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Durante el 12 y 13 de octubre se desarrolló la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de la comunidad de La Oroya (Junín) contra el Estado peruano, debido a la vulneración de derechos humanos desde hace décadas por la contaminación con metales pesados del complejo metalúrgico que procesó hasta el 2009, concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc, plata, oro, y otras sustancias

El 30 de septiembre de 2021, después de 15 años de iniciada la demanda internacional por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH, después de concluir en su informe de fondo que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. La CIDH presentó el caso ante la Corte IDH debido a que el Estado peruano hizo caso omiso a las recomendaciones que enviaron el 30 de diciembre del 2020 para que las víctimas puedan encontrar justicia y reparación. Ya el Tribunal Constitucional peruano había ordenado al Ministerio de Salud el 2006 y 2015 para que tomen medidas de atención a las y los afectados por la contaminación, pero el Estado peruano no cumplió.

Desarrollo de la audiencia

La audiencia se realizó en el marco del 153 Período de Sesiones de la corte en Montevideo, Uruguay, y fue aperturada durante la mañana del 12 de octubre por el presidente de la Corte IDH: Ricardo Perez Manrique y el secretario de la Corte: Pablo Saavedra, quien señaló el objetivo y modalidad de desarrollo de la audiencia: “el propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de tres presuntas víctimas, un testigo propuesto por el Estado, dos peritos propuestos por los representantes de las víctimas y un perito propuesto por el Estado. Se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas del presente caso”.

Aperturada la audiencia, el presidente de la Corte IDH dio el pase a Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso de la Oroya contra el Estado peruano, quien señaló que la CIDH – en su informe de fondo 33020 – partió por reconocer la indivisibilidad existente entre los derechos a la vida digna, la integridad de la persona, la salud, y el ambiente sano, y determinó que el Estado ha incumplido tanto sus deberes de respeto como garantía que derivan de tales derechos.

Agregó que la CIDH observó que hasta 1997 mientras el complejo metalúrgico fue operado por la empresa estatal Centromin, el Estado no adoptó medidas para regular y controlar efectivamente las emisiones de sustancias toxicas. Y cuando se privatizó el Complejo Metalúrgico por Doe Run, tampoco hizo efectivo el cumplimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), lo que se comprobó con las modificaciones y prórrogas otorgadas a la empresa.

Posteriormente presentaron sus declaraciones las 3 víctimas de la Oroya, quienes señalaron que además de estar afectadas en su salud junto a sus familiares producto de la contaminación, también fueron amenazadas directamente para no seguir denunciando la contaminación del Complejo Metalúrgico.

Testimonios de las víctimas

Inició Rosa Amaro de 74 años, quien señaló que la neblina de los gases tóxicos que emanaba el complejo, se transformaba como caspa que quedaba en los rostros de los niños. Precisó que cuando protestaban recibieron amenazas. “Dejé la presidencia del movimiento por la salud en La Oroya porque se metieron con lo que más duele a una madre: mis hijos”. Producto de las amenazas se tuvo que ir de su pueblo.

Continuó Yolanda Zurita, quién señaló que producto de la contaminación tiene tumores y la mayoría de la población sufre la caída de los dientes y tiene fibrosis pulmonar. Ante la pregunta de un juez de la Corte IDH sobre sus malestares y las amenazas que recibía, señaló que su malestar antes era leve y que después del ingreso de Doe Run, eso empeoró. Y agregó: “Toda persona que hablaba de los riesgos a la salud era atacada no solo por los medios de comunicación, también había volantes. El alcalde convoco un cabildo abierto y nos declararon personas no gratas”. Finalizó señalando que tenía que presentar su medida cautelar para que la atiendan en los centros de salud del Estado, porque durante la pandemia solo atendieron casos covid. Sin embargo, ante la atención deficiente y no especializada, tuvo que gastar sus ahorros atendiéndose en consultorios privados.

La tercera declarante fue Maricruz Aliaga, una joven que tuvo que salir de la Oroya producto de las afectaciones que tenía, quien señaló que junto a su hermana tenía problemas pulmonares, de infertilidad, dolores musculares y problemas odontológicos. Además, señaló que tenía parálisis en algunas oportunidades.

Relató: “Íbamos al centro de salud y solo nos daban parecetamol. Decían que no hay especialistas para atender eso; si quieren estar bien, sácalo de La Oroya, nos indicaban. Acá es una tremenda contaminación. ¿Tú quieres tenerla viva o muerta a tus hijas?, decía el médico a mi madre. Si tu no alimentas bien a tus hijas, si no das de comer frutas, leche, empeorarán. Es por eso que mi mama decidió sacarnos de la ciudad de la oroya. En Chupaca tu podías ver el cielo azul, arboles; en la oroya cielo calcinado, no crecían las plantas. Podía respirar tranquilo sin que me pique la garganta”.

Agregó: “5 años que intento ser madre y no puedo hasta el día de hoy. Me apena tener el plomo en sangre, que no es el mínimo, y tener estos malestares. Por eso decidí estudiar enfermería, para minimizar estos dolores junto al de mi familia”.

Procuradores representantes del Estado negacionistas

Frente al relato que desarrollaron las víctimas, los procuradores supranacionales que representaron al Estado tuvieron una actitud cuestionadora de sus relatos, señalando que ellos tenían una cantidad exacta de dosajes mayor a la que las víctimas señalaban recordar. En el caso de una de las víctimas, uno de los procuradores señaló que según un dosaje que tenía, la supuesta víctima tenía una cantidad de plomo en su organismo por debajo del límite permisible. A lo que la víctima señaló que el médico le había señalado que tenía el doble de cantidad de plomo.

