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Por Bladimir Carlos Martinez Ordoñez  / Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno

Durante el período de aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional peruano, imágenes de la naturaleza recobrando su vitalidad y armonía en ciudades con presencia visible de contaminación como Lima y otras, inundaron las redes sociales. Sin embargo, la situación en zonas periféricas y en algunas zonas rurales, especialmente en aquellas seleccionadas para almacenar los residuos sólidos producidos en estas grandes ciudades es distante de la anterior, ya que la ausencia de control, fiscalización y supervisión durante la etapa de aislamiento ocasionó deficiencias en el funcionamiento y operación para la correcta disposición de residuos sólidos. Tal es el caso del proyecto denominado “celdas transitorias de Huanuyo”, construido a partir de dos declaratorias de emergencia por la inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca, y que solo representa una solución temporal ya que su vida útil alcanzaría un plazo no mayor de 15 meses desde su funcionamiento a finales del 2019. El proyecto en mención resume una historia de emergencias, inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos, con impactos ambientales en tiempos de Coronavirus.

Para entender la situación actual de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca, y comprender la situación actual del proyecto “celdas transitorias de Huanuyo”, es necesario recordar que el distrito de Juliaca disponía los residuos sólidos municipales en el botadero municipal a cielo abierto ubicado en la comunidad campesina de Chilla desde el 2007, esta etapa viene marcada por innumerables denuncias de organizaciones en defensa del medio ambiente sobre la inadecuada gestión y manejo en dicho botadero, la misma que se evidenciaba con la presencia de malos olores, la contaminación de pozos destinados para consumo humano, la degradación de áreas naturales y ecosistemas[1], ocasionando así, que la Defensoría del Pueblo registre el caso en febrero del 2017[2], y así también organizaciones sociales de base del distrito de Juliaca se unan para solicitar al MINAM la declaratoria en emergencia de la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca el 17 de enero del 2018. Es así que, se declara en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca en un primer plazo de sesenta (60) días y una prórroga de cuarenta y cinco (45)[3], ambas durante el 2018, dando pase a la construcción apresurada como alternativa temporal de corto plazo a las “celdas transitorias de Huanuyo”.

Con estos antecedentes se da inicio a una segunda etapa, la construcción del proyecto denominado “celdas transitorias de Huanuyo”, cuyo funcionamiento inició el 2019. Este proyecto forma parte del plan de acción[4] propuesto por la MPSR para atender la referida emergencia, esta etapa viene enmarcada por diferentes reclamos de Organizaciones Sociales de Base y personas naturales solicitando mayor información sobre las consecuencias que dicho proyecto podría ocasionar en el área directa e indirecta de intervención, dichos reclamos toman mayor sustento cuando se recuerda que el proyecto se ubica a aproximadamente a 50 metros de la quebrada Huanuyo y a menos de 500 metros del río Cabanillas[5], lo que es aún más preocupante cuando se recuerda que aguas abajo existen 4 bocatomas utilizadas para el riego de cultivos con certificación orgánica[6], siendo la más cercana la bocatoma denominada “Cabana-Mañazo-Vilque”[7]. Ante la no atención de los reclamos los solicitantes se vieron forzados a recurrir a información adicional solicitada a otras entidades estatales tal cual consta en la denuncia fiscal 2706015200-2019-139-0[8] y los innumerables oficios dirigidos a otras instancias. A pesar de lo anterior, en fecha 10 de julio de 2018, la MPSR presenta al MINAM el expediente técnico para la instalación de las celdas transitorias en el sector Taya Taya (Huanuyo)[9], y el 13 de agosto del 2018 la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM emite la opinión favorable a las características de la celda transitoria propuesta en el expediente anterior, ambos procesos se dan con normalidad a pesar de problemas preexistentes no solucionados y la existencia de un memorial del año 2016 y reingresado el 2017 con cientos de firmas de personas rechazando el proyecto “celdas transitorias de Huanuyo” como parte del plan de contingencia de la disposición temporal de residuos sólidos de la ciudad de Juliaca, advirtiendo en el mismo que la población no permitirá la continuidad del proyecto, y alertando sobre una “campaña de convencimiento para conseguir la licencia social del proyecto y el incumplimiento de algunos requisitos”[10]. En este punto es necesario resaltar que Organizaciones Sociales de Base y autoridades competentes locales solicitaron en reiteradas ocasiones el expediente técnico del referido proyecto sin posibilidades de acceso. Estos reclamos se unen a los diferentes oficios remitidos por parte de la Municipalidad Distrital de Cabanillas rechazando la construcción del proyecto. Frente a estos reclamos no hubo respuestas claras por parte del órgano ejecutor, desencadenando así protestas fundadas en los antecedentes de desagravios en los que incurrió dicho órgano durante la gestión y manejo del botadero Chilla y los ocurridos desde el anuncio de la construcción del proyecto “celdas transitorias de Huanuyo”. A pesar de lo anterior, en fecha 15 de octubre del 2018 la Dirección General de Residuos Sólidos del MINAM remite a la MPSR un informe[11] poniendo en conocimiento la realización del taller informativo en fecha 28 de setiembre del 2018 llevado a cabo en dicha municipalidad[12]. En este punto es necesario cuestionar si los esfuerzos de los interesados en la implementación de esta “solución temporal” (celdas transitorias de Huanuyo) fueron suficientes y acertados para garantizar y asegurar la participación de las partes afectadas en los talleres informativos, lo que a juzgar por la situación actual y la conflictividad latente no se habría logrado.

