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El día de hoy, 11 de julio, a las 11am se desarrolló la audiencia virtual de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, en que declararon inadmisible el recurso de casación 03675-2021 presentado por la defensa del ex trabajador minero: Saúl Juárez. Con esta decisión se da por agotada toda la vía judicial interna, negando toda pretención de Saúl de buscar compensación y atención en sus tratamientos en salud. Saúl ha manifestado su decisión de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), para ello presentará su petición formal ante la Comisión IDH. La Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para hacer llegar la sentencia completa al demandante Saúl Juárez.

Nota original:

Al parecer se están acabando las vías judiciales en las que había depositado sus esperanzas Saúl Juárez para obtener justicia, quien después de trabajar doce años para la minera Antamina, fue despedido cuando estaba convaleciente de uno de los varios episodios de sinusitis que padeció durante su trabajo en la segunda mayor explotación cuprífera del país. Entonces había acumulado todo un historial de enfermedades que aparecieron algunos años después de haber comenzado en la mina, ubicada en el distrito de San Marcos, Provincia de Huari en la Región Ancash.
Más precisamente en marzo de 1999, cuando después de una exhaustiva evaluación de salud en la que se corroboró que no presentaba enfermedades comenzó como operador de maquinaria pesada. Muy pronto hizo cursos de especialización y se transformó en pit utility, nombre que reciben quienes supervisan en la mina que los equipos estén operativos y dan solución a problemas como reponer cables dañados por caída de rocas. “Yo trabajaba directamente, no dentro de una cabina, estaba afuera, moviendo las palas, instalando las líneas de alto voltaje para las perforadoras. Era el primero que entraba a un sitio donde habían volado para poder limpiar. Estábamos en el piso, las nubes de polvo te envolvían”, es la descripción que hace de su trabajo. Como él mismo dice, “siempre fui un hombre muy sano, pero después de trabajar durante 5 años en Antamina mi salud comenzó a deteriorarse y enfermé de patologías coronarias, digestivas, respiratorias y neurológicas”. Sin embargo, las evaluaciones médicas no encontraban ninguna anomalia. Tres veces le operaron los senos nasales y el diagnóstico fue rino-sinusitis crónica, sin ningún tipo de explicación, según el informe médico.

En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían con el seguro de salud. El argumento de una de las mayores mineras de cobre del mundo es que debido a su sinusitis no podía seguir exponiéndolo a trabajar en una mina ubicada a más de cuatro mil metros sobre nivel del mar. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él, a pesar de que sus enfermedades estaban por agravarse. En 2011 se le diagnosticó un cáncer linfoma no hodking. Después de una serie de exámenes, que no dieron resultado, finalmente, y por sugerencia de un médico en salud ocupacional, decidió someterse a un examen para descartar intoxicación crónica por metales pesados, que pagó de su propio bolsillo. El mineralograma de cabello elaborado a partir de ese estudio arrojó que su organismo había acumulado plomo, estaño, aluminio, mercurio, cadmio, talio, antimonio, arsénico y uranio.

Es en el mismo año cuando comienza su periplo por la justicia, ya que presentó una demanda contra Antamina para que se le reconociera la enfermedad como adquirida por el desempeño laboral, y obtener así justicia, atención médica y poder atender a su familia, cuyo principal sostén era él. Sus dos hijos menores padecen de sordera, enfermedad que el trabajador minero asocia a que fueron concebidos post intoxicación con arsénico.
Después de que su demanda fuese desestimada en dos instancias anteriores, tanto por el Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo como por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, ahora queda el recurso de casación ante la Corte Suprema. Debido a que sólo se le avisó con poco más de una semana de anticipación de la audiencia que será el próximo lunes once de julio, que les da poco tiempo para preparar su alegato, Saúl Juárez es pesimista que ahora sí logren revertir los fallos anteriores y obtener justicia, al menos en el Perú. Porque tanto él como su abogado Mario Ríos están decididos a llegar a las últimas instancias que se encuentran en San José, la capital de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, el caso debe ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de un estudio que compruebe que se han vulnerado los derechos del demandante y que las instancias judiciales nacionales fueron agotadas, recomienda o no que el caso sea llevado ante la Corte del mismo nombre.

