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Comunidad campesina en La Libertad lucha para preservar su territorio otorgado casi en su totalidad a concesiones mineras

La Comunidad Campesina quechua Juan Velasco Alvarado es una de las tantas unidades comunitarias que viven de la agricultura y ganadería de subsistencia, actividades especialmente difíciles debido a la escasez hídrica, agravada por la crisis climática. Para mayor desdicha se ubica en una de las regiones más codiciadas para la extracción aurífera y de otros minerales del país, específicamente en la provincia Sánchez Carrión del departamento La Libertad. La casi totalidad del territorio comunal ha sido concesionado para la explotación minera, sin que a sus habitantes siquiera le hubiesen informado al respecto.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, es particularmente grave que, la única fuente de abastecimiento de agua de todo el departamento de La Libertad se encuentra en la Reserva del Huaylillas, específicamente en la laguna Huangacocha. A pesar de ello, esta reserva no cuenta con una protección legal como área natural protegida, y solo tenga el reconocimiento, a través de un documento de menor jerarquía legal como es la Ordenanza Regional N° 027 – 2018, que resuelve “Declarar al Huaylillas y Zonas Aledañas como Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica y Patrimonio Cultural y Establecer Medidas Complementarias para la Conservación en el Ámbito Regional”. Pese a ello, este documento es de mucha importancia para la comunidad por la existencia de fuentes de agua para consumo humano y agrícola; así como la flora que se utiliza para desparasitar animales, tratar enfermedades y obtener ingresos familiares adicionales vendiéndolos en el mercado.

Aún más grave es el hecho, que en el territorio de la comunidad se hallan 17 concesiones mineras, de las cuales 14 están tituladas, dos se encuentran en trámite y una está extinta, y que afectan el 99,6% de la comunidad. (Ver mapa anexado). La última concesión otorgada por el INGEMMET fue la del 28 de junio de 2023, a favor de la Sociedad Minera El Futuro II, código de derecho minero N° 30011521, para explorar sustancias metálicas con un total de 900 hectáreas de extensión, que se ubican cerca de las lagunas Verde y Negra.

Este régimen de concesiones mineras superpuestas no solo transgrede la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29785 y la Ordenanza Regional N° 027 – 2018, sino que también ignora los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada (art. 6; art. 15.2), al territorio (art. 13; art. 14), a la autonomía y a la autodeterminación (art. 4), al desarrollo y al proyecto de vida colectivo (art. 2 y 3) y al medio ambiente adecuado (art. 29).

Con el fin de conocer mejor la opinión de la propia comunidad sobre las concesiones mineras y el estado de peligro en el que se encuentran el ambiente y los comuneros, realizamos una entrevista a Policar Sandoval, Presidente de la Comunidad Campesina Juan Velasco Alvarado.

¿Cuáles han sido los impactos de la minería en la comunidad?

“Una empresa [minera] antigua dejó desechos en el Huaylillas, la hemos sacado, ya no está, ahora estamos renovando el terreno para hacerlo sano, estamos buscando una fecha, buscando una maquinaria, y articulación con el consejo, la región y provincia.”

¿Cuáles son las principales actividades de conservación y agricultura que realiza la comunidad de forma sostenible?

“La agricultura es lo principal: siembra de papa, cebada, pino, chocho, haba y la crianza de animales, vacunos y caprinos, vacas, chancho, cuy, gallina, y si la minería entra a la comunidad nos afectaría en esta circunstancia de los criaderos del campo.”

¿Cuáles han sido los cambios más importantes que ha visto a partir de la entrada de PanAmerican Silver?

