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José Bayardo Chata Pacoricona. Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

 

Mediante auto de fecha 10 de mayo de 2022, el Tribunal Constitucional declara improcedente el recurso de subsanación presentado por las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara que buscaba que el máximo interprete constitucional nacional corrija su sentencia que desconocía como derecho fundamental a la consulta previa y le negaba el rango constitucional al Convenio 169 de la OIT.

Con esta respuesta, queda abierta la posibilidad que las comunidades aimaras de Juli, Puno, puedan acceder a la justicia interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que este caso de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas sea revisada y corregida.

Para la presentación de la petición ante la CIDH se cuenta con seis meses a partir de la notificación con este último auto, argumentando por escrito de la violación de derechos fundamentales, la responsabilidad del Estado peruano y de los medios probatorios que sustentan la pretensión.

Recordemos que en fecha 02 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el Expediente N° 03066-2019-PA/TC, en donde declara improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (Juli, Puno), y en la que expresamente desconoce el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa, y con esta decisión se marca un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las garantías constitucionales de las poblaciones más vulnerables del Perú. 

Ambas comunidades aimaras manifestaron su ánimo de no permitir que esta sentencia se quede sin objetar, por lo que están dispuestos a recurrir a las instancias internacionales ya habiendo agotado la vía constitucional nacional, ya que esta sentencia no solamente atentaría contra los derechos de estas dos comunidades indígenas sino que incumbe a todos los pueblos indígenas andinos y amazónicos del país.

Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

Hace 20 años, el 2 de junio de 2002, se realizó una histórica consulta ciudadana en el distrito de Tambogrande perteneciente a la región Piura. La pregunta que respondieron los tambograndinos, fue: ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?. La respuesta del 95.24 % de participantes fue: NO.  27,015 personas dijeron no a la minería de un total de 35 mil personas hábiles para votar. La consulta ciudadana contó con la participación de observadores internacionales, quienes garantizaron la transparencia del profundo acto democrático que se vivió en esa oportunidad como parte de un proceso de lucha para que se haga respetar la voluntad del pueblo.

En 1999, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori había otorgado a la canadiense Manhattan Minerals Corp. la exploración de los yacimientos mineros ubicados en Tambogrande. La dictadura fujimorista ya había impulsado a inicios de los 90s las reformas neoliberales en la economía y el sector minero para facilitar la inversión privada transnacional y expansión minera en todo el país. El proyecto minero Tambogrande de la empresa canadiense, era uno de los varios proyectos dentro de la estrategia de expansión minera en el país.

En ese sentido, la experiencia del pueblo de Tambogrande y su Municipalidad, impulsores de la consulta ciudadana, fue vital porque abrió el camino para que años después otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares, frente a las reformas que se habían dado en el sector minero y el cambio de Constitución de 1993, que no permitían a los pueblos decidir sobre el futuro de su territorio, sino solo enterarse que sus territorios habían sido concesionados a las empresas mineras y extractivas por ser de “interés nacional”. El único mecanismo de participación ciudadana en el sector minero que tenían y tienen hasta ahora los ciudadanos de acuerdo a la ley de minería, es el de participar dando sus recomendaciones para las correcciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la fase de explotación. Nada más.

Para que la consulta ciudadana sea una realidad, la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal el 26 de octubre del 2001 creando un mecanismo de participación ciudadana para recoger la postura de los tambograndinos respecto a asuntos de interés público sobre el desarrollo local. Esta propuesta fue construida por especialistas y abogados de instituciones de la sociedad civil, quienes luego impulsaron la Red Muqui, junto al alcalde de Tambogrande: Alfredo Rengifo.

De esta manera se llevó a cabo la primera consulta vecinal en América Latina para que el pueblo decida si aprueba o no, el desarrollo de un proyecto minero en su territorio.

En ese entonces, ante la confluencia de actores religiosos, sociales, técnicos especialistas, y representantes políticos, se alertó el peligro que traería el proyecto minero en el territorio de Tambogrande. El desarrollo del proyecto implicaba el desplazamiento de la ciudad de Tambogrande, porque el proyecto se iba a ubicar en el centro de la ciudad; la alteración y contaminación del cauce del río Piura; y la afectación y contaminación del valle de San Lorenzo, un valle productor de mangos, limones y arroz, desde la década del 50 en el siglo pasado.

