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El valor del agua y la lucha por su protección: El caso de Río Blanco en Piura

Por: Sara Delrio
Área Socio-ambiental
Red Muqui

Alrededor de 3 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a agua potable! (1)

Perú, siendo el octavo país con mayor volumen de agua dulce en el mundo y el tercero en América Latina, exhibe una distribución desigual en todo su territorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 97 por ciento del agua dulce disponible se concentra en la Región Hidrográfica Amazónica, habitada por menos de un tercio de la población peruana. En contraste, la Región Hidrográfica del Pacífico, donde reside el 65 por ciento de la población y se desarrollan las principales actividades económicas, apenas genera el 1,77 por ciento del agua dulce del país. (2)

Este desequilibrio se acentúa en Lima, situada en la Región Hidrográfica del Pacífico, donde el agua escasea. El crecimiento poblacional ha exacerbado la situación, con un aumento de poco más del 50 por ciento en los últimos 25 años, según cifras del INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 2018, el consumo de agua per cápita en Lima alcanzó los 163 litros al día, superando ampliamente los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (3)

Por otro lado, las mujeres son protagonistas de un desafío crítico en relación al acceso al agua. En muchas comunidades rurales y marginadas, donde no llega el agua, son las encargadas principales de la recolección y gestión, una responsabilidad que conlleva múltiples implicaciones en su vida diaria. Esta carga adicional no solo impacta en su salud y bienestar, sino que también puede limitar su acceso a oportunidades educativas y actividades productivas. Además, la falta de acceso a agua limpia y segura aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a enfermedades y afecta de manera significativa su salud reproductiva.

Fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones no solo es un imperativo de justicia, sino también una estrategia para aprovechar su compromiso, conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad en su conjunto. (4)

Entre los desafíos más urgentes que el Perú enfrenta y que representan un alarmante escenario de vulnerabilidad hídrica destacan: la destrucción de acuíferos, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la minería a gran escala. Además, las graves consecuencias de esta actividad impactan negativamente en la regulación de los caudales fluviales. La desaparición de los glaciares aumenta la vulnerabilidad de la población que reside en la franja costera del Pacífico. Esto se traduce en mayores riesgos de sequía e inundación para las comunidades. (5)

Sumándose a estos desafíos, emerge la dramática realidad de contaminación que, según datos del Ministerio de Salud, impacta más del 31% de la población, es decir más de 10 millones de peruanas y peruanos enfrentan diariamente el riesgo de contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas. (6)

Las fuentes de contaminación provienen tanto de operaciones mineras legales e ilegales en activo, como de derrames de petróleo frecuentes, entre otras fuentes contaminantes. Además, se suma la presencia de 7,668 pasivos ambientales mineros y 3,231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Esta situación representa un proceso de envenenamiento sistemático que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las comunidades campesinas e indígenas. Todo esto ocurre mientras el cambio climático plantea un futuro hidrológico preocupante para el país. (7)

Desde un punto de vista de los derechos humanos, la criminalización de quienes reclaman sus derechos al agua potable y saneamiento es sumamente alarmante. Según los datos recolectados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, además de los casos de represión violenta de protestas pacíficas y de asesinatos de líderes comunitarios, un alto número de testimonios enfrentan cientos de procedimientos judiciales por haber denunciado abusos e irregularidades o haber participado en protestas pacíficas. (8)

Piura en defensa del agua y la vida

Una de las regiones que está sufriendo mayormente la creciente vulnerabilidad climática que está afectando el país es Piura. En particular, se trata de una de las zonas donde las concesiones mineras se han incrementado y la falta de medidas legales para proteger sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina están poniendo en grave peligro los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), junto con las poblaciones en Piura, se enfrentan a tres problemas principales debido al conflicto relacionado con el proyecto minero Río Blanco.

En primer lugar, el ingreso ilegal de la minera Río Blanco de capitales chinos (anteriormente conocida como empresa Majaz) en los territorios de las comunidades afecta sus derechos individuales y colectivos. La empresa minera nunca ha obtenido la autorización de las comunidades para acceder a los territorios comunales, como lo exige la Ley General de Comunidades Campesinas (n. 24656), la Ley de Tierras (n. 26505) y la Constitución Política del Perú.
En segundo lugar, la presencia del proyecto minero Río Blanco en la zona afectaría los páramos y bosques de neblina en el corredor biológico entre Ecuador y Perú, así como el área de extensión del Santuario Tabaconas Namballe. Esto pondría en serio riesgo de daño ambiental las aguas superficiales y subterráneas, afectando la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano y la economía agraria.

