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El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El sábado 22 de agosto, comuneros del sector denominado Pichiullay informaron al alcalde distrital de Omacha, Alex Taylor, que la coloración del río Velille había cambiado drásticamente hacia un color verdoso. Al día siguiente, el alcalde, coordinando con efectivos de la Comisaría de Accha y el puesto de Salud de Huasquillay, se acercaron a la zona para constatar la contaminación del río y solicitaron la presencia y análisis del agua al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y notificaron del hecho a la Fiscalía de Prevención del Delito y al Ministerio de Energía y Minas.

El agua del río Velille es usada para regar los campos de cultivo y sirve como fuente de agua para los animales y personas de las comunidades aledañas al río. 2 distritos usan el agua, Omacha y Accha de la provincia de Paruro.

La alcaldesa del distrito de Accha, Marina Núñez Loaiza, también señaló que notificó del hecho a las autoridades correspondientes “para hacer saber por este abuso a un río puro y limpio”.

En comunicación con el alcalde de Omacha, Alex Taylor, señaló a Red Muqui que la OEFA anunció que el día de hoy, jueves 27 de agosto, enviaría los resultados del análisis del agua y las causas que habrían generado la contaminación del río.

Precisó que debido a la pandemia los laboratorios que antes podían disponer al coordinar con la Dirección Regional de Energía y Minas y la DIRESA Cusco, hoy no están operativos.

El alcalde precisó que la contaminación posiblemente se deba al desecho de relaves mineros. Informó que en la zona alta hay actividad de mineros artesanales y de la empresa minera transnacional Hudbay.

OEFA

Como se recuerda el Decreto Legislativo 1500 aprobado en mayo, que implica a la OEFA, exonera de reportes de monitoreo ambiental a las empresas mineras y aplaza las multas que las empresas mineras puedan tener producto de infracciones ambientales.

 

 

El distrito de Haquira de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se encuentra paralizado por los comuneros de todos los centros poblados del distrito. En diálogo con un periodista local, el vicepresidente de la Federación Campesina distrital, Luis Gomez, reunido en la plaza principal con todos los comuneros que se trasladaron caminando y en camiones, señala que la empresa minera Anabi opera cerca de 10 años en la zona y no ha aportado al desarrollo de la comunidad. En un pronunciamiento emitido por los alcaldes de los centros poblados, presidentes comunales, la Federación Campesina Distrital de Haquira y las autoridades del gobierno local, denuncian que la cabecera de cuenca del Ccosecmayo viene siendo contaminada por la Unidad Minera UTUNSA de la empresa Anabi y ha afectado a todas las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca. Ello, luego de que la planta de lixiviación que se ubicaba en otra parte sufrió rajaduras y decidieron colocar la nueva planta en la cabecera de cuenca.

Demandas

En el pronunciamiento se lee: “Exigimos el cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Haquira”

Agrega que la empresa minera utiliza las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”, sin haber compensación alguna a la fecha.

El pronunciamiento finaliza demandando que el Estado distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira porque a la fecha ello no se ha dado; y señala que debe haber una reforma total de la ley de minería para que la minería aporte realmente al Perú y las empresas no “saqueen nuestros recursos”.

Paro indefinido

Al finalizar el diálogo, Luis Gómez señaló que están evaluando un paro indefinido debido a que el Estado no toma cartas en el asunto y la empresa no da cara a la población. “Hay malestar no solo en la comunidad sino en distritos aledaños que han manifestado su solidaridad ante los atropellos de la empresa Anabi”, afirmó. Empresa que en el 2018 sufrió una sanción de la OEFA y luego tuvo una resolución favorable para continuar sus operaciones. Precisó que subirían a la cabecera de cuenca donde está operando la empresa para exigir que se retiren.

Ver video

Red Muqui, que hace parte de la Red Iglesias y Minería en América Latina, y participó en la IV Asamblea General en Buenos Aires el 20-22 de agosto del presente año, comparte la carta emitida por la Asamblea.

CARTA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA

Queridas comunidades amenazadas, criminalizadas, explotadas y devastadas por el extractivismo minero, que resisten esperanzadas.

Reunidas y reunidos en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de agosto de 2019, sesenta laicos y laicas, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores y pastoras, de 10 países de Nuestra América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú) y Reino Unido; compartimos nuestras voces y la rica experiencia que aquí vivimos en estos días a través de esta sentida carta.

Interiorizamos y asumimos como nuestros los dolores, las alegrías y las esperanzas de sus voces, que con fe e intensa fortaleza enfrentan los impactos, cada día más desastrosos, de las actividades extractivas en sus territorios que matan personas y exterminan la naturaleza.