“De PanAmerican Silver hasta el momento no tenemos ningún apoyo a la comunidad. campesina. Más bien nos están dejando de lado, no quieren considerarnos como de incidencia indirecta, a pesar de que todo su chorreo del botadero escurre a nuestro río que nos divide el río Bado, tanto con la Arena conflictuando a Yamobamba, Choquizonguillo y la Victoria. De este río sacamos nuestro riego en la parte baja, lo que es Yamabamba, y nuestras plantas se siguen afectando, se malogran, pero la empresa dice que no contamina, solo le ha echado la culpa a la empresa San Simón que ya se fue este año. En una entrevista que hemos tenido sobre la invitación en una charla de Impactos Ambientales, nos dicen que se haga responsable San Simón, y yo le expliqué, para el lado de San Simón hay trucha, para el camino de Pan American Silver hacia abajo no hay nada de trucha, además la empresa ha incentivado a un grupito de personas para que firme el convenio que solo ellos están en la influencia directa, pero me opuse, ya que deben considerar a toda la comunidad en el área de influencia de la minería, ya que estamos afectados.”

Sabemos que el 99.6% de la comunidad se encuentra superpuesta por concesiones mineras ¿Qué opina usted sobre eso?

“Que nunca queremos ver estos mineros, nos va a traer atrasos y sequías de agua, no queremos contaminar nuestras lagunas, actualmente tenemos 23 lagunas en nuestra comunidad.”

Ya que me comenta que ustedes no quieren que ingrese la minería, ¿Qué debe hacer el Estado para respetar a las comunidades campesinas y su autodeterminación territorial?

“Lo que queremos es que nos respalden y que nos den el mejor apoyo, y nos brinden adonde podemos presentar nuestras quejas directas, que no queremos ver minerías acá en nuestra comunidad. No queremos que nos dejen de lado, porque quizás somos gente del campo, no tuvimos el soporte técnico y una buena educación, pero vamos a defender a nuestra comunidad como dirigentes comunales, para servir al pueblo.”

Mapa de concesiones mineras y áreas de influencia directa e indirecta de Pan American Silver en la comunidad de Juan Velasco Alvarado | Red Muqui

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Pueblos indígenas del Perú en riesgo por falta de cumplimiento del Convenio internacional

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A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a proteger los derechos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en su territorio, aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada. Esto se confirmó en la presentación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), llevado a cabo el jueves 09 de noviembre en el Auditorio José María Arguedas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM.

Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT es un tratado que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios.

El evento inició con las palabras de la abogada Ana Leyva, abogada de CooperAcción, quien comentó que, en el Perú, aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que, conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana, y en consecuencia, no está protegido.
“La eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas. Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos”, destacó Ana Leyva

Por su parte, Javier Jahncke, representante de CEAS y de la Coordinación Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señaló que hay una debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas y para la protección de los defensores y defensoras.

“En el Congreso hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos para abrir la Amazonía a la penetración del extractivismo” puntualizó Jahncke.

Por la parte de los representantes de los pueblos indígenas, intervino Rosalía Clemente Tacsa, presidente de la Confederación Nacional Agraria – CNA, quien resaltó que los medios de comunicación no han estado a favor de los pueblos indígenas, y que no se han visibilizado sus reclamos ni demandas. Además, Clemente enfatizó la importancia de los pueblos y comunidades indígenas señalando que “durante la pandemia nosotros -las comunidades- hemos puestos los alimentos sobre la mesa”

Asimismo, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, comentó que las comunidades campesinas son avasalladas por concesiones mineras que nunca respetan a las comunidades haciendo caso omiso al derecho a la consulta previa.

En esa línea, Liliana Gadea, coordinadora del Observatorio Nacional de Consulta Previa de ONAMIAP, resaltó que desde diciembre vienen denunciando que el gobierno de Dina Boluarte tiene un proyecto de dictadura extractivista genocida, que va llevar a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas, además de sus territorios y vidas, lo cual representaría el incumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

En otro momento de la presentación del informe, la congresista de la República, Ruth Luque comentó que se está condenando a la desigualdad y la pobreza a las comunidades que hoy están mucho más pobres que antes.

“Estamos viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas”, destacó la congresista de la República.

