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La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, junto con sus abogados y representantes de organizaciones sociales de Puno, brindó hoy una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los recientes escándalos de corrupción que involucran a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República y al gobierno ilegítimo de Dina Boluarte.

Recordemos que se ha denunciado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y a sus asesores cercanos por, supuestamente, integrar una organización criminal, la cual tendría un alto grado de influencia en decisiones clave del Congreso de la República, como negociar la designación del Defensor del Pueblo, la destitución de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Avalos y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según la tesis fiscal. Por esa razón, en la conferencia, los representantes de la asociación exigieron la renuncia inmediata de la fiscal Benavides.

Foto tomada por DHUMA

Uno de los voceros de la asociación y hermano de víctima de las represiones en Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló que “no existen garantías en los procesos de investigación por los casos de asesinatos y represión ocurridos en las protestas contra el actual gobierno de Dina Boluarte”. Asimismo, denunció que los delitos de colusión entre poderes obstaculizan la justicia y vulnera la memoria de los asesinados en protestas sociales.

Como se mencionó anteriormente, los representantes de la asociación fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos que exigieron también la salida de la fiscal de la Nación y analizaron cómo estos actos de corrupción pueden afectar las investigaciones señaladas y la justicia en el país.

El representante de la organización FEDERH-Puno, Edwin Poiré declaró que en el Perú “estamos viviendo días terribles por el enfrentamiento entre la Presidencia y la fiscal, Patricia Benavides. “¿Quién sabe qué otros poderes ocultos se mueven en esas instancias para obstaculizar la justicia?”.

Por su parte, José Bayardo, el abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), hizo alusión a que a casi un año de las represiones en las protestas contra el actual gobierno de Boluarte, las investigaciones no avanzan y los familiares no encuentran justicia. “La fiscal Patricia Benavides, en todo este tiempo más bien ha obstruido las investigaciones y no ha habido ningún avance en estas. Recién cuando se sienten contra la pared, cuando la justicia está detrás de ellos actúan”.

Finalmente, la doctora Miriam Escalante, representante de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), declaró que “las familias de las víctimas no pueden estar a merced de las disputas de poder que estamos presenciando entre parte de la Fiscalía, la Presidencia y el Congreso, han pasado once meses y aún no hay ningún detenido pese a las pruebas contundentes”.

Al culminar, los integrantes de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno pidieron a la ciudadanía estar alerta de las denuncias que se vienen suscitando en el cruce de poderes, de manera que no se siga vulnerando la justicia y la democracia en el Perú, así como tampoco la memoria de los asesinados y víctimas de las protestas sociales.

Cabe mencionar que diferentes organizaciones, instituciones y organismos nacionales se han pronunciado sobre las denuncias que involucran a la fiscal Benavides, a quien le exigen su retiro del cargo y se investiguen los hechos.

Por su parte, la Red Muqui y las organizaciones sociales que la conforman, también han elaborado el siguiente pronunciamiento:

Por este medio también compartimos el pronunciamiento elaborado por el Colectivo de Abogados del Sur Andino, del cual forma parte Red Muqui, y en el que se exige la salida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la renuncia del defensor del Pueblo, y se respalda al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el cual destapó los hechos de corrupción.

Ante la indiferencia de las autoridades, las y los afectados por metales tóxicos de 13 regiones del país llegaron hasta la plaza Bolívar, en Lima, para demandar al Congreso de la República el aumento en S/ 5 millones del presupuesto actualmente asignado, de esta manera, alcanzar los S/ 22 millones en 2024, suma que permitirá la atención en salud de las personas contaminadas por metales tóxicos, así como la remediación del medio ambiente.

Alrededor de 25 personas integradas en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos señalaron que el presupuesto actual es insuficiente y expresaron su preocupación a través de una representación simbólica de la contaminación de los metales tóxicos en sus cuerpos y territorios, causados por la explotación de la minería e hidrocarburos en sus comunidades. Las y los representantes señalaron que dicho presupuesto destina aproximadamente solo S/ 1 para atender a cada mujer expuesta y S/ 1.50 a cada varón expuesto.

