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La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

Tras 6 meses de pandemia, ¿cómo ha impactado el contagio de los trabajadores mineros y la falta de cumplimiento de protocolos adecuados en la región central? ¿Cómo están impactando las normas emitidas para facilitar la inversión de proyectos mineros? ¿Cuál es la repercusión en la salud ambiental y humana de los pobladores de la región central?
Estas preguntas serán respondidas por la vocera nacional de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, Yolanda Zurita; Conrado Olivera, coordinador de la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana en Junín; Fernando Serrano, doctor y especialista en salud ambiental; y  Ricardo Puell, médico cirujano experto en toxicología, salud ocupacional y ambiental.
🗓️ Miércoles 30 SET
⏰ 5:30 pm

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Los recientes hechos ocurridos en la discoteca Thomas Restobar del distrito de Los Olivos (Lima) el pasado sábado 22 de agosto, donde fallecieron 13 personas, ha puesto nuevamente en evidencia las profundas fracturas sociales y culturales que tenemos como país. Si ya la pandemia de la Covid-19 había puesto en cuestión todo ello, los últimos hechos nos han llevado a discutir que la responsabilidad de estas trágicas muertes era exclusivamente de los asistentes a la fiesta, o responsabilizando solo a la negligente intervención policial y, como si no fuera poco, los medios de comunicación han añadido más leña al fuego señalando que los asistentes eran requisitoriados y que tenían Covid-19; es decir, que eran delincuentes e irresponsables. Las discusiones de las autoridades locales y nacionales, incluido la PNP, era por buscar responsables, nadie intentó preguntarse: ¿Cómo es que sucedió esta tragedia?, ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?, ¿Qué cosas tenemos que corregir?, pero no, lo más fácil es voltear la pagina echándole la culpa a alguien o a unos cuántos.

 

Lo sucedido en los Olivos es un reflejo de lo que viene pasando en nuestro país, hemos entrado desde hace algún tiempo en una especie de piloto automático de sálvese quien pueda, los mensajes del presidente Vizcarra y del premier Martos ahora solo se centran en esperar la llegada de la vacuna, que cada uno debe cuidarse, sin tomar en cuenta que miles de peruanos se están quedado sin trabajo y sin un sustento económico diario. En ese sentido, los recientes datos de la pandemia a nivel global sobre el Perú son realmente alarmantes, oficialmente somos el primer país en el mundo con mayor tasa de mortalidad por la Covid-19: “los 28.000 fallecidos por coronavirus que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes”, dejando en segundo lugar a Bélgica y Reino Unido respectivamente. Esta situación debe conminar al gobierno a implementar otras medidas; ya la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otras organizaciones de la sociedad civil han señalado, por ejemplo, que se debe incluir la estrategia comunitaria de salud con presupuesto y articulación incluyendo realmente a todas las organizaciones sociales del país para resistir a la pandemia.

 

Finalmente, preocupa la situación de los trabajadores mineros ya que la semana pasada el Secretario General de la Federación de Trabajadores Mineros, el señor Jorge Juárez, ha señalado que la situación de los contagios en los trabajadores mineros no ha parado y ya suman más de 10 mil. Asimismo, señaló que se quiere silenciar a los sindicatos y a los trabajadores que denuncian estos abusos y que, inclusive, han empezado los despidos en varios proyectos mineros, y que en los próximos meses esto puede acrecentarse. Todo lo señalado por el señor Juárez dista mucho de lo que viene escribiendo y afirmando en algunos medios de comunicación el empresario minero Roque Benavides, quien insiste en que la minería debe ser el motor de la reactivación económica, cuando no son capaces de garantizar mínimamente la salud, seguridad y los derechos de sus propios trabajadores.

 

En las últimas semanas, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos  del Perú ha estado denunciando que, en promedio, habrían 12 mil trabajadores mineros contagiados de COVID-19. Asimismo, han denunciado que varias empresas mineras vienen despidiendo a dirigentes sindicales y realizando suspensiones perfectas y ceses colectivos. Esto a pesar de que la minería nunca paró durante la pandemia y actualmente se encuentra operando al 90%.

Frente a esta situación, conversamos con el Secretario General de la Federación Minera, Jorge Juárez.