A la actualidad y después de diálogos llevados a cabo en diciembre del 2019 y febrero del 2020, el primero en las instalaciones de la MPSR y el segundo en las celdas transitorias de Huanuyo, se logra que el MINAM emita el informe N° 00213-2020-MINMA/VMGA/DGRS atendiendo al memorial del Frente Interdistrital en Defensa del Medio Ambiente (2016), concluyendo en lo siguiente: “el MINAM cumplió en efectuar algunas precisiones respecto al proyecto de la celda transitoria a implementarse, la misma que no está considerada como infraestructura de residuos sólidos. Por tanto, en ese contexto no resultarían aplicables los artículos 109 y 110 del reglamento LGIRS, referidos a la selección del área para las infraestructuras de disposición final y a las condiciones para la ubicación de dicha infraestructura, respectivamente, así como tampoco le resultaría exigible la presentación de un instrumento de gestión ambiental”. Entonces es inevitable cuestionar si los nueve (9) parámetros evaluados por la MPSR en siete (07) áreas como parte del estudio de evaluación de predios[13] son suficientes para garantizar la seguridad ambiental y social del proyecto, asimismo, ¿cómo se garantizará la remediación, control, mitigación y otras medidas que aseguren la seguridad ambiental y social sin un Estudio de Impacto Ambiental?, es evidente que este proyecto se posiciona como una solución temporal de corto plazo ante la ausencia de un relleno sanitario que permita la disposición final adecuada, cabe resaltar que respecto del relleno sanitario se sabe que la fase de inversión del proyecto inició el 2014 a cargo de la Unidad Ejecutora 003 CIGA, y actualmente se están elaborando los estudios definitivos del proyecto para su posterior ejecución. Entonces ¿Por qué a la fecha (2020) no se cuenta aún con un relleno sanitario que permita la disposición final adecuada de los residuos sólidos para el distrito de Juliaca? Algunos recortes periodísticos mencionan que la MPSR se encontraría negociando la adquisición de terrenos para la construcción del tan anhelado relleno sanitario. Sin embargo, los antecedentes en el manejo y gestión del botadero de Chilla (antes) y las celdas transitorias de Huanuyo (ahora) se posicionan como causas principales para que la población rechace las iniciativas presentadas por la MPSR.

Frente a la afectación evidente de derechos fundamentales, Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) viene acompañando el caso desde finales del 2019 a solicitud del Frente Interdistrital en Defensa del Medio Ambiente, y con ello intentar crear nuevos caminos pacíficos en la resolución de conflictos con los líderes y lideresas de las comunidades campesinas y Organizaciones Sociales de Base para el logro del buen vivir y la justicia social.

Esta segunda etapa culmina con esfuerzos por retomar el diálogo entre las partes, con compromisos claros por parte del MINAM y la MPSR para facilitar el acceso a la información y llevar a cabo talleres informativos para facilitar la comprensión y atención al ciudadano, asimismo, se acuerda garantizar la seguridad ambiental del proyecto mediante la elaboración de estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, los mismos que estarían a cargo de la MPSR, e involucrar a la población afectada en los monitoreos ambientales llevados a cabo por la MPSR, el MINAM se compromete en seguir supervisando el funcionamiento del proyecto.