Luque destacó finalmente que “pese a la crisis y a la situación adversa necesitamos seguir disputando espacios para la representación política indígena y los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones.”

Por su parte, Catherine Neciosup, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la OACNUDH entre enero de 2022 hasta septiembre de 2023 ha documentado 151 incidentes sobre ataques, intimidaciones, hostigamiento a personas defensoras, involucrando a 365 víctimas, incluyendo siete personas asesinadas.

“El derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos que están contenidos en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” destacó Neciosup.

Por su parte Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDH, expresó que los derechos colectivos son exigibles a nivel nacional e internacional. Recordó la importancia del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y su aplicación en medidas legislativas y habló de varios casos en nuestro país que han acudido a instancias internacionales para defender derechos.

“Es muy importante la unidad, del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común”, destacó Jugo.

Las problemáticas y afectaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios que han sido discutidas en el evento son ampliamente explicadas en el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT”. Además, el documento busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Con la presentación del informe se busca, no solo sensibilizar al público en general sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, sino también hacer un llamamiento a organismos internacionales y prensa extranjera para que contribuyan a incidir en el Estado peruano para establecer medidas que permitan solucionar las problemáticas que sufren constantemente los pueblos indígenas.

Puedes leer el informe aquí

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Perú incumple tratado internacional que respeta derechos de los pueblos indígenas

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Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

A pesar de que el Perú es un país pluricultural, y que cuenta con más de 50 pueblos indígenas en su los Andes y la Amazonía, que representa aproximadamente el 7% de la población nacional, históricamente, estos pueblos han sufrido constantes vulneraciones a sus territorios y sus derechos por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones territoriales, así como por el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura que no han sido consultadas previamente.

Asimismo, en los últimos 10 años, según datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), basados en informes periodísticos y estatales, se han registrado 26 asesinatos de personas defensoras ambientales. Y aunque el Estado peruano dispuso en el año 2021 de la creación del “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, las amenazas y la impunidad persisten, y no hay eficacia en su implementación.

Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.

Todas estas problemáticas y violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios se sigue dando a pesar de que el Estado peruano se comprometió a defenderlos al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos adscrito a las Naciones Unidas. Este convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

Por esa razón, te invitamos a participar este jueves 09 de noviembre a la presentación del Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT que se realizará en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El informe busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
El documento evidencia un problema histórico de discriminación estructural en el Perú, tal como lo indicó hace 20 años el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyas recomendaciones siguen pendientes y urgentes de abordar.

Por todas las consideraciones expuestas el informe representa un documento actual, debidamente sustentado, que brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado peruano sobre un derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas de Perú. El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc5cfVmwFtYG27PcDyKpjOQKs07ZLB4NlS9DPM1T6M3GxPA/viewform

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La apuesta del régimen de Dina Boluarte por la “Mineria con todo” y nuevos conflictos a la vista en los territorios mineros

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A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

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Congreso aprueba ley que formaliza invasiones del 2004 al 2015 sobre tierras comunales

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Con el impulso de la bancada de Podemos y el apoyo de la bancada fujimorista, el Congreso de la República aprobó el jueves 20 de octubre el proyecto de ley 1210/2021-CR que formaliza las invasiones constituidas del 01 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2015 sobre las tierras de las comunidades campesinas.

La iniciativa legislativa aprobada modifica un único artículo de la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, Ley 24657:

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la Ley 24657, Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas

Se modifica el inciso b) del 2 artículo de la Ley 24657, modificado por las leyes 26845 y 27046, en los siguientes términos.

«Artículo 2. El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.

No se consideran tierras de la Comunidad:

  1. b) Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2015, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

El dictamen del proyecto aprobado fue presentado por la Comisión de Vivienda y Construcción. El dictamen no fue discutido en la Comisión de Pueblos Andinos a pesar que se solicitó ello con anterioridad; fue rechazado por mayoría en la sesión plenaria.