El padre de familia al menos cuenta con el antecedente que ya pudo exponer su caso ante la misma instancia, cuando en octubre de 2018 se realizó la audiencia pública titulada “Perú: Mineras y derecho a la salud” en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella, la ahora ex premier Mirtha Vásquez en su calidad de abogada expuso que “Nosotros en este momento creemos que el Estado carece de una política de promoción y protección de las personas que se encuentran en riesgo de estar expuestas a metales tóxicos. No ha implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y no ha implementado ningún plan de contingencia para las situaciones en riesgo”. Además, la delegación de las organizaciones sociales, que expusieron la situación de Perú, encabezadas por las organizaciones Natura de Chimbote (Ancash); Grufides de Cajamarca y Red Muqui (Lima), denunciaron en esa ocasión al Estado, que para promover las inversiones en minería y la instalación de nuevos proyectos flexibiliza normas medioambientales. Así en 2017 se rebajaron los estándares de calidad del aire, lo que permitió que se incrementaran en doce veces los niveles de dióxido de azufre. Una medida, que como denunció Mirtha Vásquez, fue tomada para vender el proyecto metalúrgico de la Oroya, lugar donde el 99 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre. Como un caso especialmente grave por las evidentes vulneraciones a los derechos laborales y de salud en el Perú, entonces le dieron la palabra a Saúl Juárez, quien pudo exponer lo que ha padecido por haber trabajado en Antamina ante los comisionados. Y es que, según las palabras de Mirtha Vásquez, los vacíos e insuficiente regulación sumado a las conductas del Estado peruano ponen en riesgo a las poblaciones vulnerables, entre ellas a los trabajadores.

 

Más de 120 defensores y defensoras de todo el Perú llegaron a Lima ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia.

 

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de agua, nuestra seguridad alimentaria, medios de vida, tierras ancestrales, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Exigimos que las defensoras y defensores sean reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática y soberana y en su importante rol  en la lucha contra el cambio climático.

Ellos y ellas luchan día a día por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, etc. 

Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María y por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la llegada de más de 120 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima quienes han participado del 15 al 17 de junio en el Encuentro Nacional de Defensores y en acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger la tierra,  el agua y la vida.

El encuentro logró reunir a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima. Este espacio tuvo como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales realizados en talleres anteriores (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generó un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea en la protección de los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

En este encuentro, los defensores y defensoras visibilizaron la situación de vulneración que viven en sus regiones, se plantearon las limitaciones estatales en protección a defensores en Latinoamérica, así como se realizaron propuestas de autoprotección como individuos.

Asimismo, el Encuentro contó con la participación de representantes de organismos internacionales que dieron su apoyo a los defensores y defensoras y a la lucha que realizan para proteger el medio ambiente.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto suficiente el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo y garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta y la persecución judicial a los defensores y defensoras.

Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores realizaron un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y luego marcharon al Ministerio del Interior, dado que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP por acciones de defensa de sus territorios, el medio ambiente y la vida.

En cuanto a la reunión con representantes del Ministerio de Justicia, se lograron los siguientes acuerdos: 

  • Revisión de convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, 
  • Reunión sobre Acuerdo Plenario, lunes 20 de junio.
  • Mesa intersectorial para coordinación e intervención sobre violación de derechos a Defensores.

Con el Ministerio del Interior, los defensores y defensoras lograron que el viceministro del Interior se comprometa en desarrollar un proceso de capacitación al personal policial e implemente el el protocolo para defensores en el marco del DS 4-2021- del Ministerio de Justicia. Asimismo, señaló que revisaría los casos emblemáticos de represión y criminalización que expusieron los defensores ambientales. En la reunión participaron el Dr. Ernesto Fuentes Cole, Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, y el Dr. Erick Fernando Caso Giraldo, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior.

Ahora los 12 voceros nacionales elegidos en el Encuentro Nacional, monitorearán el cumplimiento de los acuerdos con los Ministerios.

Sigue la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras  en sus diferentes redes sociales, y conoce más sobre el Encuentro Nacional y las acciones de incidencia:

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Lima, 17 de junio del 2022.

 

De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que pertenece al INDECI, 600 toneladas de trucha de las piscigranjas se perdieron el reciente lunes 13 en la zona de Culhuay, provincia de Canta, debido al derrame de zinc tras la volcadura de un camión que trasladaba el mineral de la empresa Servi-Wari. Trabajadores de la empresa intentaron detener el derrame sin mucho éxito. El río de aguas cristalinas rápidamente se volvió gris por la contaminación y está provocando no solo la muerte de truchas sino también la contaminación de las tierras para la agricultura.