El incremento presupuestal planteado permitiría financiar la identificación y atención de la población afectada, principalmente la atención integral en salud y vigilancia epidemiológica. Además, permitiría identificar las zonas contaminantes, como las fuentes de agua contaminadas por las actividades extractivas, por mencionar algunas de las acciones más urgentes del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas.

En el país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental que pone en riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Algunas de las zonas más impactadas por la contaminación de metales tóxicos son Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales. En tanto, en Espinar (Cusco), el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona.

La Oroya (Junín) es identificada como la quinta ciudad más contaminada del mundo por la presencia del plomo, azufre, cadmio y arsénico en el ambiente. Así también Choropampa (Cajamarca) donde más de un millar de personas siguen enfrentando las consecuencias del derrame de mercurio en el 2000, sin lograr mayor atención por parte del Estado peruano.

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos es una organización que cuenta con representantes de 13 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno, Huancavelica, Loreto, Lima y la provincia constitucional del Callao. Desde este espacio organizativo exigen que se atiendan los problemas que afectan el medio ambiente y la salud humana por la exposición a los tóxicos emanados a consecuencia de las actividades extractivas desarrolladas en sus territorios (minería, hidrocarburos y otras actividades antropogénicas), que atentan contra la vida de más de 10 millones de personas en el Perú.

¡Esta democracia, ya no es democracia! Advierten en distintos pronunciamientos organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma por la Democracia, un espacio ciudadano organizado para -como su nombre lo señala- defender la democracia, hoy en peligro frente a la insistencia del Congreso de la República de capturar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la última institución que le faltaría tomar para hacerse de todo el poder en el país.

Precisamente, esta mañana estaba programado en el Congreso el debate y la votación del informe de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de los miembros de la JNJ, pero la sesión fue reprogramada para el 8 de noviembre, fecha donde los integrantes de dicho organismo autónomo podrán ejercer su derecho a la defensa.

Recordemos que este intento del Congreso de tomar la JNJ inició con investigaciones a sus miembros por parte de un grupo de congresistas, entre ellos Patricia Chirinos. Al respecto, un informe técnico-legal de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso reconoció que no existe ninguna causa grave para proseguir con la destitución de los siete miembros de la JNJ. Sin embargo, la mencionada comisión -contrario a lo reconocido en su informe- termina por concluir que sí se han cometido faltas graves sin argumentos legales concretos. Al respecto, es preciso resaltar que ninguna investigación o acción realizada hasta la fecha contra los actuales miembros de la JNJ ha demostrado la existencia de alguna causa grave que justifique su destitución.

¿Qué podría ocurrir con el país si el Congreso captura la Junta Nacional de Justicia?

Esta situación genera gran preocupación en la ciudadanía que teme un golpe congresal contra la justicia y la lucha anticorrupción en el país. Y comparan este hecho con lo ocurrido en el gobierno de Alberto Fujimori, en el cual se destituyó a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), y ahora se pretende destituir a los integrantes de la JNJ, de manera que puedan colocar jueces y fiscales. Esto pondría en peligro las investigaciones contra Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Vladimir Cerrón, César Acuña y de los parlamentarios con acusaciones de corrupción y otros delitos. Además, podrían cometer más actos de corrupción en total impunidad.

De concretarse este golpe, el Congreso -copado por una coalición autoritaria- tendría el poder de atacar otros órganos que no obedezcan sus intereses, los siguientes miembros de la Junta Nacional de Justicia estarían bajo su control y las próximas elecciones serían un fraude: el voto del pueblo nuevamente sería burlado.

Acciones ciudadanas por la defensa de la democracia

Ante el anuncio de la votación programada inicialmente para hoy, la Plataforma por la Democracia convocó a un plantón frente al Congreso en la ciudad de Lima. Decenas de ciudadanos participaron en defensa de la democracia.

