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La empresa minera Raura del Grupo Breca realiza sus operaciones en un contexto de pasividad por parte del Gobierno en cuanto a control y fiscalización ambiental, situación que ha originado la desaparición de tres lagunas en cabecera de cuenca en la región de Huánuco y en Lima pone en riesgo la cabecera de cuenca del río Huaura.

Lagunas secas en Huánuco

La Red Muqui se comunicó con el alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, quien denunció el drenado de las lagunas Santa Ana, Niño Cocha y Nieve Ucro, y la afectación parcial de otras ocho fuentes hídricas, en Huánuco, entre ellas Tinkicocha, Caballococha y Patarcocha.

El sustento que maneja la autoridad edilicia radica en el inventario hidrológico que elaboró la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual prueba la existencia de las tres lagunas en la zona. “Su desaparición se debe al uso de las aguas de la empresa Raura, por el uso excesivo del recurso hídrico en la explotación minera”, aseguró. La preocupación local se centra ahora en las ocho lagunas que aún sobreviven.

Cuencas afectadas

La empresa minera Raura, ubicada en las cabeceras de dos cuencas hidrográficas, una que fluye en dirección a los ríos Huallaga y el Marañón, y otra que alimenta a la cuenca del río Huaura, la misma que desemboca en el océano Pacífico, opera en medio de glaciares y en toda la cadena de nevados, entre las regiones de Áncash, Huánuco y Lima.

En Huánuco, la cuenca Lauricocha (afluente del río Marañón) es el sustento de 15 mil habitantes que se dedican en su mayoría a la ganadería, agricultura y turismo. Según el alcalde, las aguas están contaminadas. “El sustento legal (que tengo para decir esto) es la penalización que hizo el OEFA en varias fechas durante siete años, por haberse superado los límites de contaminación que han sido fuertes en la cuenca Lauricocha. El monto (sancionado a la empresa Raura) es de 7 millones de soles”, reveló.

A inicios de mes, distintos medios de comunicación regional reportaron la contaminación ambiental en la laguna Tinquicocha (que afectaría a toda la cuenca), jurisdicción del distrito San Miguel de Cauri, tras el rompimiento de una tubería de la empresa Raura.

Denuncian las comunidades

Frente a este hecho, el presidente de la comunidad del mismo nombre del distrito, Pablo Cárdenas Baltazar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco para exigir una investigación por los impactos mineros generados.

A ello se sumaría otra interpuesta por la comunidad Independencia. Así también el gobierno local ha pedido públicamente a las entidades competentes cumplir con fiscalizar permanentemente a dicha empresa que explota minerales polimetálicos como plomo, plata, zinc, cobre y oro (en menor cantidad) en Huánuco y Lima. “No estamos en contra de la minería sino (que pedimos) una minería responsable, (pero) si no hay control permanente, (entonces) paralización total (de la mina)”, añadió el alcalde.

En su defensa, la minera rechazó en un comunicado las declaraciones del alcalde de la provincia de Lauricocha.

Impactos en Lima

Pero el problema tiene otras aristas. La empresa minera se aprovecha del usufructo de territorios ancestrales para ingresar en la zona y ampliar territorialmente sus operaciones, refirió el coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi. “Raura se ha posicionado en territorio ancestral de las comunidades campesinas de Quichas y de Oyón, ambas en la provincia de Oyón, región Lima. Y de la comunidad campesina de Cauri, provincia de Lauricocha, región Huánuco”, explicó.

Foto: Comunidades reunidas cerca a la laguna Shucshapá en 2016

Desde muchos años atrás las comunidades vienen exigiendo el cese de contaminación de la minera Raura y en constantes movilizaciones en contra del vertimiento de las aguas de las operaciones mineras (relaves, desmontes, aguas ácidas, entre otras sustancias químicas) a las lagunas de la zona de Huánuco. El inicio de la construcción del túnel en 1998 para la central hidroeléctrica “Cashaucro” fue aprovechada por Raura para derivar sus aguas ácidas provenientes de las galerías subterráneas hacia la cuenca del río Huaura, región Lima, que terminan en el océano Pacífico. Todo ello con la autorización del Estado peruano.