El día de la aprobación, la congresista Digna Calle sustentó su Proyecto señalando que con esta ley se beneficiarían a 65 mil familias de Manchay, que actualmente viven sobre tierras campesinas y no pueden acceder a títulos a pesar de vivir varios años allí. Sin embargo, no especificó que con esta modificación se deja abierta la puerta para el despojo de territorios campesinos por traficantes de tierras y poblaciones que necesitan vivienda, que están abandonados por el Estado por no existir una política de vivienda social como en otros países.

La congresista Noelia Herrera Medina de Renovación Popular se mostró de acuerdo con la ley y fue más allá, pidió a la Mesa Directiva poner en agenda su Proyecto de Ley N.° 580, que contempla la titulación automática para posesiones informales en asentamientos humanos.

Reacciones

Para el especialista legal y director ejecutivo de Cepes, Laureano del Castillo, el problema de la modificación de este artículo “es que por esta vía excepcional se vienen haciendo perforaciones al derecho de propiedad comunal reiteradas veces. Una situación de emergencia no puede ser eterna”. Señaló que la modificación de este artículo ya se ha hecho en años anteriores para beneficiar a las invasiones en tierras comunales.

También precisó que en algunos casos son los mismos comuneros, quiénes viendo su interés personal familiar por encima de la comunidad, promueven estas invasiones.

“La perspectiva a futuro será los que los que hayan invadido del 2015 hasta el 2022, también tendrán su artículo modificado para que se legalice su invasión, y así luego hasta el 2040, etc”.

Para la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Huitoto Murui en Amazonas, la ley afecta a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por lo que debió ser objeto de debate con la sociedad y de consulta previa con los pueblos indígenas.

Recuerdan que el artículo 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que es obligación del Estado proteger y titular las tierras indígenas porque estas garanticen la subsistencia de estas poblaciones.

Además, el proyecto cuestionado sería inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible. Estos argumentos fueron enviados mediante una carta al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades para que no se pueda implementar esta ley. En la carta piden que el presidente de la República, Pedro Castillo, observe el Proyecto de Ley y no lo promulgue.

Para el especialista Laureano del Castillo el problema es que estamos en presencia de dos derechos que entran en conflicto: “el derecho de las comunidades campesinas de mantener su territorio y el derecho de los pobladores de tener su casa”. Sin embargo, precisó que se debería hacer una denuncia ante el Tribunal Constitucional amparados en el convenio 169 de la OIT, tal como lo señala la comunidad amazónica en mención.

Tribunal Constitucional reconoce vigencia de tratados internacionales

Para el también especialista legal Juan Carlos Ruiz de IDL, el proyecto de ley aprobado es inconstitucional no solo porque viola lo señalado en el Convenio 169 de la OIT a nivel internacional, sino porque también transgrede la jurisprudencia de la Corte IDH respecto al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Esta jurisprudencia se basa en el caso del pueblo indígena Xucuru vs Brasil, en que la sentencia internacional establece:

  • La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Además, el especialista legal agrega que el derecho de propiedad no prescribe y que ha habido omisión de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas respecto a la modificación de esta ley que trata sobre sus derechos, en este caso al territorio.

Juan Carlos Ruiz agregó que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido anteriormente que el Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional:

 “En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. (STC 00022-2009-PI, f.j. 9)

Finalmente, consultada por Red Muqui, la actual presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo, señaló que emitirán un pronunciamiento rechazando la aprobación de esta ley por el Congreso de la República y exigiendo al gobierno que no promulgue esta ley, además de otras acciones.

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Bachelet reconoce que remediación ambiental y consulta previa son claves para derechos humanos en Perú

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Durante el 18 y 20 de julio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo; representantes de la sociedad civil (entre ellos la Red Muqui), del Poder Judicial, del sector privado, partidos políticos, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En esas reuniones recogió de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas diferentes problemáticas y planteó sus preocupaciones a las autoridades, constatando que nuestro país aún se está recuperando de la pandemia de COVID-19, que fue “devastadora para la población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo”.

