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Artículo: Área socioambiental – Edwin Alejandro

Un estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA 2016) asegura que los principales ríos del país están contaminados con coliformes fecales y metales pesados. Ese estudio se realizó en 129 de las 159 cuencas hídricas del país y permitió conocer que todos los ríos analizados están contaminados y ponen en riesgo la salud de la población, la producción agropecuaria y los ecosistemas de toda la cuenca. La alteración de la calidad del agua destinada para el consumo humano y para actividades agrícolas e industriales se debe principalmente al vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos de las poblaciones asentadas cerca de los cauces y por la constante contaminación de la actividad minera que operan  en las cabeceras de cuenca.

En los últimos años la contaminación ambiental se ha incrementado considerablemente en todas las cuencas hidrográficas del Perú, y según el estudio elaborado en el año 2016 por la Autoridad Nacional de Agua, ha logrado identificar 2,658 fuentes de contaminación[1]; de las cuales, 1,210 fuentes contaminantes corresponden a vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales, seguido de 682 fuentes de contaminación, que están relacionados directamente a pasivos ambientales mineros y 372 fuentes son por residuos sólidos; tal como se muestra en el siguiente grafico.

Los principales ríos más contaminados (ANA 2014) estaban ubicados en más de 12 regiones (Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Pasco, Huancavelica, Arequipa, Madre de Dios, Ucayali y Puno).

Ahora la contaminación de los ríos abarca casi la totalidad de las regiones y supera más de 100 ríos contaminados producto de las actividades humanas como la minería. Entre los principales ríos contaminados tenemos: Apurímac (Chumbao, Chincheros y Santos Tomás), Pasco (San Juan y Tingo), Lima (Lurín, Mala, Rímac, Chillón  y Cañete), Ancash (Santa), Piura (Chira), La Libertad (Moche y Virú), Loreto (Nanay, Corrientes, Trompeteros e Itaya, Huanuco y San Martín (Huallaga), Ica (Pisco y Grande), Cusco (Rio Cañipia y Salado en Espinar), Puno (Huancané, Coata, Crucero Azángaro y Ayaviri-Pucará), Madre de Dios (Tahuamanu, Madre de Dios y Acre), Arequipa (Río Tamo y Chili-Vítor). Todos ellos arrojaron la presencia de metales pesados como cobre, plomo, zinc, aluminio, hierro, manganeso, arsénico, níquel y cadmio. Además el lago Titicaca (Puno) y el lago Chinchayccha (Junín y Pasco) se encuentra contaminados con presencia de metales pesados y producto de actividades mineras que operan en la cabecera de dichas fuentes hídricas.

ríos contaminados

Los pasivos ambientales siguen generando más contaminación de los Ríos

A la fecha existen más de 7600 pasivos ambientales mineros identificados por el Ministerio de Energía y Minas que no han sido remediados porque falta una política clara del Estado para atender con prioridad la remediación de dichos pasivos. A ello le sumamos la descarga constante de las aguas industriales de las empresas mineras que están operando sin la debida fiscalización, ni supervisión por parte de la autoridad competente. La constante filtración de aguas ácidas de mina, relaves mineros, o perforaciones subterráneas hacen que los ríos estén sufriendo con mayor frecuencia la contaminación con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, manganeso, hierro, aluminio, entre otros.

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos se vienen desplazando para dar paso a la minería, los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

En medio de la pandemia han debilitado aún más la institucionalidad ambiental para operar diversos proyectos mineros sin un instrumento de gestión ambiental y sin una consulta a las comunidades y poblaciones que viven en las principales cuencas. Por ello es urgente que se implemente una política de remediación ambiental de los principales ríos contaminados y se proteja las cabeceras de cuencas en todo el país. Para ello se debe aprobar la Ley de vigilancia y monitoreo ambiental para garantizar una adecuada gestión de los recursos hídricos.

 

[1] Fuente: Autoridades Administrativas del Agua Cañete – Fortaleza, Chaparra – Chincha, Huarmey – Chicama, Madre de Dios, Jequetepeque – Zarumilla, Huallaga, Pampas – Apurímac, Urubamba – Vilcanota , Mantaro y Titicaca

Ante diversas señales de presión por parte de la empresa Minera MMG Las Bambas, a las que se ha sumado el gremio del sector minero y autoridades gubernamentales para poner fin a la huelga que mantienen cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estas han anunciado para el jueves 10 de febrero una manifestación en Cusco, para sensibilizar a la población citadina y reafirmar la legitimidad de sus demandas desatendidas por años.

Reunidos en asamblea, los habitantes además resolvieron realizar en Cusco un plantón ante la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad para exigir que se resuelva la Acción Popular presentada por sus abogados. Esta medida plantea anular la resolución ministerial N° 372 -2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y por donde pasan desde entonces los camiones de alto tonelaje de la empresa, transportando el mineral de cobre que se extrae de Las Bambas. Las comunidades exigen además que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.

En concreto los habitantes rechazan la contaminación que provoca el tránsito diario de más de 250 camiones que atraviesan, en el caso de las comunidades directamente afectadas, de día y noche los espacios poblados y afectan a sus moradores y cultivos.

Ante el anunció de la empresa minera MMG Las Bambas, que el lunes advirtió que podría suspender sus operaciones el 20 de febrero, debido a la paralización que mantienen las comunidades de Ccapacmarca desde el 27 de enero, el dirigente campesino e integrante de la Comisión del Comité de Lucha de dicho distrito, Luis Huamani Fuentes, desestimó la posibilidad que la minera paralice completamente la explotación. El ex presidente del Comité Lucha de Chumbivilcas explicó que dicho anunció nunca se ha hecho realidad, ni siquiera cuando la empresa declaró en diciembre pasado la paralización completa de sus actividades. Una medida que la compañía sostuvo hasta fines del 2021, cuando llegó a un acuerdo con algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Según el dirigente comunero, este tipo de anuncio no es más que una acción publicitaria para generar rechazo en la opinión pública hacia las reivindicaciones de las comunidades.

En cambio, afirmó que cuentan con fotografías y otras pruebas que demuestran que, a parte de la interrupción del transporte del mineral, las faenas de explotación en la mina continuaron incluso en los días de la supuesto suspensión de actividades.

Actualmente el bloqueo que mantienen al menos cuatro comunidades de Ccpacmarca impide el transporte de minerales y el suministro de otros bienes desde y hacia la mina en un punto estratégico del corredor minero sur. Estas no forman parte del acuerdo que se firmó con 11 comunidades en diciembre del 2021 a través de una mesa de diálogo liderada por la entonces premier Mirtha Vásquez y que puso fin entonces a otra huelga, en la que otras comunidades buscaban ser proveedoras de la minera y la que se desarrolló durante casi un mes. En esa ocasión, Las Bambas anunció finalmente la paralización de sus operaciones lo que generó duros pronunciamientos por parte del gremio empresarial y minero que llegaron a cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la empresa minera nuevamente deberá interrumpir su trabajo apenas transcurridos 35 días, hecho que sucede en medio de una crisis política, en alusión al reiterado cambio de gabinete del gobierno. Según el gremio minero estas medidas de fuerza que considera ilegales, provocarán mayores pérdidas económicas al país, a las ya registradas en diciembre pasado, en circunstancias que urge impulsar la reactivación económica.

En la misma sintonía ha reaccionado ayer el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, que a través de un pronunciamiento pidió al gobierno, declarar el estado de emergencia el corredor vial por 120 días, lo que le permitiría al ejecutivo despejar la vía a través del uso de la fuerza con la excusa de restaurar el orden.

En el comunicado de prensa Lantarón alega que la posible suspensión de operaciones de MMG Las Bambas afectaría a ocho mil trabajadores directos, y más cuatro mil empleados de empresas proveedoras. Además lamentó la potencial pérdida de casi 2 millones de soles mensuales por concepto de canon minero que recibe la región, de los impuestos que debe pagar la minera.

En cuanto al actuar del gobierno, Luis Huamani se mostró esperanzado en el nuevo gabinete encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien considera un hombre idóneo en el puesto por su preparación y experiencia. Además reiteró que las comunidades de Chumbivilcas siguen apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo, de quien esperan que se desplace a Ccapacmarca junto con sus ministros para iniciar una mesa de diálogo. “Esta vez no vamos a leventar la huelga hasta no encontrar una solución definitiva a nuestras demandas, no vamos a volver a otra huelga, esta es la definitiva”, sentenció.