Asimismo, les exigían pruebas que señalen la causalidad entre la exposición a metales pesados que tuvieron durante sus años de vivencia en la Oroya y los malestares y enfermedades que relataban, cuestionando a una de las víctimas por el tiempo de su vivencia en la Oroya y su mudanza a una localidad distinta a la que relataba oralmente.

Frente a ello, el abogado representante de las víctimas de Aprodeh intervino señalando ante el juez, que el procurador del Estado no estaba preguntando y sí argumentando cayendo en un diálogo, cuando su función es preguntar. Por ejemplo:

Procurador: ¿En Essalud hay algún registro de tus atenciones?

Por su puesto, de mis parálisis. De forma particular he ido a un neurólogo, me he sacado tomografías, señaló Maricruz Aliaga.

Procurador: ¿Tiene alguna documentación que alegue que sus síntomas es producto de la contaminación del Complejo Metalúrgico?

Víctima: “El Estado no nos da respuesta, pero tengo dientes amarillos y el odontólogo nos dijo a mí y a mi hermana que eso es problema de la mala absorción del calcio y eso es producto del metal (plomo) que ustedes tienen. El neurólogo también señala que no encuentra razón de por qué se paraliza el cuerpo.

Procurador: ¿Tienes algún chequeo anual, tú como enfermera?

El abogado de la víctima interrumpió nuevamente: “Se está evocando a la testigo en calidad de enfermera – su ocupación laboral – y no en calidad de paciente”.

Finalizado el tiempo de desarrollar preguntas a la víctima, se dio el pase al testigo médico de CENSOPAS propuesto por la defensa del Estado, quién respondió a las preguntas del procurador del Estado y de los representantes de las víctimas, señalando que no existe causalidad directa para determinar que la contaminación ambiental producida por el Complejo Metalúrgico produce los malestares y enfermedades que alegan las personas afectadas. Sin embargo, frente a las preguntas de los abogados representantes de las víctimas, señaló que sí existe posibilidad, pero no se puede hablar de causalidad directa. Reconoció que se encontraron a niños con plomo más allá del límite permisible.

Durante los alegatos finales el segundo día, los procuradores representantes del Estado peruano señalaron que “el Estado peruano considera en términos técnicos que no toda presencia de metales pesados en el ambiente, significa un daño a la salud(..)” y que para imputar responsabilidad internacional al Estado peruano debe existir un nexo causal entre la contaminación ambiental y el diagnóstico médico de las supuestas víctimas. Asimismo, señalaron que el Estado sí realizó medidas para resguardar la salud de las personas que tenían metales pesados por encima del límite permisible y para proteger el medio ambiente.

Relator de la ONU especialista en sustancias tóxicas

Durante la intervención del relator de la ONU, Marco Orellana, como perito experto propuesto por la representación de las víctimas, este señaló que si bien los riesgos ambientales tiene impacto diferenciado en las personas, “en el caso de la Oroya a pesar de contar con información de la grave contaminación ambiental, el Estado no solo falló en el deber de entregar de manera oportuna la información a la comunidad, sino además fallo al prolongar los plazos establecidos del manejo ambiental para cumplir con los estándares ambientales. El Estado en vez de hacer cumplir los estándares, los disminuyo”.

Respecto a la causalidad de las enfermedades y malestares producto de la contaminación, señaló que determinar esas relaciones de causa efecto son muy difíciles.” Pueden requerir información que no existe o que se obtiene después de mucho tiempo, información que se obtiene tras consumado los daños. Para que el derecho internacional pueda proteger a la gente, la evidencia de riesgos es suficiente para activar los deberes de cuidado”.

Precisó que la jurisprudencia ha determinado que le corresponde la carga de la prueba a aquella parte que tiene la evidencia o que se encuentra en mejor posición para producirla. “Esto se aleja de la regla tradicional que a cada parte le corresponde probar lo que alega”.

Frente a esta declaración, la procuradora representante del Estado preguntó si había examinado las normas ambientales del Perú. A lo que el relator señaló que sí las había revisado a través de los informes de las víctimas que hacían referencia a normas específicas.

La procuradora volvió a preguntar, queriendo cuestionar su experticie sobre el caso:

¿Usted ha evaluado el medio físico donde se desarrolla el complejo metalúrgico?. ¿Ha visitado físicamente el lugar?

Relator de la ONU: No he ido directamente, pero he revisado todos los documentos.

¿Conoce la situación actual del complejo metalúrgico actual?

Relator de la ONU: Sí.

Procuradora: ¿Podría precisar si es que el complejo metalúrgico ya no funciona, podría hablarse de una vulneración continua de derechos, como usted señala?

Relator de la ONU: Lo continuo no es por el funcionamiento actual del complejo metalúrgico, sino por la continua exposición ambiental a la contaminación que existe en el suelo y otros espacios físicos que durante años han recibido esos contaminantes.

El rol de los jueces de la Corte IDH

Durante la audiencia los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se limitaron a preguntar a las víctimas algunos elementos que señalaban para que puedan desarrollar más su exposición, no para cuestionarlas, de acuerdo al rol que tienen como Corte. Asimismo, asintieron a las interrupciones de los abogados representantes de las víctimas cuando encontraron que los procuradores representantes del Estado peruano en vez de preguntar, cuestionaban las declaraciones de las víctimas.

Frente a los alegatos finales de los procuradores del Estado peruano, una de las juezas de la Corte IDH preguntó si la posición del Estado era que los metales pesados como el plomo son expulsados naturalmente por el cuerpo, como lo afirmaron. A lo que la procuradora del Estado señaló que lo que había dicho el médico testigo del Estado era que los metales pesados podrían expulsarse en un periodo largo si es que las personas no estuvieran frente a la exposición de la contaminación ambiental.