Comprendemos profundamente las formas y las implicaciones globales de la expansión minera en todo nuestro subcontinente, siendo el cambio climático el síntoma terminal del gran daño de este sistema capitalista, neoliberal y depredador. Nos animamos a intercambiar las múltiples resistencias de nuestros pueblos, enraizadas en sus territorios, alentadas en sus culturas y espiritualidades originarias, tradicionales y cristianas. Decidimos y encaminamos acciones de fortalecimiento de estas luchas, sabiendo que de ellas depende también la sobrevivencia de nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, Pachamama.

Iluminadas e iluminados por la Cruz Maya y las místicas indoafroamericanas que nos invitaron a armonizar los caminos del ser humano con los caminos de Dios y su Creación; que nos invitaron a reconocer las luces y sombras de los diferentes puntos cardinales a los que pertenecemos y a cuya tierra nos debemos, queremos decirles que nuestro corazón comunitario se hizo cruz, y se expandió al Oriente y al Poniente, al Norte y al Sur de esta tierra latinoamericana y toda la tierra que somos y que grita.

Profundamente conmovidas, conmovidos, humanizadas y humanizados por las lágrimas del pueblo de Brumadinho y las de su obispo Don Vicente Ferreira, y habiendo honrado cada uno de los nombres de las 272 personas muertas y 20 desaparecidas, los ríos Córrego do Feijão e Paraopeba y toda su biodiversidad, víctimas del crimen cometido por la empresa minera Vale contra esta comunidad.

Asimismo, habiendo hecho memoria de las más de 60 personas asesinadas, las 218 criminalizadas en los últimos 10 años a causa de conflictos mineros y de todos los pueblos en resistencia de América Latina y el Caribe ante este modelo de crecimiento infinito y capitalismo por despojo de los más vulnerables, nos hicimos silencio, indignación, rabia, lágrima, oración y urgencia.

Animadas y animados por el encuentro con las Madres de Plaza de Mayo y su valiente marcha pública que ilumina las marchas de toda Nuestra Casa Latinoamericana y Caribeña; animadas y animados por el abrazo de la Madre Norita Cortiñas que nos invitó a la paciencia persistente, esperanzada y comprometida con la memoria, la justicia y la vida, nos hicimos sentimiento de admiración por todas las comunidades defensoras de los derechos humanos individuales y colectivos, de la tierra, el ambiente y los bienes comunes de Nuestra América. Nos hicimos pasos para caminar a su lado.

Desde la memoria de los mártires latinoamericanos y caribeños, con dolor, fuerza y dignidad, nos hacemos grito: exigimos el esclarecimiento de los asesinatos y masacres hechos por empresas, con omisión o connivencia de gobiernos, contra habitantes de territorios, defensoras y defensores de la Madre Tierra, y contra la biodiversidad, en los diferentes países de la región, y de manera extremamente urgente en Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Recibimos con indignación la noticia de los incendios criminales en la Amazonía liderados por el gobierno Bolsonaro, atentando de manera directa contra la vida del planeta, dado que la Amazonía es la mayor floresta de cuya transpiración depende el clima planetario, no solamente de Sudamérica.

Exigimos el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas de verdad, justicia y re-dignificación. Exigimos a los gobiernos de los distintos países de la región adoptar las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida de defensoras y defensores que se encuentran amenazados y exhortamos a los pueblos a rescatar las garantías para el funcionamiento pleno de la democracia y el ejercicio de sus derechos.

Las acciones prioritarias que planteamos en este contexto nos conducen a la Incidencia de la Red en empresas, Estados y en las Iglesias, a la promoción de la desinversión en minería del Norte Global, y a la acogida dialogante y el intercambio entre eco espiritualidades y al fortalecimiento de las comunicaciones.

Desde nuestro corazón comunitario hecho cruz y abrazo, en solidaridad con las madres latinoamericanas que consuelan y mantienen la marcha por la justicia y la memoria con toda esperanza; hechos paso urgente y grito certero, queremos ratificar que somos uno-una con Ustedes y nuestra Casa Común.

En celebración amorosa, unidas y unidos en la alegría de quienes sabemos que, desde Cristo Jesús, la Vida vence a la muerte y al dolor, haremos de cada lucha una fiesta: ¡para la vida toda y hasta siempre! ¡Que amanezca!

Buenos Aires, 22 de agosto, 2019
IV Asamblea – Red Iglesias y Minería

Alerta emitida por el Sindicato de Obreros Mineros en las redes sociales: “Pedimos medidas para proteger nuestra salud”

Ayer, 1 de agosto, un derrame de relaves mineros que contiene ácido oxálico, altamente tóxico, se produjo en la planta San Nicolás perteneciente a la empresa Shougang, en la que opera la empresa minera Shouxin Perú S.A. Shougan es el principal accionista de la empresa minera Shouxin, y la planta está ubicada en el distrito de Marcona, perteneciente a la región Ica. El derrame de relaves mineros se produjo por el desborde en los espesadores de la Planta de Beneficio de la unidad minera Explotación de Relaves de la empresa. Ver video.

Incendio en Planta

Asimismo, durante la madrugada, entre 1 y 40am y 3:20am, se produjo un incendio de la nueva faja transportadora de minerales en la misma planta, San Nicolás; generando preocupación en los trabajadores al levantar un montón de polvo en toda la planta, que durante la mañana habían presenciado el desborde de relaves mineros. En redes sociales –facebook y twitter, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos S.A.A, señaló su extrañeza frente a este hecho, en el marco de las exigencias que han ido planteando para obtener el cumplimiento de sus derechos laborales. Se preguntaron: ¿Qué casualidad que una faja nueva que transporta mineral, parada y no operativa se haya incendiado. Estas pasan diferentes pruebas de seguridad. Es muy sospechoso que de la nada se prenda fuego? ¿O la intención es tener una justificación para no producir, y solo enviar mineral en crudo debido al alza de los metales de hierro y justificar para este próximo trimestre el decrecimiento en la producción?

 

A pesar de este y otros casos, que también denunció el sindicato en redes sociales, como la filtración de relaves hacia las orillas del mar de Marcona que se viene produciendo hace varios años; la empresa no tiene ningún plan para afrontar este tipo de situaciones, afirma un trabajador de la compañía. Con respecto a esto punto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que desde hoy inició su supervisión, examinará la implementación del Plan de Contingencia; es decir, las medidas tomadas por la empresa para contener los daños medioambientales. El OEFA complementará el análisis de la emergencia ambiental con las investigaciones sobre las causas del derrame.

Empresa explotará relaves mineros

Recientemente la empresa minera Shouxin acaba de presentar una Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para ampliar la capacidad de producción de la planta concentradora polimetálica, y poder explotar los relaves mineros dejados por la empresa minera china Shougang. US$140 millones será la inversion de la empresa de capitales chinos Minera Shouxin Perú.

El objetivo es aprovechar los metales no ferrosos de baja ley contenidos en los relaves mineros. Frente a ello, genera una gran preocupación para Red Muqui, que una empresa como Shougang que no ha remediado sus pasivos ambientales, pretenda ampliar su producción, a través de Shouxin, explotando relaves mineros, que generarán mayor concentración de toixicicidad en sus desechos; y ello será más contaminante para el ambiente.

La cuestión de alerta ambiental tuvo repercusión en las redes sociales y llamó la atención del congresista Marco Arana que en su twitter exige que OEFA, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Medio Ambiente adopten inmediatamente medidas.

Por otro lado, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos S.A.A reporta que “el gobierno regional de Ica, Javier Gallegos no pronuncia ni una palabra sobre este grave atentado contra el medio ambiente y el escenario laboral de los trabajadores mineros de Shouxin y Shougang”. Mientras tanto, el OEFA ha manifestado que publicará el informe de su investigación señalando oportunamente los resultados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el día de ayer, 1 de octubre, denuncias de mineros de Perú, que sufren enfermedades porque su organismo tiene una concentración de metales pesados por encima de los estándares normales debido a su trabajo. A la fecha no han recibido respuestas de parte de las empresas: Antamina y Yanacocha donde trabajaron.

Dos mineros, Saúl Alejandro Juárez Flores y Alán Richard Herrera, testificaron hoy durante el 169 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en la Universidad de Colorado, en Boulder.

Juárez Flores aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos. que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

«Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes», expresó Juárez Flores.

El hombre, de 53 años, comenzó a trabajar para la Minera Antamina en 1999 y fue despedido en 2011 después de que le diagnosticaran el cáncer.

Junto a él, se sentó Alán Richard Herrera, de 44 años y que trabajó para la Minera Yanacocha entre 1998 y 2012.

En declaraciones a Efe, Richard Herrera dijo sentirse en una «ruleta rusa», porque su cuerpo tiene concentraciones de mercurio, arsénico y talio por encima de los niveles normales y no sabe qué consecuencias tendrá para su salud o la de sus hijos.

El minero tiene tres hijosy uno de ellos, de 12 años, tuvo problemas de caída de cabello cuando era más pequeño.

Durante la audiencia, los representantes del Estado peruano aseguraron que el Gobierno y en concreto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tienen en marcha mecanismos y regulaciones para atender los problemas que puedan derivarse de la inversión minera, que ocupa un importante lugar en la economía peruana.

