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EN AUDIENCIA

  • Abogado del MEM desestimó estudio técnico del GORE Cajamarca por supuesta posición antiminera

Autoridades de la Comunidad Nativa de Supayaku sustentaron una demanda de amparo en relación a la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Awajún de Cajamarca, por parte de la empresa Águila Dorada que tiene a cargo el proyecto minero ‘Yagku Entsa’

Durante la presentación de un informe oral en la sede del 5° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, los representantes de la comunidad Awajún también sustentaron como es que la empresa incurrió en la violación de su derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado.

La audiencia inició con el pedido del Juez hacia el Presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), Albercio Bazán, quien explicó que la demanda responde la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún de Cajamarca, y que además constituye un límite natural entre sus dos comunidades Supayaku y Naranjos.

Bazán dio a conocer que pese a que esta población forma parte de la comunidad adyacente al proyecto minero, Águila Dorada y el Estado solo consideraron como zona de influencia a la Comunidad Nativa de Naranjos y no a la Comunidad Nativa de Supayaku. Asimismo, el representante de ORFAC remarcó que el Río Chirinos, provee agua a ambas comunidad; de manera que los desechos químicos producto de la actividad minera han afectado a todos los que viven alrededor del río.

“Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río… lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río”, añadió Bazán.

Que dice la defensa

A su turno, el abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, argumentó que la comunidad de Supayaku tiene Derecho a la Consulta Previa, libre e informada por ser parte del pueblo indígena y originario Awajún, que además está reconocido en la base de datos del Ministerio de Cultura, al poseer titulación desde el año 1977.

“Solicitamos la nulidad de la resolución de aprobación del proyecto de exploración Yagku Entsa que autoriza el inicio de actividades de exploración, la nulidad de la resolución de aprobación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentado por Exploraciones Águila Dorada S.A.C. y la suspensión de las actividades de dicha empresa”, indicó el abogado.

Que dice la parte demandada

Por su parte, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas (MEM), alegó que la demanda era improcedente, en tanto la comunidad pudo haber refutado la aprobación de la DIA. Ante esto el juez corroboró que dicho procedimiento es posible, siempre y cuando la comunidad conozca sobre el proyecto minero, por lo que el magistrado  preguntó al MEM cómo es que habían informado a las comunidades sobre el mismo.

En respuesta, el Procurador señaló que “Todo se publica en el Diario Oficial El Peruano”, y agregó que “Si ellos (la comunidad) sabían que se estaban realizando actividades en la zona, bien pudieron haberse acercado a pedir información”.

Ante ello, el juez precisó que en el expediente consta un informe del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, en el que se confirma la presencia de aceites grasos y fenoles en el agua del Río Chirinos, por encima de los límites permisibles para el consumo humano; a lo que el abogado del MEM respondió: “Bueno, pero sabemos quién es el Presidente Regional de Cajamarca y su posición frente a la minería”, respuesta que sorprendió de sobre manera a los representantes Awajún, como al equipo legal y defensor.

Irresponsabilidad

Para Fedepaz, es irresponsable y poco conocedor de nuestra realidad, el considerar que la publicación en un diario oficial –que es de circulación limitada– es un medio idóneo para explicar el impacto de un proyecto minero en los territorios de una comunidad nativa. De igual modo, resulta ligero y suspicaz aquel comentario sobre el informe del Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, como si el Presidente Regional de esta región fuese el responsable del análisis de muestras de agua.

“Los representantes de Supayaku, el abogado que asume la defensa legal y todo el equipo de Fedepaz que acompaña el caso, llaman la atención sobre el manejo irresponsable y poco transparente que empresas mineras como Exploraciones Águila Dorada SAC tienen, respecto al sustento real del impacto de sus operaciones en territorios habitados por pueblos originarios, como en este caso. Al margen de que dichas empresas se ven favorecidas por un marco legislativo que facilita y promueve sus operaciones, confiamos que la justicia peruana priorice ante cualquier interés, el derecho a la consulta previa y a un medioambiente sano y libre de contaminación de los pueblos indígenas del Perú”, indicaron en una nota de prensa respecto a este caso.

DATOS:

La parte demandante integrada por los representantes de la comunidad nativa Awajún de Supayaku, el Apu Rodolfo Akintui y el cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz. Por la parte demandada, representado por el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas.

