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El pasado miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la “Mesa de trabajo para analizar Ley CADs – Ley N° 31494”, la cual reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y, posteriormente, publicada el 16 de junio.

La mesa de trabajo se realizó en el Congreso de la República y contó con la participación del representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el defensor del ambiente y presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca; así como de representantes de las organizaciones Red Muqui, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y el Instituto de Defensa Legal; y con la participación de los congresistas Ruth Luque y José Williams.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que, entre otros motivos, promueve la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas, abriendo la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa puedan adquirir armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CADs vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CADs,. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas que cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.El representante de IDL, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que entregar armas a los civiles no representa una solución apropiada a los problemas de inseguridad en las comunidades. Asimismo, que es el Estado quien “debe brindar seguridad, ese es su rol”. E indicó que, a través de esta ley, se está señalando que el Estado no tiene la capacidad de cuidar y proteger a la población.

Declaró también, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución el orden interno es competencia de la Policía Nacional, con la Ley CADs, se “está queriendo que las Fuerzas Armadas entren al orden interno”. Por tal motivo, se está creando una norma que lo que hace es “amenazar la institucionalidad y autonomía de las comunidades y rondas campesinas” y que “puede abrir puertas a la cooptación social”, lo cual representa un peligro para los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.

Posteriormente, Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, señaló, al igual que Ruiz, que el Estado es quien tiene la obligación de restablecer el orden en las zonas, es el “encargado de resguardar e impulsar el autodesarrollo”. También declaró que dar la responsabilidad a los civiles de que intervengan en la lucha contra la inseguridad, resulta demasiado riesgoso, y que “la misión del Estado constitucional no es esa”. Por su lado el representante de CEAS, Javier Jancke, señaló que desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hay preocupación por los “los paralelismos y violencia que se puede generar (con la aprobación de la Ley CADs), sobre todo en zonas de conflicto. Esto puede ser utilizado para fortalecer actividades ilegales como el narcotráfico”. Por esa razón, se declara que la ley puede generar una mayor vulneración de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, como históricamente se ha generado.

En cuanto a los dirigentes sociales presentes en la mesa técnica, Felix Suasaca señaló que ya existe un problema que las comunidades y defensores tienen que enfrentar constantemente, y es que los policías cometen delitos contra ellos, les reprimen de forma violenta en las protestas y el hecho de impulsar una ley que permite el acceso a armas representa un riesgo grave a los derechos de las comunidades. Incluso indicó que, en Puno no se les ha “consultado para que se generen los CADs”, es decir se ha vulnerado el derecho a la consulta previa a las comunidades.

Sumado a los señalado por Suasaca, el representante de la CUNARC, Santos Saavedra, declaró que como rondas campesinas “no aceptamos la ley (…). El Estado no puede imponernos la norma”. Recordemos que, anteriormente, organizaciones de rondas campesinas de diferentes regiones se han pronunciado y señalado su negativa a la Ley CADs debido a que vulnera la autonomía de las rondas.

La congresista Ruth Luque, comentó que los Comités de Autodefensa fueron generados para un contexto específico (tiempo de terrorismo), por lo cual señaló que no comprendía la razón por la que se quiere reactivarlos, sabiendo que las rondas campesinas ya cumplen con esa función. Además, indicó que esta ley puede generar fragmentación en la estructura y organización de la comunidad, ya que puede haber comunidades campesinas y rondas que no quieran que se creen Comités de Autodefensa, y puede haber otros que sí, “no es tan simple que se decida que hayan CADs”. Por eso declaró que hay que exigir que se haga una reflexión sobre esto, pero también “hay que exigir una mayor presencia del Estado” y que este debe tener una responsabilidad política clara.

Finalmente, es importante señalar lo declarado por el congresista José Williams, con respecto a que se ha realizado una modificatoria a la ley, y que ya no se estipula que se va a brindar el acceso a armas. Según Williams, “lo estamos cortando de la Ley, solo dice que los que tienen sus armas, cuando la violencia cese, deben entregarlas”. Lo que busca esta ley es que “los comités se incorporen a la seguridad ciudadana, como lo están las rondas campesinas, y que puedan apoyar a las rondas campesinas, ya que el Estado está lejos”. Pero acotó que la Policía Nacional y la municipalidad seguirán siendo las encargadas de la seguridad interna.

Asimismo, señaló que los comités no se van a imponer si la comunidad no lo quiere, pero ya que no existe presupuesto para las rondas campesinas, los CADs sirvan de apoyo, que se vuelvan “núcleos ejecutores”.

