Listado de la etiqueta: contaminación ambiental

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

Desde hace décadas, la cuenca alta del río Rímac viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros provenientes de la gran cantidad de actividades extractivas en la zona.

Estos residuos mineros e industriales provenientes de sus operaciones, representan un grave riesgo de contaminación ambiental que, aunado al peligro inminente por el riesgo de desborde de los relaves con alto contenido de material tóxico, ponen en peligro no solo la salud y la vida de las poblaciones ubicadas en la margen del río Rímac, sino también a todos los habitantes de Lima.

Frente a este grave problema, una delegación multidisciplinaria inició el trabajo de monitoreo especializado de agua, sedimentos y estabilidad física de relaves en las microcuencas del Aruri, la quebrada Chinchán y el río Rímac. La delegación estuvo conformada por pobladores de la Plataforma de Defensa Ambiental de la cuenca alta del río Rímac, representantes de la Junta de usuarios del sector hidráulico Rímac – JUSHR, la Policia Nacional del Perú (PNP), la parroquia de San Mateo y de la Municipalidad de Huarochirí. Además, se contó con el apoyo técnico del Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis de Chosica, Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y la Red Muqui.

Cabe resaltar, que se decidió trabajar en las zonas mencionadas anteriormente debido a que estas representan un alto riesgo ya que concentran un alto número de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) sin tratamiento y que tienen evidentes signos de erosión hídrica y eólica que trasladan sus materiales tóxicos a ríos aledaños, para luego desembocar en el río Rímac.

Lamentablemente, a la fecha, ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de estos PAM, por lo que su nivel de riesgo aumenta cada día, pudiendo impactar negativamente en la calidad del agua para consumo humano de Lima. Una situación que requiere de especial atención en este contexto de crisis climática Por ello, hacemos un llamado a la población en general para actuar en la defensa del agua, la vida, la salud y el ambiente.

Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.

Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.

Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.  

El peligro de explotar uranio para obtener litio

Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».

Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.

La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición

Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.

Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.

Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.

En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”. 

Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos. 

Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:

  1. Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
  2. El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
  3. El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean

¿Quién se quedará con la torta?

La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.

La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera: 

-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente

-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable

-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama

-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos

Del 22 al 24 de marzo se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, en el cual participaron representantes de diez departamentos del país: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima y Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua.

Durante las acciones desplegadas resalta la visita a la Comunidad Campesina de Santa Fe, donde se apreció la belleza de la laguna Guitarrachayuq ubicada a 4,400 msnm, solo a diez minutos de la comunidad mencionada. La vista de las aguas cristalinas de la laguna se mezclan con los nevados imponentes y un cielo engreídamente despejado.

 

 

A simple vista, el paisaje imponente parece eterno. Sin embargo, esta laguna y otras más de la zona, inclusive nevados y hasta la propia Comunidad Campesina de Santa Fe están en peligro porque se encuentran sobre subsuelo concesionados para la actividad minera, así lo comprobamos a partir de fuentes oficiales.

 

 

Por lo anterior, el rol de los vigilantes y monitores ambientales, para cuidar el agua y las bellezas paisajísticas, es más necesario que nunca, pues los resultados de su labor podrían alertar no solo de amenazas al recurso natural, sino también  podrían alarmar de artilugios legales y administrativos que se estarían moviendo entre sombras para promover un extractivismo feroz, violento y expropiatorio.

Durante los días del encuentro, aguas abajo del Guitarrachayuq, delegaciones de los diez departamentos conformaron grupos de monitoreo para intercambiar experiencias de vigilancia y monitoreo ambiental, y a la vez analizar la calidad del agua en los ríos Supaymayu y Apacheta, mediante los métodos de macroinvertebrados, bacteriológico y fisicoquímico; concluyendo tal cual lo manifiesta un hermano de Puno “estos ríos aún están vivos, debemos cuidarlos y proteger sus nacientes en las montañas”, los resultados de los monitoreos mostrarían que la calidad del agua en ambos ríos son buenas. Sin embargo, si no se establecen medidas y acciones para protegerlas, el medio ambiente y la salud de las personas estarán en peligro.

 

 

Posteriormente, representantes de los diez departamentos iniciaron una sesión de reflexión para construir procesos colectivos de cara a su reconocimiento, involucrando para su análisis temas referidos a un proceso constituyente, adelanto de elecciones y otra gama de expresiones que se encuentran en la declaratoria del evento.

La siguiente nota fue escrita por Kirsten Francescone y publicada originalmente en Canadian Dimension. La Dra. Kirsten Francescone es profesora adjunta de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Trent y ex Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada. (traducción por Red Muqui)

El 18 de enero de 2023, mientras miles de peruanos protestaban en las calles de Lima contra la crisis política que vive el país, el embajador canadiense Louis Marcotte se reunía con el ministro peruano de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Las protestas se mantienen desde diciembre, cuando el presidente populista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, una decisión política que fue rechazada casi inmediatamente por las bases sociales que lo habían elegido. Los manifestantes han sido enfrentados con detenciones generalizadas y una brutal violencia por parte de las fuerzas del orden. Según el autor Yves Engler, desde que la ex vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder (medida apoyada por el gobierno canadiense), la representación del país norteamericano se ha reunido con numerosos funcionarios peruanos de alto nivel de una manera inédita.

Desde que Boluarte asumió la presidencia, las movilizaciones han estallado en todo el país. Aunque difieren en la diversidad de sus demandas, coinciden en cuatro puntos principales: la convocatoria de nuevas elecciones generales para 2023, el cierre del Congreso, la dimisión de Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Pero estas reivindicaciones políticas inmediatas tienen profundas raíces históricas. Como afirmó un conjunto de ONGs del país andino, el movimiento masivamente respaldado por los ciudadanos del sur y de las regiones periféricas nace de un sentimiento de indignación ante un sistema político y económico altamente racista y discriminatorio. Desde Puno, epicentro de las protestas y de la extrema represión policial, delegaciones de comuneros viajaron a Lima para exigir reformas políticas y soluciones a los pasivos ambientales tóxicos que han contaminado sus fuentes de agua con metales pesados lo que conlleva altos niveles de toxinas (muchas de los cuales se han detectado en los organismos de niños). Las causas (de esta contaminación) son, salvo algunas excepciones, los cursos de agua de estas comunidades que han sido afectados por la actividad minera e industrial.

