Hace 20 años, el 2 de junio de 2002, se realizó una histórica consulta ciudadana en el distrito de Tambogrande perteneciente a la región Piura. La pregunta que respondieron los tambograndinos, fue: ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?. La respuesta del 95.24 % de participantes fue: NO.  27,015 personas dijeron no a la minería de un total de 35 mil personas hábiles para votar. La consulta ciudadana contó con la participación de observadores internacionales, quienes garantizaron la transparencia del profundo acto democrático que se vivió en esa oportunidad como parte de un proceso de lucha para que se haga respetar la voluntad del pueblo.

En 1999, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori había otorgado a la canadiense Manhattan Minerals Corp. la exploración de los yacimientos mineros ubicados en Tambogrande. La dictadura fujimorista ya había impulsado a inicios de los 90s las reformas neoliberales en la economía y el sector minero para facilitar la inversión privada transnacional y expansión minera en todo el país. El proyecto minero Tambogrande de la empresa canadiense, era uno de los varios proyectos dentro de la estrategia de expansión minera en el país.

En ese sentido, la experiencia del pueblo de Tambogrande y su Municipalidad, impulsores de la consulta ciudadana, fue vital porque abrió el camino para que años después otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares, frente a las reformas que se habían dado en el sector minero y el cambio de Constitución de 1993, que no permitían a los pueblos decidir sobre el futuro de su territorio, sino solo enterarse que sus territorios habían sido concesionados a las empresas mineras y extractivas por ser de “interés nacional”. El único mecanismo de participación ciudadana en el sector minero que tenían y tienen hasta ahora los ciudadanos de acuerdo a la ley de minería, es el de participar dando sus recomendaciones para las correcciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la fase de explotación. Nada más.

Para que la consulta ciudadana sea una realidad, la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal el 26 de octubre del 2001 creando un mecanismo de participación ciudadana para recoger la postura de los tambograndinos respecto a asuntos de interés público sobre el desarrollo local. Esta propuesta fue construida por especialistas y abogados de instituciones de la sociedad civil, quienes luego impulsaron la Red Muqui, junto al alcalde de Tambogrande: Alfredo Rengifo.

De esta manera se llevó a cabo la primera consulta vecinal en América Latina para que el pueblo decida si aprueba o no, el desarrollo de un proyecto minero en su territorio.

En ese entonces, ante la confluencia de actores religiosos, sociales, técnicos especialistas, y representantes políticos, se alertó el peligro que traería el proyecto minero en el territorio de Tambogrande. El desarrollo del proyecto implicaba el desplazamiento de la ciudad de Tambogrande, porque el proyecto se iba a ubicar en el centro de la ciudad; la alteración y contaminación del cauce del río Piura; y la afectación y contaminación del valle de San Lorenzo, un valle productor de mangos, limones y arroz, desde la década del 50 en el siglo pasado.

El tambograndino y biólogo Fidel Torres lo recuerda así: “El pueblo participaba en todas las instancias: en las capacitaciones, asambleas, tareas etc. Un pueblo muy organizado, consciente y unido que no permitió el ingreso de la minería”.

La ingeniera agrónoma Marlene Castillo, miembro en ese entonces del colectivo Piura, Vida, Agro, recuerda el liderazgo regional agrario y agroecológico de Godofredo García Baca en las asambleas en el Valle San Lorenzo, en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande, en las Asamblea en Chulucanas y en la lucha puerta por puerta en Tambogrande sobre los riesgos previos a la consulta popular con un trabajo de 200 promotores/as formados por una delegación de especialistas.

Uno de los hitos claves en la unidad y lucha del pueblo de Tambogrande antes de la consulta popular fue el paro total del 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una muestra contundente del rechazo de la población al desarrollo del proyecto minero.

Lamentablemente, un mes después, el 30 de marzo del 2001, asesinaron a uno de los principales líderes de la lucha de Tambogrande, al ingeniero agrónomo Godofredo García. Un encapuchado lo mató cerca de sus campos, cuando estaba viajando en su auto acompañado de su hijo. Este lamentable hecho no se esclareció, pero resultó evidente que el asesinato fue por motivos políticos, por el peligro que representaba Godofredo para el desarrollo de las actividades mineras en la zona.