Por ello, continuó el ingeniero ambiental Alejandro, las aguas que consumen las poblaciones asentadas en toda la cuenca del río Huaura (Quichas, Oyón, Churin, Sayán y todo el Valle del Huaura (zona azucarera) y otras están expuestas a la contaminación producto del vertimiento minero. “Raura ha tenido múltiples sanciones por parte del OEFA y ANA por el incumplimiento de compromisos ambientales”, advirtió. Asimismo, el especialista aseguró que hay un riesgo de desaparición de la laguna Shucshapá (cabecera de cuenca del río Huaura), pues es utilizada por esta minera como sedimentador de sus aguas ácidas.

¿Qué hacer?

El coordinador del Área Socioambiental propuso tres acciones desde un enfoque ambiental y territorial:

Primero, los territorios ancestrales, expropiados por la empresa minera, deberían ser devueltos a las comunidades campesinas.

Segundo, la minera Raura debe remediar los daños ambientales que ha ocasionado no solo en los territorios de las comunidades sino también en los ecosistemas frágiles como son las lagunas que están sirviendo como sedimentador de contaminantes proveniente de sus operaciones mineras con alto contenido de metales pesados.

Tercero, el Estado, a través del OEFA, tiene que realizar una evaluación de parte para verificar los daños ocasionados por el vertimiento minero en las lagunas, luego iniciar un proceso de supervisión y fiscalización inopinada para conocer cuál es el estado de las aguas, suelos y todas las fuentes hídricas.

«Se deben cesar todas las actividades mineras que afectan los ecosistemas frágiles. Está prohibido realizar actividad minera en glaciares porque afecta al equilibrio ecológico y al ecosistema, sobre todo en el contexto de la crisis climática, ¿por qué Raura tiene ese privilegio de estar ubicada en glaciares? Ello acentúa el riesgo de la pérdida de glaciares, terrenos con pastizales y lagunas”, concluyó Alejandro Berrospi.

Foto de portada: Referencial

Este viernes se ha cumplido el quinto día de paralización en la provincia cusqueña de Espinar. Las comunidades demandan la reformulación del convenio marco con la minera Glencore Antapaccay, así como de un bono de 2000 soles por la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

Para entender el trasfondo de este conflicto y entender qué significan las demandas en torno al llamado Convenio Marco hablamos con Oracio Pacori. El director ejecutivo de la organización Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), explica que ha habido una evolución en la conflictividad que se vive en Espinar. 

Mientras que en los años 90’ las comunidades de la provincia discutían cómo se podían beneficiar económicamente de la explotación minera, en la década siguiente, con particular fuerza en 2012, el tema principal pasó a ser la remediación de la contaminación, especialmente de las fuentes de agua. A partir de la pandemia vuelve a estar más presente el tema económico por el impacto que tiene la paralización de la actividad económica con las medidas de confinamiento y la serie de restricciones que impone el gobierno para controlar la pandemia. 

“En resumen se puede decir que al menos desde 2002 para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explica Pacori. 

Recuerda que Espinar no es cualquier provincia, ya que acumula 40 años de convivencia con la minería que arrastran múltiples consecuencias negativas y por otro lado una eventual ampliación de las operaciones llevarían a otros cuarenta años de actividades y nuevos impactos. El tiempo correspondiente al ciclo de vida productivo que se espera explotar, sin contar los pasivos ambientales que va arrojando la minería y que dejarán una herencia tóxica por otros cientos de años. 

El pliego de demandas  

Sin embargo se debe entender según Pacori, que en el trasfondo del conflicto subyace el relacionamiento que existe entre las comunidades y la empresa minera, justamente por el impacto que genera la minera en la vida de los espinarenses.