Apoyo a la agricultura familiar

En su informe sobre su visita oficial, reconoce que la pandemia no golpeó a todos por igual: “golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados”.

Precisa además el contexto actual de la conmoción de la guerra en Ucrania, que provoca que “unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos”. Además, advierte la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra, como también lo señalan las organizaciones agrarias.

En ese sentido, la Alta Comisionada de la ONU para DDHH, propone que hay que “apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal”.

Defensa de los defensores ambientales

Además, señaló su preocupación por el escenario de polarización política en que nos encontramos y que es necesario proteger el espacio democrático. Respecto a protección de los derechos humanos, señaló que Perú tiene que implementar las leyes, y herramientas, con presupuesto, que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, para la protección efectiva de los los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica.

Remediación ambiental y consulta previa es urgente

Michelle Bachelet reconoció el aporte económico de la minería en el Perú, pero lamenta que no hayan beneficiado a las comunidades afectadas, “especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales”.

En su carta enfatiza que “el remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad”. Puso el ejemplo de una defensora indígena de derechos medioambientales de Cusco, quien describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. «No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir», dijo.

Finalmente, sobre la problemática minera, señala que “los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo.

Sobre el sector privado, señala que deben aplicar la diligencia debida de las empresas. “Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, concluyó.

La Alta Comisionada de la ONU sobre DDHH, en su informe oficial tras su visita, reiteró por escrito que está dispuesta a trabajar con el gobierno peruano y las instituciones para el resguardo de los derechos humanos en nuestro país.

 

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Comunidades aimaras recurrirán ante la CIDH en defensa del derecho a la consulta previa

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José Bayardo Chata Pacoricona. Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

 

Mediante auto de fecha 10 de mayo de 2022, el Tribunal Constitucional declara improcedente el recurso de subsanación presentado por las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara que buscaba que el máximo interprete constitucional nacional corrija su sentencia que desconocía como derecho fundamental a la consulta previa y le negaba el rango constitucional al Convenio 169 de la OIT.

Con esta respuesta, queda abierta la posibilidad que las comunidades aimaras de Juli, Puno, puedan acceder a la justicia interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que este caso de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas sea revisada y corregida.

Para la presentación de la petición ante la CIDH se cuenta con seis meses a partir de la notificación con este último auto, argumentando por escrito de la violación de derechos fundamentales, la responsabilidad del Estado peruano y de los medios probatorios que sustentan la pretensión.

Recordemos que en fecha 02 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el Expediente N° 03066-2019-PA/TC, en donde declara improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (Juli, Puno), y en la que expresamente desconoce el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa, y con esta decisión se marca un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las garantías constitucionales de las poblaciones más vulnerables del Perú. 

Ambas comunidades aimaras manifestaron su ánimo de no permitir que esta sentencia se quede sin objetar, por lo que están dispuestos a recurrir a las instancias internacionales ya habiendo agotado la vía constitucional nacional, ya que esta sentencia no solamente atentaría contra los derechos de estas dos comunidades indígenas sino que incumbe a todos los pueblos indígenas andinos y amazónicos del país.

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Comunidades del norte protestarán en Lima contra mineras que operan sin su consentimiento

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Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

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A 20 años de la primera consulta popular en América Latina que le dijo NO a un proyecto minero en Tambogrande – Piura

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Hace 20 años, el 2 de junio de 2002, se realizó una histórica consulta ciudadana en el distrito de Tambogrande perteneciente a la región Piura. La pregunta que respondieron los tambograndinos, fue: ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?. La respuesta del 95.24 % de participantes fue: NO.  27,015 personas dijeron no a la minería de un total de 35 mil personas hábiles para votar. La consulta ciudadana contó con la participación de observadores internacionales, quienes garantizaron la transparencia del profundo acto democrático que se vivió en esa oportunidad como parte de un proceso de lucha para que se haga respetar la voluntad del pueblo.

