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Población de Llata acata paro contra la empresa minera Antamina por promesas incumplidas

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La población del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, en Huánuco, acató, el viernes último, un paro masivo de 24 horas contra la empresa minera Antamina, en demanda por incumplimiento de una serie de compromisos suscritos en mesa de diálogo con las comunidades.

Se trata de acuerdos pactados hace 6 años como el asfaltado de la carretera Antamina – Llata – Tingo Chico, construcción de instituciones educativas y un hospital, entre otros proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Según la ciudadanía movilizada, a la fecha no se ha cumplido con la entrega del expediente técnico de dicha obra de asfaltado de doble vía. Por el momento, la carretera es un peligro para la seguridad vial.

“No es posible que Antamina que se lleva minerales de este territorio peruano, y tiene tanta riqueza, no sea capaz de elaborar un expediente técnico, tal como se ha comprometido con Provias Nacional a través de un convenio suscrito en el año 2016”, declaró uno de los dirigentes en radio Llata.

Al no tener respuesta oportuna de la minera ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, decenas de personas llegaron hasta el campamento minero Yanacancha. Un grupo ingresó al lugar, volviéndose un momento tenso y crítico en el que se lamenta probables heridos aún no reportados. La Policía Nacional del Perú habría realizado disparos y lanzado bombas lacrimógenas. En las redes sociales circulan fotografías de dos hombres con presuntas heridas de perdigones, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado este hecho.

PERUMIN

Tras la presencia de un fuerte contingente policial, representantes de la empresa minera plantearon a la ciudadanía movilizada reunirse en noviembre próximo para abordar sus demandas; sin embargo, la población solicitó que la fecha sea entre el 10 y 15 de octubre por tratarse de temas importantes para el desarrollo y el bienestar social, no únicamente la construcción de la carretera.

Más tarde, con presencia del fiscal, ambas partes firmaron un acta, en el cual se fija para el próximo 15 de noviembre el desarrollo de una reunión de la mesa de diálogo, fecha donde Antamina deberá entregar el segundo entregable del expediente del proyecto de la carretera. También en el documento se establecen otros acuerdos. Firmaron el Frente de Defensa de los Intereses de Llata, representantes de la empresa y de la población.

Días antes de concretarse el paro preventivo, en la convención minera Perumin, el presidente y CEO de Antamina, Víctor Gobitz, declaró que posiblemente pronto tendría la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y la aceptación de las comunidades para ampliar la vida útil de sus operaciones mineras al 2036.

Crédito de la foto: Radio Llata

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Ejecutivo y SNMPE buscan acelerar procedimientos para extraer más minerales desprotegiendo el ambiente y el agua

El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.

Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.

Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.

Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.

Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.

Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.

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SNMPE propone eliminar autoridades ambientales

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El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

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Muqui Sur concluirá con éxito el proceso de fortalecimiento de abogados jóvenes del sur andino

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Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

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Gobierno inició diálogo con comunidades de Chumbivilcas y minera Las Bambas

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En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

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Emergencia sanitaria, elecciones nacionales y la agenda minera

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Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Desde el pasado 31 de enero hemos entrado formalmente en una cuarentena focalizada en todo el país, decretado por el poder ejecutivo. Esta vez, las medidas de confinamiento han sido diferentes, no como el año pasado con muchas restricciones, aunque parece una cuarentena “chicha” como lo han llamado algunas personas. Vemos en las calles a comerciantes, ambulantes y vendedores que no tienen más opción que salir a trabajar para poder comer y sobrevivir a la pandemia. La situación sigue siendo compleja y difícil, ya no hay camas UCI, escasea el oxígeno, la llegada de la vacuna todavía es lejana, los bonos van a llegar después de la quincena de febrero, y la cantidad de fallecidos por la Covid-19 aumenta todos los días. Sin duda, las próximas semanas serán aun mas difíciles, así que el llamado sigue siendo la protección personal, familiar y colectiva, hay que seguir activando las redes de solidaridad en nuestros lugares de residencia.

A la par de esta dramática situación que estamos viviendo a nivel sanitario, tenemos que encarar en las próximas semanas (11 de abril) las elecciones nacionales presidenciales, congresales y de parlamentarios andinos, y pareciera que la población en lo último que está pensando son en las elecciones. Según la ultima encuesta del IEP sobre intención de voto en enero, cuando se les preguntó por las elecciones presidenciales y por quién votarían, el 74% de los encuestados señaló que no votaría por nadie, o simplemente no les interesa las elecciones en este momento, probablemente esto cambie en las ultimas semanas de la elección, pero éste dato si debe preocuparnos. Por otro lado, los debates sobre las reformas y temas de fondo todavía no han empezado a discutirse, por ahora tenemos algunas plataformas virtuales que vienen organizando debates con algunos candidatos presidenciales; lo cierto es que tenemos un escenario muy difícil para hacer una campaña electoral en medio de una segunda ola que todavía no llega a su pico más alto.