En esta última etapa, y después de los acuerdos producto del diálogo alcanzado, se suscita la tan temida afectación ambiental. En fecha 20 de marzo del 2020, se produce el colapso de la poza de lixiviados del proyecto en mención, evidenciándose el discurrimiento de lixiviados hacia la quebrada Huanuyo en temporada de avenida y conectando con el río Cabanillas, afluente directo de 4 bocatomas destinadas para riego de cultivos orgánicos. Es así que los pobladores, alarmados por la noticia intentan denunciar los hechos al OEFA y la fiscalía de prevención de delitos ambientales pero los mensajes son los mismos “Estamos cumpliendo las disposiciones del gobierno nacional”, entonces, ¿Cómo se garantiza el bienestar del ambiente en tiempos de Coronavirus?, ¿Habrá sanciones ejemplares sobre lo ocurrido?. Ante los antecedentes de la MPSR es evidente que las sanciones serán necesarias. Este hecho ocurre a no más de 6 meses del funcionamiento del proyecto en mención y a menos de una semana de iniciada la cuarentena nacional, lo que inevitablemente despierta preocupación y alarma sobre las competencias de la Municipalidad Provincia de San Román en el manejo de este proyecto, evidenciándose que debido al confinamiento el MINAM no pudo, ni podrá supervisar el funcionamiento de la obra, acrecentando el temor, la preocupación y el desasosiego de la población frente a lo que temían desde el inicio. En este punto es imperante cuestionarse si la MPSR es competente para garantizar la seguridad ambiental y social del proyecto, así como cumplir con los acuerdos y compromisos tomados durante los diferentes espacios de diálogo, hasta el momento esto parece no encajar con los expectativas locales y regionales sobre la situación.

En conclusión, los antecedentes en el manejo y gestión inadecuada de los residuos sólidos por parte de la MPSR acrecientan la preocupación y zozobra de la población; por lo que es recomendable que la MPSR mejores sus prácticas y la competencia del personal encargado de la labor en mención. Además, se debe comprender la urgencia de contar con un relleno sanitario ya que ante el colapso o termino de la vida útil de las celdas transitorias el destino de los residuos sólidos es incierto, lo que podría reflejarse en un estado de emergencia adicional.

Ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental el órgano ejecutor debe elaborar estudios técnicos adicionales (geotécnicos, geológicos, hidrogeomorfológicos, etc.) para garantizar la seguridad ambiental y social de las celdas transitorias.

Sobre el acceso a la información, la MPSR y el MINAM deben mejorar el acceso a la información y ampliar el alcance de los talleres informativos para garantizar la participación de los afectados y así absolver las dudas a tiempo.

Sobre el Coronavirus, acuerdos y compromisos, la MPSR y el MINAM deben encontrar formas de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos ya que las afectaciones ambientales como el “colapso de la poza de lixiviados” contribuyen a incrementar la mala imagen de la MPSR para con su población.

[1] Extracto del documento “Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos”, Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en el sector Chilla, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, elaborado por el Ministerio del Ambiente en colaboración con la agencia de cooperación internacional JICA. (pág. 68 y 69)

[2] Reporte de Conflictos sociales N° 187, Defensoría del Pueblo 2019.

[3] Mediante Resolución Ministerial N° 238-2018-MINAM de fecha 23 de junio del 2018 se declara por primera vez en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca por un plazo de sesenta (60) días. Y su prórroga de cuarenta y cinco (45) días mediante Resolución Ministerial N° 297-2018-MINAM de fecha 22 de agosto del 2018.

[4] Plan de acción para atender la emergencia de gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca, presentado por la Municipalidad Provincial de San Román al MINAM mediante oficio N° 119-2018-MPSR-J/GSPMA/ADB de fecha 28 de junio del 2018.

[5] Acta Fiscal de la constatación fiscal de las celdas transitorias del 10 de diciembre del 2019, presente en la carpeta fiscal N° 139-2019.

[6] Certificado 05863 Japanese Agricultural Standard (JAS) para productos orgánicos a Cooperativa Agro industrial Cabana ltda.

[7] Mapa de principales bocatomas del río Cabanillas del Ministerio de Agricultura y Riego elaborado en Geohidro versión 2.

[8] Denuncia fiscal caso N° 2706015200-2019-139-0 de la dependencia FPEMA-PUNO (NCPP)

[9] Mediante oficio N° 129-2018-MPSR-J/GSPMA/ADB, de fecha 10 de julio del 2018 se presenta expediente técnico para la instalación de las celdas transitorias en la comunidad de Taya Taya al MINAM.

[10] Memorial que rechaza el proyecto “celdas transitorias de Huanuyo” dirigido alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román con fecha 15 de noviembre del 2016, debidamente ingresado a mesa partes de la Municipalidad Provincial de San Román en fecha 17 de noviembre del 2016. Y reingresado el 06 de febrero del 2017.

[11] Mediante Oficio N° 688-2018-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 15 de octubre del 2018, se menciona también que la municipalidad

[13] Informe N° 001-2018-JP1/JP2, informe de asistencia técnica de evaluación de predios para la construcción del relleno sanitario y celda transitoria de la ciudad de Juliaca.