En la mañana de lunes, el chofer se habría despistado producto del sueño.  Frente a la alerta de la municipalidad de Comas respecto a una posible contaminación del agua potable que viene de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón; Sedapal se pronunció a través de un comunicado:“En coordinación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón se informó que el derrame de zinc no afecta la producción de agua, ya que la población de los distritos de Lima Norte se abastece en esta época del año, de pozos de agua debido al tiempo de estiaje”

Asimismo, la municipalidad de Carabayllo alertó a los agricultores “a tomar sus previsiones con los canales de regadío de sus cultivos para evitar que puedan ser afectados y contaminados”.

Asimismo, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón anunció también que está realizando el monitoreo de las aguas, así como la OEFA. Frente a los hechos, la Junta de Usuario decidió cerrar temporalmente las compuertas principales de las bocatomas utilizadas para el riego de los cultivos de la zona.

La Tierra es un espacio natural único, donde conviven aproximadamente 10 millones de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones de vida, pero los seres humanos nos hemos convertido en la especie dominante que se viene gestionando de manera irresponsable, poniendo en peligro toda la biodiversidad y el propio planeta. Debemos respetar y celebrar a la madre de todos los humanos todos los días, no sólo el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.

Importancia de la tierra

Poco se conoce sobre la importancia de la tierra que se origina a partir de pequeños fragmentos de material desprendido de la roca sólida y por la acción de plantas y seres vivos mediante el proceso de meteorización, donde la acción del clima es extremadamente importante. En un solo gramo de tierra pueden existir hasta 50,000 especies de organismos microscópicos que trabajan y generan beneficios[1]. Los microorganismos destruyen y reciclan las hojas. Esto crea humus, entre otras cosas, que libera nutrientes, almacena agua y estabiliza la estructura del suelo. En el conjunto de los seres vivos que habitan en la tierra radica por ejemplo un gusano llamado lombriz que sirve para alimentar y dar vida a cada una de las plantas que crecen en el suelo vivo, lo cual contribuye a la oxigenación de los seres humanos y se constituye en una alternativa orgánica para el desarrollo de la agroecología. Cuanto más diverso sea un suelo en cuanto a microorganismos, más resistente será a las consecuencias del uso intensivo de la tierra y a los efectos del cambio climático, como la sequía extrema. La protección de la biodiversidad del suelo es al mismo tiempo una protección del clima, ya que el suelo almacena carbono en el humus y reduce la cantidad de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero relevante para el clima, en la atmósfera.

¿Cuáles son las principales amenazas ambientales?

En el día mundial de la tierra queremos recordar los principales problemas ambientales a los que estamos expuestos.

  1. Cambio climático y calentamiento global
  2. La desertificación y sequias
  3. La excesiva sobreexplotación de los recursos naturales (explotación de recursos minerales, explotación de acuíferos, uso inadecuado del agua, sobrepesca, dependencia de energía no renovable, cultivos masivos y ganadería intensiva)
  4. Deforestación y erosión del suelo
  5. Extinción de especies
  6. Invasión de plagas y enfermedades
  7. Contaminación ambiental.

La explotación de la tierra está generando la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en la actualidad, más de 31.000 especies se encuentran en peligro de extinción.

El 33 % de los suelos del planeta está de moderado a altamente degradado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si la erosión de suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se tendrá impactos muy fuertes en las economías y si la contaminación del aire continua de manera alarmante se incrementará la mortalidad de las personas, porque según la según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminantes.

¿Cuáles son los impactos de la minería?

En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental negativo sobre la tierra por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas frágiles que han contaminado el agua, los suelos, aire, etc. Entre ellos, podemos mencionar los humos de La Oroya, la desmedida explotación minera en la ciudad de Cerro de Pasco, el desplazamiento de la ciudad de Morococha, la destrucción de bosque por la minería ilegal en Madre de Dios, el derrame de mercurio en Choropampa – Cajamarca, y los más de 7500 mil pasivos ambientales mineros en todo el país – registrados por el MINEM-, entre otros, que afectan en cada lugar a nuestro territorio y su población donde se desarrolla la actividad minera.

En la actualidad, en casi todas las regiones donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (p. ej, servicios ecosistémicos) y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad.

Los suelos y los recursos hídricos se cuentan entre los más amenazados y afectados por la actividad minera y metalúrgica. Esto puede ocurrir de forma directa, a través del vertido en ríos, lagunas y ambientes marino costeros de efluentes que superan los límites máximos permisibles de metales tóxicos establecidos por la normativa peruana e internacional. El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos  a las actividades mineras, y diversos efectos en la fauna y la flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases, pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca.