En 1999, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori había otorgado a la canadiense Manhattan Minerals Corp. la exploración de los yacimientos mineros ubicados en Tambogrande. La dictadura fujimorista ya había impulsado a inicios de los 90s las reformas neoliberales en la economía y el sector minero para facilitar la inversión privada transnacional y expansión minera en todo el país. El proyecto minero Tambogrande de la empresa canadiense, era uno de los varios proyectos dentro de la estrategia de expansión minera en el país.

En ese sentido, la experiencia del pueblo de Tambogrande y su Municipalidad, impulsores de la consulta ciudadana, fue vital porque abrió el camino para que años después otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares, frente a las reformas que se habían dado en el sector minero y el cambio de Constitución de 1993, que no permitían a los pueblos decidir sobre el futuro de su territorio, sino solo enterarse que sus territorios habían sido concesionados a las empresas mineras y extractivas por ser de “interés nacional”. El único mecanismo de participación ciudadana en el sector minero que tenían y tienen hasta ahora los ciudadanos de acuerdo a la ley de minería, es el de participar dando sus recomendaciones para las correcciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la fase de explotación. Nada más.

Para que la consulta ciudadana sea una realidad, la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal el 26 de octubre del 2001 creando un mecanismo de participación ciudadana para recoger la postura de los tambograndinos respecto a asuntos de interés público sobre el desarrollo local. Esta propuesta fue construida por especialistas y abogados de instituciones de la sociedad civil, quienes luego impulsaron la Red Muqui, junto al alcalde de Tambogrande: Alfredo Rengifo.

De esta manera se llevó a cabo la primera consulta vecinal en América Latina para que el pueblo decida si aprueba o no, el desarrollo de un proyecto minero en su territorio.

En ese entonces, ante la confluencia de actores religiosos, sociales, técnicos especialistas, y representantes políticos, se alertó el peligro que traería el proyecto minero en el territorio de Tambogrande. El desarrollo del proyecto implicaba el desplazamiento de la ciudad de Tambogrande, porque el proyecto se iba a ubicar en el centro de la ciudad; la alteración y contaminación del cauce del río Piura; y la afectación y contaminación del valle de San Lorenzo, un valle productor de mangos, limones y arroz, desde la década del 50 en el siglo pasado.

El tambograndino y biólogo Fidel Torres lo recuerda así: “El pueblo participaba en todas las instancias: en las capacitaciones, asambleas, tareas etc. Un pueblo muy organizado, consciente y unido que no permitió el ingreso de la minería”.

La ingeniera agrónoma Marlene Castillo, miembro en ese entonces del colectivo Piura, Vida, Agro, recuerda el liderazgo regional agrario y agroecológico de Godofredo García Baca en las asambleas en el Valle San Lorenzo, en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande, en las Asamblea en Chulucanas y en la lucha puerta por puerta en Tambogrande sobre los riesgos previos a la consulta popular con un trabajo de 200 promotores/as formados por una delegación de especialistas.

Uno de los hitos claves en la unidad y lucha del pueblo de Tambogrande antes de la consulta popular fue el paro total del 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una muestra contundente del rechazo de la población al desarrollo del proyecto minero.

Lamentablemente, un mes después, el 30 de marzo del 2001, asesinaron a uno de los principales líderes de la lucha de Tambogrande, al ingeniero agrónomo Godofredo García. Un encapuchado lo mató cerca de sus campos, cuando estaba viajando en su auto acompañado de su hijo. Este lamentable hecho no se esclareció, pero resultó evidente que el asesinato fue por motivos políticos, por el peligro que representaba Godofredo para el desarrollo de las actividades mineras en la zona.

Otro hecho importante, que recuerda la abogada Ana Leyva, fue cuando la empresa minera Manhattan presentó el diagnóstico de la línea de base y la población realizó varias preguntas que la empresa no supo responder. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la velocidad y dirección de los vientos?. ¿Qué iba a pasar con el agua en una zona donde la comunidad tenía problemas con los recursos hídricos?.