En el marco de la delegación de facultades establecidas mediante Ley N° 31011, el Congreso facultó al Ejecutivo Nacional legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El pasado 11 de mayo se emitió una serie de decretos entre los cuales se encuentra el Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas para reactivar, mejorar y  optimizar la ejecución de proyectos de inversión  pública privada ante el impacto del COVID-19. El objeto de este decreto es establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como las certificaciones ambientales.

El domingo 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM donde se inicia la reanudación económica fase 1 y dentro de los sectores priorizados se tiene a la gran minería estableciendo etapas progresivas para la reanudación de la inversion y desarrollo de proyectos del sector minero. El decreto legislativo 1500 emitido contiene dispositivos que generan preocupación porque reduce estándares de protección de derechos fundamentales y garantías institucionales para la protección del ambiente. Esto tiene que ver con las modificaciones, obligaciones para las empresas inversoras en temas administrativos, para que con ello se facilite el impulso de los proyectos de inversion; incluida la minería.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El primer punto que nos preocupa son las obligaciones correspondientes a la participación ciudadana. La participación ciudadana suele concebirse y reducirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental; sin embargo, en la práctica, cobra vital importancia para el desarrollo de una política de prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales. En la actualidad existen casos graves de estancamiento del diálogo entre empresas y poblaciones por la ausencia de un desarrollo adecuado de procesos de participación ciudadana. Este derecho funciona como una garantía para la protección de diversos derechos: reasentamiento, vivienda, salud, educación, ambiente saludable.

Virtualidad

El DL 1500 en su artículo 6 establece que los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de manera virtual; si bien el párrafo señala una serie de condiciones para llevar esto a cabo, surgen muchas dudas de que ello pueda beneficiar a las poblaciones y comunidades cuyos derechos van a ser impactados por un proyecto minero. Sobre ellos tenemos dos observaciones: 1) el acceso a medios digitales para la comunicación virtual en muchas zonas del país, sobre todo las rurales, no es universal y muchas personas se encuentran excluidas; 2) los procesos de participación ciudadana también implican el respeto de derechos colectivos y no debe ser reducido a requisitos administrativos. Los soportes virtuales pueden ser usados para seguir debilitando la participación y decisiones colectivas de las poblaciones y comunidades afectadas si no son adecuadamente garantizados por el estado.

Por otro lado, en la quinta disposición complementaria del decreto se señala: “Las disposiciones reguladas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, también resultan aplicables a los casos en los que se haya establecido mecanismos de participación ciudadana previos al otorgamiento de títulos habilitantes.” Con esta disposición entendemos que estas modificaciones se aplicarían tanto para los procesos de participación ciudadana en curso como los que se requieren impulsar para las primeras fases de aprobación de los proyectos mineros; por ende, su aplicación surtirá efecto durante todo el proceso de reactivación económica planificado por el Estado.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El segundo punto que nos preocupa es el referido a la fiscalización ambiental, debido a que entre los artículos 7 y 8 de esta norma, se flexibiliza el procedimiento de monitoreo en el sector de minería. Procedimientos imprescindibles para garantizar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); y que las empresas, en sus vertimientos o impactos, no sobre pasen los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Exoneración de reportes de monitoreo ambiental

El artículo 7 en su primer apartado 7.1. sostiene que se exonerará “[…] a los administrados [empresas mineras] de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental [como OEFA], los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo […]”. Es decir, en el período que dure las medidas desplegadas a causa de la pandemia, las empresas no realizarán los procedimientos de monitoreo ambiental; a la cual estaban obligados para controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente.  En la parte final de este artículo se sostiene que las medidas cesan cuando la “[…] actividad sujeta a fiscalización ambiental se reinicie”; lo cual no sabemos cuándo sucederá.

Debido a las medidas sanitarias de aislamiento social implementadas por el gobierno, que son evaluadas constantemente sin una fecha de culminación; ha conllevado a que las entidades públicas, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desarrollen sus labores parcialmente.

Sanciones fraccionadas

Sobre las sanciones que sean impuestas (multas) por infracciones ambientales (contaminación) con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitario o con posterioridad; ahora podrán ser “fraccionadas y aplazadas en la exigibilidad”. Así lo dispone el artículo 8 de este Decreto Legislativo. Claramente con esta disposición se ha otorgado un beneficio adicional a las empresas mineras, que es innecesaria, pues la capacidad económica de este sector es solvente.