La jueza también cuestionó la postura del Estado sobre la carga de la prueba debido a que los procuradores señalaban que las víctimas debían probar la causalidad de sus enfermedades en relación a la contaminación ambiental. La jueza señaló que ahora tenemos nuevas normativas como el Acuerdo de Escazú.

Finalmente, el juez presidente de la Corte IDH finalizó realizando una serie de preguntas a los representantes de la Procuradoría del Estado peruano, respecto a sí contaban con informes sobre calidad de agua, aire; situación de ríos y afluentes; monitoreos por parte del Estado; evaluación de expertos independientes sobre la emisión de gases del complejo Metalúrgico; situación de remediación ambiental y atención médica adecuada; e información oportuna a la población, etc. Asimismo, informó que la Corte IDH planea una visita a la Oroya previo consentimiento del Estado peruano.

Frente a las preguntas, los representantes de la Procuradoría del Estado pidieron una prórroga para entregar esta información en sus alegatos finales por escrito y se acordó con el presidente de la Corte IDH que el plazo se extienda 15 días al plazo original que era el 14 de noviembre.

Pocas personas fuera del centro poblado de Challhuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascacocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización de 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

Ayer fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la “Ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos, e incorporar el enfoque intercultural en la medicina y la salud y que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional.

Para conversar sobre las implicancias de esta normativa y cómo se construyó desde las organizaciones sociales de base la presión para avanzar en la atención a las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, Red Muqui se contactó con Jaime Silva, subdirector del Centro Labor, una de las organizaciones claves en Cerro de Pasco a la hora de evaluar y denunciar la grave contaminación que vive la población en dicho centro minero. 

¿Qué relevancia tiene esta ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano?

Para nosotros, para la población de Pasco que tiene afectada a miles de niños y para muchas poblaciones, comunidades y distritos es una buena noticia, ya que a nivel nacional no contamos con un establecimiento de salud especializado que pueda dotar asistencia médica para la atención de niños afectados con plomo y demás metales. Ya los diversos estudios hechos en Cerro de Pasco, desde el 2007 con el Centro para el Control y la Prevención de Enferemedades (CDC) de Estados Unidos, así como con la Universidad de Pisa y Source International de Italia, establecen que a parte del plomo hay hasta diez metales que están presentes en los organismos y afectando la salud de los niños”.

A propósito de la presencia de estos metales pesados en los organismo de los niños de Cerro de Pasco es de destacar que hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021 se hizo público en Pasco en marzo pasado. Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados con 14 diferentes metales pesados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños.

“En este contexto”, prosigue Jaime Silva “ muchos de los niños que tienen estos malestares producto de los efectos de los metales pesados en sus organismos, no pueden recibir asistencia médica especializada en ningún establecimiento, no sólo de Pasco, sino a nivel nacional. Son derivados a hospitales que de manera muy genérica les hacen una revisión o evaluación, sin que eso implique alguna mejora para los niños.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes desde que se plantearon las primeras demandas para obtener esta ley?

Efectivamente se trata de una demanda planteada por los pobladores de Pasco, también por aquellos que tienen menores afectados por metales tóxicos, que data del año 2008. En 2009 ya fue discutido este caso en el Parlamento Andino, donde se había  dado una opinión favorable de que sí debía implementarse una clínica de desintoxicación. Inicialmente se discutió bajo ese término. Más adelante, del año 2015 al 2018, fue fuertemente impulsada por la población que incluyó la “marcha del sacrificio” desde Cerro de Pasco hasta Lima por 15 días, con encadenamientos en el Ministerio de Salud. E incluyó otras medidas como la presencia en reuniones el Ministerio de Salud y en el Consejo de Ministros. El hecho es que, ya había cientos y miles de niños que mostraban síntomas en su salud producto de los metales pesados y que no encontraban pues atención especializada en los establecimientos de salud de Pasco, ni en Lima. A más tardar desde 2015, fueron uniéndose cada vez más personas y organizaciones, como el Centro Labor y presentaron los estudios mencionados. A diferencia de los estudios del CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud ) del Ministerio de Salud que sólo evaluaba el plomo en la sangre, eran estudios que evaluaban muchos más metales a través de muestras de cabello y otros. Todo ello ha generado que se sustente y se exija con pruebas que se trata de casos muy serios que deben abordarse de manera especializada que amerita contar con un establecimiento de salud enfocado en toxicología, para que puedan ser atendidos ahí los miles de niños de Pasco y demás poblaciones. Se trata de una realidad que viven más de 14 regiones de nuestro país, que están integradas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas. Todos ellos hemos estado muy atentos a los diferentes foros y discusiones en el Pleno del Congreso de la República en torno a este proyecto de ley. Sobre todo para que no sea exclusivamente un hospital para Pasco. Era importante que casi unánimemente fuese aprobado (el proyecto de ley) por el que se creará un establecimiento de salud de atención nacional.

En cuanto al emplazamiento que tendrá el futuro hospital, el subdirector de Centro Labor explica que tal como lo detalla la ley, se ubicará en el distrito de Villa Rica, perteneciente a la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. Un comité técnico de alto nivel integrado por médicos y otros profesionales, que visitaron y evaluaron diferentes lugares, llegaron a la conclusión que el futuro centro de salud tiene que estar fuera del área de impacto de proyectos mineros y también fuera de áreas que cuenten con concesiones de ese tipo. Entre las tres áreas propuestas en la provincia de Oxapampa que cumplían con esos requisitos, finalmente se optó por la comunidad nativa de Ñagazu, que está ubicada en la entrada de la provincia de Oxapampa explica Jaime Silva.

Si bien, haber logrado que el Estado finalmente se comprometa en la implementación de un hospital especializado es un avance en la lucha de los más de diez millones de personas que según el Ministerio de Salud están expuestos a metales tóxicos en el Perú, quedan muchos desafíos pendientes.

En lo inmediato y en relación a la ley promulgada, hace falta un seguimiento para que las diferentes instancias estatales se coordinen e implementen la construcción, pero también es necesario, según Silva, que se establezcan laboratorios toxicológicos en todas las regiones para que la gente, especialmente los niños sean evaluados, sin tener que desplazarse fuera de sus áreas. 

Por otra parte, Jaime Silva recuerda que hay muchas otras políticas públicas muy importantes que desde el gobierno central deben ser implementadas. Normativas que deben ser llevadas a la práctica. Entre ellas, el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuya reglamentación aún no ha concluido. En este nivel debe haber una complementación y armonización para que se avance en la prevención de las peores consecuencias de la extracción de minerales y otros recursos no renovables.  

En el futuro inmediato se debe prever qué se hará con todas las fuentes de contaminación como en el caso de Cerro de Pasco y a qué lugares serán llevados los niños cuya salud haya mejorado gracias a la atención que reciban en el futuro centro especializado. Aquellos niños que presenten afectaciones por niveles de exposición a metales tóxicos más altos. Todas cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto y ante las cuales el Estado tiene que encontrar respuestas.

En el distrito de Huanza, ubicado en en la provincia limeña de Huarochirí, se está produciendo un desastre medioambiental, que ya ha arrastrado miles de toneladas de relaves mineros altamente tóxicos, a través de la quebrada Conay, por donde discurre un caudal de color plomizo.

El 30 de marzo pasado, después de copiosas lluvias ocurridas en el sector, ocurrió un desprendimiento de proporciones aún no cuantificadas de depósitos de relaves mineros, pero que a simple vista, de quien se acerque a la abandonada explotación minera Huampar, parece gigante. Por eso y para buscar soluciones inmediatas la comunidad de Huanza le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente en abril del presente año (MINAM), que la mencionada zona fuera declarada en emergencia ambiental. Con ello se le habría dado atención inmediata del parte del Estado y tal vez se hubiese podido evitar que la población siguiera usando esas aguas tanto para regadío y otras actividades agropecuarias como para el consumo humano. No obstante las evidencias del desastre, unas 19 comunidades campesinas que se dedican a la ganadería, así como 9 distritos: Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca y Santa Eulalia, han tenido que seguir consumiendo de las fuentes hídricas directamente afectadas. Contaminación que no se detiene en esos lugares, pues el río de la quebrada Conay, llega al río Macachaca, que a su vez confluye con el río Santa Eulalia, uno de dos tributarios del río Rímac, principal afluente de la capital y que provee de agua potable a sus habitantes.

Valle de Santa Eulalia-autor-MuquiZinc, plomo y plata eran los principales minerales extraídos de un socavón que junto a los depósitos de relaves y de desmonte nunca fueron cerrados, tal como lo reconoce el propio Ministerio del Ambiente, que advierte que los relaves “se encuentran sin actividad de cierre y expuestos al ambiente, además que sus taludes y plataformas superiores están erosionados, entre otros aspectos”. Y continúa constatando que “ en otros dos depósitos (ID 13063 e ID 9988) se registraron deslizamientos de relave y arrastre hacia las partes bajas de las quebradas, cuyas aguas van hacia la laguna Antarangra”. 

Iniciada en los años 50 del siglo pasado, las operaciones fueron abandonadas a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, hay una única persona empleada que hace de cuidador de las instalaciones, en su mayoría barracas y galpones desvencijados y gigantescas montañas de desechos tóxicos sobre cuyas partes planas se han formado verdaderas lagunas que ejercen aún más peso y presión sobre estructuras que no cuentan con ningún tipo de soporte físico.

charcos de agua sobre relave minero - autor: MuquiUn bofedal condenado a muerte

Inmediatamente debajo del perímetro de los cerros del venenoso relave, se juntan dos vertientes de agua, los afluentes del río Conay. Uno es el Azulcocha a mano derecha y el otro es el río Piticuli. Por separado, ambas corrientes aparecen con aguas cristalinas. Un panorama que cambia sólo cien metros más abajo, donde se produce la confluencia. Ubicada justo sobre una planicie, donde se encuentra un ecosistema muy particular de las sierras andinas, como explica Edwin Berrospi ingeniero ambiental de Red Muqui y señala con el dedo índice una playa formada por sedimentación de relave arrastrada por el río:  “Acá vemos un atentado contra una inmensa área de un bofedal, un ecosistema único y muy frágil. Es un sistema hidrológico que funciona conjuntamente con sus especies que están dentro de ese ecosistema. Si vamos abajo, vamos a encontrar varios bioindicadores de un bofedal, que determinan que se trata de ese sistema, que es único. Tiene que ver por ejemplo con la ubicación en una planicie, donde el sistema aluvial de arriba viene sedimentando toda la materia orgánica que ha sido transportada por la lluvia. Es un proceso de cientos de miles de años de formación en la que muchas especies se han ido adaptando a lo largo de ese espacio de tiempo, especies que se mantienen acá. Por lo tanto este relave está atentando contra estas especies, que debido a la toxicidad de los elementos que se han vertido van a morir y van a desaparecer”. 

bofedal condenado a muerte - autor: MuquiYa lo hicieron las truchas silvestres que llegaban hasta la parte alta del bofedal, como atestigua Wilson García que, igual que otros comuneros, venía a pescar a esta zona. En tanto, en las piscigranjas ubicadas en las riberas del río Macachaca murieron las truchas que estaban siendo criadas allí. Dos toneladas de truchas muertas, es la cosecha de la contaminación en esos criaderos ahora abandonados.

No serán los únicos animales afectados, asegura García: “Los animales que vemos aquí, las vacas y las llamas, todavía no han muerto, pero en dos, tres meses o en medio año ya van a comenzar a morir. En los 90 cuando hubo otro gran deslizamiento de relaves al río ya vimos una contaminación parecida, a los cuatro meses comenzaron a morir los animales. Era una “flaquera” que les venía, qué químicos habrán sido… Siempre se le ha reclamado a la empresa y nunca ha reconocido, nunca” 

Gabriela Flores, que trabaja para Caritas en Chosica, organización que forma parte de la  mesa de trabajo sobre derrame de relave del pasivo ambiental minero de la quebrada Conay – Huanza,  explica que el bofedal, también es importante por la función de recarga hídrica, “debajo de estas plantas que vemos hay todo un conducto de acuíferos de agua subterránea que beneficia las comunidades que están en la parte baja, es la fuente para que puedan haber puquiales, manantiales y si esto está afectado con metales pesados, finalmente también van a llegar a esos manantiales y puquiales. Retener, filtrar esos elementos es muy difícil de lograr, si no se controla la fuente de la contaminación.

depósitos de relave parcialmentre derrumbados y bofedal-autor:MuquiHerbert Gutiérrez, de Caritas Chosica explica cómo se originó la contaminación más reciente: “La empresa minera Huampar, después de explotar mineral durante unos cuarenta años han dejado sus sedimentos de relave en estos cerros que podemos ver. A fines de marzo se produjeron lluvias fuertes que formaron pozos sobre la parte plana de estos relaves, que no tienen ningún tipo de protección o drenaje de aguas lluvias que se van acumulando encima de ellas. Una bomba de tiempo que en un momento explotó y derrumbó parte del cerro. La comunidad lo vivió porque el agua que consumen, que proviene de este lugar de repente se volvió espeso y de color grisáceo.”

Edwin Berrospi de Red Muqui añade: “No hubo sistema de fiscalización, de control y de manejo de estos relaves, entonces en momentos de gran intensidad de precipitaciones, se ha debilitado toda el depósito, ya que no había ninguna estructura o construcción que le diera estabilidad física, esto se ha derrumbado”.

Wilson García, presidente de la comunidad de Huanza explica que el agua que consumen proviene de un canal de captación que recorre ocho kilómetros desde la toma de agua en el lugar conocido como Cashca, en la parte alta del río Conay y que llega directamente a la comunidad campesina de Huanza. 

Cuando vieron el deslizamiento, lo intentaron atajar abriendo un canal, al ver que esto no ayudaba, porque se seguían jalando los sedimentos, llevaron tubos para hacer una cañería. Y son esos tubos los que están logrando sacar parte del agua para aliviar la carga que se deposita encima del cerro de sedimentos. Es una medida de emergencia, improvisada de la propia comunidad, que trata de contener el derrumbe como puede, sin embargo, parte de los relaves siguen cayendo al río y más aún cuando llueve.

cañería improvisada instalada por comunidad-autor:MuquiOtros daños

Para Edwin Berrospi que visita por primera vez la zona, la gente de la comunidad sabe el daño que les están causando los desechos de la empresa Huanza S.A. “La magnitud del derrumbe parcial de los relaves, es mucho mayor de lo que imaginaba. No solo está contaminando a una cabecera de cuenca del río Rímac, sino que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico de consumo humano para un conjunto de comunidades que están expuestas a ese envenenamiento. Población que consume esas aguas, que no solo tienen una alta acidez, sino también de metales pesados, tanto en su cantidad, intensidad y magnitud que por cada segundo que se vierte se está sedimentando en su lecho”.

En cuanto a los elementos concentrados en los relaves, altamente tóxicos para todas las especies expuestas a ellos, que probablemente se estén vertiendo a los ríos, Berrospi enumera: plomo, arsénico, cadmio y cromo. 

Un socavón oscuro: reflejo de impunidad 

Abandono, desidia, falta de fiscalización, atropello contra las comunidades y la naturaleza e impunidad para los dueños de las empresas, una forma de violencia estructural y concreta. Todo eso se puede observar también en otro pasivo ambiental, que dejaron quienes sacaron provecho de la mina.

Cuando se ingresa al terreno de explotación abandonada, a mano izquierda resalta un cerro rocoso, en el que se abre un socavón con una entrada enmarcada con vigas de madera revestidas de hierro de unos dos metros de altura. En el suelo se ven los restos de rieles, de donde se sacaba el mineral. Lo más llamativo, sin embargo, es un verdadero arroyo que sale a gran presión de las galerías inundadas. Sus aguas también están saturadas de minerales, ya que en los bordes del cauce abundan manchas de metales de óxido ferroso, resultado del proceso de lixiviación, del desprendimiento de las rocas y piedras al interior de la mina como explica Edwin Berrospi: “Hay un contacto con todo lo que han sacado y está saliendo agua ácida de esta mina, otro pasivo ambiental. Aquí se hace visible la ausencia del Estado, no hay una debida fiscalización de parte del Estado, ni supervisión, nada.

Para cerrar esta bocamina, habría que hacer todo un estudio hidrogeológico para entender la complejidad interna cómo están distribuidas las galerías subterráneas. Porque aquí se ve solo un hueco de donde sale agua, pero son muchos lugares inundados que no vemos”.

cocavón abandonado - autor:MuquiEl coordinador del área socio ambiental de Red Muqui es tajante en cuanto a la defectuosa política del Estado: “Antes no había ningún plan de cierre, nada, no les importaba. El resultado de esa negligencia es lo que vemos acá. Sin embargo, los planes de cierre actuales son muy débiles en cuanto a las exigencias. Pero aparte de eso, no hay nadie quien los fiscalice. Quién los hace cumplir… Porque al final todas las operaciones mineras dejan enormes montañas de relaves acumulados que son estos pasivos ambientales, que van a seguir vertiendo aguas ácidas, que van a seguir desprendiendo partes de los relaves acumulados y por lo tanto van a seguir afectando a las comunidades”.

Respuestas inmediatas y cambios estructurales

En respuesta a las necesidades más urgentes, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete – Fortaleza, presentó el mes pasado la propuesta de instalación de 5 kilómetros de tubería, que se conectaría a una toma de agua de uno de los afluentes del río Conay, que se ubica por encima de la zona de relave, la cual servirá como fuente de abastecimiento temporal de agua a los usuarios de la comunidad campesina de Huanza.

rio Conay, toma de agua Chesque - autor: MuquiMás allá de hacer un desvío del caudal para evitar la contaminación del recurso que le llega a la comunidad o al distrito de Huanza, la corriente del Conay seguirá siendo contaminada por los relaves y desembocando sus aguas en los ríos Macachaca, Santa Eulalia y finalmente el Rímac. Por eso, la ingeniera Flores propone que se realicen acciones paralelas, como hacer un encapsulamiento del relave, para que los tóxicos no continúen a la intemperie. Otro aspecto es, lograr una estabilidad física a través de la construcción de gaviones y diques, para evitar otros derrumbes y el contacto directo entre el depósito y el río. 

También es importante tomar muestras de sedimentos que permitan cuantificar el daño que está generando en la parte baja, donde se ubica el bofedal, totalmente destruido y cuyas aguas contaminadas finalmente está llegando a puquios y manantiales en otras áreas. Sin olvidar que a través del viento se distribuye material particulado, que contiene contaminantes arrastrados más allá del curso de los ríos.

A la hora de establecer responsabilidades para Gabriela Flores los culpables de esta contaminación son la minera y el Estado, porque el Estado ha permitido que esto se genere, sin que las instituciones cumplan su función de prevenir y fiscalizar este tipo de daños ambientales o como dice Romina Villanueva, ingeniera agrónoma, también de Caritas Chosica:  “No hay que olvidar que el cierre legal ocurrió en 2002 y por lo tanto estamos en presencia de veinte años de negligencia por parte del Estado. El MINEM y la ANA han realizado inventarios, pero al final eso ha sido todo, no se han hecho los trabajos pertinentes. Están esperando recién hasta que haya este tipo de daños para actuar”.

Por eso Edwin Berrospi exige que “así como los gremios empresariales y mineros siempre hablan de destrabar los requisitos para las inversiones, es hora que la sociedad exija que el Estado destrabe su burocracia para evitar este proceso engorroso, en el que nadie se responsabiliza”.  

Desde una perspectiva más estructural, para impedir que estos abusos se sigan perpetuando, el geólogo Mattes Tempelmann, con vasta experiencia en las afectaciones socio ambientales de la minería en Perú y experto de MISEREOR en Alemania, plantea : “Los costos de remediación, ahí donde pueda existir ese proceso, junto a los costos por las pérdidas materiales, como aquellos causados por la muerte masiva de truchas y los gastos en salud y alimentación que debe enfrentar la sociedad en su conjunto, especialmente la comunidad de Huanza, son costos que la empresa debe incluir dentro de su balance. Es un cálculo que no hace la minera, siempre dicen que la minería es un negocio rentable, pero es solamente rentable porque no se incluyen estos costos que son externalidades que la empresa en cambio traslada hacia la sociedad”. 

Tal vez no sería descabellado exigir que las empresas mineras y el Estado cuantifiquen e internalicen esos costos para calcular la rentabilidad de los proyectos mineros. Sin olvidar que estamos en presencia de más de 8 mil pasivos ambientales, muchos de los cuales se encuentran en el mismo estado de abandono por su antiguos propietarios y no están siendo fiscalizados por el Estado. Una parte considerable se encuentra en cabeceras de cuenca o al borde de los cursos de los ríos más importantes del país. 

La Tierra es un espacio natural único, donde conviven aproximadamente 10 millones de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones de vida, pero los seres humanos nos hemos convertido en la especie dominante que se viene gestionando de manera irresponsable, poniendo en peligro toda la biodiversidad y el propio planeta. Debemos respetar y celebrar a la madre de todos los humanos todos los días, no sólo el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.

Importancia de la tierra

Poco se conoce sobre la importancia de la tierra que se origina a partir de pequeños fragmentos de material desprendido de la roca sólida y por la acción de plantas y seres vivos mediante el proceso de meteorización, donde la acción del clima es extremadamente importante. En un solo gramo de tierra pueden existir hasta 50,000 especies de organismos microscópicos que trabajan y generan beneficios[1]. Los microorganismos destruyen y reciclan las hojas. Esto crea humus, entre otras cosas, que libera nutrientes, almacena agua y estabiliza la estructura del suelo. En el conjunto de los seres vivos que habitan en la tierra radica por ejemplo un gusano llamado lombriz que sirve para alimentar y dar vida a cada una de las plantas que crecen en el suelo vivo, lo cual contribuye a la oxigenación de los seres humanos y se constituye en una alternativa orgánica para el desarrollo de la agroecología. Cuanto más diverso sea un suelo en cuanto a microorganismos, más resistente será a las consecuencias del uso intensivo de la tierra y a los efectos del cambio climático, como la sequía extrema. La protección de la biodiversidad del suelo es al mismo tiempo una protección del clima, ya que el suelo almacena carbono en el humus y reduce la cantidad de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero relevante para el clima, en la atmósfera.

¿Cuáles son las principales amenazas ambientales?

En el día mundial de la tierra queremos recordar los principales problemas ambientales a los que estamos expuestos.

  1. Cambio climático y calentamiento global
  2. La desertificación y sequias
  3. La excesiva sobreexplotación de los recursos naturales (explotación de recursos minerales, explotación de acuíferos, uso inadecuado del agua, sobrepesca, dependencia de energía no renovable, cultivos masivos y ganadería intensiva)
  4. Deforestación y erosión del suelo
  5. Extinción de especies
  6. Invasión de plagas y enfermedades
  7. Contaminación ambiental.

La explotación de la tierra está generando la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en la actualidad, más de 31.000 especies se encuentran en peligro de extinción.

El 33 % de los suelos del planeta está de moderado a altamente degradado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si la erosión de suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se tendrá impactos muy fuertes en las economías y si la contaminación del aire continua de manera alarmante se incrementará la mortalidad de las personas, porque según la según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminantes.

¿Cuáles son los impactos de la minería?

En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental negativo sobre la tierra por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas frágiles que han contaminado el agua, los suelos, aire, etc. Entre ellos, podemos mencionar los humos de La Oroya, la desmedida explotación minera en la ciudad de Cerro de Pasco, el desplazamiento de la ciudad de Morococha, la destrucción de bosque por la minería ilegal en Madre de Dios, el derrame de mercurio en Choropampa – Cajamarca, y los más de 7500 mil pasivos ambientales mineros en todo el país – registrados por el MINEM-, entre otros, que afectan en cada lugar a nuestro territorio y su población donde se desarrolla la actividad minera.

En la actualidad, en casi todas las regiones donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (p. ej, servicios ecosistémicos) y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad.

Los suelos y los recursos hídricos se cuentan entre los más amenazados y afectados por la actividad minera y metalúrgica. Esto puede ocurrir de forma directa, a través del vertido en ríos, lagunas y ambientes marino costeros de efluentes que superan los límites máximos permisibles de metales tóxicos establecidos por la normativa peruana e internacional. El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos  a las actividades mineras, y diversos efectos en la fauna y la flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases, pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca.

 

[1] Briadget Emmet, Centro para la Ecología y la Hidrología de Reino Unido

Denuncian que desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando cuenca del valle de Santa Eulalia y río Rímac. La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderado por la Presidenta Cecilia Espinoza denunció “la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos de relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay, parte alta del distrito de Huanza en nuestra Zona Norte de la Cuenca del Valle de Santa Eulalia”.

Lamentan que este relave esté contaminando el río, la flora y fauna, provocando la muerte de decenas de peces. En el comunicado señalan que las autoridades del distrito de Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca, Santa Eulalia, así como en la parte baja como Ricardo Palma, Lurigancho-Chosica, deben tomar sus precauciones, sobre todo los que tienen piscigranjas.

Frente a esta grave situación, la Presidenta de la Mancomunidad convocó hoy, viernes  1 de abril, a constatar esta tragedia ambiental a los Alcaldes Directores pertenecientes a la Mancomunidad, a la PNP, y a las autoridades del Estado.

OEFA anunció visita

Frente al oficio enviado a la OEFA, incluyendo las pruebas filmográficas y fotográficas para que fiscalice y sancione a los responsables; la OEFA informó a través de un comunicado en la mañana, que se estaba dirigiendo a la zona para verificar in situ el «presunto derrame de relaves que habría ocurrido el día de ayer. La intervención que realiza el OEFA permitirá determinar si existe afectación de cuerpos hídricos y otros componentes, generada por el hecho antes descrito, el cual habría sido ocasionado por pasivos ambientales mineros en la zona. Esta información será puesta en conocimiento del MINEM, para efectos de las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias», precisó.

Desde la Red Muqui esperamos que la OEFA informe públicamente los resultados de su intervención porque en anteriores oportunidades no se ha conocido los resultados de sus visitas.

SEDAPAL se pronunció

Frente a la denuncia de contaminación de la cuenca del río Santa Eulalia; Sedapal emitió un comunicado señalando que 33 horas después de ocurrido el desprendimiento de relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, no habían mayores afectaciones al río Rímac, que se une en Chosica al río Santa Eulalia.

sedapal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el comunicado Sedapal señala que activaron su Plan de Contingencia y el Equipo de Gestión Integral de Plantas realizó el monitoreo al río Rímac para determinar su afectación, encontrando que las características fisicoquímicas del río están con los indicadores dentro del límite máximo permisible de los estándares de calidad ambiental según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS- 031-2010 MINSA.

Edwin Alejandro Berrospi, responsable del área socio ambiental de la Red Muqui, señaló que en la pandemia el gobierno suspendió la supervisión y fiscalización ambiental. «De esto se han aprovechado las empresas para hacer sus operaciones sin control, generando este tipo de daños posteriores».

 

Monitores ambientales comunitarios de agua, dirigentes y defensores de derechos humanos y ambientales de las provincias de Cajabamba y San Marcos, en la región Cajamarca, conformaron el Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario de la provincia de Cajabamba y el valle de Condebamba.

En reunión sostenida en el centro poblado de La Grama, el comité de monitoreo evaluó los avances y capacidades desarrolladas, con apoyo de Amas Marianistas y Red Muqui, para tomar la decisión de conformar el comité y elegir su primera junta directiva.

Los monitores ambientales que asumen responsabilidades dirigenciales son: Ricardo Huertas Moreno (presidente), Flavio Durán Linares (vice presidente), Elisa Rojas Vega Bazán (secretaria de actas y prensa), Gerardo Ayay Ishpilco (secretario de economía), Alan Contreras Arévalo (fiscal), Juan Monroy Huaman (secretario de asuntos legales), Germán Vergara Escobedo (coordinador Cajabamba), Oswaldo Sánchez Lezma (coordinador Cachachi) y Santos Durán Carrera (coordinador San Marcos). Destaca en este proceso la presencia de mujeres en estructuras dirigenciales y en actividades organizativas.

Su plan de acción involucra actividades de monitoreo de la calidad del agua en zonas afectadas por actividad de la gran minera y la minería informal, cuyos impactos se manifiestan en la contaminación de las sub cuencas del río Cajamarquino y río Crisnejas, en áreas de alta producción agrícola y ganadera. También incidencia en políticas públicas para el ordenamiento territorial y derechos de consulta previa en sus territorios.
A este avance en la organización de la participación comunitaria en el monitoreo ambiental se suman los comités provinciales de las provincias de Sánchez Carrión (Huamachuco), Santiago de Chuco y Otuzco en la región La Libertad, quienes estarían constituyéndose en una red interegional de monitoreo comunitario.

Encuentro internacional

Los activistas y monitores comunitarios participarán desde el 23 hasta el 25 de marzo en el encuentro internacional de vigilantes y monitores ambientales que se realizará en la ciudad de Trujillo.

 

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El sábado 22 de agosto, comuneros del sector denominado Pichiullay informaron al alcalde distrital de Omacha, Alex Taylor, que la coloración del río Velille había cambiado drásticamente hacia un color verdoso. Al día siguiente, el alcalde, coordinando con efectivos de la Comisaría de Accha y el puesto de Salud de Huasquillay, se acercaron a la zona para constatar la contaminación del río y solicitaron la presencia y análisis del agua al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y notificaron del hecho a la Fiscalía de Prevención del Delito y al Ministerio de Energía y Minas.

El agua del río Velille es usada para regar los campos de cultivo y sirve como fuente de agua para los animales y personas de las comunidades aledañas al río. 2 distritos usan el agua, Omacha y Accha de la provincia de Paruro.

La alcaldesa del distrito de Accha, Marina Núñez Loaiza, también señaló que notificó del hecho a las autoridades correspondientes “para hacer saber por este abuso a un río puro y limpio”.

En comunicación con el alcalde de Omacha, Alex Taylor, señaló a Red Muqui que la OEFA anunció que el día de hoy, jueves 27 de agosto, enviaría los resultados del análisis del agua y las causas que habrían generado la contaminación del río.

Precisó que debido a la pandemia los laboratorios que antes podían disponer al coordinar con la Dirección Regional de Energía y Minas y la DIRESA Cusco, hoy no están operativos.

El alcalde precisó que la contaminación posiblemente se deba al desecho de relaves mineros. Informó que en la zona alta hay actividad de mineros artesanales y de la empresa minera transnacional Hudbay.

OEFA

Como se recuerda el Decreto Legislativo 1500 aprobado en mayo, que implica a la OEFA, exonera de reportes de monitoreo ambiental a las empresas mineras y aplaza las multas que las empresas mineras puedan tener producto de infracciones ambientales.

 

 

El distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se encuentra paralizado por los comuneros de todos los centros poblados del distrito. En diálogo con un periodista local, el vicepresidente de la Federación Campesina distrital, Luis Gomez, reunido en la plaza principal con todos los comuneros que se trasladaron caminando y en camiones, señala que la empresa minera Anabi opera cerca de 10 años en la zona y no ha aportado al desarrollo de la comunidad. En un pronunciamiento emitido por los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, la Federación Campesina Distrital de Haquira y las autoridades del gobierno local, denuncian que la cabecera de cuenca del Ccosecmayo viene siendo contaminada por la Unidad Minera UTUNSA de la empresa Anabi y ha afectado a todas las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca. Ello, luego de que la planta de lixiviación que se ubicaba en otra parte sufrió rajaduras y decidieron colocar la nueva planta en la cabecera de cuenca.

Demandas

En el pronunciamiento se lee: “Exigimos el cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Haquira”

Agrega que la empresa minera utiliza las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”, sin haber compensación alguna a la fecha.

El pronunciamiento finaliza demandando que el Estado distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira porque a la fecha ello no se ha dado; y señala que debe haber una reforma total de la ley de minería para que la minería aporte realmente al Perú y las empresas no “saqueen nuestros recursos”.

Paro indefinido

Al finalizar el diálogo, Luis Gómez señaló que están evaluando un paro indefinido debido a que el Estado no toma cartas en el asunto y la empresa no da cara a la población. “Hay malestar no solo en la comunidad sino en distritos aledaños que han manifestado su solidaridad ante los atropellos de la empresa Anabi”, afirmó. Empresa que en el 2018 sufrió una sanción de la OEFA y luego tuvo una resolución favorable para continuar sus operaciones. Precisó que subirían a la cabecera de cuenca donde está operando la empresa para exigir que se retiren.

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