La embajadora Marcotte tuiteó varias fotos de la reunión, aprovechando la ocasión para promover la minería como beneficio para las comunidades y para expresar el apoyo canadiense a la delegación peruana que asistirá próximamente a la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), en Toronto del 5 al 8 de marzo. Cada año, la mayor convención minera del mundo atrae a decenas de miles de expertos del sector, directivos de empresas y representantes gubernamentales para hablar de las tendencias del sector y promover la expansión de la minería, sin preocuparse demasiado por el consentimiento de los más afectados, incluido Perú.

Al momento de la reunión entre la representación canadiense y el titular del MINEM, Lima estaba paralizada por las manifestaciones que pedían nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Sólo unos días antes, 17 personas habían muerto a manos de la policía en las ciudades de Juliaca y Puno. En los días siguientes a la reunión, la casa de estudios superiores más antigua del país y del continente, la Universidad Nacional Mayor San Marcos, fue asaltada por vehículos blindados de la policía. Cientos de estudiantes y manifestantes provenientes de zonas rurales fueron detenidos, desnudados, agredidos y privados de sus derechos. Según los informes, en los últimos meses han muerto 59 personas -en su inmensa mayoría civiles de origen indígena y ciudadanos de zonas rurales y periurbanas– a manos de una fuerza policial desenfrenada. Es poco probable que el embajador hubiera podido desplazarse por la ciudad sin observar la represión y la violencia policial.

Durante años, MiningWatch Canada y el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP según sus siglas en inglés), junto con organizaciones como Red Muqui, Cooperacción, Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco (DHSF) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), han documentado los numerosos daños causados por la gran minería de origen canadiense a las comunidades rurales, así como la violencia policial que suele acompañar la imposición de estos proyectos. Si bien las protestas actuales en Perú no tienen que ver explícitamente con la extracción de recursos, los reclamos por una nueva Constitución que aborde la exclusión sistemática y a menudo violenta de los pueblos indígenas, campesinos y rurales del sistema político económico, así como la herencia de despojo y contaminación de tierras, sí están vinculados a siglos de extractivismo. Por ello, los tuits del embajador deben situarse en un contexto de siglos de violencia colonial y décadas de violencia poscolonial, que se han ejercido en función de la extracción de recursos contra las comunidades.

La embajada canadiense podría haber aprovechado el momento para denunciar públicamente la violencia policial e insistir en que se protejan los derechos de los manifestantes peruanos. En vez de ello, Marcotte optó por promover más inversiones mineras canadienses en el país y fomentar la PDAC 2023, donde un espacio nombrado como «Día de Perú» promete discutir «oportunidades en el contexto de potenciar las virtudes de la industria minera peruana y superar las fallas que han frenado su dinamismo en los últimos años». Las prioridades de Canadá en Perú no pueden ser más claras.

La importancia económica de la minería canadiense en Perú

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú, Canadá fue el tercer inversor más importante en el desarrollo de minas en 2021. Sus empresas invirtieron más de 8 mil millones de dólares en 10 proyectos, lo que representa el 15 por ciento de la inversión total en construcción de minas en el país. Además fueron el segundo actor más importante en lo que respecta a la exploración (lo cual no es sorprendente, dado que las empresas canadienses suelen centrarse en la prospección y exploración), representando el 28 por ciento de la inversión total en exploración, con 165 millones de dólares gastados en 21 proyectos.

Empresas del país norteamericano también operan minas en Perú. Hudbay Minerals, con sede en Toronto, explota la mina Constancia; Pan American Silver, con sede en Vancouver, explota las minas Shahuindo y La Arena; y Teck Resources’, también con sede en Vancouver, explota la mina Antamina, con una participación del 22,5 por ciento en el proyecto. Antamina es la mina más grande de Perú, situándose entre las 10 primeras extractoras del mundo en términos de volumen, y es el productor individual más importante de cobre, plata y zinc del país. En 2021, dejó más de 6 mil millones de dólares en ventas y casi 3 mil 700 millones en ganancias brutas.

Canadá también ocupa un lugar destacado en términos de importación de metales y minerales peruanos. Del valor total de las exportaciones de minerales peruanos en 2021, Canadá fue el tercer importador mundial más importante después de China y la India, con un 6,5 por ciento de las exportaciones totales. Esta importancia se hace aún más clara cuando se considera el oro, ya que Canadá fue el segundo mayor importador de oro peruano. Las importaciones canadienses representaron más de 3.000 millones de dólares en 2021, algo menos del dos por ciento del PIB de Perú en ese mismo año.

Sin embargo, cuando se trata de hacer declaraciones sobre las atroces violaciones de los derechos humanos en el país, la posición de Canadá ha sido tibia. Sumó su firma a la declaración más reciente de la OEA sobre la crisis política en el país andino, una declaración diluida que asigna la culpa y la responsabilidad, tanto a los manifestantes como al gobierno de Perú, como si fueran actores equiparables. El gobierno canadiense sigue repitiendo como un loro esta postura, incluso cuando casi todas las víctimas de los últimos meses han sido civiles asesinados por el uso indiscriminado de la violencia policial. Por parte de la misma Policía Nacional que ha firmado contratos para proporcionar seguridad a las empresas mineras canadienses.

Contratos privados con la policía

Cuando las empresas mineras canadienses se ven envueltas en un conflicto con las comunidades locales fuera de Perú, a menudo dependen de esbirros o fuerzas paramilitares para reprimir la protesta. En Perú, las empresas se benefician de la protección policial y la impunidad aprobadas por el Estado. Las empresas pueden firmar contratos de servicios directamente con la Policía Nacional de Perú, y se permite a los agentes de policía trabajar fuera de servicio para empresas de seguridad privada mientras utilizan bienes del Estado, como armas, uniformes y municiones. Las fuerzas del orden tienen garantizadas la inmunidad penal en caso de que hieran mortalmente algún manifestante. Tienen autorización para utilizar munición real y disparar a matar. Y lo han hecho.

Las empresas mineras también se benefician de las crecientes medidas de seguridad de sus activos. Según fuentes locales, la mina Constancia de Hudbay y las operaciones de Las Bambas de MMG han sido fortificadas, con el pretexto de «prevenir ataques a los campamentos mineros«, una protección proporcionada de hecho por el Estado que sirve para consolidar el dominio de estas empresas en las regiones donde operan.

