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Las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas mantienen el paro indefinido que habían reanudado la madrugada del jueves 27 de enero. Las movilizaciones, que se dirigen contra la minera MMG La Bambas, en un primer momento habían bloqueado por completo el corredor minero para cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, ahora los manifestantes le cierran el pasó sólo a los camiones y otros automóviles de la compañía.
Las comunidades reclaman la derogatoria de la Resolución Ministerial 372-2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.
La decisión de continuar con el paro se acordó el domingo pese a que, según informes de prensa, se habrían producido discrepancias entre los dirigentes de las comunidades. Medios escritos coinciden en la información de que Judith Cjuno habría renunciado el domingo 30 de enero a la presidencia del Frente de Defensa de la comunidad de Ccapacmarca por los reclamos de algunos vecinos propietarios de restaurantes y hospedajes que habrían reclamado el cese del paro.
En conversación con el diario “La República” Cjuno, explicó que renunció al cargo porque considera que no se puede variar la agenda que han planeado inicialmente. Además afirmó que un sector estaría buscando negociar con la empresa minera MMG Las Bambas y el Estado, tal como lo han hecho otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas.
En tanto, Cayo Huaytani, presidente de la Comunidad Campesina de Ccapacmarca, reconoció ante el mismo medio las discrepancias existentes de algunos ciudadanos. Sin embargo, afirmó que las comunidades de Sayhua, Tahuay, Ccapacmarca y Huscabamba finalmente acordaron continuar con el bloqueo del corredor minero.

Esta protesta se da en el marco de la firma de acuerdos el 30 de diciembre pasado entre la empresa minera, el ejecutivo y otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas, que lograron ser incluidas en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Los habitantes de las cuatro comunidades en huelga, en cambio, han rechazado estos acuerdos porque no buscan beneficios económicos, tal como lo explicó recientemente un dirigente de la comunidad, que prefirió no ser nombrado. Las comunidades de Ccapacmarca demandan una reparación medioambiental por el daño que MMG Las Bambas está ocasionando a sus comunidades.

En conversación con el  diario “Correo”, Luis Huamaní, presidente de la comunidad campesina de Ccapacmarca, afirmó que “Más de ocho mil comuneros de todo Ccapacmarca tomarán la vía. En este momento se están organizando, necesitamos la presencia del presidente Pedro Castillo, si no estará presente seguirá esta medida de protesta, ya estamos cansados del maltrato de la minera y del Estado”.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de su producción agropecuaria.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

De acuerdo a esas prioridades, dichas comunidades vecinas de Chumbivilcas acordaron con la empresa, el pasado 19 de enero en la localidad de Cancahuani, crear microempresas comunales que estarán conformadas por una flota de 14 camiones para el transporte de concentrados de cobre y otras 14 camionetas que le prestarán otros servicios a la empresa e incluye un contrato para la mantención vial.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones. En el caso de sus comunidades, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas.

El pasado 19 de noviembre diez comunidades de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, re-iniciaron una protesta y bloqueo del Corredor Minero Sur con el objetivo de denunciar que la compañía minera MMG Las Bambas no ha estado cumpliendo con los compromisos que se habían pactado.

En la reunión realizada en el sector de Ccollana, distrito de Velille, el último viernes 19 para discutir los temas correspondientes al Subgrupo de Trabajo N°2, Evaluación y análisis de las afectaciones ambientales (presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM)), se había acordado que le correspondía a la empresa minera presentar una propuesta económica para las comunidades que son parte de las áreas de interés ambiental y social por la alta contaminación que sufren. Sin embargo, los representantes de la mina llegaron a la reunión sin ninguna propuesta clara de apoyo económico, lo cual fue la razón por la que las 10 comunidades decidieron reiniciar las protestas declarada en el acta de la reunión

Frente a esto, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilder Fuentes, señaló que los bloqueos más fuertes se encuentran en los sectores de: Cruzpampa, Cancahuani, Ahuichanta, Idiopa Ñaupa Hapo, Urinsaya, Lacca Lacca, Yanque Parccobamba, Hatun Ccollana, Huaylla Huaylla y Huininquiri. Además, otra de las demandas de las comunidades de Chumbivilcas es que se las incluya como ‘áreas de interés ambiental’, por lo que recibirían cierto monto como apoyo económico, además de ser partícipes de la cadena de valor a través como proveedores de bienes y servicios a la empresa. Esta última representa una demanda que se había establecido en los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo del mes de octubre y que, sin embargo, la empresa minera Las Bambas aún no cumple.

De esa manera, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, a través de un pronunciamiento, exigió la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, además de los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas, pero también de los altos ejecutivos y funcionarios de la minera en mención, para que se puedan atender las demandas que exigen las comunidades que no están siendo cumplidas por la minera.

 

SEGUNDA REUNIÓN PARA DISCUTIR LAS DEMANDAS

En el quinto día de protesta, el 24 de noviembre en la institución Educativa Huininquiri, se llevó a cabo una segunda reunión entre representantes de la minera MMG Las Bambas y las comunidades manifestantes, además, en la reunión se contó con la participación de funcionarios de la PCM. Cabe resaltar que la reunión fue convocada por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

En esta reunión, la empresa minera presentó una serie de propuestas a las comunidades:

  • Incluir a las comunidades en la cadena de valor con un cupo para 12 unidades para transporte de concentrado, y otros 12 cupos para camionetas y mantenimiento vial de todo el tramo de Chumbivilcas
  • La minera se encargará del mantenimiento del micropavimento, mantenimiento de la carretera de tierra y regado de la vía.
  • Las comunidades de la zona que son afectadas serán consideradas como áreas de interés ambiental y social hasta que presente la cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), lo cual significa que la empresa aportará un presupuesto para proyectos de desarrollo sostenible en cada una de las comunidades.

Sin embargo, las comunidades de Chumbivilcas presentaron una contrapropuesta. En esta exigen que se les consideré un 20% de unidades de transporte de concentrado, un aproximado de 75 unidades y 50 camionetas,

Si bien los representantes de las comunidades aceptaron la propuesta del mantenimiento vial por parte de la minera, no hubo un acuerdo en las demás propuestas, por lo cual se decidió continuar con la protesta hasta que la minera Las Bambas presente una mejor propuesta. Hasta el cierre de esta nota, no se ha establecido una fecha para una futura reunión entre ambas partes.

 

Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. La Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la FARTAC y la FDDC anunciaron en una conferencia que desde mañana iniciaran un paro indefinido en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Cabe señalar que las medidas de protestas serán escalonadas según lo organice cada comunidad o provincia.

El presidente de la FIDTA – CCHEPG anunció que el pasado 07 de agosto, le hicieron llegar al Presidente de la República, Martín Vizcarra, un documento en el que cual dan por sentadas sus demandas, que no solo involucran a las empresas mineras, sino también al Estado. Dicho documento fue firmado por organizaciones sociales de base, Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles de las provincias que pertenecen a la Federación.

Además, reafirmaron su plataforma de lucha, cuyas agendas han sido pactadas semanas atrás: Implementación de consulta previa y consentimiento, reconocimiento legal de monitoreos ambientales realizados por las propias comunidades, que se sancione a los jueves y fiscales que promueven la criminalización de dirigentes y eliminación de convenios entre la PNP y empresas mineras.

Otro punto importante en sus pedidos es el archivamiento de las denuncias en contra de lideresas y dirigentes procesados en conflictos sociales, la modificatoria del artículo 200 del Código Penal, el cual señala que se puede procesar a dirigentes por el delito de extorsión, además de la derogatoria de otras leyes que permiten la criminalización de la protesta social.