El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.
“Fuimos estafados y engañados. La minera vino con sus asesores y profesionales con un acta listo para que firmemos, donde se comprometían a hacer obras y proyectos al año, darnos trabajo, pero hoy día no se ve nada de eso. (..). La empresa señala a través de un comunicado que ha cumplido en un 88% sus compromisos y eso es falso”, declararon los dirigentes de la comunidad en una conferencia de prensa realizada en Lima el día de ayer 25 de febrero. La delegación de comuneros de Bambamarca llegó el miércoles 24 de febrero a Lima.
Empresa minera responde
Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera respondió el 19 de febrero a través de un comunicado, que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida a un proceso judicial y el “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. Agregan que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. “La venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca”.
Llegada a Lima
Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden y matones de la empresa minera – así lo denuncian los comuneros de Pumamarca-, una delegación de la comunidad arribó el miércoles 24 a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República y posteriormente al Ejecutivo. En la PCM los recibió la Secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, Giselle Huamaní, quien co-facilitó virtualmente la reunión con un representante del Ministerio de Energía y Minas. En la reunión, que duró 5 horas, estuvieron presentes vía teleconferencia los representantes del MINEM, Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno Regional de Apurímac. En un comunicado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, precisan que «reiteran su compromiso de seguir contribuyendo al diálogo entre la comunidad, la
empresa y el Estado, y exhorta a la comunidad de Pumamarca a aprovechar los espacios de diálogo
digital dispuestos por el Gobierno (Resolución de Secretaria de Gestión Social y Diálogo 001/2021-
PCM/SGSD) para continuar trabajando conjuntamente en la solución pacífica de los problemas». Se tiene que precisar que esta última resolución 001/2021-PCM/SGSD virtualiza las mesas de diálogo y enfrenta graves problemas como el de la brecha intercultural, digital y territorial para que los representantes de las comunidades puedan participar democráticamente, respetando sus espacios de deliberación y decisión que se toman por asamblea.
Al día siguiente, el jueves 25, los dirigentes de la comunidad de Pumamarca exigieron a través de una conferencia de prensa que no hubo consulta previa a las comunidades campesinas al momento de la compra-venta. “Las empresas privadas no respetan las leyes, hacen lo que les parece”. Precisaron que luego de la compra-venta de sus terrenos ellos han firmado actas para que esos terrenos sean utilizados para el pastoreo y la agricultura. Y así lo han estado utilizando últimamente hasta que sufrieron el intento de desalojo el 20 de febrero.
Aludiendo a la reunión con el Ejecutivo señalaron: “Queremos que nos devuelvan nuestro terreno, queremos estar en paz. Que nos atiendan nuestras denuncias que hemos ingresado. Que no se pierdan en las oficinas del Estado”, finalizaron los dirigentes en la conferencia.
Actuar de minera Las Bambas en otras comunidades
Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ”la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.
En una nota de prensa emitida por la delegación que llegó a Lima el miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.
Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT con la consulta previa a los pueblos indígenas, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las mismas empresas transnacionales y Estados donde actúan estas empresas.