La violencia no sólo se utiliza contra la población rural en los bloqueos o durante las marchas masivas. Según diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y peruanas, es una práctica habitual que amenaza la integridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y les impide ejercer sus derechos. Como señala un informe de EarthRights International, «la existencia de estos contratos [de seguridad con la policía] crea un escenario hostil que pone en riesgo los derechos humanos». Como ha demostrado la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con sede en Cusco, a través de varios estudios de impacto ambiental y social relacionados con la mina Constancia de Hudbay, estos contratos no sólo permiten la violencia estatal explícita, sino que forman también el telón de fondo de la intimidación y las amenazas raciales y de clase contra los líderes comunitarios, para prevenir que se pronuncien justamente en contra de estos contratos.

Promoción de la minería canadiense en el PDAC

Durante la convención PDAC del año pasado, la Comisión Episcopal Peruana de Acción Social (CEAS) escribió una carta abierta a los delegados de la conferencia expresando que, contrariamente a las promesas hechas por el Embajador Marcotte y otros, la minería «no ha traído la prometida mejora en la calidad de vida» para la mayoría de las comunidades en las zonas mineras. Por el contrario, constató, «ha provocado corrupción y contaminación ambiental y ha vulnerado los derechos de las personas a la vida y a la salud, dejando un reguero de conflictos sociales, enfermedades e incluso la muerte».

Estos daños no son menores: la contaminación de tierras agrícolas y cursos de agua en torno a la mina Quiruvilca de Pan American Silver; la criminalización de los líderes comunitarios o el despojo de tierras debido a la contaminación ambiental en Shahuindo; la violación de la autodeterminación indígena y el derecho a un medio ambiente limpio en torno a la mina de litio y uranio propuesta por Plateau Energy, proyecto encima del cual se encuentra el glaciar tropical más importante de la región; el recorte en los beneficios económicos que generan las comunidades más afectadas por las operaciones mineras, y mucho más.

Sin embargo, la embajada canadiense en Perú tiene un historial de ignorar las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente afectados por los proyectos mineros canadienses en el país, llegando incluso a pasar por alto las preocupaciones de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, que fue detenida en 2017 por la policía peruana mientras proyectaba un documental en comunidades quechuas afectadas por la mina Constancia de Hudbay. Moore, a quien posteriormente se le prohibió volver a entrar al país y que fue etiquetada como una amenaza para la seguridad nacional, es el centro de un reciente informe del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). Un estudio que ahonda sobre el papel de las embajadas canadienses en la priorización de los intereses de las empresas mineras de su país contraviniendo sus propios lineamientos políticos y compromisos asumidos con respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos.

Sin duda, la embajada de Canadá en Perú seguirá trabajando junto al Ministerio de Energía y Minas peruano para promover más inversiones mineras en el país. Pero debe quedar claro: cuando la embajada elige promover la minería en Perú durante el PDAC, lo hace a sabiendas de lo que estas actividades significan realmente para las personas que se enfrentan a continuas amenazas, intimidación y violencia explícita patrocinada por el Estado.

Actualizado

Durante el 12 y 13 de octubre se desarrolló la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de la comunidad de La Oroya (Junín) contra el Estado peruano, debido a la vulneración de derechos humanos desde hace décadas por la contaminación con metales pesados del complejo metalúrgico que procesó hasta el 2009, concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc, plata, oro, y otras sustancias

El 30 de septiembre de 2021, después de 15 años de iniciada la demanda internacional por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH, después de concluir en su informe de fondo que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. La CIDH presentó el caso ante la Corte IDH debido a que el Estado peruano hizo caso omiso a las recomendaciones que enviaron el 30 de diciembre del 2020 para que las víctimas puedan encontrar justicia y reparación. Ya el Tribunal Constitucional peruano había ordenado al Ministerio de Salud el 2006 y 2015 para que tomen medidas de atención a las y los afectados por la contaminación, pero el Estado peruano no cumplió.

Desarrollo de la audiencia

La audiencia se realizó en el marco del 153 Período de Sesiones de la corte en Montevideo, Uruguay, y fue aperturada durante la mañana del 12 de octubre por el presidente de la Corte IDH: Ricardo Perez Manrique y el secretario de la Corte: Pablo Saavedra, quien señaló el objetivo y modalidad de desarrollo de la audiencia: “el propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de tres presuntas víctimas, un testigo propuesto por el Estado, dos peritos propuestos por los representantes de las víctimas y un perito propuesto por el Estado. Se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas del presente caso”.

Aperturada la audiencia, el presidente de la Corte IDH dio el pase a Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso de la Oroya contra el Estado peruano, quien señaló que la CIDH – en su informe de fondo 33020 – partió por reconocer la indivisibilidad existente entre los derechos a la vida digna, la integridad de la persona, la salud, y el ambiente sano, y determinó que el Estado ha incumplido tanto sus deberes de respeto como garantía que derivan de tales derechos.

Agregó que la CIDH observó que hasta 1997 mientras el complejo metalúrgico fue operado por la empresa estatal Centromin, el Estado no adoptó medidas para regular y controlar efectivamente las emisiones de sustancias toxicas. Y cuando se privatizó el Complejo Metalúrgico por Doe Run, tampoco hizo efectivo el cumplimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), lo que se comprobó con las modificaciones y prórrogas otorgadas a la empresa.

Posteriormente presentaron sus declaraciones las 3 víctimas de la Oroya, quienes señalaron que además de estar afectadas en su salud junto a sus familiares producto de la contaminación, también fueron amenazadas directamente para no seguir denunciando la contaminación del Complejo Metalúrgico.

Testimonios de las víctimas

Inició Rosa Amaro de 74 años, quien señaló que la neblina de los gases tóxicos que emanaba el complejo, se transformaba como caspa que quedaba en los rostros de los niños. Precisó que cuando protestaban recibieron amenazas. “Dejé la presidencia del movimiento por la salud en La Oroya porque se metieron con lo que más duele a una madre: mis hijos”. Producto de las amenazas se tuvo que ir de su pueblo.

Continuó Yolanda Zurita, quién señaló que producto de la contaminación tiene tumores y la mayoría de la población sufre la caída de los dientes y tiene fibrosis pulmonar. Ante la pregunta de un juez de la Corte IDH sobre sus malestares y las amenazas que recibía, señaló que su malestar antes era leve y que después del ingreso de Doe Run, eso empeoró. Y agregó: “Toda persona que hablaba de los riesgos a la salud era atacada no solo por los medios de comunicación, también había volantes. El alcalde convoco un cabildo abierto y nos declararon personas no gratas”. Finalizó señalando que tenía que presentar su medida cautelar para que la atiendan en los centros de salud del Estado, porque durante la pandemia solo atendieron casos covid. Sin embargo, ante la atención deficiente y no especializada, tuvo que gastar sus ahorros atendiéndose en consultorios privados.