Si no pudiste asistir, puedes firmar las siguientes peticiones:

https://www.change.org/p/por-dignidad-justicia-y-democracia-real?recruiter=1320345803&recruited_by_id=a600d190-74dd-11ee-904d-11c19511da2a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_gmothxf59b7OwjKaXSg3U5Nxlh71XmIeqLdQiVhzq0yTQ/viewform?usp=send_form

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de la Región Puno, y de la provincia de San Román, tras la confrontación entre pobladores y las fuerzas del orden ocurrido en inmediaciones del aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en los días  6 ,  7 y 8 de enero del presente en la que resultaron innumerables ciudadanos y policías heridos, expresamos lo siguiente:

PRIMERO.- Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, para que moderen su intervención en las acciones disuasivas, actuando de manera proporcional y razonable;   hacia los ciudadanos y ciudadanas; así mismo, a respetar la labor de los periodistas que cubren la información de  los hechos.

SEGUNDO.-Invocamos a los manifestantes para  que la protesta social transcurra de manera pacífica, como ejercicio de un derecho fundamental. Nuestro deber como ciudadanos es cuidar y respetar los bienes privados y públicos; así como el respeto a  los derechos de las personas que no están en las movilizaciones.

TERCERO.-  Es necesario que contribuyamos  en la defensa de la vida, facilitemos la circulación  de las ambulancias y personal de salud para que cumplan con su labor de proteger  a la población, de igual manera el paso de los bomberos que acudan en auxilio de los ciudadanos, evitando el lanzamiento de piedras. Asimismo, invocamos a la responsabilidad de los padres y madres de familia a no exponer a sus hijos menores de edad en zonas de alta convulsión social por los riesgos que puede implicar para su integridad física y psicológica.

CUARTO.-  Pedimos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República tomar en cuenta en sus agendas las urgentes demandas de la población del Perú profundo,  expresadas en estos días de paralización y que puedan contribuir  al diálogo y a la pacificación .

QUINTO.- Solicitamos que los operadores de justicia intervengan  en forma oportuna de acuerdo a sus atribuciones en la defensa de los derechos de las personas.

SEXTO.- Invocamos a que el Estado cumpla con su labor de protección garantizando la atención integral de salud de los heridos  hasta su completa recuperación . Así mismo en forma solidaria y humanitaria solicitamos a  la comunidad en general a adherirse   en forma concreta (donación de sangre, apoyo con medicamentos, víveres etc) con los heridos y sus  familiares, y como una posibilidad  a través de la Parroquia  Pueblo de  Dios (Av. Triunfo, 8va cuadra Pueblo joven Revolución,  distrito de San Miguel) y contactarse con los teléfonos  al fijo 051 321849 y al celular 951758900.

¡¡¡La vida es el don más preciado y está en nuestras manos cuidarla y hacerla florecer!!!

Comité Ejecutivo Regional de Puno  y  provincial de San Román.

Puno, 08 de enero del 2023

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

Con el impulso de la bancada de Podemos y el apoyo de la bancada fujimorista, el Congreso de la República aprobó el jueves 20 de octubre el proyecto de ley 1210/2021-CR que formaliza las invasiones constituidas del 01 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2015 sobre las tierras de las comunidades campesinas.

La iniciativa legislativa aprobada modifica un único artículo de la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, Ley 24657:

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la Ley 24657, Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas

Se modifica el inciso b) del 2 artículo de la Ley 24657, modificado por las leyes 26845 y 27046, en los siguientes términos.

«Artículo 2. El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.

No se consideran tierras de la Comunidad:

  1. b) Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2015, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

El dictamen del proyecto aprobado fue presentado por la Comisión de Vivienda y Construcción. El dictamen no fue discutido en la Comisión de Pueblos Andinos a pesar que se solicitó ello con anterioridad; fue rechazado por mayoría en la sesión plenaria.