Finalmente, la realización del proyecto implicaría un aumento significativo de la actividad minera en la región, con la concesión de nuevas áreas para su exploración y explotación. Esto tendría repercusiones adversas no solo en nuestros ecosistemas y en las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, sino también en toda la región de Piura.

Los páramos y bosques de neblina juegan un papel vital como reservorios de agua para la formación de las cuencas del río Quiroz en Piura y del río Chinchipe en Cajamarca. Estos frágiles ecosistemas de montaña tienen la capacidad de abastecer de agua a las cuencas más bajas y se sitúan en una región conocida como «deflexión Huancabamba», caracterizada por su biodiversidad endémica y primordial de gran valor.

El área en riesgo abarca una extensión de 3,894 km2 e incluye los distritos El Carmen de la Frontera, Ayabaca, Pacaipampa en Piura, y Namballe en San Ignacio, Cajamarca. Dado que el proyecto minero se desarrollaría en un entorno de páramos y bosques de neblina, sus efectos negativos no se limitarían a la contaminación, al uso del agua subterránea, al desmonte y la pérdida de cobertura vegetal ocasionada por más de 50 millones de toneladas de desechos y residuos anuales. También se vería afectada la disponibilidad de agua para la agricultura y la subsistencia de las poblaciones en Ayabaca, Huancabamba, el valle de San Lorenzo y el valle del río Chira.

El polvo, las vibraciones y el ruido generados por las detonaciones o explosiones en la mina afectan los ecosistemas forestales y la biodiversidad de especies endémicas, provocando la huida irreversible de la fauna. Incluso se plantea la posibilidad de que el depósito de relaves pueda colapsar, dada la naturaleza del suelo y la influencia de las precipitaciones.

Además, Majaz S.A. (1999-2007) y Río Blanco Copper S.A. (2007-actualidad) han sido responsables de violaciones a los derechos humanos de trabajadores, miembros de comunidades locales y defensores del medio ambiente durante la fase de exploración del proyecto. Hasta la fecha, el conflicto ha dejado un saldo trágico con la pérdida de diez personas: cuatro miembros de una comunidad local, tres trabajadores cuya muerte en circunstancias misteriosas tuvo lugar en el campamento de Río Blanco, y tres trabajadores más que desaparecieron y perdieron la vida durante una operación de exploración en 2015. Además, 33 residentes de estas comunidades fueron sometidos a secuestro, tortura y posterior enjuiciamiento.

A lo largo de 21 años, las comunidades han sostenido una lucha incesante y movilizaciones sociales en defensa del agua y los páramos. Han dirigido críticas tanto al gobierno central como al regional de Piura por su respaldo al proyecto Río Blanco. El año 2023 fue testigo de dos grandes manifestaciones en Ayabaca (mayo) y Huancabamba (junio), en las cuales participaron activamente más de 5 mil residentes. Estas protestas expresaron un claro rechazo al proyecto minero Río Blanco y denunciaron lo que se percibe como una «permisología minera», así como la flexibilización de los estándares ambientales por parte de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas.

Las movilizaciones y la resistencia de las comunidades locales reflejan un clamor unánime por la protección de los recursos naturales y la preservación de su forma de vida. Estas manifestaciones son un recordatorio poderoso del papel activo que desempeñan los ciudadanos y las ciudadanas en la defensa de sus derechos y el medio ambiente.

Es evidente que el modelo de desarrollo basado en la explotación minera representa una amenaza directa para el medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
Es imperativo que las autoridades adopten políticas concretas para proteger los derechos humanos, los derechos de las comunidades y el entorno natural, especialmente en un escenario como el que estamos viviendo de colapso climático, priorizando alternativas de desarrollo sostenible que no comprometan el futuro de las generaciones venideras.