Es importante recordar que desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

 

 

Las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas mantienen el paro indefinido que habían reanudado la madrugada del jueves 27 de enero. Las movilizaciones, que se dirigen contra la minera MMG La Bambas, en un primer momento habían bloqueado por completo el corredor minero para cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, ahora los manifestantes le cierran el pasó sólo a los camiones y otros automóviles de la compañía.
Las comunidades reclaman la derogatoria de la Resolución Ministerial 372-2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.
La decisión de continuar con el paro se acordó el domingo pese a que, según informes de prensa, se habrían producido discrepancias entre los dirigentes de las comunidades. Medios escritos coinciden en la información de que Judith Cjuno habría renunciado el domingo 30 de enero a la presidencia del Frente de Defensa de la comunidad de Ccapacmarca por los reclamos de algunos vecinos propietarios de restaurantes y hospedajes que habrían reclamado el cese del paro.
En conversación con el diario “La República” Cjuno, explicó que renunció al cargo porque considera que no se puede variar la agenda que han planeado inicialmente. Además afirmó que un sector estaría buscando negociar con la empresa minera MMG Las Bambas y el Estado, tal como lo han hecho otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas.
En tanto, Cayo Huaytani, presidente de la Comunidad Campesina de Ccapacmarca, reconoció ante el mismo medio las discrepancias existentes de algunos ciudadanos. Sin embargo, afirmó que las comunidades de Sayhua, Tahuay, Ccapacmarca y Huscabamba finalmente acordaron continuar con el bloqueo del corredor minero.

Esta protesta se da en el marco de la firma de acuerdos el 30 de diciembre pasado entre la empresa minera, el ejecutivo y otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas, que lograron ser incluidas en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Los habitantes de las cuatro comunidades en huelga, en cambio, han rechazado estos acuerdos porque no buscan beneficios económicos, tal como lo explicó recientemente un dirigente de la comunidad, que prefirió no ser nombrado. Las comunidades de Ccapacmarca demandan una reparación medioambiental por el daño que MMG Las Bambas está ocasionando a sus comunidades.

En conversación con el  diario “Correo”, Luis Huamaní, presidente de la comunidad campesina de Ccapacmarca, afirmó que “Más de ocho mil comuneros de todo Ccapacmarca tomarán la vía. En este momento se están organizando, necesitamos la presencia del presidente Pedro Castillo, si no estará presente seguirá esta medida de protesta, ya estamos cansados del maltrato de la minera y del Estado”.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de su producción agropecuaria.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

De acuerdo a esas prioridades, dichas comunidades vecinas de Chumbivilcas acordaron con la empresa, el pasado 19 de enero en la localidad de Cancahuani, crear microempresas comunales que estarán conformadas por una flota de 14 camiones para el transporte de concentrados de cobre y otras 14 camionetas que le prestarán otros servicios a la empresa e incluye un contrato para la mantención vial.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones. En el caso de sus comunidades, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas.

Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Por: Juan Aste Daffós, economista y consultor de Red Muqui

Las empresas mineras vienen obteniendo sobre ganancias 10 años y 4 meses desde que el cobre superó los 3 dólares la libra de cobre del 2006 al 2014 y de agosto 2020 a diciembre 2021. En la actual coyuntura las empresas mineras quieren asegurarse una mayor expansión minera y la rentabilidad futura sin ninguna reforma tributaria y sin consulta a las comunidades, agricultores y poblaciones locales. La ventaja del Perú respecto a otros países como Chile está en que posee la mayor ley del mineral (contenido fino en el mineral de cobre) y el costo de extracción más bajo (0.8 dólares la libra de cobre), debido también al reducido costo de la fuerza laboral y la energía, así como a una regulación ambiental venida a menos desde el 2015. Solo el 2021 la sobreganancia minera superaría los 5,600 millones de dólares.

Frente a coyunturas de precios altos de los metales, las empresas mineras cambian el plan de minado para explotar las zonas de menor contenido fino y mayor costo de extracción, y amplían la capacidad de las plantas procesadoras del mineral tratando más toneladas para producir la misma cantidad de cobre fino, acumulando muchos más millones de toneladas de desmonte y relaves adicionales cada año. Para ello, requieren más agua, explosivos, reactivos y otros insumos, que aumentan la contaminación del aire, aguas subterráneas y superficiales, y suelos, afectando ecosistemas, la economía de la agricultura, pesca y ganadería que ven limitadas sus actividades, la salud y la vida de las poblaciones del entorno social de la actividad minera. Peor aún, cuando se evidencia que la mayoría de planes de cierre no se cumplen porque la garantía es mucho menor que el costo del plan, y por ello, aumentan los pasivos ambientales que deben ser remediados con dinero del Estado o de todos los peruanos.