Si ya tenemos problemas para atender la pandemia y a la par tenemos una carrera electoral incierta, la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo y donde vamos a discutir los temas y cambios de fondo que se requieren hacer en nuestro país?, por ejemplo el rol de la minería en el país, los impactos a la salud y el ambiente que genera la actividad extractiva y que no se quiere reconocer, los conflictos sociales y la criminalización a los defensores ambientales en contextos extractivos, la reforma de la PNP, entre otros; son cuestiones centrales que tenemos que revisar y discutir; sin embargo, parece que todos estos temas resultan ser relativos para el actual gobierno y para los candidatos/as presidenciales y congresales. Desde la Red Muqui hace varios años que venimos levantando una agenda construida desde los territorios con los afectados y afectadas por las actividades mineras, y creemos que se tiene que hacer cambios en la forma cómo se relaciona y se concibe la minería en el país.

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Entre la reactivación de conflictos socioambientales y el agotamiento de las mesas de diálogo

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Durante las últimas semanas nuestro país ha enfrentado una serie de crisis: sanitaria, económica, política, agraria, entre otras; y que han sido acompañadas de movilizaciones y protestas sociales. Algunas se reactivaron ya que habían sido suspendidas debido a la cuarentena a causa de la Covid-19, pero otras han surgido como consecuencias de la crisis que actualmente enfrentamos, entre ellas los conflictos socioambientales.

Hacia noviembre del año 2019, la Defensoría del Pueblo había reportado que en el país existían 126 conflictos de tipo socioambientales, de estos 81 estaban relacionado con las actividades mineras[1]. Después de casi un año, este escenario no ha mejorado mucho, pues en su último reporte de conflicto sociales la Defensoría del Pueblo reportó que actualmente existen 125 casos de conflicto socioambientales de los cuales 77 están relacionadas a actividades mineras[2]. De ambos datos claramente se evidencia que en este año no hay una tendencia al decrecimiento de los casos. Esto puede tener como causa que los mecanismos empleados para la resolución de los conflictos no están siendo efectivos, como lo que ocurre con las mesas de diálogo.

Las mesas de diálogo son espacios que “suelen conformarse a partir de un conflicto social que ha escalado y hecho crisis. Se trata de un espacio político donde acuden los protagonistas del mismo en busca de soluciones al problema que lo motivó. En teoría, se trataría de un espacio donde los actores se conocen, intercambian e incorporan las reivindicaciones de uno en las del otro, tratando de establecer un clima previo de confianza que facilite las ulteriores negociaciones y acuerdos”[3]. Pero más allá de los objetivos con el que lo instituyó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, existen críticas muy duras al incumplimiento de los acuerdos a los que se arriban, lo cual motiva nuevamente el surgimiento de nuevos conflictos.

Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con la población de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), que en los últimos años vienen protestando (el más reciente iniciado el 01 de diciembre del 2020) en contra de MMG Las Bambas y su proyecto minero. Los pobladores locales denuncian que tanto la empresa como el Estado vienen incumpliendo los acuerdos de la mesa de diálogo.

La implementación de las mesas de diálogo ha enfrentado muchos desafíos con cada conflicto, la primera que sale a relucir claramente es que este mecanismo no se encuentra regulado. Esto puede en primer momento representar una oportunidad, pues permitiría una mayor flexibilidad de acuerdo al caso concreto, pero al mismo tiempo genera muchos vacíos al momento de la toma de decisiones o el cumplimiento de acuerdos. De la misma forma, la naturaleza de cada conflicto puede demandar la presencia de diferentes sectores en la mesa de diálogo para la búsqueda de solución a las demandas, pero una falta de articulación interinstitucional para dar una respuesta conjunta e integral es una barrera. Sobre todo, teniendo en cuenta que en muchos conflictos socioambientales relacionados a la minería están presentes las materias de fiscalización ambiental, protección del territorio comunal, consulta previa, monitores de la calidad de agua y suelo, salud humana, proyectos de inversión, entre otros.