Anexos:
(1) Plataforma digital única del Estado Peruano. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/781301-el-10-la-poblacion-peruana-no-tiene-agua-potable-y-23-no-accede-al-alcantarillado
(2) “Recursos hídricos en Perú: el estado actual”. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/467536b0-es/index.html?itemId=/content/component/467536b0-es#abstract-d1e1639
(3) Ibid.
(4) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. Disponible en: https://enterateconlesly.com/wp-content/uploads/2023/09/Informe-sobre-relator-a-peru.pdf
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.

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Organizaciones de la región presentan informe ante la ONU para denunciar a empresas chinas que vulneran DDHH

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En los últimos quince años, ha habido una considerable expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina. Sin embargo, este hecho, enmarcado en el relato de que estas inversiones traerían mayor desarrollo social y económico para los países donde se realizan estas actividades, ha venido acompañado, por el contrario, de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando cinco proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO); Proyecto Minero Río Blanco y el Puerto de Chancay. Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, afectar los derechos de los pueblos indíagenas o bien vulnerar los derechos a la vida, libertad, integridad y reunión pacífica o la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que, organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales de cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (Entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control. 

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Borda expuso sobre dos casos emblemáticos en el norte y centro del país: las empresas mineras Río Blanco Copper y Chinalco, respectivamente. Informó que en el primer caso, desde hace muchos años, el proyecto minero, ubicado en Piura, intenta ingresar al territorio. La población se opone a este proyecto ya que afectaría la conservación de los bosques de neblina y los páramos que entre otros recursos naturales conservan y almacenan las fuentes de agua disponibles en la región. Por esa razón, a través de una consulta vecinal, sus habitantes rechazaron la realización de este proyecto. Sin embargo, la minera ha continuado buscando ingresar al territorio, incluso, usando la fuerza.

En el segundo caso, la empresa minera Chinalco genera grandes afectaciones de derechos humanos y ambientales. Uno de las principales es el reasentamiento forzado, ya que una comunidad entera fue obligada a trasladarse a otro lugar, mientras que parte de la comunidad que se quedó en la zona, vive siendo hostigada y amenazada para que se retire del sitio. Asimismo, Jaime Borda afirma que hay varios compromisos que la empresa y el Estado han incumplido en los últimos años.

Informó también que en ambos casos, se ha omitido la realización de una consulta previa libre e informada, es decir no se ha tomado en cuenta la opinión de la población. Además, la mismas comunidades han realizado denuncias de contaminación en el territorio, sobre todo en el caso de la minera Chinalco.

Finalmente, otro patrón que se ha evidenciado en ambos proyectos es que los dirigentes comunales y organizaciones son denunciados por exigir que la empresa cumpla con su compromiso, y que se respete su derecho a la protesta.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales. Como es el caso de Chile, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, la cual, a pesar de no tener un permiso aprobado, taló ilegalmente árboles de bosque nativo, con el objetivo de construir la central. Afortunadamente, gracias a las denuncias, la empresa ha realizado un alto a esta tala. Sin embargo, continúa en su afán de obtener el permiso de construcción argumentando que el proyecto es de interés nacional.

Otro caso expuesto es el de Colombia, donde hay varias comunidades afectadas por el proyecto de Buriticá que pertenece a la compañía china Zijin. Este proyecto, a través de diferentes acciones como la tala ilegal, afecta el Bosque Seco Tropical (BST), de vital importancia porque forma parte de corredores biológicos de América Latina, y que, con el paso del tiempo, presenta una gran pérdida de biodiversidad, concretamente, el bosque se ha reducido en más del 70 por ciento. Además, diariamente, el proyecto explota más de  cuatro mil toneladas de oro sin control regular, generando contaminación aérea. Un grave problema que afecta la salud de las comunidades de la zona. Y el Estado, como en los demás casos presentados en el informe, apoya el proyecto pese a las vulneraciones.