Finalmente, esta mesa constituyó un importante espacio para discutir el reglamento de una normativa que tiene la negativa de las comunidades y rondas campesinas, de manera que se reciban los puntos de vista de sus representantes y dirigentes.

Luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana (CADs) – Ley 31494, el 16 de junio del presente año la ley fue publicada.

Formalmente, esta ley establece que busca reconocer legalmente a los comités de autodefensa como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas, incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, y que su rol principal es el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que promueve la militarización de territorios de las comunidades campesinas y nativas, y podría generar enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa adquieran armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CAD vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CAD, aunque en muchos casos no conozcan su territorio, historias y costumbres. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas campesinas, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.

Por ello, este miércoles 20 de julio, se desarrollará la mesa de trabajo para analizar ley 31494 en el cual participarán diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de organizaciones indígenas de manera que se discuta el peligro que representa la aprobación esta ley para los pueblos y comunidades indígenas, y se impulse su derogatoria.

Este espacio se realizará en el Congreso de la República desde las 10 a.m. y tendrá entre sus panelistas a la congresista de la República, Ruth Luque. Así mismo, participará el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el Líder Awajún y ex presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manases Valverde; abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz.

 

Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
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Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Esta semana hemos recibido una buena noticia y no necesariamente de nuestro país. Las buenas noticias vienen desde nuestro vecino país de Chile, debido a que se acaba de instalar  oficialmente la Convención Constitucional que tiene 155 miembros y tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución y para ello ha elegido como presidenta a una indígena mapuche de 58 años, la doctora y académica Elisa Loncón. Sin duda, son tiempos de cambios en la sociedad chilena y más para los pueblos indígenas que han sido ignorados durante décadas en ese país, por ello nos parece muy potente y esperanzador que la Convención Constituyente sea presidida por una mujer mapuche. En nuestro país, Pedro Castillo, el virtual presidente del Perú ha señalado que se debe iniciar el mismo proceso, sin embargo, la derecha y sus aliados han dicho que esto no es posible ni ahora ni nunca. Se mira a Chile solo cuando se trata de comparaciones económicas, pero no cuando se trata de reivindicar derechos.

 

De otro lado, esta semana el Congreso de la República nuevamente ha sido el centro de la atención política, esta vez por la insistencia en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente hemos asistido nuevamente a un penoso espectáculo en el hemiciclo, dado que un Juzgado de Lima ha ordenado que se suspenda todo acto de elección del TC,  ya que existen una serie de vicios en el proceso de selección de los candidatos. Sin embargo, el Congreso en un claro acto de desacato a esta orden judicial, el día de ayer ha sesionado con normalidad, señalando que fue un acuerdo de la junta de portavoces y que ellos son un poder autónomo que no están sujetos a la intervención de otros poderes. Los únicos partidos que han decidido no ser parte de este circo son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo cierto es que aún con toda esta presión, los partidos y congresistas golpistas no han logrado juntar los 87 votos que se requiere para la elección de los miembros del TC. El tema no está cerrado y estos días todavía insistirán con esta elección golpista.

Finalmente, otro tema que genera preocupación a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas es la insistencia de sectores del Congreso para la aprobación de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Desde Red Muqui ya señalamos que la aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Entre algunas de las observaciones, es que va en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y sus rondas campesinas que están a cargo de la seguridad en sus territorios. Estos comités de autodefensa, además, podrán utilizar armas de fuego, así lo señala la norma, lo que complicaría más la situación en los territorios, como por ejemplo en las zonas de alta conflictividad social como es el corredor minero del sur andino; es decir, promueve más militarización y violencia en los territorios.

La norma ya fue aprobada hace algunos meses por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley; sin embargo, estos días los partidos golpistas en el Congreso buscan aprobarla por insistencia. Hay que mantenernos vigilantes.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ante la inminente proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República, Keiko Fujimori y sus aliados han salido con otra estrategia: pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), para lo cual han solicitado que el presidente Sagasti pida una auditoría de las recientes elecciones de segunda vuelta. No contentos con ello, un grupo de “seudo-políticos reciclados” han viajado a las oficinas de la OEA en Washington – EEUU para presentar este pedido, señalando que hubo fraude en Perú pero que no tienen la forma de probarlo. Como era de esperarse, ningún funcionario serio de este organismo los ha recibido, por el contrario, todos hemos podido ver por redes sociales y a través de algunos de sus medios aliados la vergüenza internacional que vienen pasando. Mientras tanto, en nuestro país el JNE ha desestimado la mayoría de recursos y pedidos de nulidad que ha presentado el fujimorismo, por lo que esperamos que en los próximos días se oficialice la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú.