 

Fuente / Foto: Fedepaz

DEL 9 AL 20 DE MAYO

  • Presidente de este espacio, Álvaro Pop, señala como principal problema la consulta tras aprobación de proyectos extractivos

Desde este martes 9 de mayo, más de mil indígenas de distintos lugares del mundo se encuentran en la sede de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para participar en la 15ª edición del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La agenda a desarrollarse hasta el 20 mayo, propone analizar los escenarios de paz y de conflicto en el contexto de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como de sus derechos e identidades.

Precisamente, en una reciente visita a Perú, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, declaró que “existe una gran brecha entre la legislación peruana y la protección del territorio indígena”. Asimismo, se sorprendió más cuando se enteró del conjunto de leyes conocidas como el “paquetazo ambiental”, el cual debilitó a instituciones ambientales y flexibilizó la fiscalización ambiental a empresas extractivas.

“Nuestro propósito es que el Foro promueva el diálogo intercultural y el respetuoso encuentro de las culturas. Porque es algo que no tenemos”, remarcó Álvaro Pop, el líder activista maya que es el nuevo presidente de este Foro ONU indígena.

En ese sentido, Pop indicó la importancia de analizar y actuar sobre las condiciones de enfrentamiento y descalificación que viven los pueblos indígenas, las cuales son fuente primaria de los grandes y pequeños conflictos.

De igual modo, el guatemalteco resaltó que la avaricia del sistema económico internacional es uno de los factores que llevan al incumplimiento de compromisos como el llamado consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que los pueblos indígenas sean informados y consultados «antes» de tomar medidas administrativas que les puedan afectar.

«Uno de los temas que tendrá mayor resonancia en los próximos tiempos será el aumento de la incomodidad de las comunidades ante el abusivo incremento y despliegue de obras, de instalaciones hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones de recursos en territorios indígenas», aseveró Pop en entrevista con El País de España.

Como una de los temas más recurrente en el estallido de conflictos a nivel mundial, Pop subraya la consulta posterior a la instalación de infraestructuras o la explotación de las tierras, lo cual conlleva a la violencia, problemas y abusos por parte de las empresas y los Estados.

«Los pueblos indígenas tienen mecanismos propios para su toma de decisiones. La legitimidad es lo importante, y en ocasiones surge de la forma ancestral en que la autoridad ha sido delegada. Por eso es recomendable hacer una consulta de la consulta: preguntar a las comunidades sobre cómo quieren ser preguntadas”, agregó a El País.

El Foro Permanente también tratará temas relacionados con los jóvenes indígenas, salud, educación, lenguas, derechos humanos, desarrollo económico y social, medio ambiente y cultura. El presidente entrante de dicho evento, Álvaro Pop, manifestó que se buscará concientizar sobre los problemas particulares que enfrentan las comunidades indígenas en los conflictos, y sobre la importante contribución que sus tradiciones y prácticas pueden hacer a la prevención de enfrentamientos y a la paz. Además, dará seguimiento a la Conferencia Mundial de 2014 sobre los pueblos indígenas. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su relación con los pueblos indígenas, será otro tema destacado en el evento.

Entre las funciones de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que posee el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Entre sus funciones se encuentran:

– Prestar asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo.

– Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

– Preparar y difundir información sobre las cuestiones indígenas.

DATOS:

  • Se estima que en la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas distribuidos en unos 90 países y, aunque representan menos del 5% de la población mundial, se encuentran entre el 15% de los más pobres.
  • El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El primer período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y anualmente las sesiones se las realiza en Nueva York.

 

Fuente: El País / Cooperacción / ONU

EN RESPUESTA A OXFAM

Tras conocer las polémicas declaraciones de algunos representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que critican, descalifican y hasta desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, al igual que el rol de las instituciones ambientales y sociales que la defienden, el presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhortó a este gremio a fije una posición oficial al respecto.

“Tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente (…) hemos compartido su carta y atraído sus preocupaciones a la atención de la SNMPE y los hemos animado a que respondan a sus inquietudes y delineen una posición oficial”, respondió Butler a la carta enviada organizaciones de la sociedad civil peruana.

Según el CEO de la ICMM este es el proceso que su organización realiza cada vez que las organizaciones de la sociedad civil observan o critican a sus miembros corporativos.

VER NOTA ANTERIOR

Butler, también anotó que durante su última visita a nuestro país, el director de Operaciones de la ICMM, Aidan Davy, participó en un evento organizado por Oxfam y el Ministerio de Cultura del Perú para discutir el tema de la consulta previa.

En ese sentido, Butler, aseguró que Davy le informó que los miembros del SNMPE estuvieron presentes y públicamente manifestaron su compromiso con la consulta previa. “Confío en que este mensaje también ha sido puesto en conocimiento de los demás signatarios”, puntualiza el máximo representante de la ICMM.