De hecho, de enero a mayo del 2018, las inversiones mineras ascendieron a 1.569 millones de dólares, lo que supone un incremento del 34,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Informe Audiencia CIDH Salu… by on Scribd

 

Transcurrido el primer año de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su primer mensaje a la nación el 28 de julio último. Al respecto, RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. El mensaje presidencial trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros: Corani (Puno), Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y Michiquillay (Cajamarca). De esta manera, el gobierno confirma que seguimos dependiendo de una actividad económica como eje de nuestra economía.

Sobre esto se requiere que el gobierno asuma un verdadero programa de diversificación económica en el país, y no solo ‘paliativos’ para actividades como la agricultura. Nuestra canasta familiar depende de nuestras comunidades campesinas que desarrollan la agricultura familiar en el 7% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, sus territorios no están protegidos de los impactos ambientales, sociales, afectaciones en la salud humana, entre otros, debido a las actividades extractivas.

Por el contrario, se debería priorizar las actividades como el turismo sostenible, la pesca artesanal, y otras actividades económicas más sostenibles.

2. En el mensaje se ha priorizado la formalización, la Pequeña Minería y Minería Artesanal; de la cual existe una campaña del gobierno para impulsarla. En ello estamos de acuerdo, pero no podemos formalizar todo de la misma manera. El presidente debe mencionar que los decretos legislativos que el Ejecutivo dictó a fines del año pasado, permiten que el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) tenga carácter de declaración jurada, sin que existan entidades que le den seguimiento. De la misma forma, con una declaración jurada se puede obtener permisos del propietario o de comunidades campesinas para realizar cualquier actividad minera en tierras superficiales. En el último caso se pasa por encima de los espacios de decisión comunales. Se formaliza, pero no se consideran los impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas.

3. Respecto al medio ambiente, el presidente Kuczynski reconoció que “el lago más grande del Perú (Titicaca) está contaminado por relaves mineros”. Esa ha sido consecuencia de la minería formal, informal e ilegal que afecta fuentes de recursos hídricos fundamentales a nivel nacional. Justamente, a esto responde las recientes protestas sociales en Puno, en donde la población sigue esperando que se cumpla con la promesa electoral acerca de la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. De no atenderse oportunamente esta problemática el conflicto puede agudizarce, es urgente la atención a esta demanda de las poblaciones afectadas por las aguas contaminadas del Lago Titicaca.

4. En el mensaje a la Nación se mencionó sobre la “reducción de los impactos ambientales”; pero ello es incoherente con las normas -sin sustento técnico- que fueron emitidas por este gobierno. Este año se fueron flexibilizando los Estándares de Calidad Ambiental para aire (ECA Aire) en doce veces, así como los que rigen para el agua. Todo ello impactará en la salud y la vida de las personas.

La indecente pretensión de esta norma busca ‘facilitar’ la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ha demostrado que no resulta conveniente para los inversionistas. Por tanto, ha quedado claro que el gobierno estaría emitiendo normas que tienen beneficiarios directos, en lugar de buscar alternativas de desarrollo integral y sostenibles para La Oroya, y que no implique atentar contra de la salud y vida de las personas de esa zona.

5. Que el mandatario haya mencionado “Dignificar a las rondas campesinas”, nos parece loable. No obstante, consideramos que el Ejecutivo debe tomar en cuenta el importante el avance del Poder Judicial, y su presidente Duberlí Rodríguez, quien ya ha reconocido el rol de las rondas de ejercer justicia y brindar seguridad. No obstante, el gobierno central aún debe dejar de calificar como “antimineros”, “enemigos del desarrollo” a aquellas rondas campesinas y organizaciones sociales que defienden sus derechos al territorio y a la consulta sobre decisiones que les afecta. Si su perspectiva es empezar a reconocer a las rondas, esperamos que cambie la perspectiva sobre la conflictividad social en el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.

6. Para el jefe de Estado es importante “Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental ya que no funciona como debe funcionar”. En ese sentido, nos preocupa las personas cuya salud y vida han sido afectadas por la actividad minera, pues no reciben un tratamiento adecuado. Una muestra de esta realidad, es el caso de los pobladores de Pasco, quienes luego de años de reuniones y acuerdos infructuosos, se vieron obligados a venir a Lima y encadenarse en el MINSA, y así exigir atención médica y remedición de sus pasivos ambientales mineros. Esperamos que el gobierno considere que el MINSA debe cumplir con estos compromisos y atender de manera inmediata a estas poblaciones afectadas a su salud por actividades mineras.