Simultáneamente, los elevados ingresos dinamizan las inversiones en exploración a través de las empresas junior, generalmente canadienses, y de las propias empresas mineras. Ello supone ganar territorios sin consulta a las poblaciones locales involucradas, que con los años se han ido trasladando en mayor cantidad hacia cabeceras de cuenca en zonas de importante producción agropecuaria que abastece de alimentos a ciudades cercanas e incluso a Lima, generándose un significativo impacto ambiental y pérdidas de ingresos y empleo masivo.

La expansión de la minería informal e ilegal, en particular en períodos de precios altos de cobre y oro principalmente, abre el camino para el posterior ingreso de la minería formal; es decir, son aliados de la misma actividad e igual fin. Sin embargo, en el valle de San Lorenzo, que comprende principalmente a los distritos de Tambogrande y Las Lomas, provincia de Piura, se produce mango, limón y arroz prioritariamente, y no hay minería informal, e incluso cuando una minera junior quiso posicionarse en dicho valle fue rechazada por la población y el alcalde de Tambogrande. La minería informal se halla concentrada irracionalmente en los distritos de Suyo y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

La inexistencia de la consulta a comunidades y poblaciones locales hace que no se realice un análisis del riesgo ambiental, económico y social del proyecto minero frente a las alternativas de vida en los lugares donde el Estado unilateralmente ha entregado concesiones mineras y espera que las empresas obtengan la licencia social mediante el acuerdo previo. Así, la expansión minera ha terminado en muchos casos imponiéndose en los territorios con un marco legal muy permisivo que no conserva ni protege los ecosistemas hídricos, productivos y de bosques, perdiéndose la cuenca y la biodiversidad que alberga un rico material genético, y todo ello con el aval del Estado.

Las reiteradas infracciones ambientales y multas identificadas en la minería por el OEFA en 2011-2014 hizo que un grupo de 20 empresas mineras le abrieran procesos administrativos ante el Indecopi y el poder judicial y pidieran que se le retire el financiamiento (aporte por regulación) a esta entidad supervisora ambiental. Felizmente no lograron. Esta decisión de las mineras es coherente con su posición actual, expresada en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020 – espacio impulsado por la PCM- donde plantean que no haya consulta previa, que se implemente la autorregulación ambiental, y que las autorizaciones se den finalmente a través del silencio administrativo positivo, mientras los estándares de calidad ambiental del agua para riego y del aire para el dióxido de azufre se han ido flexibilizando entre el 2008 y el 2017 permitiendo mayor contaminación e impacto ambiental y en la salud de las personas. Adicionalmente, el Estado y las empresas mineras han imposibilitado u ocultado informes que establecen la relación causa efecto.

A estos hechos hay que señalar condiciones inaceptables, como que la empresa minera siga contratando a una consultora para que le elabore varios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la defienda de las observaciones del Estado, o cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo le otorga derechos de uso de aguas a las mineras sin tomar en cuenta la demanda presente y futura del agua para los planes de vida de las comunidades y poblaciones cercanas, sino que para comprobar la información presentada por la empresa en la línea base del EIA no va a la zona para levantar el inventario de fuentes hídricas de la cuenca donde está el proyecto sino que esta información se la entrega la propia empresa minera. Las estaciones de monitoreo ambiental son determinadas en lugares acordados por la empresa y el Estado, sin la participación de los actores sociales de la localidad directamente involucrados.

El balance hídrico no toma en cuenta la demanda de agua de los proyectos de corto y mediano plazo de las comunidades, productores agrarios y poblaciones locales, y los estudios hidrogeológicos resultan insuficientes porque subestiman el nivel de contaminación de las aguas subterráneas que son las más afectadas por la actividad minera al producir aguas ácidas y recibir las filtraciones del relave aguas abajo de la cuenca. El Estado tampoco verifica en campo el dato del EIA sobre el área de la comunidad utilizada realmente por los proyectos mineros.

Esto significa que las empresas mineras han ido contaminando y comprometiendo más cuencas y producción de la agricultura familiar de cada vez más poblaciones, que con el cambio climático se ha acentuado el estrés hídrico que ya padecen, y por ello, no otorgan licencia social a los proyectos mineros para proteger su agroalimentación y su vida. Esto explica el por qué campesinos y agricultores y poblaciones locales rechazan o piden el retiro de la actividad minera de sus territorios y por qué el ordenamiento territorial participativo con respeto a la autonomía de las comunidades, agricultores y poblaciones locales resulta urgente.