La tercera declarante fue Maricruz Aliaga, una joven que tuvo que salir de la Oroya producto de las afectaciones que tenía, quien señaló que junto a su hermana tenía problemas pulmonares, de infertilidad, dolores musculares y problemas odontológicos. Además, señaló que tenía parálisis en algunas oportunidades.

Relató: “Íbamos al centro de salud y solo nos daban parecetamol. Decían que no hay especialistas para atender eso; si quieren estar bien, sácalo de La Oroya, nos indicaban. Acá es una tremenda contaminación. ¿Tú quieres tenerla viva o muerta a tus hijas?, decía el médico a mi madre. Si tu no alimentas bien a tus hijas, si no das de comer frutas, leche, empeorarán. Es por eso que mi mama decidió sacarnos de la ciudad de la oroya. En Chupaca tu podías ver el cielo azul, arboles; en la oroya cielo calcinado, no crecían las plantas. Podía respirar tranquilo sin que me pique la garganta”.

Agregó: “5 años que intento ser madre y no puedo hasta el día de hoy. Me apena tener el plomo en sangre, que no es el mínimo, y tener estos malestares. Por eso decidí estudiar enfermería, para minimizar estos dolores junto al de mi familia”.

Procuradores representantes del Estado negacionistas

Frente al relato que desarrollaron las víctimas, los procuradores supranacionales que representaron al Estado tuvieron una actitud cuestionadora de sus relatos, señalando que ellos tenían una cantidad exacta de dosajes mayor a la que las víctimas señalaban recordar. En el caso de una de las víctimas, uno de los procuradores señaló que según un dosaje que tenía, la supuesta víctima tenía una cantidad de plomo en su organismo por debajo del límite permisible. A lo que la víctima señaló que el médico le había señalado que tenía el doble de cantidad de plomo.

Asimismo, les exigían pruebas que señalen la causalidad entre la exposición a metales pesados que tuvieron durante sus años de vivencia en la Oroya y los malestares y enfermedades que relataban, cuestionando a una de las víctimas por el tiempo de su vivencia en la Oroya y su mudanza a una localidad distinta a la que relataba oralmente.

Frente a ello, el abogado representante de las víctimas de Aprodeh intervino señalando ante el juez, que el procurador del Estado no estaba preguntando y sí argumentando cayendo en un diálogo, cuando su función es preguntar. Por ejemplo:

Procurador: ¿En Essalud hay algún registro de tus atenciones?

Por su puesto, de mis parálisis. De forma particular he ido a un neurólogo, me he sacado tomografías, señaló Maricruz Aliaga.

Procurador: ¿Tiene alguna documentación que alegue que sus síntomas es producto de la contaminación del Complejo Metalúrgico?

Víctima: “El Estado no nos da respuesta, pero tengo dientes amarillos y el odontólogo nos dijo a mí y a mi hermana que eso es problema de la mala absorción del calcio y eso es producto del metal (plomo) que ustedes tienen. El neurólogo también señala que no encuentra razón de por qué se paraliza el cuerpo.

Procurador: ¿Tienes algún chequeo anual, tú como enfermera?

El abogado de la víctima interrumpió nuevamente: “Se está evocando a la testigo en calidad de enfermera – su ocupación laboral – y no en calidad de paciente”.

Finalizado el tiempo de desarrollar preguntas a la víctima, se dio el pase al testigo médico de CENSOPAS propuesto por la defensa del Estado, quién respondió a las preguntas del procurador del Estado y de los representantes de las víctimas, señalando que no existe causalidad directa para determinar que la contaminación ambiental producida por el Complejo Metalúrgico produce los malestares y enfermedades que alegan las personas afectadas. Sin embargo, frente a las preguntas de los abogados representantes de las víctimas, señaló que sí existe posibilidad, pero no se puede hablar de causalidad directa. Reconoció que se encontraron a niños con plomo más allá del límite permisible.

Durante los alegatos finales el segundo día, los procuradores representantes del Estado peruano señalaron que “el Estado peruano considera en términos técnicos que no toda presencia de metales pesados en el ambiente, significa un daño a la salud(..)” y que para imputar responsabilidad internacional al Estado peruano debe existir un nexo causal entre la contaminación ambiental y el diagnóstico médico de las supuestas víctimas. Asimismo, señalaron que el Estado sí realizó medidas para resguardar la salud de las personas que tenían metales pesados por encima del límite permisible y para proteger el medio ambiente.

Relator de la ONU especialista en sustancias tóxicas

Durante la intervención del relator de la ONU, Marco Orellana, como perito experto propuesto por la representación de las víctimas, este señaló que si bien los riesgos ambientales tiene impacto diferenciado en las personas, “en el caso de la Oroya a pesar de contar con información de la grave contaminación ambiental, el Estado no solo falló en el deber de entregar de manera oportuna la información a la comunidad, sino además fallo al prolongar los plazos establecidos del manejo ambiental para cumplir con los estándares ambientales. El Estado en vez de hacer cumplir los estándares, los disminuyo”.

Respecto a la causalidad de las enfermedades y malestares producto de la contaminación, señaló que determinar esas relaciones de causa efecto son muy difíciles.” Pueden requerir información que no existe o que se obtiene después de mucho tiempo, información que se obtiene tras consumado los daños. Para que el derecho internacional pueda proteger a la gente, la evidencia de riesgos es suficiente para activar los deberes de cuidado”.

Precisó que la jurisprudencia ha determinado que le corresponde la carga de la prueba a aquella parte que tiene la evidencia o que se encuentra en mejor posición para producirla. “Esto se aleja de la regla tradicional que a cada parte le corresponde probar lo que alega”.

Frente a esta declaración, la procuradora representante del Estado preguntó si había examinado las normas ambientales del Perú. A lo que el relator señaló que sí las había revisado a través de los informes de las víctimas que hacían referencia a normas específicas.

La procuradora volvió a preguntar, queriendo cuestionar su experticie sobre el caso:

¿Usted ha evaluado el medio físico donde se desarrolla el complejo metalúrgico?. ¿Ha visitado físicamente el lugar?

Relator de la ONU: No he ido directamente, pero he revisado todos los documentos.

¿Conoce la situación actual del complejo metalúrgico actual?

Relator de la ONU: Sí.

Procuradora: ¿Podría precisar si es que el complejo metalúrgico ya no funciona, podría hablarse de una vulneración continua de derechos, como usted señala?