El tambograndino y biólogo Fidel Torres lo recuerda así: “El pueblo participaba en todas las instancias: en las capacitaciones, asambleas, tareas etc. Un pueblo muy organizado, consciente y unido que no permitió el ingreso de la minería”.

La ingeniera agrónoma Marlene Castillo, miembro en ese entonces del colectivo Piura, Vida, Agro, recuerda el liderazgo regional agrario y agroecológico de Godofredo García Baca en las asambleas en el Valle San Lorenzo, en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande, en las Asamblea en Chulucanas y en la lucha puerta por puerta en Tambogrande sobre los riesgos previos a la consulta popular con un trabajo de 200 promotores/as formados por una delegación de especialistas.

Uno de los hitos claves en la unidad y lucha del pueblo de Tambogrande antes de la consulta popular fue el paro total del 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una muestra contundente del rechazo de la población al desarrollo del proyecto minero.

Lamentablemente, un mes después, el 30 de marzo del 2001, asesinaron a uno de los principales líderes de la lucha de Tambogrande, al ingeniero agrónomo Godofredo García. Un encapuchado lo mató cerca de sus campos, cuando estaba viajando en su auto acompañado de su hijo. Este lamentable hecho no se esclareció, pero resultó evidente que el asesinato fue por motivos políticos, por el peligro que representaba Godofredo para el desarrollo de las actividades mineras en la zona.

Otro hecho importante, que recuerda la abogada Ana Leyva, fue cuando la empresa minera Manhattan presentó el diagnóstico de la línea de base y la población realizó varias preguntas que la empresa no supo responder. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la velocidad y dirección de los vientos?. ¿Qué iba a pasar con el agua en una zona donde la comunidad tenía problemas con los recursos hídricos?.

La presentación de la línea base del proyecto es diferente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que nunca se llegó a presentar públicamente en las audiencias que programaron en Tambogrande, la ciudad de Piura y Lima, porque la gente se movilizó y lo impidió. 15 mil piuranos se movilizaron al auditorio de la Universidad Nacional de Piura donde se iba a realizar la la audiencia pública para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, debido a que no se había podido desarrollar en Tambogrande. Lo mismo pasó en Lima, donde más de 50 personas se movilizaron al Colegio de Ingenieros donde la empresa pretendía realizar la misma audiencia.

El ejemplo de Tambogrande para otras consultas populares

La consulta popular en Tambogrande impactó en las provincias de Ayabaca y Huancabamba también de la región Piura. El 16 de septiembre del 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) también se realizó una consulta popular a través de las tres municipalidades distritales para que el pueblo decida sobre el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Para el especialista ambiental y en minería, Juan Aste, quien fue parte del equipo técnico de respaldo a los dirigentes sociales de Tambogrande, la consulta popular con el pueblo movilizado fue el referente y lo tomaron como ejemplo en diferentes territorios del país.

La tercera consulta en nuestro país, se desarrolló en la provincia de Candarave de la región Tacna. La municipalidad provincial consultó el 17 de febrero del 2008 a la población si estaba de acuerdo con el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia; y si aceptaba la extracción de agua para la minería. El pueblo votó por el NO en más del 90%. En la provincia no hay actividad minera, pero la empresa minera Southern Copper extrae agua de los lagos y agua subterránea para el funcionamiento de sus minas en Toquepala y Cuajone.

La cuarta consulta se dio en Tarata, también provincia de Tacna, el 20 de abril del 2008, con la finalidad que el pueblo decida respecto a la orientación económica productiva de la provincia: actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo) o actividades extractivas (minería). El 90% de los participantes eligió la primera opción.

La quinta consulta popular se dio en el valle de Tambo de la región Arequipa, el 27 de septiembre del 2009, donde la población decidió decirle NO al proyecto minero Tía María y la Tapada de la empresa minera Southern Coorporation.

Finalmente, la última consulta popular se realizó en la comunidad quechua de Kañaris el 2012, donde la comunidad rechazó al proyecto minero Kañariaco.

El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana en general tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 31 de la Constitución, en el que sostiene que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en forma individual y colectiva en todos los asuntos públicos y de interés nacional, en espacios políticos, económicos y sociales en general. Al mismo tiempo, en temas específicos en materia ambiental, en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, también se establece que como ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos  en materia ambiental. Y si interpretamos este derecho en conjunto con la ley general del medio ambiente, se establece que tenemos el derecho de participar y contribuir en la gestión y preservación del medio ambiente.

