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ESTA SEMANA

  • Ejecutivo volvió a postergar mesa de diálogo con autoridades y dirigentes de Cotabambas
  • PCM adujo que suspensión responde a que distritos no acreditaron representantes
  • Autoridades y dirigentes buscan audiencia con el presidente Ollanta Humala

Nuevamente se complica la situación en la zona de influencia de proyecto minero Las Bambas. Los dirigentes  de las provincias de Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Grau (Apurímac), anunciaron el reinicio de una huelga interprovincial indefinida que iniciará en el transcurso de esta semana.

Esta medida de fuerza responde a la suspensión de la mesa de trabajo –y diálogo– por parte del Ejecutivo, que en dos oportunidades (16 de noviembre y 19 de enero) dejó “en el aire” a autoridades y dirigentes, bajo la excusa de no tener acreditados a los representantes de distritos y centros poblados que se encuentran en la zona de influencia de Las Bambas. Esta suspensión les fue comunicada –el mismo día de la reunión– mediante un oficio (del 18 de enero) firmado por el Jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, José Ávila.

No obstante, los alcaldes y dirigentes sociales alegan haber remitido una carta (el 14 de diciembre) con la lista de nombres, así como otros documentos en los que solicitaron la instalación de la Mesa.

Ante este desplante, el alcalde provincial de Cotabambas, tres alcaldes distritales (Haquira, Mara, Challhuahuacho, Coyllurqui), el Gerente General del Gobierno Regional Apurímac, los Frentes de Defensa y comunidades, se reunieron el 21 de enero en la Municipalidad Provincial de Cotabambas (Tambobamba), tomaron los siguientes acuerdos:

  • Declararse en paro provincial indefinido suspendido.
  • Conformación de una Comisión Mixta integrada por autoridades políticas y dirigentes de la provincia de Cotabambas y Grau para viajar a Lima buscar una audiencia con el  Presidente de la República.
  • Terminar la reunión con una movilización pacífica por las principales arterias de la ciudad de Tambobamba, liderada por las autoridades locales y el representante del Gobierno Regional.

En cuanto a la fecha de inicio del paro interprovincial, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello, refirió que no pueden revelar la fecha exacta de inicio de la huelga, pues están temerosos que agentes de inteligencia enviados por el Gobierno, puedan identificar a los dirigentes.

«La huelga se inicia lo más pronto posible, en esta semana. Hay personas que nos graban y van a los domicilios para indagar sobre nuestras actividades por eso no podemos revelar nuestras coordinaciones», comentó al diario La República.

En la asamblea de Tambopata, autoridades y dirigentes reiteraron que el principal punto a tratar en la Mesa de Trabajo y Diálogo, son las modificaciones realizadas al EIA por parte de la empresa MMG, ya que el proyecto minero Las Bambas se ha concentrado en las provincias de Cotabambas y Grau piden que se determine adecuadamente los impactos y se adopten las medidas necesarias para que se eviten daños ambientales.

 

Fuente: Diario La República / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: RED MUQUI SUR

  • Hace 10 días el Ejecutivo se reunió con alcalde y 34 dirigentes en la PCM y garantizó emitir norma
  • Desde hace 12 años se sostiene una mesa de diálogo para cambiar situación de pobreza extrema del distrito
  • Obras de desarrollo social e infraestructura compromete a cinco ministerios

El alcalde, Antolín Chipani y dirigentes del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac) decidieron suspender la reunión de diálogo con el Ejecutivo, debido a que hasta ahora no se emite la norma que autoriza la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo social e infraestructura en beneficio de los centro poblados que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Durante la reunión programada para este 19 de enero, presidentes de las comunidades indígenas, dirigentes de las organizaciones sociales y autoridades locales de Challhuahuacho estuvieron esperando en vano la presentación del decreto supremo que garantizaría la ejecución de 700 millones de soles en obras y programas para combatir la pobreza extrema en el distrito donde opera la empresa minera MMG.

Al ver que los funcionarios de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, no cumplieron el acuerdo de elaborar este decreto supremo, los dirigentes y autoridades encabezadas por el alcalde Chipani, decidieron y plantearon que no hay espacio para más ofrecimientos, ya que desde el 2004 el Estado viene incumpliendo los acuerdos tomados en conjunto con la población.

“Esta vez hemos decidido luchar por el estricto cumplimiento de los acuerdos de la Mesa para el Desarrollo de Challhuahuacho, que nos ha costado más de medio año de trabajo. (…) damos un plazo de 48 horas para que el Dr. (José) Ávila como alto comisionado de la ONDS-PCM y los Ministros del MINEM, MINAM, MINAGRI, MVCS estén en el distrito de Challhuahuacho, y entreguen a la población el DECRETO SUPREMO que garantice la inversión de 700 Millones en nuestro distrito, para revertir la situación de pobreza extrema en la zona de influencia del mega proyecto minero MMG – las BAMBAS. Propiedad del Estado Chino”, emplazó el alcalde Chipani a través de su cuenta de Facebook.

Decreto Supremo fue un compromiso

El 8 de enero último, el Ejecutivo ser reunió en la PCM (sede Lima) con el alcalde Chipani y dirigentes comunales de Challhuahuacho, en dicho encuentro los funcionarios de la ONDS-PCM, dirigida por José Ávila, firmaron un acta de compromiso en donde se acordó la emisión de un decreto supremo -así como una serie de resoluciones ministeriales-  que garantizarían la ejecución de los proyectos en este distrito.

Hace 13 días en Lima y a su salida de la reunión con la PCM, el alcalde de Chalhuahuacho indicó que el contenido de las resoluciones incluirían los proyectos que ofreció el gobierno durante la mesa de diálogo desarrollada entre febrero y agosto del año pasado. Estos dispositivos legales tienen que ver con la construcción de puestos de salud, centros educativos, vías de comunicación, instalación de agua y desagüe, además de luz eléctrica, obras estimadas en 700 millones de soles.

En ese tiempo, Antolín Chipana indicó al Diario La República que la razón para negociar la emisión de la norma, respondía a que el gobierno de Ollanta Humala se encuentra de salida.

“Estas obras son para la provincia de Cotabambas y la región de Apurimac. Y es el resultado de la gestión del alcalde de Challhuahuacho y el resultado del compromiso de nuestro pueblo, el sacrificio de los hombres y mujeres YANA WARAS, quienes luchan por conseguir una vida digna para todos y todas”, señaló un comunicado publicado en la cuenta personal de Facebook del burgomaestre.

DATO:

Challhuahuacho pertenece a la provincia de Cotabambas, que en setiembre de 2015 estuvo inmersa en un paro interpronvincial de protesta por causa de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. Alegaron que la minera china MMG no respetó los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información.

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.