Relator de la ONU: Lo continuo no es por el funcionamiento actual del complejo metalúrgico, sino por la continua exposición ambiental a la contaminación que existe en el suelo y otros espacios físicos que durante años han recibido esos contaminantes.

El rol de los jueces de la Corte IDH

Durante la audiencia los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se limitaron a preguntar a las víctimas algunos elementos que señalaban para que puedan desarrollar más su exposición, no para cuestionarlas, de acuerdo al rol que tienen como Corte. Asimismo, asintieron a las interrupciones de los abogados representantes de las víctimas cuando encontraron que los procuradores representantes del Estado peruano en vez de preguntar, cuestionaban las declaraciones de las víctimas.

Frente a los alegatos finales de los procuradores del Estado peruano, una de las juezas de la Corte IDH preguntó si la posición del Estado era que los metales pesados como el plomo son expulsados naturalmente por el cuerpo, como lo afirmaron. A lo que la procuradora del Estado señaló que lo que había dicho el médico testigo del Estado era que los metales pesados podrían expulsarse en un periodo largo si es que las personas no estuvieran frente a la exposición de la contaminación ambiental.

La jueza también cuestionó la postura del Estado sobre la carga de la prueba debido a que los procuradores señalaban que las víctimas debían probar la causalidad de sus enfermedades en relación a la contaminación ambiental. La jueza señaló que ahora tenemos nuevas normativas como el Acuerdo de Escazú.

Finalmente, el juez presidente de la Corte IDH finalizó realizando una serie de preguntas a los representantes de la Procuradoría del Estado peruano, respecto a sí contaban con informes sobre calidad de agua, aire; situación de ríos y afluentes; monitoreos por parte del Estado; evaluación de expertos independientes sobre la emisión de gases del complejo Metalúrgico; situación de remediación ambiental y atención médica adecuada; e información oportuna a la población, etc. Asimismo, informó que la Corte IDH planea una visita a la Oroya previo consentimiento del Estado peruano.

Frente a las preguntas, los representantes de la Procuradoría del Estado pidieron una prórroga para entregar esta información en sus alegatos finales por escrito y se acordó con el presidente de la Corte IDH que el plazo se extienda 15 días al plazo original que era el 14 de noviembre.

Pocas personas fuera del centro poblado de Challhuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascarcocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización del mismo por 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentarían los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

Ayer fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la “Ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos, e incorporar el enfoque intercultural en la medicina y la salud y que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional.

Para conversar sobre las implicancias de esta normativa y cómo se construyó desde las organizaciones sociales de base la presión para avanzar en la atención a las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, Red Muqui se contactó con Jaime Silva, subdirector del Centro Labor, una de las organizaciones claves en Cerro de Pasco a la hora de evaluar y denunciar la grave contaminación que vive la población en dicho centro minero. 

¿Qué relevancia tiene esta ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano?

Para nosotros, para la población de Pasco que tiene afectada a miles de niños y para muchas poblaciones, comunidades y distritos es una buena noticia, ya que a nivel nacional no contamos con un establecimiento de salud especializado que pueda dotar asistencia médica para la atención de niños afectados con plomo y demás metales. Ya los diversos estudios hechos en Cerro de Pasco, desde el 2007 con el Centro para el Control y la Prevención de Enferemedades (CDC) de Estados Unidos, así como con la Universidad de Pisa y Source International de Italia, establecen que a parte del plomo hay hasta diez metales que están presentes en los organismos y afectando la salud de los niños”.

A propósito de la presencia de estos metales pesados en los organismo de los niños de Cerro de Pasco es de destacar que hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021 se hizo público en Pasco en marzo pasado. Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados con 14 diferentes metales pesados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños.

“En este contexto”, prosigue Jaime Silva “ muchos de los niños que tienen estos malestares producto de los efectos de los metales pesados en sus organismos, no pueden recibir asistencia médica especializada en ningún establecimiento, no sólo de Pasco, sino a nivel nacional. Son derivados a hospitales que de manera muy genérica les hacen una revisión o evaluación, sin que eso implique alguna mejora para los niños.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes desde que se plantearon las primeras demandas para obtener esta ley?

Efectivamente se trata de una demanda planteada por los pobladores de Pasco, también por aquellos que tienen menores afectados por metales tóxicos, que data del año 2008. En 2009 ya fue discutido este caso en el Parlamento Andino, donde se había  dado una opinión favorable de que sí debía implementarse una clínica de desintoxicación. Inicialmente se discutió bajo ese término. Más adelante, del año 2015 al 2018, fue fuertemente impulsada por la población que incluyó la “marcha del sacrificio” desde Cerro de Pasco hasta Lima por 15 días, con encadenamientos en el Ministerio de Salud. E incluyó otras medidas como la presencia en reuniones el Ministerio de Salud y en el Consejo de Ministros. El hecho es que, ya había cientos y miles de niños que mostraban síntomas en su salud producto de los metales pesados y que no encontraban pues atención especializada en los establecimientos de salud de Pasco, ni en Lima. A más tardar desde 2015, fueron uniéndose cada vez más personas y organizaciones, como el Centro Labor y presentaron los estudios mencionados. A diferencia de los estudios del CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud ) del Ministerio de Salud que sólo evaluaba el plomo en la sangre, eran estudios que evaluaban muchos más metales a través de muestras de cabello y otros. Todo ello ha generado que se sustente y se exija con pruebas que se trata de casos muy serios que deben abordarse de manera especializada que amerita contar con un establecimiento de salud enfocado en toxicología, para que puedan ser atendidos ahí los miles de niños de Pasco y demás poblaciones. Se trata de una realidad que viven más de 14 regiones de nuestro país, que están integradas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas. Todos ellos hemos estado muy atentos a los diferentes foros y discusiones en el Pleno del Congreso de la República en torno a este proyecto de ley. Sobre todo para que no sea exclusivamente un hospital para Pasco. Era importante que casi unánimemente fuese aprobado (el proyecto de ley) por el que se creará un establecimiento de salud de atención nacional.

En cuanto al emplazamiento que tendrá el futuro hospital, el subdirector de Centro Labor explica que tal como lo detalla la ley, se ubicará en el distrito de Villa Rica, perteneciente a la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. Un comité técnico de alto nivel integrado por médicos y otros profesionales, que visitaron y evaluaron diferentes lugares, llegaron a la conclusión que el futuro centro de salud tiene que estar fuera del área de impacto de proyectos mineros y también fuera de áreas que cuenten con concesiones de ese tipo. Entre las tres áreas propuestas en la provincia de Oxapampa que cumplían con esos requisitos, finalmente se optó por la comunidad nativa de Ñagazu, que está ubicada en la entrada de la provincia de Oxapampa explica Jaime Silva.