Frente a la situación crítica que viven los trabajadores mineros, ustedes han venido solicitando reuniones al gobierno, ¿han tenido alguna respuesta?

No nos dan información ni siquiera de los contagios que tenemos en el sector. Hemos pedido que, básicamente, se inicie el diálogo de manera tripartita con intervención del gobierno, la Sociedad Nacional de Minería, y la Federación; pero no hay respuesta alguna.

Tenemos una plataforma que venimos reiterando en las cartas de solicitud para entablar un diálogo, que tiene puntos comunes de lo que está pasando en todas las unidades mineras.

¿Frente a la falta de respuesta del Estado, qué acciones han estado realizando los trabajadores?

En días recientes pararon los trabajadores de la minera Corona en la provincia de Yauyos – Lima-, la semana pasada fueron los trabajadores de la empresa Marsa en la sierra de La Libertad; así van parando distintos trabajadores ante los contagios exponenciales en el sector y los despidos.

  • El sindicato de la empresa minera Corona denuncia que 100 trabajadores han sido despedidos–

¿Cuál es la reacción de las empresas mineras frente a las exigencias de los trabajadores?

Ya ni siquiera se puede denunciar lo que viene ocurriendo porque los dirigentes de base son despedidos. Las empresas los acusan de que han violado el reglamento interno. Si un dirigente informa que la empresa minera no está cumpliendo con los protocolos de seguridad aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, a pesar que fueron debilitados con el último cambio del protocolo, son denunciados por denigrar la imagen de la empresa. Por ejemplo, la salida de buses con 200 trabajadores. A pesar de que los dirigentes emiten cartas a la empresa solicitando respuesta oficial sobre el cumplimiento de los protocolos; la empresa no lo hace.

Actualmente también están optando por el despido arbitrario. Han despedido al secretario general de la empresa minera Chinalco en Junín, quien estuvo denunciando los contagios y falta de cumplimiento de protocolos sanitarios.  También la empresa minera Marsa en La Libertad ha pasado una carta de pre aviso de despido a uno de sus dirigentes. La empresa minera Shougang de Marcona en Ica, también ha despedido a uno de los dirigentes del sindicato por denunciar que en el plan de vigilancia no se estimaba que los trabajadores tenían que alojarse en unas carpas provisionales por 30 días, en malas condiciones, y 7 días de aislamiento en un hotel.

¿Cuál es la evaluación de ustedes frente a estos hechos?

Se viene una oleada de parte de las empresas de querer silenciar a los trabajadores porque ven que ni siquiera el gobierno entrega información; entonces ese es un indicativo para la empresa, que se ve protegida para actuar arbitrariamente.

Nosotros planteamos a las empresas y al gobierno tratar sobre los contagios de COVID-19 en el sector; ceses colectivos y suspensión perfecta; campamentos mineros improvisados; y jornadas atípicas de trabajo, donde por ejemplo, en Huancala -Ancash-, la empresa establece 40 días de trabajo en mina.

Los sindicatos también vienen tratando de negociar la cantidad de días de trabajo porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional para las jornadas laborales mineras, pero actualmente la mayoría  de jornadas no se ajusta a lo que dijo la sentencia del TC el 2014, que establece que los trabajadores no pueden pasar trabajando más de 14 días seguidos.  Actualmente las jornadas laborales son de 30 días de trabajo por 15 días de descanso o 40 días de trabajo por 20 días de descanso.

Frente a esto parece que las normas se respetan solo desde lo que le conviene al empresariado, pero las leyes que garantizan derechos a los trabajadores queda gaseoso, sin implementar.

¿El ministerio de trabajo ha dicho algo?

Trata de individualizar los problemas, como lo hace la comisión de Trabajo del Congreso. Hemos expuesto la problemática pero no hay voluntad de los congresistas de llevarlo a una votación, ha quedado todo para una fotografía,  solo para la exposición. No quieren hacer que la mesa tripartita se cumpla. Hay resolución ministerial con el gobierno, está vigente y no se cumple la mesa tripartita. La mesa tripartita no se aplica hace años.