La plataforma de pedidos que tiene la Plataforma del Comité de Lucha lo plantea claramente, las tres demandas tienen que ver con la presencia de la minera y su actividad extractiva : 

Primera : El bono de 2 mil soles para cada habitante de la provincia con fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa, para hacer frente a los impactos que está dejando la minería. 

Segunda : La reformulación del Convenio Marco. Pacori explica que este pedido tiene que ver con cómo se asignan y priorizan estos fondos para la provincia de Espinar

Tercera : Que se transparente cómo se va a viabilizar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto Antapaccay y el impacto que podría tener en otro ámbito territorial y con otras comunidades en la provincia. Una ampliación que significa asimismo un incremento en las utilidades de la empresa, fondos del Convenio Marco que también se van a incrementar. 

Convenio Marco, conquista que va más allá del beneficio económico

Son, por lo tanto, pedidos, que si bien tienen plazos diferentes, están encadenados entre sí por el convenio marco. Instrumento, que tal como lo explicó hace unos años el fallecido ex alcalde de Espinar e histórico dirigente social de la provincia, Oscar Mollohuanca,  al medio de comunicación terra-justa en 2020, tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa. Una conquista de la población que brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Planteado por el municipio y las comunidades en 1999 en medio de movilizaciones sociales, finalmente se logra firmar con la empresa en 2003. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, algo que no se ha realizado. Estas y otras falencias son las que justifican el reclamo por la reformulación, entendida como el establecimiento de mecanismos de implementación de cada una de las disposiciones, no solamente aquella de índole económica.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora las comunidades no han tenido éxito en avanzar con esta demanda. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el rol paternalista de las empresas que han generado relaciones clientelares de dependencia con las comunidades. En vez de que sean ellas las que administren y gestionen directamente los fondos destinados al desarrollo local, es la minera la que maneja estos recursos a través de la fundación Tintaya. De esa manera ha creado un nuevo poder fáctico de presión, de subordinación y de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense, como sentenció Mollohuanca en la misma publicación.

Para las comunidades que están dentro del área de influencia directa e indirecta de la actividad minera se trata de un proceso conflictivo que se arrastra por los más de cuarenta años que tiene la minería en Espinar. 

El desenlace de las movilizaciones tiene distintos momentos, explica Pacori. La concientización es un proceso que se va produciendo en torno al pliego de demandas del Frente de Lucha y puede desencadenar en algún momento la participación de todas Espinar. Porque la agenda que tiene favorece inmediatamente la vida de los cuarenta mil habitantes que tiene la provincia de Espinar.  

Dádivas para algunos o bienestar para todos

Sin embargo, la empresa ha tejido una poderosa red de aliados, gracias al poder económica que tiene tras de sí, con el segundo mayor consorcio minero del mundo, Glencore, como matriz y con las propias utilidades que genera una explotación que durante la década pasada representó el 10 por ciento de la producción de cobre del Perú. Y así es capaz de financiar publicidad que es transmitida en un 90 por ciento de los medios locales de Espinar que mantienen un vínculo de dependencia con la actividad minera. Las instancias estatales de toma de decisión son otro ámbito al que se han extendido los brazos de la empresa. Uno de ellos es el gobierno local que administra una parte del canon minero. Y por otra parte, esas instancias integran el Comité de Gestión del convenio marco. A ello se suma un proceso de cooptación de algunos dirigentes lo que ha llevado al debilitamiento de ciertas organizaciones sociales. Hay, como constata el sociólogo José Antonio Romero, en declaraciones al medio de comunicación terra-justa en 2020, una descomposición del tejido social. Porque al final, que la minería en Espinar brinda un buen ejemplo, explica Romero, de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio, mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), según el experto que también ha trabajado para DHSF.

Si no es con la zanahoria es con el garrote

Un proceso que despierta claras resistencias, en los crecientes conflictos socio ambientales no sólo en el Perú. Por eso, para Oracio Pacori, las respuestas por parte de las empresas y del Estado se han desplazado hacia la criminalización y represión de la protesta social.  