Si bien, haber logrado que el Estado finalmente se comprometa en la implementación de un hospital especializado es un avance en la lucha de los más de diez millones de personas que según el Ministerio de Salud están expuestos a metales tóxicos en el Perú, quedan muchos desafíos pendientes.

En lo inmediato y en relación a la ley promulgada, hace falta un seguimiento para que las diferentes instancias estatales se coordinen e implementen la construcción, pero también es necesario, según Silva, que se establezcan laboratorios toxicológicos en todas las regiones para que la gente, especialmente los niños sean evaluados, sin tener que desplazarse fuera de sus áreas. 

Por otra parte, Jaime Silva recuerda que hay muchas otras políticas públicas muy importantes que desde el gobierno central deben ser implementadas. Normativas que deben ser llevadas a la práctica. Entre ellas, el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuya reglamentación aún no ha concluido. En este nivel debe haber una complementación y armonización para que se avance en la prevención de las peores consecuencias de la extracción de minerales y otros recursos no renovables.  

En el futuro inmediato se debe prever qué se hará con todas las fuentes de contaminación como en el caso de Cerro de Pasco y a qué lugares serán llevados los niños cuya salud haya mejorado gracias a la atención que reciban en el futuro centro especializado. Aquellos niños que presenten afectaciones por niveles de exposición a metales tóxicos más altos. Todas cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto y ante las cuales el Estado tiene que encontrar respuestas.

En el distrito de Huanza, ubicado en en la provincia limeña de Huarochirí, se está produciendo un desastre medioambiental, que ya ha arrastrado miles de toneladas de relaves mineros altamente tóxicos, a través de la quebrada Conay, por donde discurre un caudal de color plomizo.

El 30 de marzo pasado, después de copiosas lluvias ocurridas en el sector, ocurrió un desprendimiento de proporciones aún no cuantificadas de depósitos de relaves mineros, pero que a simple vista, de quien se acerque a la abandonada explotación minera Huampar, parece gigante. Por eso y para buscar soluciones inmediatas la comunidad de Huanza le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) en abril del presente año , que la mencionada zona fuera declarada en emergencia ambiental. Con ello se le habría dado atención inmediata del parte del Estado y tal vez se hubiese podido evitar que la población siguiera usando esas aguas tanto para regadío y otras actividades agropecuarias como para el consumo humano. No obstante las evidencias del desastre, unas 19 comunidades campesinas que se dedican a la ganadería, así como 9 distritos: Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca y Santa Eulalia, han tenido que seguir consumiendo de las fuentes hídricas directamente afectadas. Contaminación que no se detiene en esos lugares, pues el río de la quebrada Conay, llega al río Macachaca, que a su vez confluye con el río Santa Eulalia, uno de dos tributarios del río Rímac, principal afluente de la capital y que provee de agua potable a sus habitantes.

Valle de Santa Eulalia-autor-MuquiZinc, plomo y plata eran los principales minerales extraídos de un socavón que junto a los depósitos de relaves y de desmonte nunca fueron cerrados, tal como lo reconoce el propio Ministerio del Ambiente, que advierte que los relaves “se encuentran sin actividad de cierre y expuestos al ambiente, además que sus taludes y plataformas superiores están erosionados, entre otros aspectos”. Y continúa constatando que “ en otros dos depósitos (ID 13063 e ID 9988) se registraron deslizamientos de relave y arrastre hacia las partes bajas de las quebradas, cuyas aguas van hacia la laguna Antarangra”. 

Iniciada en los años 50 del siglo pasado, las operaciones fueron abandonadas a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, hay una única persona empleada que hace de cuidador de las instalaciones, en su mayoría barracas y galpones desvencijados y gigantescas montañas de desechos tóxicos sobre cuyas partes planas se han formado verdaderas lagunas que ejercen aún más peso y presión sobre estructuras que no cuentan con ningún tipo de soporte físico.

charcos de agua sobre relave minero - autor: MuquiUn bofedal condenado a muerte

Inmediatamente debajo del perímetro de los cerros del venenoso relave, se juntan dos vertientes de agua, los afluentes del río Conay. Uno es el Azulcocha a mano derecha y el otro es el río Piticuli. Por separado, ambas corrientes aparecen con aguas cristalinas. Un panorama que cambia sólo cien metros más abajo, donde se produce la confluencia. Ubicada justo sobre una planicie, donde se encuentra un ecosistema muy particular de las sierras andinas, como explica Edwin Berrospi ingeniero ambiental de Red Muqui y señala con el dedo índice una playa formada por sedimentación de relave arrastrada por el río:  “Acá vemos un atentado contra una inmensa área de un bofedal, un ecosistema único y muy frágil. Es un sistema hidrológico que funciona conjuntamente con sus especies que están dentro de ese ecosistema. Si vamos abajo, vamos a encontrar varios bioindicadores de un bofedal, que determinan que se trata de ese sistema, que es único. Tiene que ver por ejemplo con la ubicación en una planicie, donde el sistema aluvial de arriba viene sedimentando toda la materia orgánica que ha sido transportada por la lluvia. Es un proceso de cientos de miles de años de formación en la que muchas especies se han ido adaptando a lo largo de ese espacio de tiempo, especies que se mantienen acá. Por lo tanto este relave está atentando contra estas especies, que debido a la toxicidad de los elementos que se han vertido van a morir y van a desaparecer”. 

bofedal condenado a muerte - autor: MuquiYa lo hicieron las truchas silvestres que llegaban hasta la parte alta del bofedal, como atestigua Wilson García que, igual que otros comuneros, venía a pescar a esta zona. En tanto, en las piscigranjas ubicadas en las riberas del río Macachaca murieron las truchas que estaban siendo criadas allí. Dos toneladas de peces muertas, es la cosecha de la contaminación en esos criaderos ahora abandonados.