Entendemos que como consecuencia de la pandemia que vivimos hoy, muchas de las entidades públicas se ven afectadas en la prestación de los servicios; pero al mismo tiempo es importante recordar la labor fundamental que despliegan organismos como el OEFA, para garantizar la estricta protección del derecho fundamental a un ambiente sano, razón por la cual su labor debe desarrollarse al 100%, sin que ello represente un riesgo para sus funcionarios. Ello sería proporcional y necesario, pues desde el gobierno ha quedado claro que la minería será una de las actividades impulsadas con mayor prioridad.

 

 

 

 

 

 

Artículo de Juan Aste Daffós / economista asesor de la Red Muqui                                                                       

Queda claro que la decisión del gobierno el día de hoy, de aplazar la cuarentena 2 semanas más, significa un retroceso de la orientación que se estaba perfilando en el gobierno presionado por los grandes poderes económicos que quieren que el país vuelva a la normalidad de una vez, como si no estuviéramos viviendo una pandemia. La decisión de levantar la cuarentena y reactivar la economía estaba basada en una decisión política de desplazar el objetivo de resguardar la salud por el de proteger a las empresas formales para que recuperen ingresos y beneficios, y puedan pagar pronto deudas al sistema bancario y financiero y tributar al mínimo; así como propiciar “tranquilidad” a la mayoría de la población del Perú dedicada a las actividades informales que vive de los ingresos que obtiene diariamente. Unos presionando desde la Confiep y otros desde su impulso individual y disperso de romper la cuarentena desde los mercados para vivir el día a día.

Cuarentena poco efectiva

Ante el fracaso de la cuarentena hasta ahora, que no da signos de que pueda revertirse en estas dos semanas al no estar acompañada de otras medidas efectivas, al no poder aplanar la curva de infectados, hospitalizados, en UCI y fallecidos; tanto debido a las limitaciones del sistema de salud pública, producto de una sistemática política de abandono como sector prioritario conjuntamente con la educación pública y la agroalimentación, pese al esfuerzo de médicos y enfermeras (os), profesores (as) y agricultores; como a la imposibilidad de llegar con bonos y canastas a la mayoría de la población de informales que viven el día a día, a las personas que se quedaron sin trabajo y sin ingresos, o con los ingresos limitados de sus pensiones y CTS; y luego a los despedidos a los que se les aplicó la suspensión perfecta de labores, a todos los cuales se les impuso el “quédese en su casa”.

En todos estos casos, la responsabilidad la ha asumido el Estado, porque se ha esperado que este consiga tener éxito en la cuarentena haciendo cumplir el “quédese en su casa” con la fuerza policial, las fuerzas armadas y el apoyo complementario de las municipalidades. Sin embargo, tanto en el sustento del gobierno (Pilar Mazzetti) como de la Confiep, la razón del fracaso en el “tercer martillazo” de la cuarentena o medidas para aplanar las curvas de infectados y muertos está en “la desobediencia de las personas para acatar la cuarentena”; es decir, en la mayoría de personas pobres que decidieron salir individualmente a buscar ingresos para alimentarse y vivir el día a día.

La estrategia de la Confiep

Así, los empresarios con sus economistas y también el gobierno; y esto es lo más grave, concluyen que al no poder aplanarse las curvas a pesar de los esfuerzos de las medidas de contención, hay “un impacto negativo sobre la actividad económica global y sobre diversos grupos sociales, con una incidencia especial en determinados sectores de la población” (véase el sexto considerando del DS080-2020-PCM de reanudación de actividades (…) e inmediatamente señala que “es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias (…)” (véase sétimo considerando del DS citado antes). A pesar de extender la cuarentena dos semanas más, el gobierno ya empezó la reactivación económica de varios sectores, como la minería que nunca paró del todo-, restaurantes vía delivery, etc.

Por ello, ahora el argumento empresarial no explícito es que, al fracasar la cuarentena y el plan de salud del gobierno al no poderse aplanar la curvas por culpa de la población desobediente (léase los informales principalmente), la reactivación de la economía ayudará al Estado a disponer de mayores ingresos fiscales, es decir, los grupos económicos de siempre, supuestamente, colaborarán con el gobierno para que se pueda mejorar la atención de la salud en un corto y mediano plazo; como si esto hubiera ocurrido antes. Cuando lo que siempre ha primado es la economía de las empresas sobre la salud y la vida de las personas. Con este argumento, a contracorriente de los demás países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mejor no se hubiera aplicado la cuarentena para no afectar la economía, porque igual no se hubieran podido aplanar las curvas.