Cabe precisar aquí, que entre el 2015 y 2019 las mineras han estado pagando tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y si se le descuentan las devoluciones de tributos, su aporte sería de solo el 3%, salvo ahora que, con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%. En otras palabras, en el 2021 más del 85% del ingreso neto por tributos no procede de la minería, ocurriendo lo mismo con su aporte al PBI y al empleo directo, que solo es 1.2% de la PEA. Pero si al reducido pago de tributos, se le descuenta el valor del impacto ambiental (ecológico, económico y social) que se pierde, el valor final sería negativo. Esto último es muy importante, porque el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingue.

A manera de colofón, la campaña de algunos diarios para defender la actividad de las empresas mineras como si actuaran ambiental y socialmente de manera responsable, y las comunidades y poblaciones locales fueran vándalos que afectan los ingresos fiscales y las sobreganancias, por lo que solo deben merecer la criminalización de las protestas y no el diálogo, resulta inaceptable. Como también lo son algunas afirmaciones de personas interesadas que hablan en defensa de las empresas mineras sin conocer la realidad de la minería en el Perú.

Mención aparte merece Roque Benavides que, en el caso de la unidad Uchucchacua de Cía de Minas Buenaventura, y en un contexto de precios altos de los metales, pretende que el MINEM le autorice la suspensión de operaciones “por la baja de la ley del mineral”, para luego solicitar el cese colectivo, y de esta manera, desaparecer los sindicatos y reducir el costo de la fuerza laboral y continuar con un nuevo proyecto muy cerca al anterior.

De manera urgente, se requiere descentralizar la gestión ambiental y de los conflictos, realizar ordenamiento territorial e hídrico, garantizar la consulta, la vigilancia ambiental y la salud a las poblaciones, y en general, depender menos de la actividad minera y diversificar la economía.

 

 

 

 

 

Tras la sentencia del Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo en noviembre del 2017, que desestimó la denuncia realizada por el ex trabajador minero de Antamina: Saúl Juarez, que se encuentra con cáncer linfoma Hodgkin producto de la contaminación con arsénico y otros metales pesados – de acuerdo a la interpretación médica-, y que exige justicia por daños y perjuicios a través de una reparación económica; la defensa legal presidida por el abogado Mario Ríos apeló a la decisión de la jueza debido a que no tomó en cuenta ninguna prueba presentada por ellos. El día de hoy, martes 3 de noviembre a las 10am, después de un largo tiempo, la Corte Superior escuchará la fundamentación de la defensa legal de Saúl Juarez y de la empresa minera Antamina para posteriormente decidir, en el plazo máximo de un mes, si se reabre el juicio o confirma la sentencia.

Las pruebas no admitidas

“ En la sentencia del 2017 la jueza Rosmery Velásquez Cano no ha determinado si Saúl Juarez está mal. Hemos presentado la historia clínica, pero no le han hecho la evaluación y solamente se ha apegado a una prueba de un centro de salud de Texas (EEUU) del 2016 que señala que no tiene intoxicación, basado en un examen de orina. Este examen fue pagado por la empresa minera”, señala Mario Ríos. Sin embargo, hay otro resultado de una prueba pagada por Antamina, del Centro Toxicológico del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, que realizó un mineralograma a Saúl Juarez, y confirma la presencia de arsénico y otros metales pesados; pero la empresa minera y la jueza lo desconoce, señala Juarez.  Además, la jueza no ha tomado en cuenta los otros resultados de la pruebas del Instituto de Medicina Nuclear, de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que confirma que Saúl Juarez tiene arsénico, plomo y cadmio, agrega el abogado.

Asimismo, el médico cirujano y toxicólogo Ricardo Puell señala en su informe de auditoría médica de mayo del 2014 sobre Saúl Juarez que las pruebas que detectan arsénico en uñas y pelo durante varios meses y años es el mineralograma y no las pruebas de sangre que detectan hasta 3 días después de la exposición a metales pesados y en la orina, hasta 10 días después. Además, la resolución N° 389-2011 MINSA, en la Fisiopatología de la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico: “El tiempo de vida media de arsénico en el ser humano es de 10 horas, se excreta la mayor parte por vía urinaria, heces, sudor y piel”.

El abogado agrega que SUNAFIL sancionó a la empresa minera Antamina por no brindarle los equipos de protección adecuados y otras faltas graves a las normas de seguridad y salud ocupacional.

