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Llueve sobre mojado para Glencore. Así se podrían interpretar los cuestionamientos y sanciones que actualmente enfrenta uno de los mayores consorcios mineros del mundo.
Ayer, martes 24 de mayo, la subsidiaria del gigante de la minería y de comercio de materias prima Glencore Plc ha admitido finalmente delitos investigados desde al menos 2018: el soborno y la manipulación de precios de mercado. Crímenes por los que pagará cerca de US $1.5 mil millones luego de alcanzar acuerdos con la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Brasil. Investigaciones que aún siguen su curso ante la justicia en Suiza y Países Bajos.
De esta manera la compañía ha admitido su responsabilidad en casos en los que llegó a desembolsar hasta US $100 millones para sobornar a funcionarios públicos en hechos de corrupción registrados en Brasil y Venezuela en el continente sudamericano y en Nigeria y la República Democrática del Congo en África. Otras prácticas incluyen la manipulación de los precios de los mercados de gasóleo o diesel en Estados Unidos.
“El soborno formaba parte de la cultura corporativa” afirmó al respecto el fiscal de Manhattan Damian Williams en una conferencia de prensa convocada ayer, donde también se develaron códigos como “diarios” o “chocolates” usados internamente para referirse al pago de sobornos. Cargos y admisión de culpabilidad, por casos que abarcan desde 2007 hasta 2019, que de acuerdo a la agencia de noticias económicas Bloomberg dibujan un cuadro que abarca todo el planeta y que resulta condenatorio, porque muestra cuán lejos ha estado dispuesto a ir la compañía persiguiendo ganancias. La agencia, fundada por Michael Bloomberg, uno de los hombre más ricos del planeta, refuerza esa sentencia al afirmar que Glencore y sus rivales, los mayores exponentes del sector minero, tradicionalmente han operado fuera del foco de los entes reguladores y han estado yendo a países, donde otros han rehuido de ir, con tal de hacer negocios.

Valoración que coincide con un reciente estudio de la organización internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, según el cual Glencore Plc presenta el peor historial de violaciones de derechos humanos entre las mineras de metales utilizados en tecnología de energía renovable.
“A nivel mundial, Glencore tiene el peor registro”, señaló el grupo en su “rastreador de minerales de transición” publicado a inicios de mayo. La empresa, subsidiaria de la casa matriz con sede en Suiza, está vinculada al mayor número de denuncias en África, la segunda en el caso de Asia Pacífico y es la tercera con la mayor tasa de denuncias en Sudamérica. Los presuntos abusos atribuidos a todas las empresas van desde ataques a activistas hasta violaciones de las leyes ambientales y reubicaciones forzadas.
Cabe recordar que el año 2013, Glencore se fusionó con la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los mayores grupos productores de cobre a nivel global.
Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial, señalada en numerosos estudios de ser la responsable de la grave contaminación a la que está expuesta la población de Cerro de Pasco.

El día de ayer se difundieron varios videos donde se daba a conocer una supuesta compra de congresistas de parte del Bloque de Kenji Fujimori para beneficio del ejecutivo y con el fin de evitar la vacancia presidencial. En uno de los videos de habla sobre el amarre de corrupción y lo “rápido” que pueden salir los proyectos con la venia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este trato “preferencial” contrasta con el que se da a la comunidades o poblaciones cuando solicitan reuniones con el Ejecutivo para atención de emergencias como atención de salud por intoxicación o remediación de pasivos ambientales.

El congresista Bienvenido Ramírez afirma en uno de los videos: “En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, evidenciando de esta forma arreglos internos y acuerdos bajo la mesa para facilitar beneficios personales.

En contraste, en otras situaciones, los ministerios han dado largas a procesos de diálogo, atención en salud, etc. El caso de los afectados por metales tóxicos es un ejemplo. Ante la indiferencia de las autoridades, familias del distrito más afectado por la minería en Cerro de Pasco se encadenaron en las rejas del Ministerio de Salud. Desde el 2012, que se declaró Emergencia ambiental, se venía exigiendo la atención primaria y especializada de las personas, especialmente niños, afectados por metales tóxicos, una clínica de desintoxicación, entre otros, pero cinco años después no había mayores avances.

Otros afectados por metales tóxicos de Espinar, Chiriaco, Junín, San Mateo, Cuninico han solicitado reuniones con ministerios. El 28 de enero pasado estuvieron esperando 3 horas afuera de la oficina del ministro Salinas para poder agendar una reunión, que luego fue reprogramada. Ante esta indiferencia del Estado,  el ingeniero economista y especialista en conflictos sociales, Juan Aste Daffos señala que “al gobierno no le importa lo que digan las comunidades, va querer llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, afimó.