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¿Cuál es la situación de la agricultura familiar a 6 meses de la pandemia?

Hemos evidenciado en estos 6 meses que las y los agricultores han vivido con la imposibilidad de colocar las producciones como la papa, queso, granos andinos y leche.

Al inicio hubo el problema del traslado de productos, de poder generar acciones de cosecha, encarecimiento de fletes, los camiones triplicaron el costo. Las pérdidas de esos costos han sido trasladados para los agricultores. La papa es un caso emblemático.
Muchas economías de la ciudad no han sentido este problema, pero hoy resulta indignante que se pague S/0.20 céntimos por 1 kilo de papa y luego encuentres en el mercado por S/1.50 el kilo. Ello ha generado la quiebra económica para miles de familias del país.

Y todas estas cosas ha puesto en riesgo la siguiente campaña agrícola. Tenemos regiones que han sido declaradas en quiebra. Varias regiones con sus autoridades han tomado el acuerdo de declarar en emergencia la agricultura: Huánuco, Huancavelica, Cusco Ayacucho y Apurímac están en ese camino.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno respecto a la agricultura familiar en estos 6 meses?

Las medidas desde el Estado han sido pobres y marginales. Ha resultado penoso que esa reacción ha nacido por la reacción de CONVEAGRO y sus gremios agrarios, quienes han tenido que hacer muchos esfuerzos para que, también apoyados por el Congreso, se comprenda nuestra situación.

Se pudo lograr la medida más importante, la única que tiene alcance universal, que es el «FAE AGRO» (Financiamiento Agrario Empresarial). Pero este FAE AGRO fue promulgado el 9 de Julio y hasta el día de hoy no se ha subestado. Las campañas de siempre se han iniciado pero no llega este FAE AGRO a las comunidades, anexos, distritos y provincias. Esto genera desanimo y malestar que va también reflejando un Estado de espalas a la agricultura familiar. No desde ahora sino históricamente. Y a su vez: un Minagri que no sirve a la realidad del peruano ni al grueso de las familias porque no las entiende. No esta el acompañamiento, eje de desarrollo de los agricultores como fin supremo, este ministerio.

¿Qué otra medidas ha tomado el Gobierno?

El programa FAE AGRO al inicio no incluía ganaderos. Hicimos propuesta técnica y recién en Julio el Gobierno compartió nuestro análisis que hicimos con mucha anterioridad.

Siempre es así la incidencia: los gremios agrarios tienen que estar exigiendo porque de lo contrario no nacen las políticas de fondo inclusivas. Y posteriormente a ello, el Ministerio de Economía, quien hace gala de los abuso del Minagri, puso condiciones difíciles para acceder a dicho programa, excluyendo a los muchos otros agricultores.

Una vez que tuvimos al viceministro del Ministerio de Economía, se hizo ver el sesgo de estos funcionarios que no conocen el campo. Logramos que se convoque a los 2 ministros (MEF y Minagri) y se pueda generar una interpelación y con todo este movimiento recién nació el nuevo Decreto de Urgencia que permite q todos los agricultores y ganaderos de las comunidades accedan, pues además estaba en la ley 30335. Y nuevamente este funcionarios que no conocen el Perú de las mayorías quisieron excluir a 1200 millones de 200 mil agricultores de subsistencia. A pesar que el Decreto de Urgencia mencionaba a la agricultura familiar, el Gobierno dió preferencia a la agricultura consolidada.

Los fondos para todos no alcanzaron. Es una medida insuficiente en sí. Hay el compromiso de colocar 2 mil millones más, pero no está en un documento.

¿Se van al paro agrario?

Nuestra posición no ha cambiado. Hemos sido responsables al hacerlo publico. Es siempre el gremio el que esta cautelando que las medidas sean oportunas y accesibles. El gobierno nos paga para hacer medidas, son los funcionarios quienes tiene que hacerlo y esto tiene que cambiar.

Nuestras organizaciones están en un compromiso no solo con gremios de CONVEAGRO, también con las juntas  de usuarios, con las comunidades campesinas, con las rondas y comunidades nativas.