El día de la aprobación, la congresista Digna Calle sustentó su Proyecto señalando que con esta ley se beneficiarían a 65 mil familias de Manchay, que actualmente viven sobre tierras campesinas y no pueden acceder a títulos a pesar de vivir varios años allí. Sin embargo, no especificó que con esta modificación se deja abierta la puerta para el despojo de territorios campesinos por traficantes de tierras y poblaciones que necesitan vivienda, que están abandonados por el Estado por no existir una política de vivienda social como en otros países.

La congresista Noelia Herrera Medina de Renovación Popular se mostró de acuerdo con la ley y fue más allá, pidió a la Mesa Directiva poner en agenda su Proyecto de Ley N.° 580, que contempla la titulación automática para posesiones informales en asentamientos humanos.

Reacciones

Para el especialista legal y director ejecutivo de Cepes, Laureano del Castillo, el problema de la modificación de este artículo “es que por esta vía excepcional se vienen haciendo perforaciones al derecho de propiedad comunal reiteradas veces. Una situación de emergencia no puede ser eterna”. Señaló que la modificación de este artículo ya se ha hecho en años anteriores para beneficiar a las invasiones en tierras comunales.

También precisó que en algunos casos son los mismos comuneros, quiénes viendo su interés personal familiar por encima de la comunidad, promueven estas invasiones.

“La perspectiva a futuro será los que los que hayan invadido del 2015 hasta el 2022, también tendrán su artículo modificado para que se legalice su invasión, y así luego hasta el 2040, etc”.

Para la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Huitoto Murui en Amazonas, la ley afecta a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por lo que debió ser objeto de debate con la sociedad y de consulta previa con los pueblos indígenas.

Recuerdan que el artículo 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que es obligación del Estado proteger y titular las tierras indígenas porque estas garanticen la subsistencia de estas poblaciones.

Además, el proyecto cuestionado sería inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible. Estos argumentos fueron enviados mediante una carta al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades para que no se pueda implementar esta ley. En la carta piden que el presidente de la República, Pedro Castillo, observe el Proyecto de Ley y no lo promulgue.

Para el especialista Laureano del Castillo el problema es que estamos en presencia de dos derechos que entran en conflicto: “el derecho de las comunidades campesinas de mantener su territorio y el derecho de los pobladores de tener su casa”. Sin embargo, precisó que se debería hacer una denuncia ante el Tribunal Constitucional amparados en el convenio 169 de la OIT, tal como lo señala la comunidad amazónica en mención.

Tribunal Constitucional reconoce vigencia de tratados internacionales

Para el también especialista legal Juan Carlos Ruiz de IDL, el proyecto de ley aprobado es inconstitucional no solo porque viola lo señalado en el Convenio 169 de la OIT a nivel internacional, sino porque también transgrede la jurisprudencia de la Corte IDH respecto al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Esta jurisprudencia se basa en el caso del pueblo indígena Xucuru vs Brasil, en que la sentencia internacional establece:

  • La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Además, el especialista legal agrega que el derecho de propiedad no prescribe y que ha habido omisión de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas respecto a la modificación de esta ley que trata sobre sus derechos, en este caso al territorio.

Juan Carlos Ruiz agregó que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido anteriormente que el Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional:

 “En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. (STC 00022-2009-PI, f.j. 9)

Finalmente, consultada por Red Muqui, la actual presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo, señaló que emitirán un pronunciamiento rechazando la aprobación de esta ley por el Congreso de la República y exigiendo al gobierno que no promulgue esta ley, además de otras acciones.

El pasado miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la “Mesa de trabajo para analizar Ley CADs – Ley N° 31494”, la cual reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y, posteriormente, publicada el 16 de junio.