Con patrones de individualización en los que se persigue a defensores de derechos que se exponen con su labor, tal como se ha visto con la denuncia y amedrentamiento que ha hecho la empresa Antapaccay contra el presidente del Frente de Lucha, Sergio Huamaní. En una carta notarial dirigida esta semana al presidente, la empresa le exige que se retracte de sus denuncias contra Antapaccay que a juicio de los dueños de la minera serían acusaciones falsas.

Derechos Humaos Sin Fronteras lleva un registro, en el que se constata que sólo en último tiempo, han sido tres los defensores y de derechos quienes han sido denunciados por los operadores del consorcio, a través del mecanismo de la querella. Una estrategia, cuyo fin es golpear a las personas que se atreven a encabezar la organización de la protesta y sentar así un precedente ante los ojos de la población, para que nadie se atreva a resistir.

Las proyecciones para el futuro

Oracio Pacori prevé que en un futuro cercano el foco del conflicto se desplazará hacia las afectaciones que tiene la minería, no sólo en un recurso vital como el agua, sino directamente en la salud y la vida de las personas. Y recuerda las evidencias de los diferentes estudios, según las cuales los niveles de exposición que tienen las comuneras y comuneros a los metales pesados son muy altas. 

En lo inmediato el proceso de diálogo de Espinar en el que está involucrado el gobierno central, incluye las negociaciones sobre el convenio marco y la realización de la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco. No obstante, no son una prioridad para un Estado que le da preferencia a la inversión en nuevos proyectos mineros o en la ampliación de otros ya existentes.

Actualización:

El día de hoy, 11 de julio, a las 11am se desarrolló la audiencia virtual de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, en que declararon inadmisible el recurso de casación 03675-2021 presentado por la defensa del ex trabajador minero: Saúl Juárez. Con esta decisión se da por agotada toda la vía judicial interna, negando toda pretención de Saúl de buscar compensación y atención en sus tratamientos en salud. Saúl ha manifestado su decisión de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), para ello presentará su petición formal ante la Comisión IDH. La Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para hacer llegar la sentencia completa al demandante Saúl Juárez.

Nota original:

Al parecer se están acabando las vías judiciales en las que había depositado sus esperanzas Saúl Juárez para obtener justicia, quien después de trabajar doce años para la minera Antamina, fue despedido cuando estaba convaleciente de uno de los varios episodios de sinusitis que padeció durante su trabajo en la segunda mayor explotación cuprífera del país. Entonces había acumulado todo un historial de enfermedades que aparecieron algunos años después de haber comenzado en la mina, ubicada en el distrito de San Marcos, Provincia de Huari en la Región Ancash.
Más precisamente en marzo de 1999, cuando después de una exhaustiva evaluación de salud en la que se corroboró que no presentaba enfermedades comenzó como operador de maquinaria pesada. Muy pronto hizo cursos de especialización y se transformó en pit utility, nombre que reciben quienes supervisan en la mina que los equipos estén operativos y dan solución a problemas como reponer cables dañados por caída de rocas. “Yo trabajaba directamente, no dentro de una cabina, estaba afuera, moviendo las palas, instalando las líneas de alto voltaje para las perforadoras. Era el primero que entraba a un sitio donde habían volado para poder limpiar. Estábamos en el piso, las nubes de polvo te envolvían”, es la descripción que hace de su trabajo. Como él mismo dice, “siempre fui un hombre muy sano, pero después de trabajar durante 5 años en Antamina mi salud comenzó a deteriorarse y enfermé de patologías coronarias, digestivas, respiratorias y neurológicas”. Sin embargo, las evaluaciones médicas no encontraban ninguna anomalia. Tres veces le operaron los senos nasales y el diagnóstico fue rino-sinusitis crónica, sin ningún tipo de explicación, según el informe médico.