El remedio era peor que la enfermedad

Lo cierto es que en momentos en que el sistema de salud está llegando rápidamente al nivel del colapso y se han incrementado los infectados y los fallecidos, trasladar en la practica la prioridad de la salud a la economía implicará impulsar los mercados y la aglomeración de la gente con las consecuencias de disparar el impacto de afectados y muertos por la Covid 19.  En estas condiciones, no solo se tendría que realizar otra cuarentena empezando de cero y de un año, sino que el PBI ya no caería 10 o 15% sino más de un 50% con las implicancias en las quiebras de empresas y pérdidas de empleo masivo, con la casi desaparición de sindicatos. Traer muchas pruebas moleculares, respiradores y camas UCI, como lo ha anunciado hoy el gobierno, ahora solo sería un paliativo que ayudaría en los lugares de mayor incidencia del covid 19, porque el mercado no ayudará a resolver el problema del incumplimiento del aislamiento social, tal como ha ocurrido hasta ahora. El remedio resultará peor que la enfermedad.

Cuarentena integral

Como ningún gobierno puede abandonar el objetivo de la cuarentena de aplanar las curvas de infectados y fallecidos, y lograr neutralizar a la Covid 19; una propuesta es otorgar inmediatamente un bono universal de 1,000 soles que llegue a la más amplia población, e implementar otro tipo de cuarentena por un mes y no solo dos semanas, ahora sostenida en la organización barrial, comunal o de otra forma de organización territorial urbana y rural que asuma las tareas de control y coordinación con las instancias del Estado (gobiernos municipales y gobiernos regional y nacional) para la atención de la salud, y la alimentación y la educación vinculadas hoy a la prioridad de salvaguardar la salud y la vida de las personas en armonía con la naturaleza.

Sociedad civil debe asumir organización frente a la crisis

En ese sentido, urge que las organizaciones sociales locales articulen vía un comité, la atención de la salud, la alimentación y la educación por cada barrio o manzana en las ciudades y por comunidades y rondas, por distritos, etc. La idea es que sean reconocidas institucionalmente (legalmente) como instancias de coordinación local con las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, y las fuerzas policiales en los casos que se requiera. Y también debe demandarse que el gobierno nacional financie la campaña agrícola que se viene a la agricultura familiar, así como la compra de sus productos para acopiar y distribuir una canasta de alimentos por barrios y comunidades en áreas urbanas y rurales coordinando con las organizaciones sociales locales. La organización social territorial urbana y rural ayudará a enfrentar esta pandemia y otras que pudieran aparecer en el futuro próximo.

Desde la madrugada del viernes 3 de abril, más de 50 trabajadores de la empresa contratista ATC de Antamina, vienen exigiendo que Antamina les facilite la realización de las pruebas de descarte de Covid-19, debido a que tomaron conocimiento del reporte público de la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre el trabajador minero que dio resultado positivo de Covid 19 el 31 de marzo, quien pertenece al mismo campamento en el que laboran: Yanacancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

Trabajadores bloquean ingreso a comedor

Los trabajadores fueron a buscar al gerente de la empresa minera desde tempranas horas para plantear sus exigencias, pero al no ser recibidos bloquearon el ingreso al comedor exigiendo respuesta de algún representante de la empresa. Posteriormente salió el superintendente de seguridad de Antamina y frente a las exigencias señaló que la empresa entiende la preocupación de los trabajadores, pero “muchas cosas se han mentido acá. Todos los que estamos acá no tenemos un síntoma de nada. Estamos bien, respiramos bien”. Frente a estas declaraciones los trabajadores dijeron: ¡NO! y señalaron que eso era falso.

El superintendente de Antamina continuó con su discurso señalando que el médico no estaba presente en ese momento para dar información sobre la prueba de descarte de Covid-19, y que él estaba presente para resolver las cosas de manera tranquila y que “la gente que quiera ir a trabajar, pueda trabajar, y si ustedes no lo quieren hacer están en su derecho y esperen una respuesta del departamento médico. (…) “Si queremos vamos al hall y el médico vendrá y les explicará la situación, sino yo voy también con mascarilla para hablar con ustedes y no me contagie nada. Un resfriado es muy diferente a estar con el covid19. Cuanta gente ha trabajado acá y tose; eso no quiere decir que estemos a punto de irnos todos a una pandemia a morir”.

Campamento minero continúa desarrollando labores

Enseguida un trabajador señaló que están trabajando todos los días, incluido de noche, y eso es un peligro para el contagio, porque todos transitan en el campamento y ya hubo un caso de Covid-19. Además, enfatizó que la empresa no les ha dado ninguna información hasta el momento.

Frente a este reclamo, el representante de Antamina señaló que la empresa estaba evacuando a los trabajadores que presentan fuertes resfríos, y que el señor que salió positivo de Covid 19 en Huaraz no había sido la única persona evacuada. “Han salido muchos evacuados de acá y todos han sido negativos”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones los trabajadores respondieron enardecidamente que eso no era cierto.