De otro lado, los aliados del fujimorismo en el Congreso tampoco descansan: estos días las bancadas y congresistas golpistas han promovido por enésima vez una censura contra la mesa directiva del Congreso que es presidida por Mirtha Vásquez, quien viene resistiendo con entereza y fortaleza estos ataques de parte de los desestabilizadores, ya que el día de ayer no han logrado su cometido. Con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones ha quedado ratificada la mesa directiva. No contentos, los aliados del fujimorismo ahora buscan elegir de manera express a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el objetivo de esta elección es dejar aliados en el TC para que ante un eventual pedido de vacancia presidencial actúen en favor de quienes los han puesto ahí, es decir las mafias golpistas. El llamado «golpe parlamentario» no ha prosperado, pero está claro que no se van a quedar tranquilos. Seguramente intentarán alguna otra acción desestabilizadora hasta el último día de sus funciones en el Congreso de la República.

Finalmente, un tema no menos importante es lo que viene pasando en el escenario global y tiene que ver con la subida del precio de los minerales, principalmente del cobre, que actualmente se cotiza por encima de los 4 dólares por libra; un precio más alto que el super ciclo minero que tuvimos entre los años 2002 y 2013. Por ello, nos parece imperativo empezar a hablar sobre el impuesto a las sobre-ganancias de la actividad extractiva minera. Una de las primeras medidas que debe encarar el gobierno de Pedro Castillo es la revisión del marco normativo de las regalías mineras, algo que los sucesivos gobiernos no han querido hacer.

Desde Red Muqui creemos que hay un marco normativo en el sector minero que está agotado y que debe ser revisado con la participación de la sociedad civil, esto pasa por cambiar la política de concesiones, revisar los contratos ley de estabilidad jurídica y tributaria con empresas mineras, la gestión de conflictos socioambientales, entre otros. Este es el pedido de las provincias y regiones mineras donde mayoritariamente ha ganado Pedro Castillo.

El pasado 22 de abril del presente año, el pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Por ello, desde la Red Muqui señalamos que:

  • Esta ley busca “reconocer legalmente a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros pobladores rurales” e incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, donde su rol principal sería el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Recordemos que la conformación de los CAD se dio de manera excepcional en la época del conflicto armado interno que vivió nuestro país. Esta ley ahora busca fomentar la conformación de los CAD como un organismo paralelo a las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; contraviniendo la autonomía, territorio y jurisdicción especial de estas organizaciones originarias que ha sido reconocido en los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política, al igual que al Convenio 169 de la OIT y otros tratados de derechos humanos; pues, lo que se busca en la práctica es subordinar a estas organizaciones originarias a las Fuerzas Armadas y la PNP.
  • De otro lado, las disposiciones de esta Ley en sus artículos 6 y 8 son de especial preocupación debido a que, en el marco de los Estado de Emergencia decretados por el Poder Ejecutivo (como en los casos de conflictos socio ambientales), los CAD reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol asignado por las FFAA; es decir, impedir las protestas sociales y de ser el caso reprimir las manifestaciones, incluso pudiendo hacer uso de armas de fuego que esta ley les autoriza poder obtenerlas, sea de forma privada o por asignación estatal. Todo esto puede conllevar a fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país, que actualmente ya se encuentran militarizadas por los Estados de Emergencia. Esta ley entonces promueve la militarización y la represión estatal en los territorios.
  • La aplicación plena de esta ley y las conformaciones de los CAD en todo el territorio nacional, supone una potencial violación de los derechos humanos, individuales y colectivos; debido a que estas organizaciones podrían hacer uso indiscriminado de las armas de fuego que se les faculta obtenerlas y la promoción y financiamiento que recibirían desde el Estado. Sobre todo, en contextos de conflictividad social, pues se les facultaría a intervenir bajo pretexto de resguardar el orden interno y la seguridad ciudadana; pues no existe ningún control institucional de su actuación. Así mismo basta recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que, en la época de violencia política, sobre todo en los años 90, los CADs se han resistido a entregar sus armas y existen denuncias de graves atentados a la libertad, a la vida e integridad contra miembros de las mismas comunidades campesinas.