 

[1] Briadget Emmet, Centro para la Ecología y la Hidrología de Reino Unido

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca

Denuncian que desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando cuenca del valle de Santa Eulalia y río Rímac. La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderado por la Presidenta Cecilia Espinoza denunció “la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos de relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay, parte alta del distrito de Huanza en nuestra Zona Norte de la Cuenca del Valle de Santa Eulalia”.

Lamentan que este relave esté contaminando el río, la flora y fauna, provocando la muerte de decenas de peces. En el comunicado señalan que las autoridades del distrito de Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca, Santa Eulalia, así como en la parte baja como Ricardo Palma, Lurigancho-Chosica, deben tomar sus precauciones, sobre todo los que tienen piscigranjas.

Frente a esta grave situación, la Presidenta de la Mancomunidad convocó hoy, viernes  1 de abril, a constatar esta tragedia ambiental a los Alcaldes Directores pertenecientes a la Mancomunidad, a la PNP, y a las autoridades del Estado.

OEFA anunció visita

Frente al oficio enviado a la OEFA, incluyendo las pruebas filmográficas y fotográficas para que fiscalice y sancione a los responsables; la OEFA informó a través de un comunicado en la mañana, que se estaba dirigiendo a la zona para verificar in situ el «presunto derrame de relaves que habría ocurrido el día de ayer. La intervención que realiza el OEFA permitirá determinar si existe afectación de cuerpos hídricos y otros componentes, generada por el hecho antes descrito, el cual habría sido ocasionado por pasivos ambientales mineros en la zona. Esta información será puesta en conocimiento del MINEM, para efectos de las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias», precisó.

Desde la Red Muqui esperamos que la OEFA informe públicamente los resultados de su intervención porque en anteriores oportunidades no se ha conocido los resultados de sus visitas.

SEDAPAL se pronunció

Frente a la denuncia de contaminación de la cuenca del río Santa Eulalia; Sedapal emitió un comunicado señalando que 33 horas después de ocurrido el desprendimiento de relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, no habían mayores afectaciones al río Rímac, que se une en Chosica al río Santa Eulalia.

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En el comunicado Sedapal señala que activaron su Plan de Contingencia y el Equipo de Gestión Integral de Plantas realizó el monitoreo al río Rímac para determinar su afectación, encontrando que las características fisicoquímicas del río están con los indicadores dentro del límite máximo permisible de los estándares de calidad ambiental según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS- 031-2010 MINSA.

Edwin Alejandro Berrospi, responsable del área socio ambiental de la Red Muqui, señaló que en la pandemia el gobierno suspendió la supervisión y fiscalización ambiental. «De esto se han aprovechado las empresas para hacer sus operaciones sin control, generando este tipo de daños posteriores».

 

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

Monitores ambientales comunitarios de agua, dirigentes y defensores de derechos humanos y ambientales de las provincias de Cajabamba y San Marcos, en la región Cajamarca, conformaron el Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario de la provincia de Cajabamba y el valle de Condebamba.

En reunión sostenida en el centro poblado de La Grama, el comité de monitoreo evaluó los avances y capacidades desarrolladas, con apoyo de Amas Marianistas y Red Muqui, para tomar la decisión de conformar el comité y elegir su primera junta directiva.

Los monitores ambientales que asumen responsabilidades dirigenciales son: Ricardo Huertas Moreno (presidente), Flavio Durán Linares (vice presidente), Elisa Rojas Vega Bazán (secretaria de actas y prensa), Gerardo Ayay Ishpilco (secretario de economía), Alan Contreras Arévalo (fiscal), Juan Monroy Huaman (secretario de asuntos legales), Germán Vergara Escobedo (coordinador Cajabamba), Oswaldo Sánchez Lezma (coordinador Cachachi) y Santos Durán Carrera (coordinador San Marcos). Destaca en este proceso la presencia de mujeres en estructuras dirigenciales y en actividades organizativas.

Su plan de acción involucra actividades de monitoreo de la calidad del agua en zonas afectadas por actividad de la gran minera y la minería informal, cuyos impactos se manifiestan en la contaminación de las sub cuencas del río Cajamarquino y río Crisnejas, en áreas de alta producción agrícola y ganadera. También incidencia en políticas públicas para el ordenamiento territorial y derechos de consulta previa en sus territorios.
A este avance en la organización de la participación comunitaria en el monitoreo ambiental se suman los comités provinciales de las provincias de Sánchez Carrión (Huamachuco), Santiago de Chuco y Otuzco en la región La Libertad, quienes estarían constituyéndose en una red interegional de monitoreo comunitario.

