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Un día como hoy, 16 de septiembre, hace 13 años, se realizó una consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba,  frente a la pretensión del proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco – de la minera Zijin-, de instalarse en los territorios de las dos provincias señaladas. Frente a las protestas realizadas por las rondas campesinas, profesores, comités vecinales, autoridades, debido a que los páramos, bosques de neblina, que nutren de agua a la región serían afectados por la minería, así como el desarrollo agrícola; los alcaldes de esos municipios realizaron una consulta vecinal, de acuerdo al artículo 197  de la Constitución que señala: “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”;  dando como resultado que más del 90% de la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas y la agricultura y en contra de la explotación minera.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo respaldo la consulta vecinal realizada por los municipios y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones de la gente que vive en sus territorios. Sin embargo; hasta el día de hoy, la empresa minera, ahora de capitales chinos, continúa empleando estrategias de división de las comunidades para instalarse en la región y desarrollar su proyecto minero Río Blanco. El año pasado, la municipalidad provincial de Ayabaca le denegó el permiso a la minera Zijin para que instale sus oficinas en la provincia de Ayabaca. Hasta ahora la empresa minera continúa actuando en la región, a pesar de no tener ningún aval del Estado a todo nivel, ni en la localidad, ni por el Ministerio de Energía y Minas.

A continuación compartimos el pronunciamiento completo del Colectivo por Ayabaca, que reúne a profesores, dirigentes ronderos, profesionales, etc.

 

Pronunciamiento

¡AGUA SI,MINA NO!

Colectivo Por Ayabaca

 

¡VIVA EL 16 DE SEPTIEMBRE!

¡VIVA LA CONSULTA VECINAL!

¡VIVA AYABACA Y HUANCABAMBA !

 

1.- El año 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura encararon  las políticas Neoliberales   impuestas por el estado peruano con el » Proyecto Minero Rio Blanco»

2.- El proyecto Minero Río Blanco antes Majas obtuvo ocho concesiones mineras  en 6,472 ha, para explotar cobre molibdeno y oro dentro de los territorios de las comunidades campesinas de «Yanta » Ayabaca y Segunda y Cajas » Huancabamba, afectando las  nacientes de agua de las cuencas de los ríos Quiroz (que irrigan la región de Piura ) y del Chinchipe (región Cajamarca )

3.- El proyecto Minero Río Blanco nunca ha contado con el permiso de las comunidades campesinas de la zona , al contrario ha recibido un rechazo rotundo de la poblacion, más cuando esté   pretende imponerse con  descrimacion,  corrupción y violencia.

4.- En el 2004 y el  2005, miles de campesinos se movilizaron hacia al campamento minero  ilegal y fueron reprimidos brutalmente dentro de su territorio  por la policía, dejando a comuneros muertos, mutilados, decenas de torturados, judicializados, y un pueblo movilizado.

5.- Posteriormente se inició  diálogo con el gobierno central que fracasó en mayo del 2006, por falta de voluntad  del Ministerio de Energía y Minas, que dejo al caso sin ningún canal institucional que facilitara  una salida pacífica al conflicto con el poder central.

6.- Ante esta situación, las Comunidades Campesinas recurren, al poder más cercano, los gobiernos locales para hacer uso del “mecanismo de participación ciudadana” a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en sus  territorios.

7.- La participación ciudadana  es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades a través de ordenanzas , crear mecanismos  para su ejercicio,  sobre: planificación, desarrollo y  medio ambiente enmarcado por la Constitución Política del Perú, la Ley General del Ambiente y el Convenio Internacional 169-OIT.

8.- Fue así que los pueblos de la sierra norte conscientes de su realidad y de la presencia de un conjunto de concesiones mineras en las nacientes de las agua, respondieron con un rotundo “NO” el 16 DE DE SEPTIEMBRE  DEL 2007 ,  que coincide con  dictámenes oficiales sobre la necesaria conservación de la biodiversidad, del corredor biológico Tabaconas Namballe-Podocarpus y de la cuenca Binacional Catamayo-Chira.

9.- La consulta vecinal es un rotundo NO al proyecto Río Blanco el cual se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, y “zona de paramos” que según  especialistas es una especie de ’esponja que captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura.

10.-   Los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de agenda de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.

11.- Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú sobre Proyecto Río Blanco en Piura”,  afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua de la sierra  donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” más grande en la región.

12.- El resultado de la Consulta significa un NO AL DISTRITO MINERO que el Proyecto Río Blanco ante Majas ha pretendido ocultar. Hace años ha venido desinformando a las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda y Cajas (Huancabamba) sobre sus reales pretensiones de explotación minera en el yacimiento del cerro Huamaní, publicitándose como un proyecto focalizado solo en el cerro Henry Hill (cuenca del río Chinchipe) pero ocultando su extensión a la vertiente occidental del yacimiento (cuenca del río Quiroz).