El representante de Antamina continuó y señaló: “lo mismo que tú respiras acá, yo también lo respiro, cuando yo vaya a las ciudades (..), ¿le vamos a pedir a todos el certificado de si tiene o no Covid-19? Ni saben”.

Esto enardeció más a los trabajadores y tuvo que intervenir otro representante de la empresa Antamina que pidió desarrollar una reunión en un salón de la empresa.

En el tránsito al salón de reuniones los trabajadores seguían exigiendo que se les haga la prueba de descarte de Covid 19 para que vuelvan a casa con sus familias. Hasta ahora la empresa Antamina no emite un comunicado respecto a esta situación y los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores.

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Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos se pronuncia

Frente al último comunicado del 31 de marzo de la empresa Antamina sobre el trabajador minero con Covid 19; el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos que preside el alcalde de San Marcos, Crhistian Palacios, exigió el mismo día, a través de un pronunciamiento, que la empresa mantenga en aislamiento social a sus trabajadores directos y a los trabajadores de sus empresas contratistas que laboran en sus campamentos.

También solicitaron en el comunicado que la empresa minera entregue una relación de los trabajadores mineros que han salido del campamento minero hacia sus hogares desde el 12 de marzo hasta la fecha. Agregaron que la empresa debe dar seguimiento y realizar descarte de Covid 19 de todas esas personas. En el pronunciamiento finalizan exigiendo que la empresa pare el transporte de su personal a las comunidades y ciudad de San Marcos, así como el apoyo que vienen realizando a comuneros de la zona en el marco de esta crisis para evitar posibles contagios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados en Ancash

Hasta el día de hoy, 3 de abril, la Dirección Regional de Salud de Ancash viene reportando 18 personas con Covid 19.

 

 

Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país:

1.- Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable.

2.- Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas.

3.- Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad.

4.- Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas.

26 marzo 2020

Firmas:

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos
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Comunidad Nativa Nazareth Amazonas
Comunidad Nativa Umukai Amazonas
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Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar
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Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio
Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno
Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH
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Comunidad de Óndores Junin
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CONAMOVIDE Tarma
Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya
FEMUCARINAP Chanchamayo.
Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín
Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
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Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
Junta de Usuarios de Riego Mantaro
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La Red Huamachuco
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Red Muqui
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Oxfam en Perú
APRODEH
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Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA
Red Uniendo Manos Perú
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
Proyecto Amigo La Libertad
Forum Solidaridad Perú
FEDEPAZ
CADEP Ayacucho
REDAD Piura
Instituto Natura Ancash
Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
GRUFIDES Cajamarca
Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud

La agricultura familiar es la clave para erradicar el hambre y pandemia del Coranovirus

Por: Juan Edwin Alejandro Berrospi / Red Muqui

 

El surgimiento del nuevo brote de coronavirus (COVID-19), que ha sido declarado como pandemia, ha golpeado fuertemente a la economía global[1], y tiene inmovilizados a todo el mundo para detener su expansión mundial con cierre de fronteras, estados de emergencia, cuarentena y aislamiento social. En el Perú, el gobierno ha declarado el estado de emergencia por quince días y tiene paralizado la mayoría de las actividades económicas excepto las actividades extractivas como la minería[2] y la agroexportación;[3] ambos están exceptuados del alcance del decreto de emergencia. Indudablemente, el Covid_19, al igual que otros virus (gripe aviar H5N1, gripe porcina H1N1 y la enfermedad de la vaca loca). guardan relación con el sistema extractivista- agroexportador y de explotación de los recursos naturales como un negocio para concentrar la producción de alimentos y beneficiar a unos cuantos.

Los más vulnerables al Covid-19 son las mujeres, niños y ancianos del campo

En los últimos 30 años, las industrias extractivas en el Perú han entrado en una etapa de expansión minera que, junto a la agroexportación, han incrementado las desigualdades en las zonas rurales y están degradando a gran velocidad nuestra naturaleza con la ocupación de territorios, deforestación, contaminación ambiental, agotamiento de fuentes de agua y uso exagerado de agroquímicos. Incluso en estos tiempos de pandemias, la minería continúa operando con normalidad; poniendo en grave riesgo la salud de las familias y comunidades que trabajan la agricultura familiar, porque los trabajadores mineros provienen de las ciudades y pueden transmitir fácilmente el Covid-19, y los más vulnerables son las mujeres, niños y ancianos del campo que no tienen ni siquiera una mascarilla para protegerse de este virus.