7. El presidente Kuczynski no olvidó decir que «el agua será legado de su gobierno». Es así que en su mensaje ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrá agua y desagüe al 2021. Nuestra inquietud surge por cómo se podrá llegar a esta meta si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan agua se encuentran afectados y contaminados por la minería. Por ello es importante aplicar mecanismos como el ordenamiento territorial (que la Ley N°30230 estableció como “referencial”) y se les devuelva a los gobiernos regionales, la potestad de establecer prioridades de desarrollo en base a sus potencialidades, y que estas no sean impuestas desde el gobierno central y en base a las concesiones mineras.

8. Y, por último, el presidente señalo que se debe “Fortalecer a las empresas de agua potable, que seguirán siendo públicas”. Sin embargo, uno de los decretos dictados en su gobierno ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora serán empresas del régimen de sociedades. Es decir, poseerán acciones que pueden ser vendidas a otros intereses económicos -en la práctica- permitir la privatización del recurso hídrico, lo cual va en contra de su rol principal, que es brindar un servicio. Consideramos que esto se trata de una seria contradicción, lamentablemente, avalada por el Congreso.

9. El presidente ha presentado 5 proyectos de ley, luego de la reunión con Keiko Fujimori, uno de ellos sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las APP para ello. Recordemos que en los decretos del actual gobierno se planteó simplificar los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen con sus autorizaciones las autoridades responsables, ahora solo se aplican los ECA y Límites Máximos Permitidos (LMP) de agua. Las inversiones son importantes, pero se deben supeditar a la mejora de la calidad de vida de las personas, de lo contrario no son beneficiosas.

Finalmente, entre los proyectos de ley presentados por Kuczynski, se busca destrabar el acceso a inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura: la misma finalidad del derogado Decreto Legislativo N°1333, que–mediante ProInversión- buscaba facilitar aún más el acceso a predios, especialmente en territorios de comunidades campesinas (en relación con la Ley N°30230). Consideramos que con éstas medidas continúa la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas.

Lima, 30 de julio de 2017

POR MEDIO DE PETICIÓN A PPK

  • Ahora que no se concretó venta del complejo de La Oroya no tiene sentido mantener ECA Aire tan bajos
  • La OMS recomienda no más de 20 microgramos de dióxido de azufre en el aire y en Perú solo se exige 80

La campaña “¡Firma por un Perú con aire limpio!” pretende hacer llegar una petición masiva al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, para que los Estándares de Calidad Ambiental del Aire (ECA Aire) sean más elevados, tal como era antes de que fueran modificados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) este año.

Estos nuevos parámetros ya rigen para los sectores extractivos, especialmente para el rubro minero, así como para las industrias y el sector de servicios. Es así que, desde junio de este año, el sector Ambiente permite un rango mayor de contaminación.

Un caso especial ha sido el del complejo metalúrgico La Oroya, cuyo intento de venta ha fracaso tres veces en este año.

La falta de postores para invertir en La Oroya y la mina Cobriza en Junín, ha evidenciado que hacer la contaminación ‘más permisible’, no ha funcionado. Es por ello que desde la Red Uniendo Manos, miembro de la RED MUQUI, se ha impulsado firmar una petición para derogar el Decreto Supremo (N°003-MINAM-2017) que dio paso a esta medida del gobierno.

En esta petición se adjunta una carta en la que se expone al presidente de la República, y a la Ministra del Ambiente, que este nuevo estándar de calidad ambiental del aire para dióxido de carbono (SO2) no protege la salud.

Cabe recordar que el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, refirió que el cambio se dio teniendo en cuenta que otros países como Chile y Colombia tienen el parámetro de 250, por lo que el límite de 20 resultaba muy “exigente”.

Asimismo, indicó que con el nuevo estándar se podrá generar una mayor competitividad en nuestra economía “y también se protege a la salud”.

En la misiva, firmada por más de 1200 personas, se le recuerda a Kuczynski que desde el 2014 el Perú ya contaba un estándar de calidad del aire -para SO2- de un promedio de 20 ug/m3 en 24 horas, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por ello que no puede permitirse que el gobierno actual eleve el estándar a un promedio de 250 ug/m3 en 24 horas, sin suficiente criterio científico.

“No se puede construir un crecimiento económico, contaminando el aire que respiramos, poniendo en riesgo nuestra salud, haciendo que los costos de esta contaminación la asuman todos los peruanos y lo que es peor perjudicando especialmente los bolsillos de los más pobres”, indican las organizaciones gestoras de esta petición.