En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían con el seguro de salud. El argumento de una de las mayores mineras de cobre del mundo es que debido a su sinusitis no podía seguir exponiéndolo a trabajar en una mina ubicada a más de cuatro mil metros sobre nivel del mar. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él, a pesar de que sus enfermedades estaban por agravarse. En 2011 se le diagnosticó un cáncer linfoma no hodking. Después de una serie de exámenes, que no dieron resultado, finalmente, y por sugerencia de un médico en salud ocupacional, decidió someterse a un examen para descartar intoxicación crónica por metales pesados, que pagó de su propio bolsillo. El mineralograma de cabello elaborado a partir de ese estudio arrojó que su organismo había acumulado plomo, estaño, aluminio, mercurio, cadmio, talio, antimonio, arsénico y uranio.

Es en el mismo año cuando comienza su periplo por la justicia, ya que presentó una demanda contra Antamina para que se le reconociera la enfermedad como adquirida por el desempeño laboral, y obtener así justicia, atención médica y poder atender a su familia, cuyo principal sostén era él. Sus dos hijos menores padecen de sordera, enfermedad que el trabajador minero asocia a que fueron concebidos post intoxicación con arsénico.
Después de que su demanda fuese desestimada en dos instancias anteriores, tanto por el Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo como por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, ahora queda el recurso de casación ante la Corte Suprema. Debido a que sólo se le avisó con poco más de una semana de anticipación de la audiencia que será el próximo lunes once de julio, que les da poco tiempo para preparar su alegato, Saúl Juárez es pesimista que ahora sí logren revertir los fallos anteriores y obtener justicia, al menos en el Perú. Porque tanto él como su abogado Mario Ríos están decididos a llegar a las últimas instancias que se encuentran en San José, la capital de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, el caso debe ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de un estudio que compruebe que se han vulnerado los derechos del demandante y que las instancias judiciales nacionales fueron agotadas, recomienda o no que el caso sea llevado ante la Corte del mismo nombre.

El padre de familia al menos cuenta con el antecedente que ya pudo exponer su caso ante la misma instancia, cuando en octubre de 2018 se realizó la audiencia pública titulada “Perú: Mineras y derecho a la salud” en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella, la ahora ex premier Mirtha Vásquez en su calidad de abogada expuso que “Nosotros en este momento creemos que el Estado carece de una política de promoción y protección de las personas que se encuentran en riesgo de estar expuestas a metales tóxicos. No ha implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y no ha implementado ningún plan de contingencia para las situaciones en riesgo”. Además, la delegación de las organizaciones sociales, que expusieron la situación de Perú, encabezadas por las organizaciones Natura de Chimbote (Ancash); Grufides de Cajamarca y Red Muqui (Lima), denunciaron en esa ocasión al Estado, que para promover las inversiones en minería y la instalación de nuevos proyectos flexibiliza normas medioambientales. Así en 2017 se rebajaron los estándares de calidad del aire, lo que permitió que se incrementaran en doce veces los niveles de dióxido de azufre. Una medida, que como denunció Mirtha Vásquez, fue tomada para vender el proyecto metalúrgico de la Oroya, lugar donde el 99 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre. Como un caso especialmente grave por las evidentes vulneraciones a los derechos laborales y de salud en el Perú, entonces le dieron la palabra a Saúl Juárez, quien pudo exponer lo que ha padecido por haber trabajado en Antamina ante los comisionados. Y es que, según las palabras de Mirtha Vásquez, los vacíos e insuficiente regulación sumado a las conductas del Estado peruano ponen en riesgo a las poblaciones vulnerables, entre ellas a los trabajadores.

 

Más de 120 defensores y defensoras de todo el Perú llegaron a Lima ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia.

 

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de agua, nuestra seguridad alimentaria, medios de vida, tierras ancestrales, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Exigimos que las defensoras y defensores sean reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática y soberana y en su importante rol  en la lucha contra el cambio climático.

Ellos y ellas luchan día a día por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, etc. 

Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María y por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la llegada de más de 120 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima quienes han participado del 15 al 17 de junio en el Encuentro Nacional de Defensores y en acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger la tierra,  el agua y la vida.