Otro hecho importante, que recuerda la abogada Ana Leyva, fue cuando la empresa minera Manhattan presentó el diagnóstico de la línea de base y la población realizó varias preguntas que la empresa no supo responder. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la velocidad y dirección de los vientos?. ¿Qué iba a pasar con el agua en una zona donde la comunidad tenía problemas con los recursos hídricos?.

La presentación de la línea base del proyecto es diferente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que nunca se llegó a presentar públicamente en las audiencias que programaron en Tambogrande, la ciudad de Piura y Lima, porque la gente se movilizó y lo impidió. 15 mil piuranos se movilizaron al auditorio de la Universidad Nacional de Piura donde se iba a realizar la la audiencia pública para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, debido a que no se había podido desarrollar en Tambogrande. Lo mismo pasó en Lima, donde más de 50 personas se movilizaron al Colegio de Ingenieros donde la empresa pretendía realizar la misma audiencia.

El ejemplo de Tambogrande para otras consultas populares

La consulta popular en Tambogrande impactó en las provincias de Ayabaca y Huancabamba también de la región Piura. El 16 de septiembre del 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) también se realizó una consulta popular a través de las tres municipalidades distritales para que el pueblo decida sobre el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Para el especialista ambiental y en minería, Juan Aste, quien fue parte del equipo técnico de respaldo a los dirigentes sociales de Tambogrande, la consulta popular con el pueblo movilizado fue el referente y lo tomaron como ejemplo en diferentes territorios del país.

La tercera consulta en nuestro país, se desarrolló en la provincia de Candarave de la región Tacna. La municipalidad provincial consultó el 17 de febrero del 2008 a la población si estaba de acuerdo con el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia; y si aceptaba la extracción de agua para la minería. El pueblo votó por el NO en más del 90%. En la provincia no hay actividad minera, pero la empresa minera Southern Copper extrae agua de los lagos y agua subterránea para el funcionamiento de sus minas en Toquepala y Cuajone.

La cuarta consulta se dio en Tarata, también provincia de Tacna, el 20 de abril del 2008, con la finalidad que el pueblo decida respecto a la orientación económica productiva de la provincia: actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo) o actividades extractivas (minería). El 90% de los participantes eligió la primera opción.

La quinta consulta popular se dio en el valle de Tambo de la región Arequipa, el 27 de septiembre del 2009, donde la población decidió decirle NO al proyecto minero Tía María y la Tapada de la empresa minera Southern Coorporation.

Finalmente, la última consulta popular se realizó en la comunidad quechua de Kañaris el 2012, donde la comunidad rechazó al proyecto minero Kañariaco.

El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana en general tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 31 de la Constitución, en el que sostiene que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en forma individual y colectiva en todos los asuntos públicos y de interés nacional, en espacios políticos, económicos y sociales en general. Al mismo tiempo, en temas específicos en materia ambiental, en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, también se establece que como ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos  en materia ambiental. Y si interpretamos este derecho en conjunto con la ley general del medio ambiente, se establece que tenemos el derecho de participar y contribuir en la gestión y preservación del medio ambiente.

En una interpretación sistemática podemos concluir que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental sea de forma directa o indirecta para preservar el bienestar y el ecosistema para un ambiente sano y adecuado. La forma como se puede generar esa participación ciudadana puede ser a través de diferentes mecanismos y una de estas es la consulta popular, vecinal y/o ciudadana. Para los pueblos indígenas existe el mecanismo específico que es la consulta previa, pero para las personas no indígenas existe el derecho a la participación ciudadana.

La participación ciudadana en el sector minero se concreta, en algunos casos, solo en el momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero es fundamental que las consultas populares desarrolladas por los municipios como un mecanismo de participación política local, tengan carácter vinculante en los procedimientos mineros y para el Ministerio de Energía y Minas.

Para lograr este reconocimiento se debe de modificar la ley de participación ciudadana en materia extractiva y minera, y se deben generar espacios reales de participación para los ciudadanos.