No hay medidas para protección agropecuaria como los aranceles, ese compromiso hasta la fecha no se ha implementado. Nos ven como la última rueda del coche.

De cada 4 puestos 1 es de la agricultura. No somos poco. Hay intención de desaparecer a los agricultores, se prioriza a los grandes. Eso ha destruido a la agricultura familiar.

Para este Paro Agrario habrá que reunirnos si es que el Presidente de la nación no nos da reunión para solucionar en el corto plazo todos estos problemas. No estamos exigiendo ventajas que nos den favoritismo o que nos regale dinero. Si no que protejan nuestra actividad:  el desarrollo rural no ha sido discutido en el Perú.

Uno puede pensar que en el campo hay comida, pero la verdad es que hay más pobreza: hay gente que come un 1/3 de lo que comía anteriormente. CONVEAGRO en el acuerdo nacional logró sacar un acuerdo para el hambre y/o medidas de reactivación, para que fuera aprobado por gobiernos regionales, partidos o Gobierno pero entenderán que no son medidas vinculantes. Inclusive tuve la suerte de decirle al Premier sobre la importancia de contactarnos con las juntas vecinales y ollas comunes para llegar directamente.

Recordemos que nosotros hemos planteado las compras estatales. Es paradójico que los fondos del Gobierno se estén dando en algunas partes y en otros no.

En CONVEAGRO vamos a un proceso eleccionario. Felizmente dirigentes no recibimos sueldo, no somos brazos políticos de gobiernos de turno. Nos hemos enfrentado al gobierno de Vizcarra y hemos estado diciendo «Oigan, esto es lo que no hay que hacer». No para para complotar o destruir sino para hacerles entender.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Recientemente un grupo de personas y organizaciones de diferentes países de Latinoamérica han elaborado y hecho publico un comunicado muy potente denominado: “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina”, y como se señala en el documento, la propuesta de “este Pacto no es un listado de demandas que se dirigen a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades” en este contexto de pandemia del Covid-19. Entre las nueve propuestas que alcanza el comunicado, hay dos puntos centrales que quisiéramos resaltar: la implementación de una renta básica universal que sustituya las transferencias focalizadas y la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria; lo que implica empezar por las reformas en las políticas agrarias en los países de Latinoamérica.

 

Sobre el tema de la renta básica universal en nuestro país, aquí lo hemos llamado el bono universal. Diversas organizaciones de la sociedad civil han venido exigiendo al gobierno la aprobación de esta medida, ya que ha quedado demostrado que el bono focalizado no ha funcionado. El mismo presidente Vizcarra ha señalado que este solo a llegado a entregarse en un 50% y el avance de la entrega en el sector rural es mínimo. Por ello esta semana la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva, ha presentado una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N° 5435) para establecer un Ingreso Básico Universal. El objetivo de la norma es que el bono llegue a todos/as los ciudadanos/as del país sin distinción alguna durante el estado de emergencia, esto incluye a los más de 70% de trabajadores informales. Al respecto, la misma Comisión Económica Para América Latina – CEPAL ha recomendado a los gobiernos latinoamericanos implementar esta medida; así que no es una propuesta descabellada.

 

El otro tema que esta vinculado al bono universal es la reactivación de la economía. Para el gobierno y los gremios empresariales privados esto solo tiene que ver con la reactivación de las grandes empresas, dejando de lado la atención al sector agrario, cuando la reactivación debería haber empezado por el agro y desde los territorios, aunque en las ultimas semanas se han dado algunos pasos: por ejemplo, en el espacio del Acuerdo Nacional se han aprobado varias acciones, entre ellas la conformación de un Comando de Emergencia Agroalimentaria. Lo cierto es que, si no se atiende con urgencia el agro, vamos a ingresar a un periodo de crisis alimentaria en todo el país, por ello el pedido del fondo de salvataje por 5 mil millones de soles que viene realizando los gremios agrarios tiene que aprobarse para asegurar la campaña agrícola 2020-2021.

 

Desde la Red Muqui creemos que si el gobierno quiere tomar medidas en favor de la población tiene que escuchar las voces de las organizaciones sociales, los gremios agrarios, las comunidades campesinas, los sindicatos, entre otros; y no solamente al sector empresarial, como claramente se puede ver. Por lo pronto el bono universal y el fondo de salvataje para el sector agrario son temas urgentes a atender.