La presentación de la línea base del proyecto es diferente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que nunca se llegó a presentar públicamente en las audiencias que programaron en Tambogrande, la ciudad de Piura y Lima, porque la gente se movilizó y lo impidió. 15 mil piuranos se movilizaron al auditorio de la Universidad Nacional de Piura donde se iba a realizar la la audiencia pública para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, debido a que no se había podido desarrollar en Tambogrande. Lo mismo pasó en Lima, donde más de 50 personas se movilizaron al Colegio de Ingenieros donde la empresa pretendía realizar la misma audiencia.

El ejemplo de Tambogrande para otras consultas populares

La consulta popular en Tambogrande impactó en las provincias de Ayabaca y Huancabamba también de la región Piura. El 16 de septiembre del 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) también se realizó una consulta popular a través de las tres municipalidades distritales para que el pueblo decida sobre el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Para el especialista ambiental y en minería, Juan Aste, quien fue parte del equipo técnico de respaldo a los dirigentes sociales de Tambogrande, la consulta popular con el pueblo movilizado fue el referente y lo tomaron como ejemplo en diferentes territorios del país.

La tercera consulta en nuestro país, se desarrolló en la provincia de Candarave de la región Tacna. La municipalidad provincial consultó el 17 de febrero del 2008 a la población si estaba de acuerdo con el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia; y si aceptaba la extracción de agua para la minería. El pueblo votó por el NO en más del 90%. En la provincia no hay actividad minera, pero la empresa minera Southern Copper extrae agua de los lagos y agua subterránea para el funcionamiento de sus minas en Toquepala y Cuajone.

La cuarta consulta se dio en Tarata, también provincia de Tacna, el 20 de abril del 2008, con la finalidad que el pueblo decida respecto a la orientación económica productiva de la provincia: actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo) o actividades extractivas (minería). El 90% de los participantes eligió la primera opción.

La quinta consulta popular se dio en el valle de Tambo de la región Arequipa, el 27 de septiembre del 2009, donde la población decidió decirle NO al proyecto minero Tía María y la Tapada de la empresa minera Southern Coorporation.

Finalmente, la última consulta popular se realizó en la comunidad quechua de Kañaris el 2012, donde la comunidad rechazó al proyecto minero Kañariaco.

El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana en general tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 31 de la Constitución, en el que sostiene que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en forma individual y colectiva en todos los asuntos públicos y de interés nacional, en espacios políticos, económicos y sociales en general. Al mismo tiempo, en temas específicos en materia ambiental, en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, también se establece que como ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos  en materia ambiental. Y si interpretamos este derecho en conjunto con la ley general del medio ambiente, se establece que tenemos el derecho de participar y contribuir en la gestión y preservación del medio ambiente.

En una interpretación sistemática podemos concluir que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental sea de forma directa o indirecta para preservar el bienestar y el ecosistema para un ambiente sano y adecuado. La forma como se puede generar esa participación ciudadana puede ser a través de diferentes mecanismos y una de estas es la consulta popular, vecinal y/o ciudadana. Para los pueblos indígenas existe el mecanismo específico que es la consulta previa, pero para las personas no indígenas existe el derecho a la participación ciudadana.

La participación ciudadana en el sector minero se concreta, en algunos casos, solo en el momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero es fundamental que las consultas populares desarrolladas por los municipios como un mecanismo de participación política local, tengan carácter vinculante en los procedimientos mineros y para el Ministerio de Energía y Minas.

Para lograr este reconocimiento se debe de modificar la ley de participación ciudadana en materia extractiva y minera, y se deben generar espacios reales de participación para los ciudadanos.

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Las Bambas: Se reporta herido de perdigón durante intento de desalojo a comuneros del tajo de Chalcobamba

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Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

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