Precisamente, durante dicho evento sobre consulta previa (24 de febrero), el también Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy, remarcó que se está dando un «cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas»; pero, al ser consultado sobre los comentarios de algunos empresarios del que pertenecen al gremio que agrupa gran parte del sector minero de nuestro país, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Como se recuerda, en el marco de la campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

Entre los firmantes de la carta está la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: GRUFIDES, REDAD, Red Uniendo Manos Perú, Aprodeh, Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS), Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas (CADEP), CooperAcción y el Arzobispado de Huancayo.

En la misiva enviada al ICMM, se incluyeron expresiones como: “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera.» (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), que además de opiniones, también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca satanizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

En respuesta, Oxfam y aliados esperan que la SNMPE atiendan las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

VER RESPUESTA DEL ICMM

DATOS

  • El ICMM está conformado por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo.
  • En su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomo una posición muy clara sobre el consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
  • Contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio.
  • Los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas
  • Tiene como preceptos, adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Foto de Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy: Comunicaciones RED MUQUI

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

«Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe «Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015», el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

“Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN ÚLTIMO INFORME

  • Informe sobre impactos de la minería canadiense que RED MUQUI presentó ante la CIDH, impulsó parte de esta publicación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo», documento que recomienda a los Estados miembros desarrollar políticas de prevención eventuales violaciones a los derechos humanos, a través de marcos normativos.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que van en aumento en la región, son generalmente implementadas en áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales, y que en su mayoría, coinciden con los territorios que son ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes.

Es por ello que en este documento se destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano que son aplicables a este tema.

“Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia”, indica.

Una de las obligaciones más destacadas en su informe, constituye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización.

“Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas”, señala en la presentación del documento.

Asimismo, la CIDH resalta la obligación de adoptar un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos.

“Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar  las actividades de las empresas y otros actores no estatales”, remarca.

Además, también contempla como obligación de los Estados miembros, el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; así como medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Todo esto alcanza a grupos específicos como: líderes, autoridades y defensores indígenas o afro descendientes, mujeres,  niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Recomendaciones

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas que procuran promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito.

La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

Si bien, la CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que pueden tener para la prosperidad económica de los países de América, y desarrolla cuáles son las obligaciones que los Estados miembro tienen con miras a garantizar que el desarrollo no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro descendientes.

Antecedentes

Cabe recordar que en el año 2013, en una audiencia pública de la CIDH, RED MUQUI y sus miembros presentaron el documento «El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá», el cual presenta cinco casos sobre los impactos de la minería canadiense.

En este informe, se plantó ante la CIDH, la necesidad de establecer responsabilidad en los países de origen de las empresas mineras que generan un fuerte impacto ambiental generan en los países donde realizan explotación de minerales.

Como consecuencia, la relatora sobre pueblos indígenas de la CIDH, Ann Marie Antoine, visitó Lima y planteó que la instancia que ella presidía emita un informe sobre la situación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas.

Precisamente, este informe tiene como antecedente, la acción de incidencia ante la CIDH por parte de la RED MUQUI como contribución a este proceso a nivel de América Latina.

A leer el informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf

DATOS:

  • La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
  • La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Foto: Portada del informe CIDH «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo»

PAQUETAZO AMBIENTAL

  • Congreso tiene un mes para responder esta demanda

Después de casi un año, el Tribunal Constitucional (TC) admitió –a trámite- que 22 artículos de la Ley N° 30230, conocida como el tercer ‘paquetazo ambiental’, son inconstitucionales al vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un medio ambiente adecuado, así como el de la debida propiedad de sus territorios. Como se recuerda, esta demanda fue interpuesta por diferentes organizaciones indígenas nacionales y de derechos humanos, en abril del año pasado.

“ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad y su ampliatoria interpuesta por más de cinco mil ciudadanos contra diversos artículos de la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (…)”, se concluyó en una resolución emitida el 15 de marzo último.

A inicios del mes pasado, el Tribunal desestimó esta pedido debido a que no se aclaraba la inconstitucionalidad artículo por artículo, luego de esta corrección, el TC finalmente admitió la demanda ciudadana de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30230.

Es así, que el 14 de marzo los ciudadanos demandantes presentaron un escrito de subsanación en el que se expusieron los argumentos que sustentan la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 36, 38 al 40, 42 al 51, y la Tercera Disposición Complementaria.