En una interpretación sistemática podemos concluir que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental sea de forma directa o indirecta para preservar el bienestar y el ecosistema para un ambiente sano y adecuado. La forma como se puede generar esa participación ciudadana puede ser a través de diferentes mecanismos y una de estas es la consulta popular, vecinal y/o ciudadana. Para los pueblos indígenas existe el mecanismo específico que es la consulta previa, pero para las personas no indígenas existe el derecho a la participación ciudadana.

La participación ciudadana en el sector minero se concreta, en algunos casos, solo en el momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero es fundamental que las consultas populares desarrolladas por los municipios como un mecanismo de participación política local, tengan carácter vinculante en los procedimientos mineros y para el Ministerio de Energía y Minas.

Para lograr este reconocimiento se debe de modificar la ley de participación ciudadana en materia extractiva y minera, y se deben generar espacios reales de participación para los ciudadanos.

Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024. San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.

Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

 

La realidad del proyecto San Gabriel:

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas». Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro de la región de Moquegua y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representa un peligro para la cuenca hídrica y significaría la contaminación del río Tambo generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo y, como consecuencia, al valle de Tambo.

De acuerdo a Juan Aste, las comunidades aledañas sí quieren que se construya la represa ya que significaría que el agua que llegue al valle de Tambo sea más limpia, pero no desean que se ejecute el proyecto porque contaminaría las aguas. Mientras que la minera está a favor que se construyan las represas porque se diluiría un poco la concentración de los contaminantes procedente del proyecto, y sería favorable, porque no aparecería tan fuerte la contaminación en el río Ichuña.

Juan Aste explica que la consecuente polución del río Ichuña, resultado de la explotación minera de San Gabriel, afluente del río Tambo, aportará a contaminar el Valle de Tambo y a las comunidades de la zona, lo cual representa un gran peligro ya que este es un espacio geográfico fundamental, que genera dinamismo en la economía y la actividad agroalimentaria, en especial para las provincias de la macro zona sur del país que dependen de este valle.

Desde años atrás, comuneros han venido protestando para hacer frente al proyecto minero por las afectaciones que este implica para la cuenca hídrica. Además, han señalado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de haber sido aprobado, tiene muchos vacíos. Uno de ellos es, que el yacimiento minero se superpone a un área con vestigios arqueológicos en una extensión de cerca de 16 hectáreas.

Para Aste, aún cuando se haya aprobado el EIA “ha habido atingencias de parte de la comunidad, ha habido un cuestionamiento permanente de las comunidades, pero la empresa (Buenaventura) ha tratado de comprar el apoyo haciendo ofrecimientos”.

Así mismo, declaró que el proyecto representa una estrategia para el ingreso y la aprobación de otros proyectos mineros en la zona. “Si uno impulsa este proyecto, se va a contaminar la cuenca del Tambo, afecta hacia abajo, y si lo haces, se crea condiciones para que digan después que, como ya está impactada toda la zona, se crea condiciones para avanzar con el Proyecto Tía María…” “Por arriba se activa San Gabriel, y por abajo Southern activa Tía María. Y si entra Tía María, van a entrar las empresas que están esperando alrededor”, señaló Juan Aste. Recordemos que la zona de Valle de Tambo está rodeada de proyectos mineros que esperan la aprobación del gobierno para iniciar la explotación.

Debido al ya existente déficit hídrico sostenido para el valle, es fácil imaginarse cómo se agravará la disponibilidad y calidad del agua y su impacto en la economía, el ambiente y la salud de la población con el ingreso de proyectos mineros en la cuenca del Tambo, a lo que se suman los efectos de la crisis climática.

Según afirma Juan Aste, a parte de la contaminación que San Gabriel puede generar en toda la cabecera de cuenca, tanto en los cursos del agua subterránea como en aquellos de agua superficial, en la parte media también hay mineros informales, y si “entra San Gabriel va a despertar la informalidad minera en la zona, lo que representa un impacto mucho mayor para el Valle de Tambo y para las comunidades”, concluye.

Aste resume que, debido a la debilidad del gobierno de Castillo, se presenta el peligro de que haya una expansión minera sin límites, sin ordenamiento territorial, sin tener en cuenta la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y sin tener la aprobación del pueblo para el inicio de los proyectos.