La mesa de trabajo se realizó en el Congreso de la República y contó con la participación del representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el defensor del ambiente y presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca; así como de representantes de las organizaciones Red Muqui, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y el Instituto de Defensa Legal; y con la participación de los congresistas Ruth Luque y José Williams.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que, entre otros motivos, promueve la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas, abriendo la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa puedan adquirir armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CADs vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CADs,. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas que cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.El representante de IDL, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que entregar armas a los civiles no representa una solución apropiada a los problemas de inseguridad en las comunidades. Asimismo, que es el Estado quien “debe brindar seguridad, ese es su rol”. E indicó que, a través de esta ley, se está señalando que el Estado no tiene la capacidad de cuidar y proteger a la población.

Declaró también, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución el orden interno es competencia de la Policía Nacional, con la Ley CADs, se “está queriendo que las Fuerzas Armadas entren al orden interno”. Por tal motivo, se está creando una norma que lo que hace es “amenazar la institucionalidad y autonomía de las comunidades y rondas campesinas” y que “puede abrir puertas a la cooptación social”, lo cual representa un peligro para los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.

Posteriormente, Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, señaló, al igual que Ruiz, que el Estado es quien tiene la obligación de restablecer el orden en las zonas, es el “encargado de resguardar e impulsar el autodesarrollo”. También declaró que dar la responsabilidad a los civiles de que intervengan en la lucha contra la inseguridad, resulta demasiado riesgoso, y que “la misión del Estado constitucional no es esa”. Por su lado el representante de CEAS, Javier Jancke, señaló que desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hay preocupación por los “los paralelismos y violencia que se puede generar (con la aprobación de la Ley CADs), sobre todo en zonas de conflicto. Esto puede ser utilizado para fortalecer actividades ilegales como el narcotráfico”. Por esa razón, se declara que la ley puede generar una mayor vulneración de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, como históricamente se ha generado.

En cuanto a los dirigentes sociales presentes en la mesa técnica, Felix Suasaca señaló que ya existe un problema que las comunidades y defensores tienen que enfrentar constantemente, y es que los policías cometen delitos contra ellos, les reprimen de forma violenta en las protestas y el hecho de impulsar una ley que permite el acceso a armas representa un riesgo grave a los derechos de las comunidades. Incluso indicó que, en Puno no se les ha “consultado para que se generen los CADs”, es decir se ha vulnerado el derecho a la consulta previa a las comunidades.

Sumado a los señalado por Suasaca, el representante de la CUNARC, Santos Saavedra, declaró que como rondas campesinas “no aceptamos la ley (…). El Estado no puede imponernos la norma”. Recordemos que, anteriormente, organizaciones de rondas campesinas de diferentes regiones se han pronunciado y señalado su negativa a la Ley CADs debido a que vulnera la autonomía de las rondas.

La congresista Ruth Luque, comentó que los Comités de Autodefensa fueron generados para un contexto específico (tiempo de terrorismo), por lo cual señaló que no comprendía la razón por la que se quiere reactivarlos, sabiendo que las rondas campesinas ya cumplen con esa función. Además, indicó que esta ley puede generar fragmentación en la estructura y organización de la comunidad, ya que puede haber comunidades campesinas y rondas que no quieran que se creen Comités de Autodefensa, y puede haber otros que sí, “no es tan simple que se decida que hayan CADs”. Por eso declaró que hay que exigir que se haga una reflexión sobre esto, pero también “hay que exigir una mayor presencia del Estado” y que este debe tener una responsabilidad política clara.

Finalmente, es importante señalar lo declarado por el congresista José Williams, con respecto a que se ha realizado una modificatoria a la ley, y que ya no se estipula que se va a brindar el acceso a armas. Según Williams, “lo estamos cortando de la Ley, solo dice que los que tienen sus armas, cuando la violencia cese, deben entregarlas”. Lo que busca esta ley es que “los comités se incorporen a la seguridad ciudadana, como lo están las rondas campesinas, y que puedan apoyar a las rondas campesinas, ya que el Estado está lejos”. Pero acotó que la Policía Nacional y la municipalidad seguirán siendo las encargadas de la seguridad interna.