Muchas de estas demandas están estrechamente vinculas a derechos fundamentales, no solo los de naturaleza individual sino los colectivos que corresponde a los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución Política y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Las mesas de diálogo en contextos mineros deben constituirse en verdaderos espacios de diálogo democrático e intercultural, con pertinencia cultural, que permitan atender las demandas de las poblaciones a través de la construcción de alternativas en forma conjunta (Estado, empresa y comunidades), y sobre todo debe garantizarse el cumplimiento de los acuerdos en los plazos y términos establecidos. Solo así se podrá recobrar la confianza de la población en la buena fe de los actores involucrados y su compromiso.

Lamentablemente los hechos en los últimos años evidencian que las mesas de diálogo no siempre terminan por resolver los problemas de fondo expresados en la conflictividad social; debido a que se instalan después de la escalada del conflicto, desencadenado pérdidas de vidas y heridos, a las que se suman el incumplimiento de las actas y acuerdos que firman el gobierno y las empresas debido a los plazos y la falta de presupuesto. Finalmente, en ocasiones se percibe erróneamente que las mesas de diálogo son solo para otorgar más dinero a la gente y a las autoridades locales, cuando en realidad los pobladores solo buscan ser escuchados y respetados en su posición. Si bien el dialogo y las mesas de diálogo pueden ser una oportunidad para atender demandas justas de la gente, su incumplimiento puede ser la causa de un nuevo conflicto.

 

 

[1] Defensoría del Pueblo.  REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 189. Pág. 19 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-189-Noviembre-2019.pdf

[2] Defensoría del Pueblo. REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 199. Pág. 18 y sig. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-199-septiembre-2020.pdf

[3]  Rodrigo Arce Rojas. Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo y Gestión Territorial Sostenible. SERVINDI. https://www.servindi.org/actualidad/93733

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El caso Espinar -Cusco- y la reactivación de los conflictos sociales

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Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas hemos venido advirtiendo de la reactivación de varios conflictos sociales en el país, principalmente los vinculados al tema minero, y como si esto no fuera suficiente, el nuevo premier Pedro Cateriano y su gabinete han señalado que ellos han entrado a destrabar las inversiones mineras para reactivar la economía del país. Ya los gremios mineros habían salido a decir que para atender la actual crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19, proyectos mineros como Tía María en Arequipa tienen que retomarse, y que con Conga en Cajamarca debe revisarse y que debían agilizarse los “tramites burocráticos” para aprobar cuanto antes Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica, ampliación Coroccohuayco en Espinar, entre otros.

Y Espinar es la provincia que ha estado en el foco del conflicto esta semana, como se sabe los pobladores reclaman el uso de los fondos del convenio marco firmado el año 2003 y del cual se desprenden varias clausulas, entre ellos la entrega del 3% de utilidades anuales generadas por la minera Glencore. El alcalde provincial de Espinar, los alcaldes distritales, las organizaciones sociales y la empresa minera Antapaccay han sostenido varias reuniones en las ultimas semanas para ponerse de acuerdo sobre la entrega de este bono solidario a más de 50 mil pobladores de la provincia, el monto acordado inicialmente fue de 1000 soles; sin embargo, en la ultima reunión del 14 de julio la empresa minera de manera unilateral decidido no aceptar este pedido, es más presentaron otro programa denominado “Reactiva Espinar”, todo esto ha generado un malestar comprensible en los pobladores de la provincia.

Luego de agotarse el diálogo, la población ha decidido iniciar un paro indefinido desde el pasado miércoles 15 de julio, y entre el miércoles y jueves de esta semana se han registrado situaciones de represión y violencia contra los pobladores de la ciudad de Espinar, denunciándose varios casos de abuso de derechos humanos por parte de los efectivos policiales y las fuerzas armadas. Hemos podido observar por los medios y las redes sociales, además, el incendio de un camión minero de Las Bambas en circunstancias más que extrañas que tienen que investigarse, ya que desde el gobierno nacional y la empresa minera se busca responsabilizar de estas acciones a los espinarences. Por ello, lo ocurrido en la noche del miércoles 22 de julio en pleno centro de la ciudad de Espinar es más que preocupante, desde mayo del 2012 no se registraban estos de niveles de violencia y de abuso denunciados por la población, inclusive los mismos periodistas han sido atacados por la PNP, también hay denuncias de agresiones sexuales a las mujeres, entre otros. Todos estos hechos tendrán que ser investigados por las autoridades competentes, no se puede pasar por alto estos excesos.

Por lo pronto, las autoridades locales de Espinar, así como los representantes de las organizaciones sociales han llamado al diálogo y piden la presencia del Premier Cateriano. Desde la Red Muqui hacemos un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto ha restablecer el diálogo, así mismo pedimos el cese a la violencia de parte de la PNP y las FFAA, y el pleno respeto por los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Espinar.

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