 

 

 

 

Una comitiva de 20 autoridades de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, Juli-Puno, llegaron el 27 de abril hasta la ciudad de Lima para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) enmendar la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental. Como se recuerda el pasado 02 de marzo el TC ha desconocido el Convenio 169 de la OIT, señalando que no tiene rango constitucional, por consiguiente, los pueblos indígenas no pueden exigir la consulta previa por medio de una acción de amparo mediante proceso constitucional , además no es un derecho fundamental. La comitiva está siendo acompañada por la Congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en las reuniones que sostendrán con el MINEM, MINCUL y MIDAGRI. Las autoridades originarias tienen en agenda exigir la nulidad de las concesiones mineras, emisión de un informe de reconocimiento a las comunidades aimaras como parte del pueblo indígena aimara y protección al territorio como zona agrícola y ganadera. En una conferencia de prensa desde el Congreso de la República, el día 28 de abril, expondrán su rechazo a la sentencia del TC y a la concesión minera (2000 ha) que el Estado otorgó en el año 2005, sin consulta previa.

El día, 29 de abril, participarán del Foro Audiencia “Hablemos de la Consulta Previa a propósito de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Posteriormente las autoridades aimaras se dirigirán a realizar un plantón a las 4pm al frente del Tribunal Constitucional, exigiendo que se resuelva el recurso de subsanación a favor de las comunidades campesinas de Juli y para todos los pueblos indígenas del Perú. También dialogarán con la Defensoría del Pueblo, a fin de exigir que la sentencia del TC que niega la consulta previa sea informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, solicitan que el gobernador regional y los congresistas de Puno encabecen e intercedan en los diálogos que van a sostener con los diferentes ministerios.

Comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, Juli-Puno, solicitan a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi, audiencia en el 184° Periodo Extraordinario de Sesiones para abordar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega la consulta previa como derecho fundamental a los pueblos indígenas. La actividad tendrá lugar del 13 al 24 de junio de 2022.

La solicitud tiene como finalidad, presentar las recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas, teniendo consecuencias en el derecho al territorio, a la cultura, a la libre determinación y a la vida, dejando desamparado a las comunidades con relación a las actividades extractivas en sus territorios.

Las comunidades aimaras de Puno, conjuntamente con las organizaciones que velan por los derechos humanos, Derechos Humanos  y Medio Ambiente (DHUMA), el Instituto de Defensa Legal (IDL), La Red Muqui y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, podrán explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el desconocimiento adrede del TC (máximo órgano que interpreta la constitución), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Convenio 169 de la OIT.

Además, se espera en la audiencia, que el Estado peruano presente su posición sobre estas decisiones y explique las medidas que implementará para asegurar el cumplimiento y garantía del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas del Perú.

Cabe recordar que el problema viene desde año 2005, donde el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entrega a la empresa CAL Y CEMENTO SUR S.A. (parte del Grupo Gloria), 2000 hectáreas de concesión minera en territorio de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, sin llevar un proceso de consulta previa, libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. En la actualmente la titularidad de las concesiones mineras es ejercida por la empresa KUSKALLA MINING COMPANY S.A.

El 02 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia en el Expediente N° 03066-2019-PA/TC, donde declara improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (Juli, Puno), y en la que expresamente desconoce el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa:

“[E]l derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita, por lo que no cabe reclamar respecto de él tutela a través del proceso de amparo, ya que no es un derecho fundamental.

En todo caso, el derecho a la consulta previa emana del Convenio 169, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que no puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión y menos que tenga rango constitucional.”

Esta decisión marca un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las garantías constitucionales de las poblaciones más vulnerables del país. Por ello debemos manifestarlo siguiente:

  1. Por más de una década, el Tribunal Constitucional, en diferentes casos, venía sentando reiterados precedentes sobre la vigencia y exigibilidad del Convenio 169 de la OIT desde su entrada en vigencia en el país (02 de febrero de 1995), y con ello el reconocimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. De la misma forma, declaró el rango constitucional de este tratado de derechos humanos y su plena protección y garantía por el sistema de justicia peruano, e incluso desarrollando su contenido constitucionalmente protegido. Al respecto se pueden ver las sentencias 00022-2009-PI/TC (fj. 11), 05427-2009-AC/TC (fj. 43), 00025-2009-PI/TC (fj. 23), entre otras.
  2. En esta sentencia el Tribunal Constitucional no ha cumplido con garantizar una debida motivación para apartarse de sus anteriores precedentes donde reconoció y amparó el derecho a la consulta previa de diferentes pueblos indígenas u originarios que se vean afectados por medidas administrativas o legislativas y ha negado el rango constitucional que tiene este tratado de derechos humanos que lo integra a nuestro ordenamiento nacional, atentando contra principios constitucionales, más aun siendo el Tribunal Constitucional el máximo garante de nuestra Constitución.
  3. Nuestra Constitución Política no sólo resguarda los derechos fundamentales reconocidos explícitamente, sino también aquellos reconocidos implícitamente y los incorporados por los tratados derechos humanos; por lo que, la justicia constitucional tiene el deber irrestricto de garantizarlos, en especial cuando estos derechos corresponden a pueblos históricamente excluidos y que enfrentan día a día diversas barreras políticas, sociales, económicas y culturales como son los pueblos indígenas.
  4. Rechazamos la posición asumida para este caso de los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini, quienes afectan la búsqueda de justicia intercultural y la importancia del reconocimiento del Convenio 169 como instrumento normativo constitucional necesario e indispensable para la conservación y garantía de la existencia de los pueblos indígenas.

Por todo ello, exhortamos al Tribunal Constitucional a marcar distancia de esta última decisión y garantizar la plena protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT, su reiterada jurisprudencia y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Puno, marzo de 2022

 

Suscriben:

Comunidad Campesina Aimara de Chila Chambilla

Comunidad Campesina Aimara de Chila Pucara

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

Instituto de Defensa Legal – IDL

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA

CooperAcción

Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Asociación Arariwa

Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas – CADEP JMA

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, CEDEP AYLLU

Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Colectivo de Abogados y Abogadas de la Red Muqui Sur

Red Muqui

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico – MOCICC

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS PERÚ

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

Movimiento Manuela Ramos

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS Trujillo

Asociación Proyecto Amigo

Perú EQUIDAD

Centro Loyola Ayacucho

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP

Centro de Desarrollo Étnico – CEDET

Paz y Esperanza

Codeh Pucallpa

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Instituto del Bien Común – IBC

Forum Solidaridad

Caminos de la Memoria

Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana – Aporvidha

Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el Rechazo y el Olvido

Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

COFADER PERÚ

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES

Instituto Regional Para la Paz

IPEP – CJS (Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social) Chimbote.

Gobierno Territorial Autónomo Awajún – GTAA

 

 

En su mensaje a la nación de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo señaló que los proyectos extractivos como la minería deberán tener un criterio de rentabilidad social: que dinamicen la economía local, regional y nacional, que logren mayores ingresos de recaudación para el Estado, y que generen salarios y condiciones de trabajo justos; con transferencia tecnológica y que promuevan y preserven la cultura y el medio ambiente. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va”, afirmó.

Agregó, además, que se concretará una Ley de Ordenamiento Territorial y la zonificación económica y ecológica.

Sin embargo, durante la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, el presidente de la PCM no mencionó la necesidad de una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, y solo se refirió que respecto “a las actividades extractivas, se implementará el enfoque territorial”, precisando luego que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, otro actor clave del ejecutivo también ha señalado que su gestión implementará el enfoque territorial, “tomando en cuenta las características étnicas, climáticas y sociales existentes en las zonas donde se realizan operaciones, con el fin de armonizar los proyectos de inversión y ajustarlos a los intereses de la población”.

Sin embargo; ¿a dónde va la política minera en relación a los territorios en el país?

Para Ana Leyva, especialista de Cooperacción en ordenamiento territorial, primero hay que precisar los términos que está empleando el gobierno. Una cosa es el ordenamiento territorial y otra cosa es el enfoque territorial.

Lo que quiere decir el enfoque territorial es que “la política se tiene que territorializar, no puede ser pensada desde Lima, sino pensada desde los territorios, porque luego hay un desencuentro entre la realidad y la política”. Agrega que por ello el enfoque territorial es importante, “partiendo de un diagnostico territorial que involucre a los actores que están allí porque si no la política no va a funcionar”.

“Otra cosa es el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión. Quiere decir que vas a planificar el uso y transformación del territorio con una visión de futuro. Tú te imaginas como quieres q sea el territorio de aquí a 10 años o más. Pasa por transformar el uso del territorio para hacerlo sostenible, como va a cambiar para satisfacer las necesidades de desarrollo la gente y sea sostenible”, precisa.

En conclusión, no solamente es el enfoque de las políticas, sino el proceso de transformación del territorio.