En resumen, dichos artículos (Título III) permiten al Estado -mediante “procedimientos especiales”- entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. De igual modo, atentan contra la Consulta Previa (Convenio 169 de la OIT).

Ahora que el TC admitió la demanda contra ley del ‘paquetazo ambiental’, se espera que el Congreso de la República la revise y se pronuncie en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.

Cuestión de interpretación

Tras cumplir con la subsanación observada por el TC, la parte demandante aprovechó en presentar una ampliación de la demanda en donde se le solicita al Tribunal, también emitir una sentencia interpretativa -de naturaleza aditiva- que reitere las reglas desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la prohibición de reconocimiento de derechos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Pedido que también fue admitido.

“Esto quiere decir que, se le sugiere al TC que al momento de interpretar la norma (30230) se tome en cuenta que, toda normativa que se dicte en el Perú debe cuidar el marco normativo establecido por la CIDH y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que cuida que no se afecten los derechos indígenas. No olvidemos que ello ha sido suscrito por el Estado”, comentó Javier Jahncke de la RED MUQUI.

Vulneraciones de la 30230

Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal – IDL, argumentó que esta demanda se sostiene en la vulneración del derecho a la consulta previa, al territorio y al derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y que su objetivo es que el Tribunal Constitucional evalúe si la Ley N° 30230 respeta la Constitución y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, señaló que se flexibilizan las exigencias de control ambiental, como el tiempo en los procedimientos de evaluación y análisis de los estudios de impacto ambiental, se limita la participación ciudadana en temas de ordenamiento territorial.

VER RESOLUCIÓN

DATOS

  • La demanda de inconstitucionalidad fue elaborada en parte por la RED MUQUI y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
  • RED MUQUI, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, el Pacto de Unidad de organizaciones Indígenas del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, y la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas, recolectaron a nivel nacional cerca de 10 mil firmas, para solicitar la acción de inconstitucionalidad ante el TC.
  • Diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, están pendientes de este proceso que el TC deberá resolver.
  • En junio del 2014, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un tercer paquete de medidas económicas (Ley 30230) remitidas por el Ejecutivo.
  • La Ley 30230 perdona por tres años las multas a mineras y petroleras que hayan incurrido en infracciones ambientales.

EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de «adelanto social», permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa «propietario firme» para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

CON DEMANDA DE AMPARO

• Hace 18 meses suscribieron acta de consulta y Ejecutivo no cumple con acuerdos

La Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas nacionales presentaron una demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Salud (MINSA), solicitando que se cumpla con emitir el Decreto Supremo sobre la Política de Salud Intercultural, en atención a los acuerdos suscritos el 12 de setiembre del 2014 entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas, durante el proceso de consulta previa llevado a cabo con relación a dicha medida.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que la demanda fue presentada a solicitud de los pueblos indígenas consultados ante la excesiva demora en la aprobación del Decreto Supremo. “Han transcurrido 18 meses desde la suscripción de los acuerdos del proceso de consulta. Nuestra institución y los pueblos indígenas hemos remitido diversas comunicaciones a la PCM y al MINSA. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta”, puntualizó.

El representante de la Defensoría del Pueblo indicó que “dicho proceso constituye una valiosa experiencia de dialogo para la construcción de una política nacional orientada a reducir las brechas que han impedido a los pueblos indígenas recibir una atención de salud adecuada y con enfoque intercultural”.

La sustentación de la demanda presentada hoy señala que los pueblos indígenas conforman uno de los grupos humanos más olvidados y postergados por el Estado. Por ello –en comparación con otros grupos- presentan la expectativa de vida más baja, la mortalidad materna y neonatal más alta, así como la mayor desnutrición infantil y el menor número de partos atendidos por profesionales de la salud.

“Es tan deficitaria la atención de salud que el 51.2% de las comunidades nativas carece de algún tipo de establecimiento. Esto es un serio problema porque a las diversas epidemias presentes en contextos indígenas como las enfermedades diarreicas agudas o la malaria se sumen otras nuevas como el VIH, la hepatitis B o la tuberculosis, que no están siendo adecuadamente atendidas”, resaltó el Defensor del Pueblo.

Por su parte, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas, subrayó que “el no reconocimiento de las necesidades y prácticas de las comunidades no contribuye a superar las barreras culturales y las posibles situaciones de discriminación que se presentan en la atención de salud. Una de las quejas más frecuentes recogidas en reuniones con representantes indígenas es que el personal de salud no habla su lengua y no conoce su cultura”, indicó.