No serán los únicos animales afectados, asegura García: “Los animales que vemos aquí, las vacas y las llamas, todavía no han muerto, pero en dos, tres meses o en medio año ya van a comenzar a morir. En los 90 cuando hubo otro gran deslizamiento de relaves al río ya vimos una contaminación parecida, a los cuatro meses comenzaron a morir las bestias. Era una “flaquera” que les venía, qué químicos habrán sido… Siempre se le ha reclamado a la empresa y nunca ha reconocido, nunca” 

Gabriela Flores, que trabaja para Caritas en Chosica, organización que forma parte de la  mesa de trabajo sobre derrame de relave del pasivo ambiental minero de la quebrada Conay – Huanza,  explica que el bofedal, también es importante por la función de recarga hídrica, “debajo de estas plantas que vemos hay todo un conducto de acuíferos de agua subterránea que beneficia las comunidades que están en la parte baja, es la fuente para que puedan haber puquiales, manantiales y si esto está afectado con metales pesados, finalmente también van a llegar a esos manantiales y puquiales. Retener, filtrar esos elementos es muy difícil de lograr, si no se controla la fuente de la contaminación.

depósitos de relave parcialmentre derrumbados y bofedal-autor:MuquiHerbert Gutiérrez, de Caritas Chosica explica cómo se originó la contaminación más reciente: “La empresa minera Huampar, después de explotar mineral durante unos cuarenta años han dejado sus sedimentos de relave en estos cerros que podemos ver. A fines de marzo se produjeron lluvias fuertes que formaron pozos sobre la parte plana de estos relaves, que no tienen ningún tipo de protección o drenaje de aguas lluvias que se van acumulando encima de ellas. Una bomba de tiempo que en un momento explotó y derrumbó parte del cerro. La comunidad lo vivió porque el agua que consumen, que proviene de este lugar de repente se volvió espeso y de color grisáceo.”

Edwin Berrospi de Red Muqui añade: “No hubo sistema de fiscalización, de control y de manejo de estos relaves, entonces en momentos de gran intensidad de precipitaciones, se ha debilitado toda el depósito, ya que no había ninguna estructura o construcción que le diera estabilidad física, esto se ha derrumbado”.

Wilson García, presidente de la comunidad de Huanza explica que el agua que consumen proviene de un canal de captación que recorre ocho kilómetros desde la toma de agua en el lugar conocido como Cashca, en la parte alta del río Conay y que llega directamente a la comunidad campesina de Huanza. 

Cuando vieron el deslizamiento, lo intentaron atajar abriendo un canal, al ver que esto no ayudaba, porque se seguían jalando los sedimentos, llevaron tubos para hacer una cañería. Y son esos tubos los que están logrando drenar parte del agua para aliviar la carga que se deposita encima del cerro de sedimentos. Es una medida de emergencia, improvisada de la propia comunidad, que trata de contener el derrumbe como puede, sin embargo, parte de los relaves siguen cayendo al río y más aún cuando llueve.

cañería improvisada instalada por comunidad-autor:MuquiOtros daños

Para Edwin Berrospi que visita por primera vez la zona, la gente de la comunidad sabe el daño que les están causando los desechos de la empresa Huanza S.A. “La magnitud del derrumbe parcial de los relaves, es mucho mayor de lo que imaginaba. No solo está contaminando a una cabecera de cuenca del río Rímac, sino que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico de consumo humano para un conjunto de comunidades que están expuestas a ese envenenamiento. Población que consume esas aguas, que no solo tienen una alta acidez, sino también de metales pesados, tanto en su cantidad, intensidad y magnitud que por cada segundo que se vierte se está sedimentando en su lecho”.

En cuanto a los elementos concentrados en los relaves, altamente tóxicos para todas las especies expuestas a ellos, que probablemente se estén vertiendo a los ríos, Berrospi enumera: plomo, arsénico, cadmio y cromo. 

Un socavón oscuro: reflejo de impunidad 

Abandono, desidia, falta de fiscalización, atropello contra las comunidades y la naturaleza e impunidad para los dueños de las empresas, una forma de violencia estructural y concreta. Todo eso se puede observar también en otro pasivo ambiental, que dejaron quienes sacaron provecho de la mina.

Cuando se ingresa al terreno de explotación abandonada, a mano izquierda resalta un cerro rocoso, en el que se abre un socavón con una entrada enmarcada con vigas de madera revestidas de hierro de unos dos metros de altura. En el suelo se ven los restos de rieles, de donde se sacaba el mineral. Lo más llamativo, sin embargo, es un verdadero arroyo que sale a gran presión de las galerías inundadas. Sus aguas también están saturadas de minerales, ya que en los bordes del cauce abundan manchas de metales de óxido ferroso, resultado del proceso de lixiviación, del desprendimiento de las rocas y piedras al interior de la mina como explica Edwin Berrospi: “Hay un contacto con todo lo que han sacado y está saliendo agua ácida de esta mina, otro pasivo ambiental. Aquí se hace visible la ausencia del Estado, no hay una debida fiscalización de parte del Estado, ni supervisión, nada. Para cerrar esta bocamina, habría que hacer todo un estudio hidrogeológico para entender la complejidad interna cómo están distribuidas las galerías subterráneas. Porque aquí se ve solo un hueco de donde sale agua, pero son muchos lugares inundados que no vemos”.

cocavón abandonado - autor:MuquiEl coordinador del área socio ambiental de Red Muqui es tajante en cuanto a la defectuosa política del Estado: “Antes no había ningún plan de cierre, nada, no les importaba. El resultado de esa negligencia es lo que vemos acá. Sin embargo, los planes de cierre actuales son muy débiles en cuanto a las exigencias. Pero aparte de eso, no hay nadie quien los fiscalice. Quién los hace cumplir… Porque al final todas las operaciones mineras dejan enormes montañas de relaves acumulados que son estos pasivos ambientales, que van a seguir vertiendo aguas ácidas, que van a seguir desprendiendo partes de los relaves acumulados y por lo tanto van a seguir afectando a las comunidades”.

Respuestas inmediatas y cambios estructurales

En respuesta a las necesidades más urgentes, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete – Fortaleza, presentó el mes pasado la propuesta de instalación de 5 kilómetros de tubería, que se conectaría a una toma de agua de uno de los afluentes del río Conay, que se ubica por encima de la zona de relave, la cual servirá como fuente de abastecimiento temporal de agua a los usuarios de la comunidad campesina de Huanza.

rio Conay, toma de agua Chesque - autor: MuquiMás allá de hacer un desvío del caudal para evitar la contaminación del recurso que le llega a la comunidad o al distrito de Huanza, la corriente del Conay seguirá siendo contaminada por los relaves y desembocando sus aguas en los ríos Macachaca, Santa Eulalia y finalmente llegarán al Rímac. Por eso, la ingeniera Flores propone que se realicen acciones paralelas, como hacer un encapsulamiento del relave, para que los tóxicos no continúen a la intemperie. Otro aspecto es, lograr una estabilidad física a través de la construcción de gaviones y diques, para evitar otros derrumbes y el contacto directo entre el depósito y el río. 