El encuentro logró reunir a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima. Este espacio tuvo como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales realizados en talleres anteriores (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generó un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea en la protección de los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

En este encuentro, los defensores y defensoras visibilizaron la situación de vulneración que viven en sus regiones, se plantearon las limitaciones estatales en protección a defensores en Latinoamérica, así como se realizaron propuestas de autoprotección como individuos.

Asimismo, el Encuentro contó con la participación de representantes de organismos internacionales que dieron su apoyo a los defensores y defensoras y a la lucha que realizan para proteger el medio ambiente.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto suficiente el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo y garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta y la persecución judicial a los defensores y defensoras.

Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores realizaron un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y luego marcharon al Ministerio del Interior, dado que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP por acciones de defensa de sus territorios, el medio ambiente y la vida.

En cuanto a la reunión con representantes del Ministerio de Justicia, se lograron los siguientes acuerdos: 

  • Revisión de convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, 
  • Reunión sobre Acuerdo Plenario, lunes 20 de junio.
  • Mesa intersectorial para coordinación e intervención sobre violación de derechos a Defensores.

Con el Ministerio del Interior, los defensores y defensoras lograron que el viceministro del Interior se comprometa en desarrollar un proceso de capacitación al personal policial e implemente el el protocolo para defensores en el marco del DS 4-2021- del Ministerio de Justicia. Asimismo, señaló que revisaría los casos emblemáticos de represión y criminalización que expusieron los defensores ambientales. En la reunión participaron el Dr. Ernesto Fuentes Cole, Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, y el Dr. Erick Fernando Caso Giraldo, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior.

Ahora los 12 voceros nacionales elegidos en el Encuentro Nacional, monitorearán el cumplimiento de los acuerdos con los Ministerios.

Sigue la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras  en sus diferentes redes sociales, y conoce más sobre el Encuentro Nacional y las acciones de incidencia:

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Lima, 17 de junio del 2022.

 

De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que pertenece al INDECI, 600 toneladas de trucha de las piscigranjas se perdieron el reciente lunes 13 en la zona de Culhuay, provincia de Canta, debido al derrame de zinc tras la volcadura de un camión que trasladaba el mineral de la empresa Servi-Wari. Trabajadores de la empresa intentaron detener el derrame sin mucho éxito. El río de aguas cristalinas rápidamente se volvió gris por la contaminación y está provocando no solo la muerte de truchas sino también la contaminación de las tierras para la agricultura.

En la mañana de lunes, el chofer se habría despistado producto del sueño.  Frente a la alerta de la municipalidad de Comas respecto a una posible contaminación del agua potable que viene de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón; Sedapal se pronunció a través de un comunicado:“En coordinación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón se informó que el derrame de zinc no afecta la producción de agua, ya que la población de los distritos de Lima Norte se abastece en esta época del año, de pozos de agua debido al tiempo de estiaje”

Asimismo, la municipalidad de Carabayllo alertó a los agricultores “a tomar sus previsiones con los canales de regadío de sus cultivos para evitar que puedan ser afectados y contaminados”.

Asimismo, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón anunció también que está realizando el monitoreo de las aguas, así como la OEFA. Frente a los hechos, la Junta de Usuario decidió cerrar temporalmente las compuertas principales de las bocatomas utilizadas para el riego de los cultivos de la zona.

La Tierra es un espacio natural único, donde conviven aproximadamente 10 millones de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones de vida, pero los seres humanos nos hemos convertido en la especie dominante que se viene gestionando de manera irresponsable, poniendo en peligro toda la biodiversidad y el propio planeta. Debemos respetar y celebrar a la madre de todos los humanos todos los días, no sólo el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.