Sánchez recordó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con su compromiso de aprobar la Política de Salud Intercultural que fue consultada, a fin de garantizar que los pueblos indígenas cuenten con servicios de salud de calidad y debidamente abastecidos. “El servicio de salud debe contar con personal capacitado -que no discrimine, que comprenda sus dolencias- y bien remunerado. Asimismo, la distribución del personal sanitario tiene que considerar las condiciones geográficas, la dispersión y la escasa densidad poblacional”, agregó.

La demanda cuenta con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).

Fuente / Foto: Defensoría del Pueblo

AFIRMA OXFAM EN PERÚ

El representante de OXFAM en el Perú, Vladimir Pinto, indicó que una reglamentación del derecho a la Consulta Previa no permite que el Estado pueda comprender, de manera más amplia, este derecho propio de los pueblos indígenas.

“Resulta un asunto complejo, porque entrar en detalles restringe el entendimiento de este derecho. Creo que el camino de la reglamentación no es recomendable para otros países, que lamentablemente están pensando en ello como Colombia, Brasil y México, donde se discute como reglamentar el derecho a la consulta”, aseguró Pinto.

Si bien, resaltó que el Perú es un ejemplo en Latinoamérica por ser el país que tiene una ley reglamentada, así como protocolos y modificaciones en los textos de procedimientos de algunos sectores, ello no asegura el éxito de un proceso de consulta.

“Se ha hecho mucho trabajo normativo. Se ha creado una institucionalidad ADHOC, y ello es una forma homogénea de hacer las cosas, sin embargo, tenemos una entidad rectora en el Estado, pero al final cada ente tiene su propio mecanismo específico de implementar las consultas”, consideró.

Para el representante de OXFAM en nuestro país, el éxito de un proceso de consulta previa radica el plan de consulta para cada proceso específico.

“En el Perú, durante los distintos procesos de consulta que se han desarrollado, lo que determina el éxito de las consultas es el plan de consulta porque eso es lo que realmente se negocia. En la mayoría de los casos, estos planes van más allá del reglamento, y con ellos se ha llegado a modificar cosas que, incluso, están específicamente normadas”, señaló.

Durante su intervención en el evento de OXFAM “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, Vladimir Pinto, resaltó el buen resultado que ha traído la consulta previa en aprobación o modificación de leyes de alcance general.

“Los casos de Consulta Previa sobre temas generales que son los que mejor funcionan, más que los casos específicos de afectación. En el Perú tenemos la reglamentación de la ley forestal, el plan nacional de salud intercultural, en donde hubo un dialogo real entre el Estado y las organizaciones y con cambios significativos entre la norma originalmente planteada”, comentó.

De igual modo, Pinto sugirió que el manejo de la cultura de la consulta previa no puede estar solo en un sector del Estado, sino que cada una de las partes involucradas en el proceso debe tener un especialista en la materia, así como un entendimiento básico de los derechos de los pueblos indígenas.

En respuesta, la Directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, puntualizó que el reglamento ayuda a determinar que se consulta todo aquello que tiene afectación directa sobre los pueblos indígenas, es decir un cambio en la situación jurídica y el ejercicio de un derecho.

“Es un gran reto explicarle a un funcionario como es que la afectación directa de los derechos colectivos y cómo eso ayuda a identificar qué es lo que se consulta”, explicó.

En cuanto a la identificación de pueblos indígenas, Acevedo dijo que el Perú cuenta con una base de datos referencial y que se va a actualizando de acuerdo a los trabajos de campo que el Estado realiza en las comunidades indígenas. Esto se debe a que en los censos poblaciones no se ha recogido información sobre ello.

La representante del Ministerio de Cultura, también aseguró que cuando se implementa el derecho a la consulta, surgen agendas que no están relacionadas al proceso o a lo que se está discutiendo en un caso particular.

“En consulta previa se discute sobre una medida que afecta el derecho colectivo. Hay una agenda indígena y otros temas pendientes que no necesariamente se van a debatir en un proceso de consulta previa. La consulta no es el remedio para los temas históricos, de titulación, acceso a la educación, salud, entre otros”, aclaró Acevedo.

DATO:

Vladimir Pinto (OXFAM Perú) y Ángela Acevedo (Ministerio de Cultura) participaron y comentaron el contenido de dos informes: «Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina», y «Índice de consentimiento de las comunidades 2015». Ambos documentos fueron presentados en el evento “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, realizado en el marco del EITI y organizado por OXFAM y el Ministerio de Cultura.

 

FOTO: Captura YouTube RED MUQUI