En la carta que todo ciudadano puede firmar, se asevera que es un error poner los intereses privados por delante del ser humano. “Parece que el gobierno actual privilegia intereses de industrias contaminantes por encima del derecho que tiene la población a respirar un aire limpio. Esta revisión de los ECAs desconoce que el ser humano debiera ser considerado el valor central de la sociedad”, indica parte del texto.

¡Firma por un Perú con aire limpio! es una campaña que parte de la iniciativa del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, unido a otras organizaciones como la Red Uniendo Manos contra la Pobreza, el Centro Cultural Labor Cerro de Pasco, la Asociación Civil Labor y la Red de Constructores de la Nación Humana Universal.

DATOS:

  • El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente (aire, agua o suelo) que no representa riesgo significativo para la salud de personas ni del ambiente.
  • El ECA para aire está compuesto por diez parámetros: benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, plomo, material particulado PM2,5, material particulado PM10, monóxido de carbono, hidrocarburos totales (expresados como hexano), ozono y sulfuro de hidrógeno, cada uno de los cuales tienen un valor específico.
  • El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, comúnmente liberado durante erupciones volcánicas. Es generado también por la quema de combustibles fósiles -como el carbón y petróleo- y en áreas urbanas por las termoeléctricas, las industrias y el tráfico vehicular.

Fuente: Red Uniendo Manos Perú / Gestión

Fotos:  Red Uniendo Manos Perú / Radio Nacional

  • RED MUQUI facilitó que afectados presenten caso de niños contaminados en Simón Bolívar
  • El colectivo también gestionó que ONU conociera caso de reasentamiento de Morococha
  • En salud ambiental y humana, ONU recomienda que el Estado fortalezca fiscalización ambiental

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el Perú entre el 10 y 19 de julio, con el fin de revisar si se están implementando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

En esa misión, estos representantes de la ONU determinaron que el Estado peruano ha tenido una limitada presencia en donde operan las empresas mineras y existen conflictividad social. Es así que la misión internacional observó que, al no notarse la gobernabilidad y el estado de derecho, se hace más difícil el diálogo con las comunidades y ello contribuye a un ambiente de desconfianza, descontento y agitación social.

“El alto número de protestas sociales sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”, alerta en reciente documento.

Si bien, el informe final de misión oficial será presentado en la 38ª sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2018, esta comisión de trabajo emitió una declaración expresando su preocupación sobre el manejo de los Derechos Humanos durante los conflictos sociales en el Perú.

Tomando en cuenta los reportes de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la ONU vieron que el alto número de conflictos sociales en nuestro país, está relacionados a comunidades locales que protestan contra los efectos adversos causados por las operaciones mineras, petroleras y energéticas.

Es por ello que, en sus conclusiones preliminares, los miembros de este grupo de la ONU incluyeron han remarcado -con preocupación- la cifra de 70 muertos (65 civiles y 5 policías) en el período 2012-2016, durante estallidos de conflictos sociales.

Durante su visita a nuestro país, los expertos de Naciones Unidas escucharon y recibieron denuncias de personas potencialmente afectadas por actividades mineras. La contaminación del agua, el agotamiento de las aguas superficiales y subterráneas, la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores mineros y habitantes locales, son las más recurrentes, como es el caso en La Oroya (Junín) Cerro de Pasco (Pasco), Chumbilvilca y Espinar (Cusco), entre otros.

RED MUQUI dio a conocer caso Simón Bolívar y Morococha

El pasado 10 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, invitó a una reunión a la RED MUQUI y otras de sus instituciones miembros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, FEDEPAZ, APRODEH.

En dicha oportunidad RED MUQUI facilitó que se conozca el caso de contaminación de la población de Simón Bolívar (Pasco), fue así que Jaime Silva, Regidor de dicho distrito, expuso sobre violaciones de derechos que sufrían sus poblaciones por efecto de la intervención de empresas mineras, en especial los derechos a la vida y salud, al ambiente adecuado y equilibrado, a la vivienda digna, entre otros derechos que los casos evidencian.

“La emergencia de salud pública en Pasco relacionada con la contaminación industrial debe servir como un llamado de atención para fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos a través de evaluaciones de impacto ambiental y fiscalización fuertes. Además, pone en evidencia la necesidad de tener en cuenta los costos a más largo plazo de las salvaguardias ambientales subestándar”, advirtió la ONU luego de conocer el caso.

Asimismo, la misión tomó cuenta del caso Morococha, el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. César Reyna, Asesor de la Municipalidad Distrital de Morococha, fue el encargado de informar de la situación de los pobladores que fueron reubicados en octubre de 2012 (a unos 12 kilómetros de distancia), por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho.

Los expertos de la ONU supieron que Morococha se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero.