Encuentro internacional

Los activistas y monitores comunitarios participarán desde el 23 hasta el 25 de marzo en el encuentro internacional de vigilantes y monitores ambientales que se realizará en la ciudad de Trujillo.

 

 

60 trabajadores de seguridad de la minera Southern Perú, desalojaron violentamente y retuvieron ilegalmente durante varias horas a 20 comuneros de la Comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en el sector de la represa Viña Blanca. Así lo ha dado a conocer el prefecto regional de Moquegua Edgar Rea. De acuerdo a las informaciones entregadas a Radio Americana de Moquegua, al menos un comunero resultó gravemente herido en este violento desalojo. De acuerdo a las autoridades locales, el objetivo la acción represiva por parte de la empresa Southern Copper, filial del conglomerado Grupo México, habría sido abrir las válvulas de agua del reservorio que abastece al campamento de la mina de cobre Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Tanto el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, como los representantes del gobierno central en la prefectura de Moquegua han condenado estos hechos por parte de la empresa que han calificado de inaceptables

En un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundido por la mencionada emisora, esta ha condenado lo que ha calificado como “decisión unilateral de la empresa a ejercer la defensa posesoria de la estación de Viña Blanca”.

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Los comuneros mantenían tomadas dichas instalaciones como una forma de rechazo a la pretendida ampliación de la mina Cuajone. Southern planea expandir la capacidad de la planta concentradora de Cuajone, de 85 mil a 120 mil toneladas de mineral por día, con lo cual estaría generando una demanda aún mayor de agua y la consiguiente contaminación del río Torata, tal como lo han constatado las comunidades que habitan su cuenca.

Las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala ahora exigen la presencia de una “comisión de alto nivel” conformada por el premier, Aníbal Torres; y los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y de Desarrollo Agrario y Riego. Con ello buscan establecer una mesa de diálogo a la que deba acudir la empresa minera con el fin de acordar algunas exigencias mínimas en torno al uso y prevención de contaminación del río.

Es de destacar que la mina de cobre a tajo abierto Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Cáceres, operada desde 1976 por el consorcio minero Southern Copper Corporation ha estado provocando impactos acumulativos en la calidad del ambiente, efectos que se han extendido más allá de la zona donde se emplaza la minera. Entre los casos más notorios y trágicos ha destacado la contaminación de niños con metales altamente tóxicos. En 2019 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS) tomó muestras de 80 niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa “Vidal Herrero Díaz”. Los resultados arrojaron la presencia de arsénico y cadmio en el organismo de los menores de hasta veinte veces por encima de los límites considerados permisibles por las autoridades de salud, denuncia el ingeniero Guido Herrera, ingeniero en obras hidráulicas y vecino del sector. Una muy probable causa de esta contaminación está relacionada con el incremento en la producción de mina Cuajone, propiedad de Southern Copper, subsidiaria del grupo México, tercer mayor consorcio minero del mundo a lo largo de estos años. Este aumento en la explotación de cobre ha traído una fuerte presión sobre el acceso al agua en la zona, así como un incremento en la generación de residuos mineros y sus consiguientes pasivos ambientales. Las instalaciones de la unidad minera Cuajone con sus depósitos de desmonte y de residuos tóxicos se encuentra en las inmediaciones del río Torata, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató en febrero de 2019 el deslizamiento de sustancias provenientes de la actividad minera en dicho río.

Ampliación de Cuajone

En cuanto a la preocupación por la definitiva aprobación de la ampliación de la mina Cuajone, es importante recordar que en efecto, a finales de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de dicha unidad minera presentado por Southern Copper. Según DEAR-SENACE la realización de las modificaciones planteadas a través del ITS implica la generación de impactos ambientales, si bien negativos, no considerados significativos. El organismo estatal otorga esa calificación porque la empresa minera contaría con las medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación. No obstante la aprobación del ITS por parte del SENACE, ese procedimiento no constituye un otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que deben contar las operaciones mineras, en este caso Southern Peru Copper Corporation, explica el ingeniero en obras hidráulicas Guido Herrera. Sin embargo, en la práctica el ITS se ha transformado en un instrumento de gestión ambiental express, que es aplicado por las grandes empresas mineras para obviar la participación ciudadana. Esto es especialmente grave si se considera que SENACE no debería eludir la grave situación que afecta la disponibilidad y calidad del agua ya presente en la zona.

 

 

 

 

 

Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf