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La apuesta del régimen de Dina Boluarte por la “Mineria con todo” y nuevos conflictos a la vista en los territorios mineros

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A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

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Comunidades del norte protestarán en Lima contra mineras que operan sin su consentimiento

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Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

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Las Bambas: gobierno desatiende demanda de comunidades y no levanta Estado de Emergencia

El gobierno ha hecho oídos sordos al reclamo de las seis comunidades que actualmente se encuentran en conflicto con la empresa minera Las Bambas, durante el décimo Consejo de Ministros Descentralizado realizado ayer en Tumbes. Las comunidades habían reiterado en una reunión ayer con funcionarios del Ejecutivo que como condición mínima para iniciar una mesa de diálogo el gobierno levante el Estado de Emergencia decretado el 27 de abril pasado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui por un plazo de 30 días. Los representantes del Ejecutivo señalaron en ese espacio, que la instancia gubernamental facultada para decidir sobre esa materia es el Consejo de Ministros que, reunido en el norte del país, no modificó la medida.
El martes los dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere, Chila y Pumamarca abandonaron el espacio de negociación convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para tratar el conflicto de Las Bambas, por el cual la segunda mayor productora de cobre del mundo ha dejado de operar desde el 20 de abril pasado. La inasistencia de los funcionarios de mayor rango como la del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, abundó en la crispación del ambiente de la reunión porque según los dirigentes los funcionarios de la Comisión de Alto Nivel no tenían poder para tomar decisiones.
Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad campesina Huancuire, expresó que
no están dispuestas a debatir derechos constitucionales reconocidos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal. También subrayó que una de las condiciones básicas para que se inicie el diálogo es que se derogue el Estado de Emergencia, y que no se ha cumplido con los criterios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido para que se decrete tal medida.
Apreciación compartida por el abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, para quien el Ejecutivo en forma inaudita ha planteado negociar en el marco de la vigencia de un Estado de Emergencia sobre los derechos de las comunidades que legítimamente han salido a protestar. El abogado explicó que la declaratoria es inconstitucional porque “un Estado de Excepción implica la supresión de derechos fundamentales y solamente se activa como una medida extrema, cuando el Estado ve comprometida su existencia como tal o (ve) en riesgo el orden democrático. Al no existir ninguna de esas condiciones para declarar un Estado de Excepción, en este caso por el gobierno de Pedro Castillo, es inconstitucional”.
Para dirimir esta cuestión las comunidades han presentado un recurso habeas corpus que según Romualdo Ochoa ha sido admitido por el Tribunal Constitucional. Las comunidades además “hemos presentado las denuncias correspondientes contra los representantes de la minera Las Bambas y los funcionarios del Ministerio del Interior y de la policía por los abusos cometidos”.
Explicó finalmente que el Estado de Emergencia es un intento por criminalizar la protesta social y advirtió que “las denuncias que ingresó la empresa minera no estaban dirigidas contra la responsabilidad individual de ciertos individuos que posiblemente infiltrados hayan podido cometer daños, sino que están dirigidos a los presidentes (de las comunidades), a los asesores, a los líderes de las comunidades para criminalizarlos, para encerrarlos”.

Hay que destacar que el gobierno decretó el Estado de Emergencia el mismo día en que la compañía minera desalojó, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal civil, que confesó haber utilizado accesorios policiales, a los comuneros de Fuerabamba del terreno que le vendieron a la empresa. Al día siguiente, la represión de la policía se dirigió contra integrantes de la comunidad de Huancuire. Entre ambas acciones, se registraron más de una decena de personas heridas, varias de ellas mujeres.

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Diálogo con comunidades no prospera en Las Bambas y conflicto podría agravarse

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha accedido a las peticiones hechas por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire para sentarse a dialogar. En una carta dirigida al premier Anibal Torres estas solicitan como condiciones previas, que cese la criminalización de la protesta, y que el gobierno levante el Estado de Emergencia que promulgó la semana pasada. Además, piden que las reuniones se realicen en el espacio denominado Manantiales donde se han asentado las comunidades desde el inicio de las protestas hace unas tres semanas. Sin embargo, el premier ha contestado que el estado de emergencia se levantará de acuerdo del informe policial que debe señalar que no hay peligro alguno en la zona, y que esa inspección e informe se debe tener estos días.

Debido a la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire, al día siguiente se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos.

La acción fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo. Los comuneros han denunciado a través de las redes sociales que la presencia policial aún es masiva en la zona.

Para calmar las tensiones el pasado miércoles una comitiva de la PCM visitó el distrito de Challhuahuacho, pero fracasó en su intento de comprometer la asistencia de los dirigentes comuneros a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para este sábado siete de mayo en un lugar a determinar en la zona.
Lo que sí ha prosperado, en cambio, es el fortalecimiento de la unidad de las comunidades, ya que el jueves se reunieron dirigentes de 6 de ellas que protestan contra la compañía minera: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.
Como resultado de este encuentro acordaron que, de ahora en adelante, las protestas se realizarán de manera articulada entre las seis comunidades, pues coinciden en que la empresa no ha cumplido sus compromisos.

El pacto de las seis comunidades

Como muestra de ello este lunes 9 de mayo las 6 comunidades realizarán un pacto de unidad y defensa mutua. Colocarán un hito – Saywa cada comunidad en el apu Cóndor huachana – dónde las autoridades comunales firmarán el acta de pacto de unidad de defensa mutua y emitirán un comunicado público.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba señala: «si hay lucha lucharemos juntos, si hay cárcel nos encancelarán juntos. Todos nos comprometemos a luchar juntos contra las Bambas y olvido de este gobierno. Hay 4 hermanos que están graves. Un herido de bala y una mujer de 60 años que prácticamente ha perdido el ojo. No es como dice el premier que ella se ha caído. Por lo menos que el gobierno mande su representante para que la vea. Igual un compañero que se ha operado por la fractura de mandíbula que está en el hospital de Cusco. Hemos tenido 11 años de diálogo sin resultados, por ello la comunidad ha decidido recuperar sus tierras dónde opera Las Bambas.

David Huillca, presidente de la comunidad de Chuykuni, señala que se unen a esta medida porque no hay soluciones firmes, sino mecidas, por ello harán el pacto para defenderse ante los abusos de la empresa minera.

Senon Paniura Flores, presidente de la comunidad de Pumamarca, también señala: «Nos encontramos bien engañados, por ello vamos a luchar, vamos a hacer un hito desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde este lunes nunca vamos a separarnos. Nosotros ya no creemos en el Estado y la empresa. Ellos siempre nos han traído a un fracaso. Lucharemos para que nos respeten en estos tiempos y no nos criminalicen.

Finalmente, Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad Chuaquere precisa que «la empresa minera nos ha dado la espalda a las comunidades que en un momento apostamos a la minería. Hemos cedido nuestras tierras para el desarrollo de Challhuahuacho, pero hasta el momento han incumplido, han dividido las comunidades, hemos sido engañados. Por justo derecho queremos que cumplan sus compromisos que han firmado. El Estado nos debe respaldar pero nos ha dado la espalda, mas aún con su estado de emergencia. La empresa ha venido con sus matones y han desalojado a nuestros hermanos de Fuerabamba con balas, han sido masacrados prácticamente.

La mina MMG Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre y pretende expandir sus operaciones a territorios que ancestralmente le pertenecían a la comunidad de Fuerabamba. Según la empresa dichos terrenos fueron vendidos por la comunidad, por lo que ahora serían sus legítimos propietarios. Los comuneros, en cambio, advierten que si bien se firmaron contratos de compra venta y cesión de terrenos, las condiciones establecidas no se habrían cumplido a cabalidad por lo cual han vuelto a ocupar el territorio.

Por otra parte la minera mantiene diversos conflictos, tanto con comunidades aledañas que son zona de influencia directa de sus operaciones, como con otras atravesadas por el corredor vial conocido como corredor minero sur y que antiguamente eran exclusivamente carreteras comunales declaradas unilateralmente por el Estado como carretera nacional. Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

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Comunidades de Ccapacmarca reafirman lucha contra contaminación de minera Las Bambas: marcharán en Cusco ciudad

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Ante diversas señales de presión por parte de la empresa Minera MMG Las Bambas, a las que se ha sumado el gremio del sector minero y autoridades gubernamentales para poner fin a la huelga que mantienen cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estas han anunciado para el jueves 10 de febrero una manifestación en Cusco, para sensibilizar a la población citadina y reafirmar la legitimidad de sus demandas desatendidas por años.

Reunidos en asamblea, los habitantes además resolvieron realizar en Cusco un plantón ante la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad para exigir que se resuelva la Acción Popular presentada por sus abogados. Esta medida plantea anular la resolución ministerial N° 372 -2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y por donde pasan desde entonces los camiones de alto tonelaje de la empresa, transportando el mineral de cobre que se extrae de Las Bambas. Las comunidades exigen además que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.

En concreto los habitantes rechazan la contaminación que provoca el tránsito diario de más de 250 camiones que atraviesan, en el caso de las comunidades directamente afectadas, de día y noche los espacios poblados y afectan a sus moradores y cultivos.

Ante el anunció de la empresa minera MMG Las Bambas, que el lunes advirtió que podría suspender sus operaciones el 20 de febrero, debido a la paralización que mantienen las comunidades de Ccapacmarca desde el 27 de enero, el dirigente campesino e integrante de la Comisión del Comité de Lucha de dicho distrito, Luis Huamani Fuentes, desestimó la posibilidad que la minera paralice completamente la explotación. El ex presidente del Comité Lucha de Chumbivilcas explicó que dicho anunció nunca se ha hecho realidad, ni siquiera cuando la empresa declaró en diciembre pasado la paralización completa de sus actividades. Una medida que la compañía sostuvo hasta fines del 2021, cuando llegó a un acuerdo con algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Según el dirigente comunero, este tipo de anuncio no es más que una acción publicitaria para generar rechazo en la opinión pública hacia las reivindicaciones de las comunidades.

En cambio, afirmó que cuentan con fotografías y otras pruebas que demuestran que, a parte de la interrupción del transporte del mineral, las faenas de explotación en la mina continuaron incluso en los días de la supuesto suspensión de actividades.

Actualmente el bloqueo que mantienen al menos cuatro comunidades de Ccpacmarca impide el transporte de minerales y el suministro de otros bienes desde y hacia la mina en un punto estratégico del corredor minero sur. Estas no forman parte del acuerdo que se firmó con 11 comunidades en diciembre del 2021 a través de una mesa de diálogo liderada por la entonces premier Mirtha Vásquez y que puso fin entonces a otra huelga, en la que otras comunidades buscaban ser proveedoras de la minera y la que se desarrolló durante casi un mes. En esa ocasión, Las Bambas anunció finalmente la paralización de sus operaciones lo que generó duros pronunciamientos por parte del gremio empresarial y minero que llegaron a cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la empresa minera nuevamente deberá interrumpir su trabajo apenas transcurridos 35 días, hecho que sucede en medio de una crisis política, en alusión al reiterado cambio de gabinete del gobierno. Según el gremio minero estas medidas de fuerza que considera ilegales, provocarán mayores pérdidas económicas al país, a las ya registradas en diciembre pasado, en circunstancias que urge impulsar la reactivación económica.

En la misma sintonía ha reaccionado ayer el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, que a través de un pronunciamiento pidió al gobierno, declarar el estado de emergencia el corredor vial por 120 días, lo que le permitiría al ejecutivo despejar la vía a través del uso de la fuerza con la excusa de restaurar el orden.

En el comunicado de prensa Lantarón alega que la posible suspensión de operaciones de MMG Las Bambas afectaría a ocho mil trabajadores directos, y más cuatro mil empleados de empresas proveedoras. Además lamentó la potencial pérdida de casi 2 millones de soles mensuales por concepto de canon minero que recibe la región, de los impuestos que debe pagar la minera.

En cuanto al actuar del gobierno, Luis Huamani se mostró esperanzado en el nuevo gabinete encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien considera un hombre idóneo en el puesto por su preparación y experiencia. Además reiteró que las comunidades de Chumbivilcas siguen apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo, de quien esperan que se desplace a Ccapacmarca junto con sus ministros para iniciar una mesa de diálogo. “Esta vez no vamos a leventar la huelga hasta no encontrar una solución definitiva a nuestras demandas, no vamos a volver a otra huelga, esta es la definitiva”, sentenció.

Es importante recordar que desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

 

 

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