Después de la presión de Conveagro, gremio que reúne a las organizaciones agrarias y ganaderas a nivel nacional, y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, que lograron tener una reunión con el ministro de Agricultura el 30 de marzo, Jorge Montenegro; el Ministerio emitió el 4 de abril la resolución ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, que “establecen disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19”.

Como es de conocimiento público, los gremios agrarios han estado exigiendo al gobierno central medidas para que las y los agricultores del sector rural puedan sobrevivir a esta crisis desencadenada por el Covid-19, que los perjudica en su producción regular al tener limitaciones de tránsito y encarecimiento del transporte de carga, compra de insumos, comercialización, etc, que agrava más las condiciones en las que ya venían produciendo; especialmente en aquellos lugares donde no tienen acceso al agua y a la tierra por el uso que hacen de los bienes comunes las empresas extractivas como la minería. Y, también en aquellos lugares donde los pasivos ambientales mineros son un peligro para la producción agropecuaria.

Actividades que comprende la medida

Hasta la fecha, después de 23 días de cuarentena, la resolución ministerial del MINAGRI es la única medida que el gobierno ha emitido para el sector agropecuario. Medida que “comprende a toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como: a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional. b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y actividades agropecuarias diversas. c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización. d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan para su formulación y uso. f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, productos veterinarios y material genético. g) Importación y exportación de productos agropecuarios. h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego)”.

Estas medidas comprenden a los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realizan algunas de las actividades señaladas con el objetivo de que se mantenga la cadena alimenticia en el país que, en las últimas semanas, se ha visto perjudicada con el alza de precios de algunos alimentos en las ciudades del país y el abastecimiento al gran mercado mayorista de Lima.

Gráfica de la reducción de ingresos promedio al Mercado Mayorista (Eduardo Zegarra)

 

 

 

Pase laboral de tránsito

La resolución del Ministerio de Agricultura también comprende que los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario puedan tramitar virtualmente el pase personal laboral ante la única Plataforma Digital del Estado Peruano (gob.pe/pase laboral) o, en su defecto, tramitar el pase en la comisaría más cercana con la acreditación expedida por la Junta de Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, con el formato anexo en la resolución ministerial.

Protocolo sanitario

La resolución también señala que “los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados para dichos fines”. Para ello, el Ministerio emitió un protocolo en el que señala que los productores, trabajadores y empresarios deben desinfectar sus herramientas de trabajo; guardar la distancia mínima de un metro si interactúan con otras personas; no compartir cabinas de tractores ni de camiones durante la campaña; uso de ropa exclusiva para labores del campo; y el personal dedicado a la carga y descarga de alimentos, debe hacer uso obligatorio de guantes y mascarilla. Si quieres revisar todo el protocolo, entra AQUÍ.

Agro abandonado

En declaraciones al periodista Glatzer Tuesta, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, señaló que además de la indiferencia de los grandes medios de comunicación con la problemática del sector en estas crisis por el Covid-19; los funcionarios del Estado del sector agricultura no están informando sobre la realidad del campo al gobierno central.

“Somos 2.2 millones de agricultores familiares que alimentamos al país (..) y 1 millón 200 mil productores viven en condición de pobreza y no podemos colocar nuestras colocar nuestras cosechas de papa, producción de quesos que venían a Lima, etc. El bono social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no llega a los hombres y mujeres de la agricultura familiar, porque no han sido reconocidos en la primera medida”.

Desde la Red Muqui, institución que ha venido denunciando las condiciones en las que laboran los trabajadores mineros en esta emergencia sanitaria nacional, nos sumamos también a las exigencias de Conveagro y las organizaciones gremiales agrarias para que este sector, que es indispensable para la alimentación del país, sea apoyado por el Estado. Es inadmisible que el gobierno permita que las actividades mineras continúen funcionando con normalidad sin una adecuada fiscalización, teniendo a la fecha 4 personas contagiadas en el sector minero; y al sector agrario se le mantenga abandonado.