Entonces, ¿Cuál sería la apuesta del gobierno?

Ana Leyva: Aún el gobierno tiene un mes, esperamos que se vaya clarificando su apuesta.

Sobre la consulta previa, el presidente de la República, el premier, y el ministro de Energía y Minas tampoco se han manifestado con claridad. El presidente solamente ha señalado que en aquellos lugares donde no haya rentabilidad social para el desarrollo de la actividad minera, esos proyectos no irán. Sin embargo, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, recientemente acaba de señalar que “la ejecución de todos los proyectos que afecten territorios de comunidades originarias deben pasar por consulta previa”.

Ana Leyva señala que las decisiones que afecten al territorio, que van a afectar la vida de los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Y allí las consultas implementadas han sido más sobre las políticas culturales. “Ha habido pocas consultas relacionadas a las actividades extractivas y no han sido para poner condiciones a los proyectos extractivos. Esto debe ser consultado y previo a las decisiones. La consulta tiene q ser encaminada a esas decisiones para que sean eficaces, sean efectivas, porque si consultas otras cosas que no valen la pena, que no son determinantes, no va a cambiar nada y van a seguir habiendo afectaciones al territorio y a los pueblos indígenas.”

¿Cree que el gobierno va a impulsar la consulta previa y hacer estos cambios?

Ana Leyva: Tengo entendido que le preocupa los pueblos indígenas, que tiene una preocupación real.

Ellos necesitan definir, necesitan hacer un balance para ver cómo está funcionando, corregir y ver cómo implementarlo. En políticas culturales ha funcionado, pero para las políticas extractivas no está funcionado. No se están defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente No. 32645-2013), en segunda
y última instancia, resolvió confirmar la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo por
vulneración al derecho a la consulta previa de la Comunidad Indígena Awajun de Supayacu
(ubicada en la provincia de San Ignacio, Región Cajamarca).

En efecto, como es de conocimiento público, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2018,
el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en primera instancia, ya había declaró fundada la
demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse
afectado su derecho a la consulta previa cuando se autorizó las actividades de exploración del
proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

La Cuarta Sala Civil Superior de Lima señaló que se había acreditado que encontrándose la
Comunidad Indígena Awajún de Supayacu dentro del área de influencia del referido proyecto
minero, existía y existe la obligación por parte del Estado Peruano, de realizar, mediante el MINEN,
un proceso de consulta previa, libre e informada. Por lo cual, al no haberse realizado la misma, se
vulneró el derecho a la Consulta de dicha Comunidad.

Por ello, resolvió que “… se suspende los efectos de la Resolución DirectoralNo. 229-2013-
MEM/DGM, de fecha 6 de noviembre de 2013, emitido por el Director General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas. La suspensión de la fase de exploración del proyecto “Yagku Entsa se
dará en la etapa en que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para
determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos
indígenas que podrían ser afectados, con costos del proceso …”

Al respecto, desde FEDEPAZ, que patrocinamos en este proceso a la Comunidad Indígena Awajún
de Supayacu, expresamos nuestra satisfacción por la expedición de esta histórica sentencia que
ratifica desde el Poder Judicial, el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada de la
que gozan los pueblos indígenas en nuestro país porque el órgano jurisdiccional no sólo le dice al
estado Peruano que debe de cumplir su obligación con la comunidad indígena demandante sino,
también, con otros pueblos que se encuentren en el área de influencia de dicho proyecto minero.

Igualmente, FEDEPAZ exige al Estado Peruano que respondiendo a la razón de ser y espíritu del
Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa, cumpla con implementar una real Consulta
Previa, Libre e Informada, sobre la base de que la misma constituye un diálogo intercultural
respetándose las particularidades de cada pueblo durante dicho diálogo y se abstenga de anunciar
despropósitos como “la consulta preva virtual” que en modo alguno cumplen con los estándares
internacionales de respeto a ese derecho fundamental de los pueblos indígenas en el Perú y en el
mundo.

Finalmente, FEDEPAZ considera, también, que ésta constituye una sentencia histórica, porque se trata del primer proceso judicial con sentencia expedida en última instancia, en la que se declara
fundada una demanda de amparo por violación a la consulta previa en actividades de minería metálica, constituyendo por ello un importante precedente en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas del Perú, especialmente en materia del derecho a consulta previa, libre e informada protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Con el ruego de su difusión, Lima, 22 de julio de 2020