Por todo lo mencionado; desde la Red Muqui hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales, organizaciones indígenas y originarias, comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas a estar vigilantes y levantar su voz de protesta contra esta ley, que pretende socavar los principios democráticos del uso de la fuerza y la autonomía y jurisdicción especial. De la misma forma solicitamos al Poder Ejecutivo observar esta ley por su contenido inconstitucional, como lo ha hecho el MININTER, MINDEF y la Defensoría del Pueblo; y al Congreso de la República archivar esta ley.

Lima, 30 de abril del 2021.

En estas semanas, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República viene debatiendo la ratificación del tratado de Escazú – “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”[1], adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018”.

En los últimos meses este tratado ha generado debates e incluso se han desplegado campañas en contra de su ratificación. Desde los sectores conservadores y económicos  que desarrollan actividades de explotación en el territorio nacional liderados por la CONFIEP, su principal argumento es que, con la ratificación del tratado, el Perú somete su soberanía a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y les resta competencias a nuestros tribunales nacionales (juzgados y Tribunal Constitucional). Pero debemos preguntarnos, ¿cuán cierto es todo esto?, ¿cuál es el objetivo y contenido del tratado de Escazú? o ¿existe alguna otra intención de estos sectores que se oponen a Escazú?.

Debemos empezar, precisando, en primer lugar, que este tratado tiene cuatro pilares principales: i) el acceso a la información ambiental (art. 5 y 6), ii) participación en procesos de toma de decisiones ambientales (art. 7), iii) acceso a la justicia (art. 8), iv) la protección de defensores ambientales (art. 9); la cual se complementa con disposiciones de fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10 y 11), entre otros.

En segundo lugar, la soberanía nacional vista desde el acuerdo de Escazú, no se sobrepone a las competencias y decisiones del sistema administrativo y de justicia nacional. Como tratado promueve el respeto por derechos fundamentales, debido proceso, acceso a la información ambiental, mejora en los mecanismos de participación y acceso a la justicia en caso de daños.

Debemos recordar también que, actualmente, nuestro país, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2] y el Estado Peruano reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema ha sido invocado por diversos ciudadanos y sectores de nuestra sociedad, como los pueblos indígenas/originarios que acuden al ámbito de la justicia internacional por graves violaciones de derechos fundamentales y colectivos, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades extractivas que afectan el ambiente y la salud de las personas.

Los líderes representantes de comunidades, quienes son defensores de derechos humanos y medio ambiente están reconocidas por nuestra legislación, no es un status nuevo, al igual que la necesidad de proteger su labor e integridad.   El protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos aprobada mediante la Resolución Ministerial N°059-2019-JUS es un importante avance en esta garantía, pero aún insuficiente por el riesgo que significa la defensa del medio ambiente ante la degradación y contaminación de territorios de pueblos originarios, ocasionada por actividades extractivas formales e informales. El acuerdo de Escazú no se pronuncia con especificidad sobre actividades informales porque esta constituye delito y es el Estado en su rol protector, quien debe intervenir a través de sus diversos organismos.

Recientemente la Red Muqui fue convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica para dar su punto de vista sobre el acuerdo de Escazú, y en ese marco los miembros de la Comisión en reiteradas oportunidades han señalado que, efectivamente, hace falta mejorar la regulación ambiental o en su defecto aclarar los vacíos que existen;  y que, pese a ello, el Perú sería uno de los países que más ha avanzado en la regulación y protección del medio ambiente; lo cual, desde nuestro punto de vista, no es cierto. En el Perú cada vez más se vienen flexibilizando los estándares ambientales a través de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, quienes procurando “destrabar” proyectos de inversión reducen las garantías y exigencias ambientales.

Esta flexibilización ambiental se dio por ejemplo con el Decreto Legislativo 1500, que dispuso la aplicación de mecanismos virtuales para la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración y aprobación de EIAs. Con medidas como estas el Estado deja de proteger a los derechos colectivos de los Pueblos Originarios. Hechos como este, desencadena demandas, denuncias, movilizaciones provocadas por el propio Estado y aprovechadas por empresas públicas y privadas.

Le tomamos la palabra a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, a fin de que inicie un proceso de revisión de las normas que flexibilizan las normas ambientales y la protección a los miembros de las comunidades.

Finalmente, instamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. El acuerdo de Escazú es un tratado a favor de los intereses de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que todos estos años han venido recibiendo el embate de las actividades extractivas en su territorio. El Congreso debe sincerar bajo que intereses legislan, todavía están a tiempo de hacerlo en favor de la gente.

[1] Acuerdo de Escazú. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

[2] Tratados ratificados por el Perú: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ANEXO.1.RATIFICACIONES.pdf