La problemática de los productores agropecuarios

Con la construcción de los grandes proyectos de irrigación e hidroenergéticos destinados para la agroexportación (Majes Sihuas II, Olmos, Chavimochic, Alto Piura, entre otros), y proyectos mineros a gran escala, se está afectando a los territorios y recursos naturales donde trabajan miles de familias la agricultura familiar. El 15% del territorio nacional se encuentra concesionado para la minería, y las principales cuencas hidrográficas del país están sufriendo los graves impactos ambientales y sociales. Según el ministerio de Energía y Minas existen más de 8,448 pasivos ambientales que pone en peligro la producción de alimentos. Por lo tanto, como país deberíamos establecer políticas para evitar la degradación ambiental y proteger a la agricultura familiar, dado que los niveles de vida empezarán a declinar en el 2030 si no se toman las medidas inmediatas[4].

Por otro lado, la situación de pobreza y extrema pobreza de los pequeños agricultores se viene agudizando cada día. Por ejemplo, Cajamarca, que es una región eminentemente minera, es la más pobre del país (37.4 a 46.3% de la población afectada),[5] seguido de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. El pequeño subsidio de 380 soles que viene otorgando el gobierno por la cuarentena del Covid-19 no les llegará a todas las familias de las comunidades y pueblos indígenas que trabajan la agricultura familiar. Simplemente porque el sistema de identificación de hogares en condición de pobreza y extrema pobreza es muy precario e insuficiente.

 

Importancia de la agricultura familiar para enfrentar el Covid-19

En esta crisis del Covid-19, la agricultura familiar ha jugado un rol fundamental en el abastecimiento de los mercados con el 70% de los alimentos orgánicos y de calidad para la alimentación de más de 30 millones de peruanos, incluso muchas familias continúan trabajando en sus chacras para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Lamentablemente, continúa siendo el sector más excluido, invisibilizado y maltratado por el gobierno que no valora el gran esfuerzo que realiza para sostener la canasta familiar.

Ante esta situación, es urgente que se implemente la política de agricultura familiar garantizando el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales e impulsar el proceso de ordenamiento territorial con enfoque agroecológico para garantizar el trabajo de más de 2.3 millones de peruanos y peruanas que trabajan la agricultura familiar. Asimismo, se debe garantizar la disponibilidad permanente de agua para la producción de alimentos, conservación de ecosistemas y el rescate los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas que históricamente han producido sus alimentos en sistemas agroecológicos.

Además, se requiere importantes recursos económicos y mayor presupuesto público para garantizar la producción de alimentos orgánicos y evitar pérdidas en sus cosechas por diversas situaciones críticas que vienen afrontando en esta emergencia del Covid-19. Seguramente, también, se suscitarán otros fenómenos naturales producto del cambio climático, que requerirán una atención inmediata del gobierno.

En estos tiempos de pandemia, y tras el inicio de la declaratoria de emergencia para contener la propagación del coronavirus (COVID-19), diversos mercados elevaron los precios de alimentos como el limón que llegó a costar hasta s/.10 el kilo y la arveja verde s/.3.73 (ver gráfico 2). El ingreso diario de alimentos al mercado mayorista de Lima se está reduciendo en un 13%, tal como lo registró el Ministerio de Agricultura con el ingreso de 6,573 toneladas de productos en promedio de los últimos cuatro martes,[6] y la tendencia al alza en el precio de los productos es inminente dada la situación precaria de los canales de comercialización (productor, acopiador, transportista, mayorista, distribuidor, minorista y consumidor).

 

Por ello, el gobierno debería trabajar en emitir normas que faciliten los canales de comercialización de sus productos para fortalecer los mercados locales y proteger a las familias que trabajan la agricultura familiar respetando sus modos de vida, sus costumbres, su territorio, sus comunidades y a sus pueblos indígenas. El Estado peruano debería asumir la responsabilidad como garante de derechos de proteger y atender las demandas de los pequeños agricultores.

 

 

[1] Instituto Peruano de Economía – IPE – 2020

[2] El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 059-2020-EF/10.01 del 17 de marzo de 2020, otorgó conformidad a la propuesta que incluye en la relación de actividades exceptuadas previstas en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM al sub sector minero, a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente

[3] Sergio Castillo Gerente General de la Asociaciones de productores de Cítricos del Perú, señala que no hay interrupción en el proceso productivo y las operaciones de importación y exportación de mercancías no se encuentran restringidas ni limitadas, así como insumos como pesticidas o sustratos. Marzo 2020

[4] Fondo mundial para la Naturaleza – WWF

[5] Instituto de Estadística e informática – INEI, Evolución de pobreza monetaria 2007 – 2018

[6] Sistema de Información de abastecimiento y precios del Ministerio de Agricultura – Minagri 24 marzo 2020.