La defensa legal señala que la jueza no argumentó por qué no valoraba las pruebas presentadas por ellos, “simplemente no lo admitió. Eso es vulnerar el debido proceso”. En base a estos cuestionamientos, Saúl Juarez espera que la Corte Superior decida que se reabra el juicio. Saúl se encuentra indignado y terminó afirmando en el enlace telefónico: “Lo único que quiero yo es justicia. Me han destrozado la vida. Yo entre sano y salí enfermo con cáncer tras la evidencia de los metales tóxicos”. Sus dos hijos tienen problemas de sordera, señala que también es producto de la contaminación con arsénico que se traspasa hasta en 5 generaciones.

Saúl era parte del personal encargado de revisar los equipos inmediatamente después de una explosión en la mina, por lo que el contacto con la nube de polvo mineral tóxico era inevitable, señala el médico Ricardo Puell.

De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, existe una fuerte asociación entre la exposición crónica al arsénico y los diversos cánceres.

Antecedes

Tras las denuncias públicas de Saúl Juarez,  Antamina sacó un comunicado señalando que su mina es de cobre y no de arsénico y que habían pagado el seguro de Saúl hasta el 2016, varios años después de que dejó de trabajar con ellos. Además, agregan que en el examen que le sacaron – en EEUU a través de prueba de orina-, confirmó que no estaba intoxicado.

Sin embargo, la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico del Ministerio de Salud, en los aspectos epidemiológicos señala: “Según datos del servicio de prospecciones geológicas estadounidense (U,S, Geological Survey) las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú y Filipinas, asimismo este metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre en Chile y Canadá. En nuestro país, la exposición crónica por arsénico está ligada principalmente a exposiciones originadas por la actividad minero metalúrgico, existen referencias aisladas respecto a regiones con presencia de arsénico en el medio ambiente”

Además, Saúl Juarez señala que fue despedido cuando empezó a sentirse mal y cubrió sus gastos inicialmente. “Después del 2016 yo estoy haciendo tratamiento alternativo porque no iba a soportar más quimioterapias”.

El 2018, Saúl Juarez llevó su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañado por el Instituto Natura de Ancash y Red Muqui, y su caso fue admitido.

 

Resultados del mineralograma de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología y Química Legal

 

 

El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

El paro también se desarrolla porque la empresa minera Anglo American no ha cumplido con la cantidad de ofrecimiento de trabajo local a los moqueguanos, quiénes observan que llega personal de otros lugares fuera de la región y tampoco se dan las capacitaciones a los jóvenes profesionales que la empresa prometió.

Historial de Southern en Moquegua

Hace algunos años Southern fue sancionada por el delito de contaminación ambiental al superar los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar de Ilo. Inicialmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de 2 años y 6 meses y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa minera Southern Peru; sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM) aceptó el pago del 5% de la minera por el proceso civil contra del representante de Southern, Oscar González Rocha.

Dirigentes opinan

Durante la movilización, los dirigentes cuestionaron al presidente Vizcarra porque siendo moqueguano no se pronunció sobre el paro regional frente al abuso de la empresa Anglo American. Señalaron que el presidente Vizcarra es quién ha promovido el desarrollo de la minería y que por responsabilidad de él, es que hoy están protestando. El recorrido de la movilización se dio desde el centro hasta el puente Montalvo, que fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular para los autos y buses que normalmente llegan de Arequipa y de regiones del norte del país; así como del otro extremo, quiénes llegan de Tacna e Ilo.

Durante el mitin que se dio en el puente Montalvo; Erick Rivera, dirigente de las juntas vecinales de Torata, señaló que su comunidad está contaminada. “No pedimos que se cumplan los acuerdos, sino que se vaya Anglo American, que ha venido contaminando más de 42 años”.

A su turno, el dirigente del sindicato de docentes a nivel regional, señaló que “no podemos permitir a los gobernantes que hagan lo que quieran y que de licencias a las empresas a espaldas del pueblo”, en alusión a Southern y el proyecto Tía María en Arequipa.

Finalmente, el dirigente Óscar Zeballos, representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos con Anglo American, señaló de que si no se paraliza el proyecto minero Quellaveco, se promoverá una huelga indefinida.

Ministra trabajó en Anglo American

Una ministra que viene siendo anunciada por Vizcarra para ayudar a solucionar el conflicto en Islay por Tía María, al tener la autoridad estatal en el sector de agricultura, es Fabiola Muñoz; quién anteriormente fue Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la empresa minera Anglo American Quellaveco. Empresa cuestionada en la protesta regional de Moquegua. La ministra de Agricultura señaló ayer en Canal N que la minería y la agricultura “pueden convivir” en Islay.

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

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Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of


DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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