También es importante tomar muestras de sedimentos que permitan cuantificar el daño que está generando en la parte baja, donde se ubica el bofedal, totalmente destruido y cuyas aguas contaminadas finalmente está llegando a puquios y manantiales en otras áreas. Sin olvidar que a través del viento se distribuye material particulado, que contiene contaminantes arrastrados más allá del curso de los ríos.

A la hora de establecer responsabilidades para Gabriela Flores los culpables de esta contaminación son la minera y el Estado, porque el Estado ha permitido que esto se genere, sin que las instituciones cumplan su función de prevenir y fiscalizar este tipo de daños ambientales o como dice Romina Villanueva, ingeniera agrónoma, también de Caritas Chosica:  “No hay que olvidar que el cierre legal ocurrió en 2002 y por lo tanto estamos en presencia de veinte años de negligencia por parte del Estado. El MINEM y la ANA han realizado inventarios, pero al final eso ha sido todo, no se han hecho los trabajos pertinentes. Están esperando recién hasta que haya este tipo de daños para actuar”.

Por eso Edwin Berrospi exige que “así como los gremios empresariales y mineros siempre hablan de destrabar los requisitos para las inversiones, es hora que la sociedad exija que el Estado destrabe su burocracia para evitar este proceso engorroso, en el que nadie se responsabiliza”.  

Desde una perspectiva más estructural, para impedir que estos abusos se sigan perpetuando, el geólogo Mattes Tempelmann, con vasta experiencia en las afectaciones socio ambientales de la minería en Perú y experto de MISEREOR en Alemania, plantea : “Los costos de remediación, ahí donde pueda existir ese proceso, junto a los costos por las pérdidas materiales, como aquellos causados por la muerte masiva de truchas y los gastos en salud y alimentación que debe enfrentar la sociedad en su conjunto, especialmente la comunidad de Huanza, son costos que la empresa debe incluir dentro de su balance. Es un cálculo que no hace la minera, siempre dicen que la minería es un negocio rentable, pero es solamente rentable porque no se incluyen estos costos que son externalidades que la empresa en cambio traslada hacia la sociedad”. 

Tal vez no sería descabellado exigir que las empresas mineras y el Estado cuantifiquen e internalicen esos costos para calcular la rentabilidad de los proyectos mineros. Sin olvidar que estamos en presencia de más de 8 mil de estos llamados pasivos ambientales dispersos en todo el país, muchos de los cuales se encuentran en el mismo estado de abandono por su antiguos propietarios y no están siendo fiscalizados por el Estado. Una parte considerable se encuentra en cabeceras de cuenca o al borde de los cursos de los ríos más importantes del Perú. 

La Tierra es un espacio natural único, donde conviven aproximadamente 10 millones de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones de vida, pero los seres humanos nos hemos convertido en la especie dominante que se viene gestionando de manera irresponsable, poniendo en peligro toda la biodiversidad y el propio planeta. Debemos respetar y celebrar a la madre de todos los humanos todos los días, no sólo el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.

Importancia de la tierra

Poco se conoce sobre la importancia de la tierra que se origina a partir de pequeños fragmentos de material desprendido de la roca sólida y por la acción de plantas y seres vivos mediante el proceso de meteorización, donde la acción del clima es extremadamente importante. En un solo gramo de tierra pueden existir hasta 50,000 especies de organismos microscópicos que trabajan y generan beneficios[1]. Los microorganismos destruyen y reciclan las hojas. Esto crea humus, entre otras cosas, que libera nutrientes, almacena agua y estabiliza la estructura del suelo. En el conjunto de los seres vivos que habitan en la tierra radica por ejemplo un gusano llamado lombriz que sirve para alimentar y dar vida a cada una de las plantas que crecen en el suelo vivo, lo cual contribuye a la oxigenación de los seres humanos y se constituye en una alternativa orgánica para el desarrollo de la agroecología. Cuanto más diverso sea un suelo en cuanto a microorganismos, más resistente será a las consecuencias del uso intensivo de la tierra y a los efectos del cambio climático, como la sequía extrema. La protección de la biodiversidad del suelo es al mismo tiempo una protección del clima, ya que el suelo almacena carbono en el humus y reduce la cantidad de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero relevante para el clima, en la atmósfera.

¿Cuáles son las principales amenazas ambientales?

En el día mundial de la tierra queremos recordar los principales problemas ambientales a los que estamos expuestos.

  1. Cambio climático y calentamiento global
  2. La desertificación y sequias
  3. La excesiva sobreexplotación de los recursos naturales (explotación de recursos minerales, explotación de acuíferos, uso inadecuado del agua, sobrepesca, dependencia de energía no renovable, cultivos masivos y ganadería intensiva)
  4. Deforestación y erosión del suelo
  5. Extinción de especies
  6. Invasión de plagas y enfermedades
  7. Contaminación ambiental.

La explotación de la tierra está generando la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en la actualidad, más de 31.000 especies se encuentran en peligro de extinción.

El 33 % de los suelos del planeta está de moderado a altamente degradado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si la erosión de suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se tendrá impactos muy fuertes en las economías y si la contaminación del aire continua de manera alarmante se incrementará la mortalidad de las personas, porque según la según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminantes.

¿Cuáles son los impactos de la minería?

En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental negativo sobre la tierra por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas frágiles que han contaminado el agua, los suelos, aire, etc. Entre ellos, podemos mencionar los humos de La Oroya, la desmedida explotación minera en la ciudad de Cerro de Pasco, el desplazamiento de la ciudad de Morococha, la destrucción de bosque por la minería ilegal en Madre de Dios, el derrame de mercurio en Choropampa – Cajamarca, y los más de 7500 mil pasivos ambientales mineros en todo el país – registrados por el MINEM-, entre otros, que afectan en cada lugar a nuestro territorio y su población donde se desarrolla la actividad minera.

En la actualidad, en casi todas las regiones donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (p. ej, servicios ecosistémicos) y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad.

Los suelos y los recursos hídricos se cuentan entre los más amenazados y afectados por la actividad minera y metalúrgica. Esto puede ocurrir de forma directa, a través del vertido en ríos, lagunas y ambientes marino costeros de efluentes que superan los límites máximos permisibles de metales tóxicos establecidos por la normativa peruana e internacional. El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos  a las actividades mineras, y diversos efectos en la fauna y la flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases, pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca.

 

[1] Briadget Emmet, Centro para la Ecología y la Hidrología de Reino Unido