Importancia de la tierra

Poco se conoce sobre la importancia de la tierra que se origina a partir de pequeños fragmentos de material desprendido de la roca sólida y por la acción de plantas y seres vivos mediante el proceso de meteorización, donde la acción del clima es extremadamente importante. En un solo gramo de tierra pueden existir hasta 50,000 especies de organismos microscópicos que trabajan y generan beneficios[1]. Los microorganismos destruyen y reciclan las hojas. Esto crea humus, entre otras cosas, que libera nutrientes, almacena agua y estabiliza la estructura del suelo. En el conjunto de los seres vivos que habitan en la tierra radica por ejemplo un gusano llamado lombriz que sirve para alimentar y dar vida a cada una de las plantas que crecen en el suelo vivo, lo cual contribuye a la oxigenación de los seres humanos y se constituye en una alternativa orgánica para el desarrollo de la agroecología. Cuanto más diverso sea un suelo en cuanto a microorganismos, más resistente será a las consecuencias del uso intensivo de la tierra y a los efectos del cambio climático, como la sequía extrema. La protección de la biodiversidad del suelo es al mismo tiempo una protección del clima, ya que el suelo almacena carbono en el humus y reduce la cantidad de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero relevante para el clima, en la atmósfera.

¿Cuáles son las principales amenazas ambientales?

En el día mundial de la tierra queremos recordar los principales problemas ambientales a los que estamos expuestos.

  1. Cambio climático y calentamiento global
  2. La desertificación y sequias
  3. La excesiva sobreexplotación de los recursos naturales (explotación de recursos minerales, explotación de acuíferos, uso inadecuado del agua, sobrepesca, dependencia de energía no renovable, cultivos masivos y ganadería intensiva)
  4. Deforestación y erosión del suelo
  5. Extinción de especies
  6. Invasión de plagas y enfermedades
  7. Contaminación ambiental.

La explotación de la tierra está generando la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en la actualidad, más de 31.000 especies se encuentran en peligro de extinción.

El 33 % de los suelos del planeta está de moderado a altamente degradado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si la erosión de suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se tendrá impactos muy fuertes en las economías y si la contaminación del aire continua de manera alarmante se incrementará la mortalidad de las personas, porque según la según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminantes.

¿Cuáles son los impactos de la minería?

En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental negativo sobre la tierra por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas frágiles que han contaminado el agua, los suelos, aire, etc. Entre ellos, podemos mencionar los humos de La Oroya, la desmedida explotación minera en la ciudad de Cerro de Pasco, el desplazamiento de la ciudad de Morococha, la destrucción de bosque por la minería ilegal en Madre de Dios, el derrame de mercurio en Choropampa – Cajamarca, y los más de 7500 mil pasivos ambientales mineros en todo el país – registrados por el MINEM-, entre otros, que afectan en cada lugar a nuestro territorio y su población donde se desarrolla la actividad minera.

En la actualidad, en casi todas las regiones donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (p. ej, servicios ecosistémicos) y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad.

Los suelos y los recursos hídricos se cuentan entre los más amenazados y afectados por la actividad minera y metalúrgica. Esto puede ocurrir de forma directa, a través del vertido en ríos, lagunas y ambientes marino costeros de efluentes que superan los límites máximos permisibles de metales tóxicos establecidos por la normativa peruana e internacional. El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos  a las actividades mineras, y diversos efectos en la fauna y la flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases, pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca.

 

[1] Briadget Emmet, Centro para la Ecología y la Hidrología de Reino Unido

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca

Denuncian que desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando cuenca del valle de Santa Eulalia y río Rímac. La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderado por la Presidenta Cecilia Espinoza denunció “la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos de relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay, parte alta del distrito de Huanza en nuestra Zona Norte de la Cuenca del Valle de Santa Eulalia”.

Lamentan que este relave esté contaminando el río, la flora y fauna, provocando la muerte de decenas de peces. En el comunicado señalan que las autoridades del distrito de Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca, Santa Eulalia, así como en la parte baja como Ricardo Palma, Lurigancho-Chosica, deben tomar sus precauciones, sobre todo los que tienen piscigranjas.