Además de la vulneración de los derechos ambientales y a la salud de las comunidades, también hay casos en los que los proyectos vulneran los derechos laborales, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Cochabambas, Bolivia, que pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation. En este proyecto las y los trabajadoras/es carecen de condiciones básicas de bioseguridad (limpieza, no tienen servicios higiénicos adecuados), y de derechos básicos laborales. Sumado a esto, la empresa, que busca construir dos centrales hidroeléctricas, ya ha afectado más de 280 hectáreas de bosques pertenecientes a un área protegida.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado Chino, de manera que se planteó que:

  • Es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones
  • Consideramos fundamental que se garantice el acceso a la justicia y se creen mecanismos de reparación integral para las víctimas más allá de sus fronteras
  • Que se generen canales de comunicación. Consideramos fundamental que las embajadas y la misión permanente en Ginebra establezcan un canal oficial de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en las regiones, y que este canal nos permita tener un contacto con las empresas chinas. Esto será de ayuda para evitar los conflictos sociales y ambientales que se dan en torno a los proyectos
  • Se deben crear políticas de cooperación que prohiban a las empresas e instituciones chinas participar en proyectos que afecten ecosistemas frágiles, y abstenerse de operar en territorios de poblaciones vulnerables (comunidades campesinas y pueblos indígenas)

El informe es un medio para buscar que se dejen de vulnerar derechos humanos por parte de las empresas chinas y que los estados, no solo el chino, también aquellos donde se realizan los proyectos, se comprometan a crear medidas de protección de los derechos del medio ambiente, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, que históricamente vienen siendo afectados.

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Rondas campesinas de Ayabaca denuncian que minera Río Blanco propició destrucción de portones de comunidad con complicidad de militares

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A través de un pronunciamiento, la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca- Sede Hualcuy  y el Colectivo por Ayabaca denunciaron que hace unos días personas vinculadas al consorcio minero Río Blanco, con complicidad de los militares: “tiraron de noche, cobardemente, las puertas de fierro al abismo, rompiendo la autoridad ejercida disciplinadamente por muchos años y contra los usos y costumbres de las Rondas Campesinas”.

Compartimos el pronunciamiento:

La Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se dirigen a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Que, en medio de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, el impositivo, necio y grotesco consorcio minero Río Blanco con el aval del gobierno actual y algunas malas autoridades regionales y locales, insisten en seguir enfrentando a comuneros, corrompiendo y dividiendo a hermanos de las comunidades campesinas, a fin de pretender, por la fuerza y la violencia, explotar y contaminar nuestras tierras comunales.

  1. Que le reiteramos una vez más al consorcio minero y a su aval estatal, que desde el 2007, en una histórica, masiva y democrática consulta vecinal, miles de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, DECIDIERON SU PROPIO MODELO DE DESARROLLO, basado en la agricultura, ganadería, comercio y turismo, teniendo como sustento esencial y vital, el agua limpia que bajan de las cabeceras de cuencas hasta la región Piura. Por lo tanto, jamás aceptaremos minería en nuestros territorios. El agua limpia nunca se contaminará por relaves ni pasivos ambientales.
  2. Que no nos cansaremos de sustentar y sostener que en Ayabaca y Huancabamba, no es ni será viable la minería, porque además de contaminar agua, aire y suelo, esta actividad, genera violencia entre comuneros, corrupción a todo nivel por el dinero fácil y mal venido. No queremos más enfrentamientos entre hermanos.
  3. Asimismo denunciamos los recientes hechos de violencia, propiciados por este consorcio minero Río Blanco y la complicidad de malas autoridades del ejército por violentar los portones de la Comunidad de Andurco, que históricamente son instrumentos de control y seguridad ronderil. Hace pocos días estas dañinas personas tiraron de noche, cobardemente, las puertas de fierro al abismo, rompiendo la autoridad ejercida disciplinadamente por muchos años y contra los usos y costumbres de las Rondas Campesinas.
  4. Denunciamos públicamente estos hechos de violencia y rechazamos toda forma de agresión en nuestras comunidades.
  5. Hacemos un llamado a todos los comités de Rondas Campesinas de Ayabaca y Huancabamba a estar atentos y vigilantes ante cualquier imposición del consorcio minero y rechazar pacífica y democráticamente cualquier intento de violencia y contaminación de nuestros territorios.

Fuera Río Blanco de Ayabaca y Huancabamba!!!

Agro sí, mina no!!

Solo con la lucha al pueblo se le escucha!!!

Ayabaca 26 de agosto de 2020.

Central de Rondas de Ayavaca – Hualcuy     Colectivo por Ayavaca.

 

 

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