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Concluye Perumin y los gremios mineros insisten en más expansión minera en un contexto de crisis climática

La convención minera más importante de Latinoamérica, Perumin 36, finalizó, el viernes último, en la ciudad de Arequipa con una indudable alianza entre los gremios mineros y el régimen de Dina Boluarte. Ambas partes reafirmaron la narrativa de que, sin la minería, el Perú no puede lograr el desarrollo traducido en el crecimiento de la inversión privada.

El debate sobre la necesidad de reducir la tramitología que, para este sector empresarial, retrasa la ejecución de los proyectos mineros fue una de las propuestas, la misma que el gobierno desde hace meses intenta “solucionar”: la fallida iniciativa de fusionar las entidades ambientales como SENACE, ANA, Serfor y Sernanp es una muestra. Esta vez, el premier Alberto Otárola anunció la creación de la Ventanilla Única Digital que agilizará los permisos y autorizaciones, del mismo modo, el destrabe de nueve proyectos mineros que representan una cartera de inversión de 10,555 millones de dólares.

Diálogo de espaldas a la realidad nacional

La temática de los 5 días que duró el Perumin 36 estuvo ajena a la problemática ambiental y social en contextos de las actividades extractivas mineras. Como era de esperarse, no se abordaron los 7.668 pasivos mineros detectados al 2022 ni la exposición a metales tóxicos que alcanza a 10 millones de personas en el país. Restaron importancia a las movilizaciones pacíficas registradas en el primer día de la convención minera por agricultores de Valle de Tambo en Arequipa, que rechazaron, una vez más, el proyecto Tía María y la posible presencia de Dina Boluarte. Incluso, Otárola y el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, se contradijeron si está o no en la agenda el proyecto Tía María.

Tampoco se analizaron las causas de fondo de los 141 conflictos socioambientales reportados por la Defensoría del Pueblo a agosto de este año. Precisamente, sobre este punto, la mayoría de las protestas sociales se originaron por el incumplimiento de las empresas mineras con los acuerdos pactados en las mesas de diálogos y la tardía respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tal como ocurrió en Llata, provincia de Huamalíes, región de Huánuco, donde la ciudadanía organizada acató un paro masivo de 24 horas contra la minera Antamina, el día en que concluyó el Perumin, 29 de septiembre.

El economista José de Echave Cáceres, investigador de Cooperacción, cuestionó el intento del gremio minero de sacar adelante proyectos seriamente cuestionados como Tía María en Valle de Tambo.

“Ha sido un evento del empresariado para hacer incidencia y lograr algunas decisiones políticas a su favor, con este discurso de la tramitología, la permisología y las regulaciones ambientales, y ya lo están logrando. Claramente se ve la influencia del empresario”, declaró.

La minería como oportunidad extraordinaria

El discurso del sector minero también se orientó en la importancia de gozar de una estabilidad política asociada a cero conflictividad social, puesto que la inversión minera cayó a pesar de la demanda mundial de cobre por la transición energética, debido -según el gremio minero- a las tensiones sociales que repercutieron en la producción de minerales e inversión privada. Frente a esta óptica del empresariado minero, José de Echave analizó los factores externos que explican con mayor detalle este asunto.

“Los conflictos sociales son lucecitas rojas que nos avisan y tratan de decirnos de que algo no funciona bien. Las inversiones van a caer, pero son producto del contexto internacional que vivimos post pandemia, con una economía global estancada, con un conflicto bélico, con una economía China que no está creciendo. Eso está teniendo un impacto en el flujo económico. Hay varios factores, no únicamente la tramitología, además, las carteras han cambiado, no hay proyectos como Las Bambas, Quellaveco, ampliación de Cerro Verde, ahora tenemos proyectos de menor envergadura. Esto explica la caída de la inversión minera”.

Antesala de lo que se viene

Un día después de la marcha masiva en Arequipa contra el proyecto Tía María, el discurso de Otárola dejó en claro que la represión policial y la violación de los derechos humanos seguirán siendo la única vía que utilizará el régimen de Boluarte para contrarrestar las protestas sociales: “No nos temblará la mano en poner orden en defensa de los derechos de los peruanos y la estabilidad del país”, “Quien diga que el Perú no es un país minero, hace demagogia”.

Por ello, los pormenores del Perumin parece marcar la antesala de lo que se viene para el país, según el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari.

“Básicamente los acuerdos del Perumin 36 es que seguirán apostando por la minería bajo la figura de donde sea y como sea, y que quienes se oponen a los proyectos mineros son ‘antimineros radicales’. Esta vez si sienten el respaldo del gobierno de Boluarte, lo que quiere decir que las amenazas de cambios o reformas en el MINAM y SENACE, en favor de la inversión minera y contra de los estándares ambientales se mantendrán, así mismo han señalado que proyectos como Tia María se deben sacar adelante, cuando la población local en más de una ocasión ha rechazado este proyecto”.

Además, para el secretario ejecutivo, la narrativa y el argumento de los gremios mineros son los mismos. “Los gremios mineros en realidad no quieren escuchar a la gente, solo se habla de aprovechar precios altos de los minerales en el mercado internacional como el cobre. Todo parece indicar que ya hemos vuelto al escenario de reactivación de los conflictos mineros en los próximos meses por lo anunciado en los acuerdos del Perumin realizado en Arequipa recientemente”.

Proyecto Tía María

El vocero de Valle de Tambo, Miguel Meza Idma, consideró que tanto las declaraciones de Otárola como la del presidente de Southern Cooper, Gonzáles Rocha, deberían ser también analizadas, sobretodo cuando Rocha afirmó a su salida de Perumin que “entonces tendremos que cambiar de gobierno”, luego de que el premier afirmara que Tía María no está en agenda del Gobierno. La versión de Alberto Otárola contrastó con lo dicho días antes por Óscar Vera.