Frente a esta grave situación, la Presidenta de la Mancomunidad convocó hoy, viernes  1 de abril, a constatar esta tragedia ambiental a los Alcaldes Directores pertenecientes a la Mancomunidad, a la PNP, y a las autoridades del Estado.

OEFA anunció visita

Frente al oficio enviado a la OEFA, incluyendo las pruebas filmográficas y fotográficas para que fiscalice y sancione a los responsables; la OEFA informó a través de un comunicado en la mañana, que se estaba dirigiendo a la zona para verificar in situ el «presunto derrame de relaves que habría ocurrido el día de ayer. La intervención que realiza el OEFA permitirá determinar si existe afectación de cuerpos hídricos y otros componentes, generada por el hecho antes descrito, el cual habría sido ocasionado por pasivos ambientales mineros en la zona. Esta información será puesta en conocimiento del MINEM, para efectos de las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias», precisó.

Desde la Red Muqui esperamos que la OEFA informe públicamente los resultados de su intervención porque en anteriores oportunidades no se ha conocido los resultados de sus visitas.

SEDAPAL se pronunció

Frente a la denuncia de contaminación de la cuenca del río Santa Eulalia; Sedapal emitió un comunicado señalando que 33 horas después de ocurrido el desprendimiento de relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, no habían mayores afectaciones al río Rímac, que se une en Chosica al río Santa Eulalia.

sedapal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el comunicado Sedapal señala que activaron su Plan de Contingencia y el Equipo de Gestión Integral de Plantas realizó el monitoreo al río Rímac para determinar su afectación, encontrando que las características fisicoquímicas del río están con los indicadores dentro del límite máximo permisible de los estándares de calidad ambiental según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS- 031-2010 MINSA.

Edwin Alejandro Berrospi, responsable del área socio ambiental de la Red Muqui, señaló que en la pandemia el gobierno suspendió la supervisión y fiscalización ambiental. «De esto se han aprovechado las empresas para hacer sus operaciones sin control, generando este tipo de daños posteriores».

 

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

Monitores ambientales comunitarios de agua, dirigentes y defensores de derechos humanos y ambientales de las provincias de Cajabamba y San Marcos, en la región Cajamarca, conformaron el Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario de la provincia de Cajabamba y el valle de Condebamba.

En reunión sostenida en el centro poblado de La Grama, el comité de monitoreo evaluó los avances y capacidades desarrolladas, con apoyo de Amas Marianistas y Red Muqui, para tomar la decisión de conformar el comité y elegir su primera junta directiva.

Los monitores ambientales que asumen responsabilidades dirigenciales son: Ricardo Huertas Moreno (presidente), Flavio Durán Linares (vice presidente), Elisa Rojas Vega Bazán (secretaria de actas y prensa), Gerardo Ayay Ishpilco (secretario de economía), Alan Contreras Arévalo (fiscal), Juan Monroy Huaman (secretario de asuntos legales), Germán Vergara Escobedo (coordinador Cajabamba), Oswaldo Sánchez Lezma (coordinador Cachachi) y Santos Durán Carrera (coordinador San Marcos). Destaca en este proceso la presencia de mujeres en estructuras dirigenciales y en actividades organizativas.

Su plan de acción involucra actividades de monitoreo de la calidad del agua en zonas afectadas por actividad de la gran minera y la minería informal, cuyos impactos se manifiestan en la contaminación de las sub cuencas del río Cajamarquino y río Crisnejas, en áreas de alta producción agrícola y ganadera. También incidencia en políticas públicas para el ordenamiento territorial y derechos de consulta previa en sus territorios.
A este avance en la organización de la participación comunitaria en el monitoreo ambiental se suman los comités provinciales de las provincias de Sánchez Carrión (Huamachuco), Santiago de Chuco y Otuzco en la región La Libertad, quienes estarían constituyéndose en una red interegional de monitoreo comunitario.

Encuentro internacional

Los activistas y monitores comunitarios participarán desde el 23 hasta el 25 de marzo en el encuentro internacional de vigilantes y monitores ambientales que se realizará en la ciudad de Trujillo.