Consulta previa previene conflictos

Por su parte, la RED MUQUI y sus instituciones miembros plantearon las dificultades de la aplicación del derecho a la consulta previa en minería, y la situación de las defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.

En la reunión con la misión, la RED MUQUI informó los requisitos de participación pública relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de concesiones para operaciones mineras, son solo informativas y, por tanto, no corresponden procesos de consulta legítimos.

“La participación ciudadana y consultas con las comunidades afectadas por las operaciones empresariales es otra fuente principal de conflicto social (…) Recomendamos que todo tipo de consulta y participación se realice en la fase de planificación más temprana de un proyecto y que la misma incluya todas las fases, incluso hasta el cierre”, puntualizó este grupo especial de la ONU.

Los días posteriores los miembros de la Misión viajaron a Cajamarca, Cusco y Challhuahuacho (Apurímac), donde tuvieron diversas reuniones sobre la conflictividad social generada por la actividad mineras en dichas localidades. En esos casos, Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco) les informaron sobre esta problemática.

Criminalización y defensores ambientales

En su declaración, las Naciones Unidas recuerda que sus Principios Rectores se basan en la importancia del espacio ciudadano donde las voces críticas puedan expresarse con el fin de que las empresas entiendan las inquietudes y los riesgos relacionados con los derechos humanos vinculados con sus operaciones.

“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Durante su visita, la misión se reunió con varios de los líderes comunitarios acusados de «extorsión» y otras imputaciones, debido a las modificaciones del código penal –en la última década- que han facilitado la criminalización de la protesta social y han impuesto sanciones más severas para delitos como «perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos».

“La criminalización de las protestas no ayuda a lograr la paz, y se deben hacer más esfuerzos para mejorar las condiciones de diálogo”, concluyen en una parte de su declaración.

Convenios mineros con la Policía

La misión de empresas y derechos humanos de la ONU, también reparó en los convenios que las empresas mineras sostienen con la Policía Nacional, los cuales consideró como un “arreglo crea confusión acerca de la función policial, que es la de proteger a la población (artículo 44 de la Constitución).

“En la práctica, esto se materializa a través de la presencia de policías pagados por la compañía para prestar servicios de seguridad portando el uniforme policial y las armas de reglamento. Esto solo refuerza la desconfianza en la policía nacional”, aseveró el grupo de trabajo.

DATO:

  • El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: el Sr. Michael Addo, el Sr. Surya Deva (actual Presidente), el Sr. Dante Pesce, el Sr. Pavel Sulyandziga, y la Sra. Anita Ramasastry actual Vicepresidente).
  • El grupo recorrió Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde se reunirán con autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil.

Foto: Naciones Unidas / GRUFIDES

AL NO CUMPLIRSE EMERGENCIA AMBIENTAL

  • Pobladores y autoridades presentaron una plataforma de reclamos al Presidente de la República
  • Desde hace meses Simón Bolívar y toda la región de Pasco esperan políticas de salud para la atención de la población.
  • Ejecutivo aun no convoca a reunión de mesa de diálogo que ve caso de contaminación por metales pesados en Simón Bolívar

Para los peruanos de Simón Bolívar (Pasco, Pasco), el gobierno central no muestra interés por la salud de las personas en dicho distrito y de toda la región, ya que desde que se declaró la emergencia ambiental hace 5 años (2012), no se han cumplido con planes de acción, ni compromisos para atender a la población afectada por metales pesados en la sangre.

Es por ello que, las autoridades de Simón Bolívar presentaron una solicitud formal para que se declare la emergencia sanitaria en el lugar, y así garantizar que se priorice atención especializada urgente para los afectados y con un presupuesto designado.

Zumel Trujillo, alcalde de Simón Bolivar, recalcó que desde que inició el gobierno de PPK, se enviaron diversas cartas y solicitudes de audiencias en donde participen el Premier Fernando Zavala y los ministros relacionados a esta problemática de salud ambiental.

Es así que esta vez decidieron enviar un documento (N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO) al mismo Presidente Pedro Pablo Kuczynski para recordarle que la población de Simón Bolívar sigue esperando que se establezcan políticas públicas en salud para atender a los afectados por la contaminación que generan los pasivos ambientales y otras actividades de la empresa minera VOLCAN S.A.

“Estamos esperando que se dé continuidad a la mesa de diálogo impulsada el 01 de octubre de 2015 en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Desde esa fecha no hemos tenido atención directa de los sectores para resolver este problema de salud pública que aqueja principalmente a los niños”, indican en el documento.