Asimismo, señaló que los comités no se van a imponer si la comunidad no lo quiere, pero ya que no existe presupuesto para las rondas campesinas, los CADs sirvan de apoyo, que se vuelvan “núcleos ejecutores”.

Finalmente, esta mesa constituyó un importante espacio para discutir el reglamento de una normativa que tiene la negativa de las comunidades y rondas campesinas, de manera que se reciban los puntos de vista de sus representantes y dirigentes.

Luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana (CADs) – Ley 31494, el 16 de junio del presente año la ley fue publicada.

Formalmente, esta ley establece que busca reconocer legalmente a los comités de autodefensa como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas, incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, y que su rol principal es el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que promueve la militarización de territorios de las comunidades campesinas y nativas, y podría generar enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa adquieran armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CAD vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CAD, aunque en muchos casos no conozcan su territorio, historias y costumbres. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas campesinas, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.

Por ello, este miércoles 20 de julio, se desarrollará la mesa de trabajo para analizar ley 31494 en el cual participarán diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de organizaciones indígenas de manera que se discuta el peligro que representa la aprobación esta ley para los pueblos y comunidades indígenas, y se impulse su derogatoria.

Este espacio se realizará en el Congreso de la República desde las 10 a.m. y tendrá entre sus panelistas a la congresista de la República, Ruth Luque. Así mismo, participará el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el Líder Awajún y ex presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manases Valverde; abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz.

 

Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
—————–
Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Esta semana hemos recibido una buena noticia y no necesariamente de nuestro país. Las buenas noticias vienen desde nuestro vecino país de Chile, debido a que se acaba de instalar  oficialmente la Convención Constitucional que tiene 155 miembros y tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución y para ello ha elegido como presidenta a una indígena mapuche de 58 años, la doctora y académica Elisa Loncón. Sin duda, son tiempos de cambios en la sociedad chilena y más para los pueblos indígenas que han sido ignorados durante décadas en ese país, por ello nos parece muy potente y esperanzador que la Convención Constituyente sea presidida por una mujer mapuche. En nuestro país, Pedro Castillo, el virtual presidente del Perú ha señalado que se debe iniciar el mismo proceso, sin embargo, la derecha y sus aliados han dicho que esto no es posible ni ahora ni nunca. Se mira a Chile solo cuando se trata de comparaciones económicas, pero no cuando se trata de reivindicar derechos.

 

De otro lado, esta semana el Congreso de la República nuevamente ha sido el centro de la atención política, esta vez por la insistencia en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente hemos asistido nuevamente a un penoso espectáculo en el hemiciclo, dado que un Juzgado de Lima ha ordenado que se suspenda todo acto de elección del TC,  ya que existen una serie de vicios en el proceso de selección de los candidatos. Sin embargo, el Congreso en un claro acto de desacato a esta orden judicial, el día de ayer ha sesionado con normalidad, señalando que fue un acuerdo de la junta de portavoces y que ellos son un poder autónomo que no están sujetos a la intervención de otros poderes. Los únicos partidos que han decidido no ser parte de este circo son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo cierto es que aún con toda esta presión, los partidos y congresistas golpistas no han logrado juntar los 87 votos que se requiere para la elección de los miembros del TC. El tema no está cerrado y estos días todavía insistirán con esta elección golpista.

Finalmente, otro tema que genera preocupación a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas es la insistencia de sectores del Congreso para la aprobación de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Desde Red Muqui ya señalamos que la aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Entre algunas de las observaciones, es que va en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y sus rondas campesinas que están a cargo de la seguridad en sus territorios. Estos comités de autodefensa, además, podrán utilizar armas de fuego, así lo señala la norma, lo que complicaría más la situación en los territorios, como por ejemplo en las zonas de alta conflictividad social como es el corredor minero del sur andino; es decir, promueve más militarización y violencia en los territorios.

La norma ya fue aprobada hace algunos meses por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley; sin embargo, estos días los partidos golpistas en el Congreso buscan aprobarla por insistencia. Hay que mantenernos vigilantes.