantes de la minera MMG Las Bambas y las comunidades manifestantes, además, en la reunión se contó con la participación de funcionarios de la PCM. Cabe resaltar que la reunión fue convocada por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

En esta reunión, la empresa minera presentó una serie de propuestas a las comunidades:

  • Incluir a las comunidades en la cadena de valor con un cupo para 12 unidades para transporte de concentrado, y otros 12 cupos para camionetas y mantenimiento vial de todo el tramo de Chumbivilcas
  • La minera se encargará del mantenimiento del micropavimento, mantenimiento de la carretera de tierra y regado de la vía.
  • Las comunidades de la zona que son afectadas serán consideradas como áreas de interés ambiental y social hasta que presente la cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), lo cual significa que la empresa aportará un presupuesto para proyectos de desarrollo sostenible en cada una de las comunidades.

Sin embargo, las comunidades de Chumbivilcas presentaron una contrapropuesta. En esta exigen que se les consideré un 20% de unidades de transporte de concentrado, un aproximado de 75 unidades y 50 camionetas,

Si bien los representantes de las comunidades aceptaron la propuesta del mantenimiento vial por parte de la minera, no hubo un acuerdo en las demás propuestas, por lo cual se decidió continuar con la protesta hasta que la minera Las Bambas presente una mejor propuesta. Hasta el cierre de esta nota, no se ha establecido una fecha para una futura reunión entre ambas partes.

 

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

15 octubre de 2019