Cabe mencionar que, en mayo de este año, la municipalidad de Simón Bolívar remitió dos cartas a la PCM (N°030-2017-ALCALDÍA-MDSB-PASCO del 8 de mayo, y N°035-2017-ALCALDÍA-MDSB-PASCO del 15 de mayo). En ambos documentos se pidió al Ejecutivo que, en un máximo de 15 días, el Ejecutivo fijen fecha y hora para reanudar la mesa de diálogo.

Encadenados

El alcalde Zumel Trujillo junto a una comitiva de autoridades locales y pobladores afectados, llegaron hasta la sede del Ministerio de Salud (MINSA) en donde se encadenaron en señal de protesta y espera hasta ser recibidos por las autoridades del sector.

Acompañados de sus pequeños hijos –algunos de ellos perjudicados en su salud por los metales- se aferraron al frontis del MINSA mientras eran custodiados por la Policía Nacional.

Ministra García no los recibió

Hace poco más de una semana (martes, 6 de junio), la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente del Congreso, coordinó una reunión en donde serían recibidos por la propia ministra Patricia García. Sin embargo, solo estuvieron presentes la viceministra de salud pública, Silvia Pessah Eljay y otros funcionarios. Fue por ello que los pobladores de Pasco se retiraron.

Asimismo, en el documento presentado al presidente Kuczynski mencionaron, que el 17 de enero último fueron invitados al evento “Metales pesados y la salud en el Perú”, organizado por el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, fueron programados para el último día de esta reunión que tenía días previos con expertos internacionales.

“Fuimos sorprendidos con una reunión en la que el MINSA brindó información limitada en donde solo se abordó el plomo en la sangre en los niños, cuando los menores tienen hasta 10 metales pesados en su organismo. Esto ha traído como consecuencia que sufran retardo mental, leucemia, cáncer, parálisis, entre otros síntomas y dolencias”, refieren.

Exigencias de atención en salud

  • Implementación de políticas de salud efectivas para atención de miles de afectados por contaminación de metales pesados.
  • Cierre definitivo de los pasivos ambientales más grandes de Cerro de Pasco como son la desmontera Excelsior y la relavera de Quiulacocha.
  • Atención inmediata a las 6 familias más afectadas con metales pesados que si bien fueron trasladados por tener diagnóstico delicado de salud, han sido abandonados a su suerte en su atención médica.
  • Diagnóstico e identificación sobre intoxicación con metales pesados y enfermedades neoplásicas a toda la población de Pasco.
  • Implementación del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos para diagnosticar hasta 17 metales pesados en la sangre, y así evitar que los afectados de Pasco se vean obligados a trasladarse hasta Lima.
  • Presentación de guías y protocolos de atención médica para personas expuestas a metales pesados como arsénico, manganeso, aluminio, cesio, cromo, níquel, talio, selenio, y mercurio.

Exigencias de infraestructura y saneamiento

  • Construcción de un Hospital de Enfermedades Neoplásicas en Pasco, al ser la segunda región con alto índice de cáncer en el 2014, según el INEN.
  • De igual modo piden el financiamiento para los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la construcción de la clínica de desintoxicación y laboratorio toxicológico, que se ubicaría en la comunidad nativa de Ñagazu (distrito de Villa Roca, Oxapampa, Pasco). Para ello se cuenta con la documentación del saneamiento físico legal entregado por Villa Rica y Simón Bolívar al MINSA.
  • Para poder evitar que el aire arrastre polvo con metales pesados, se pide la construcción y pavimentación de pistas y veredas en todo Pasco.
  • Asimismo, se hace necesaria la culminación del proyecto integral de agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco, ya que hasta la fecha sigue circulando agua sin tratamiento y con metales pesados.

Exigencias para Volcan

  • La población de Simón Bolívar pide que el estado exija el cumplimiento de los planes de descontaminación de los suelos y su tratamiento ambiental en zonas afectadas por parte de la empresa minera VOLCAN S.A.
  • Pasco pide que se evalúe y realice un peritaje del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto planta complementaria de minerales oxidados y una nueva evaluación al proyecto, así como el cumplimiento a las exhortaciones planteadas por OEFA, en enero de 2017, respecto a la unidad Óxidos de Pasco de VOLCAN.

DATOS:

  • Pasco presenta unos 574 pasivos ambientales sin remediación, en su mayoría son desmontes
  • Existen más de 2 mil niños identificados con metales pesados en sus organismos. Algunos presentan hasta 10 metales en la sangre, no solo plomo.
  • En setiembre de 2015 se realizó una marcha de sacrificio desde Pasco hasta Lima. Luego de esta movilización se instaló una mesa de diálogo con el Ejecutivo del gobierno de Ollanta Humala.

Fuente / Fotos: RED MUQUI