“Las circunstancias generadas por nuestras marchas y asambleas populares, han hecho que él (Otárola) diga que el proyecto no está en agenda. Los grandes grupos de poder son los que cambian al gobierno y ponen ministros”, aseveró.

Sobre la importancia del Perumin para las comunidades y población que habitan en zonas con actividad minera, el defensor mencionó que fue un encuentro de empresarios para hablar de las “bondades” de la minería que distan con la realidad.

“Si fuera así, Cerro de Pasco y Cajamarca serían las mejores regiones, pero son los lugares más pobres. Lo que hacen (las mineras) es saquear y dejar todo contaminado. Ahora vamos a fortalecer la organización y rechazar el proyecto Tía María como siempre lo hemos hecho en consultas populares, pues el 27 de septiembre de 2009, el 96 por ciento le dijo no a Tía María, La Tapada, entre otros proyectos mineros”, finalizó.

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Las protestas contra Dina Boluarte también paralizan proyectos mineros en el Perú

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Desde el 1 de febrero se han paralizado los trabajos de extracción de cobre de la minera Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho de la provincia apurimeña de Cotabambas. La empresa aduce que la paralización de sus operaciones se debe a la falta de suministro de insumos impedidos de llegar desde diciembre pasado, cuando estalló la crisis política y social. En el marco de las protestas, en las que las comunidades exigen la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, las acciones han incluido continuos bloqueos del corredor vial minero, emprendido en los departamentos de Cusco y Apurímac, y uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país. 

Por la ruta pasa aproximadamente el 20 por ciento de la producción del metal rojo del país que proviene a parte de la mina Las Bambas, propiedad de la compañía de capitales chinos MMG; del proyecto minero Antapaccay situada en la comunidad de Tintaya Marquiri en la provincia cusqueña de Espinar, de la compañía Glencore con casa matriz en Suiza; y la mina Constancia, del consorcio canadiense Hudbay ubicada en el distrito de Livitaca y Chamaca provincia de Chumbivilcas que también pertenece al departamento del Cusco.

Las tres explotaciones han tenido dificultades para transportar sus concentrados de cobre desde inicios de enero debido a los cortes de carreteras, que además han limitado la capacidad de llevar suministros a los campamentos mineros.

A parte del rechazo que ha generado entre la población del sur del Perú en términos generales la vacancia del presidente Castillo y su reemplazo en el cargo por Dina Boluarte por decisión del Congreso, las comunidades en torno a los proyectos mineros desde hace años vienen reclamando por una serie de derechos vulnerados. Así por ejemplo la defensa del territorio comunal que han planteado las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera de Las Bambas, es uno de los ejes del conflicto, ya que estiman que la Resolución Ministerial 372 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018 desconoció sus derechos ancestrales sobre este territorio. Mediante esta normativa sus carreteras comunales fueron transformadas por decreto en vías nacionales para que la empresa cuprífera pudiera transportar en vehículos encapsulados el mineral extraído. 

Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

Los impactos de las protestas van más allá del corredor minero del sur

La producción cuprífera no ha sido la única afectada por los bloqueos. San Rafael, el mayor yacimiento de estaño en Sudamérica ubicado en el departamento de Puno y propiedad de Minsur, suspendió sus operaciones el 12 de enero. La decisión según comunicó la empresa sería una medida de solidaridad con los familiares de las 18 personas asesinadas en los alrededores del aeropuerto de Juliaca durante las protestas en la región altiplánica.

A ello se suma la más reciente suspensión de operaciones mineras del proyecto Julcani situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica anunciada por la compañía Buenaventura el 5 de febrero pasado. De acuerdo a reportes de prensa, un grupo de alrededor de 80 manifestantes tomaron las instalaciones de la mina y bloquearon la carretera que conecta a la ciudad de Lircay. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o actos de violencia.

Macabros hallazgos

Sin embargo, los hechos que han causado especial consternación se vinculan con los incendios causados supuestamente por manifestantes en las instalaciones de la minera de oro Anabi, cuyas unidades Huismarca en Cusco y Utunsa en Cotabambas, Apurímac fueron ocupados violentamente el pasado 20 de enero. La compañía minera informó una semana después del hallazgo de los cadáveres de Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, fallecidos en las instalaciones de su unidad minera Utunsa. La empresa comunicó la recuperación de los cuerpos después de que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitara a la empresa autorización para realizar la búsqueda de los dos comuneros que habían sido reportados como desaparecidos.  

Los comuneros del distrito de Haquira de la provincia apurimeña de Cotabambas reclaman desde hace años, con protestas y bloqueos por la contaminación con cianuro y otras sustancias tóxicas de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producida por la explotación del yacimiento Utunsa que ha afectado a todas las comunidades que se encuentran río abajo.

Es de recordar que el caso de Anabi no es la excepción, tal como se expone más arriba la situación en Las Bambas. La mayoría de estos proyectos mineros paralizados cuentan con serios cuestionamientos por parte de las comunidades y poblaciones locales, ya que los impactos ambientales, sociales y económicos son innegables, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en decenas de mesas de diálogo que se desplegaron en todo el país. Parte importante de las agendas que hoy movilizan a las comunidades y pobladores contra Dina Boluarte, el Congreso de la República y otros entes sectoriales estatales se explican, porque no se han hecho cambios ni reformas en el sector minero en los ultimos 30 años en el Perú.

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Encuentro sobre inversiones chinas en Latinoamérica revela violaciones a los derechos humanos

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En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, hay cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, del total de 26 proyectos analizados, todas han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

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Las Bambas: Gobierno autoriza expansión pese a numerosos conflictos socio ambientales irresueltos

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El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

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