13.- El significado del “NO” es una afirmación por el derecho de los pueblos a orientar su modelo de desarrollo sustentable, en tiempos de descentralización y democracia, y de un contexto de acelerado cambio climático que convierte al AGUA en el recurso estratégico para la vida, derecho fundamental de las generaciones actuales y venideras.

14.- El “NO” para una región como Piura significa no aceptar un escenario de ALTO RIESGO para las nacientes de aguas que discurren desde las alturas, pasando por los valles hasta las ciudades, de la que dependen nuestra economía y salud pública, así, este resultado protege verdaderamente el BIEN COMÚN REGIONAL.

15.- La Consulta Vecinal del 16 de septiembre de 2007, fue un ejercicio democrático y descentralista de  mujeres y varones por la protección de las cabeceras de cuencas de aguas en la zona andina de nuestra región, quienes dando muestras de civismo ejemplar participamos en la CONSULTA VECINAL de manera voluntaria y no obligatoria, ni multada como los  procesos electorales del JNE, que a pesar del boicot masivo promovido por el gobierno central, , declarándola de ilegal, amenazas judiciales, prohibición del uso de locales escolares;  a pesar de las distancias y dificultades propias de la geografía andina; del alineamiento del gobierno central y de la mayoría de los medios de comunicación en la defensa a ultranza de la gran actividad  minera transnacional, la  Defensoría del Pueblo declaro a la Consulta Vecinal como un hecho legítimo.

16.- El “NO”a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos  el 16 septiembre del 2007 se traduce en un explícito y contundente SÍ  a la agricultura y la  defensa de la  Biodiversidad.

17.-  Por ende, esto se traduce en la defensa de una política de seguridad alimentaria, y la  necesidad de potenciación de la agricultura familiar,  una actividad primordial para vida en medio de está  pandemia.

18.- La consulta contó con la observación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Inglaterra y Suiza.

19.- El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente,  por ello las Rondas Campesinas se mantienen en  pie lucha   hasta que el  Congreso de la  República emita el carácter de ley de la  «Consulta Vecinal» en  concordancia con los convenios internacionales.

 

¡AGUA SI,  MINA NO!

¡VIVA EL 16 SEPTIEMBRE!

Colectivo por Ayabaca

Era el 16 de septiembre de 2007 cuando las poblaciones de los distritos de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba; rechazaron la imposición del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco perteneciente a la empresa minera china Zijin.

En aquel día, a través del voto en la consulta vecinal organizada por los municipios locales; el 95% de la población, que incluye a comunidades campesinas y ronderas, optó por un modelo de desarrollo económico que rechazaba la actividad minera en sus territorios en favor de un modelo basado en la agricultura y el turismo. La consulta del 2007 marcó un hito importante en terminos de empoderamiento de la sociedad civil que antes solo se había dado en el caso de Tambogrande en el 2002; también en Piura. Actualmente la empresa china continúa implementando una estrategia para imponer su proyecto minero Río Blanco en la zona.

A pesar de que la misma constitución incluye en el artículo 197 que “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”; el Estado peruano aún no atribuye el carácter vinculante a la consulta vecinal para las decisiones locales.

Después de doce años el tema sigue muy actual. Los enfrentamientos en Arequipa entre la población de Valle de Tambo que rechaza el proyecto minero Tía María y los policías que impiden el desarrollo de la protesta, continúan desde que el Gobierno otorgó la licencia de construcción a la empresa minera Southern. El día de ayer, lunes 16 de septiembre se realizaron protestas en la ciudad de Arequipa. En este escenario, en el cual las decisiones del Estado sobre la implementación de los proyectos mineros no incluye la aprobación social de las poblaciones –llamada también licencia social- en sus procedimientos formales obligatorios; es fundamental que la consulta vecinal sea parte del marco normativo como forma de prevención de los conflictos y fortalecimiento de la democracia. En la actualidad, la licencia social que debería tener todo proyecto extractivo para operar, es solo un mecanismo voluntario de la empresa. Las audiencias públicas que realizan las empresas para presentar sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y así recoger observaciones, no tienen un mecanismo de participación efectiva de parte de la población. Además, como ocurrió en la audiencia pública del EIA del proyecto Tía María hace varios años; la empresa no dejó participar a la población que se oponía al proyecto. Asimismo, la consulta vecinal realizada en Valle de Tambo en septiembre del 2009, le dijo NO en un 97% al proyecto minero Tía María, y esa decisión no está siendo respetada.

Por estas razones, es importante que la licencia social se convierta en un requisito para que los proyectos mineros puedan desarrollarse. La consulta vecinal, como parte de un proceso informativo transparente, es un mecanismo que puede ayudar a resolver este entrampamiento entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y las poblaciones que habitan los territorios que serían impactados por la actividad minera.

Al respecto, desde el Congreso de la República, hay iniciativas que se están presentando como proyecto de ley para regular la licencia social para las actividades extractivas, como la última iniciativa presentada hace unos días por el congresista Marco Arana.