Hace unos meses solo hubo una única reunión con el viceministroo del MINEM, Juan Carlos Requejo; la ex ministra nunca nos dio cara. Planteamos fechas con compromisos concretos y hasta ahora no se cumplen. El gobierno ha hecho ofrecimientos y no se han cumplido, entonces mientras no se cumplan con cosas concretas, tampoco es posible las reuniones para la foto.

¿Sobre la situación actual de los trabajadores mineros contagias de COVID-19, qué información tienen?

Nosotros queremos informes oficiales del Estado pero no nos han enviado, a pesar de haber enviado documentos formales al MINSA, MINEM, MINTRA y Censopas; y hasta ahora no nos entregan esta información. A nosotros nos han entregado y a Convoca sí. Queremos esa información para poder conciliar con los sindicatos, que no tienen los resultados de las pruebas, pero sí tienen el conteo de la gente que ha ido contagiándose.

En el caso de Chacua, de buenaventura, en Oyón, hay un informe de mas d 600 trabajadores contagiados. Queremos saber oficialmente cuanto tiene el gobierno, porque las empresas tampoco nos quieren entregar sus reportes.

¿Cuantos Trabajadores mineros están en suspensión perfecta?

La minera Raura y Atacocha son las que más despidos han realizado. 1600 trabajadores despedidos de la empresa minera Raura en Huánuco.  En suspensión perfecta parcial han incurrido 11 empresas mineras, incluyendo una empresa Siderúrguica de aceros en Arequipa, y 9 empresas de contratas. Actualmente debemos tener un promedio 7 mil trabajadores entre despedidos y en suspensión perfecta.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros tendrá su próxima asamblea nacional el 5 de septiembre.

 

 

Ante la crisis económica que provoca el COVID-19, el gobierno ha optado por el camino de seguir dando beneficios a las empresas mineras para que puedan seguir con su producción a costa de la afectación del ambiente. Durante estos meses hemos recibido reportes de comunidades sobre varios ríos y territorios contaminados.

En ese sentido, a fines de julio, el gobierno emitió el Decreto 019-2020, que reduce y flexibiliza los estándares de protección ambiental en la fase de exploración minera. Hace una semana, el gobierno también ha emitido un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que entre varios de los cambios que realiza, obvia la  evaluación técnica previa para dar el visto bueno para que empiece a operar la planta de procesamiento de minerales. Y, hace unos meses, en mayo, el gobierno aprobó el DL 1500 que vulnera el derecho a la participación ciudadana, aplaza las multas a las empresas infractoras y las exonera de reportes de monitoreo ambiental.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui hemos organizado el díalogo virtual: “Desregulación ambiental e impactos mineros”, con el objetivo de analizar las implicancias de las principales modificaciones de las normas ambientales emitidos para el sector minero y evidenciar los impactos ambientales de la actividad minera durante la pandemia y la reactivación económica.

Para ello, dialogaremos con la congresista Mirtha Vásquez; el exviceministro del Ambiente, Mariano Castro; Ana Leyva de Cooperacción: y Edwin Alejandro Berrospi del área socio ambiental de Red Muqui.

Fecha  : miércoles, 19 de agosto del 2020

Hora    : 06:00 PM.

Organiza. RED MUQUI

En vivo AQUÍ 👉 https://bit.ly/3kYPSWQ

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Hemos tenido una semana muy movida en términos políticos, en realidad vivimos una crisis permanente desde hace mucho tiempo en el país. Esta semana el gabinete Cateriano presentó su propuesta de trabajo ante al Congreso de la República para lo que será el ultimo año de gobierno de Vizcarra; sin embargo, esta presentación estuvo plagada de una serie de incidentes que terminaron por rechazar el voto de confianza que había solicitado el ahora ex premier Pedro Cateriano. Varios fueron los motivos por las que el Congreso ha rechazado este pedido, entre los principales, sin duda, la ausencia de políticas claras para enfrentar la pandemia de la Covid-19; el acento exacerbado en priorizar la inversión privada minera; sobre este punto Cateriano llegó a señalar que aquellos lugares donde se rechazó la minería en el pasado, como en el valle de Tambogrande (Piura), está hoy destinado a la minería ilegal y la contaminación ambiental que genera, hecho que fue desmentido después por el mismo alcalde de ese distrito.

 

Finalmente, el otro motivo de rechazo a la confianza del gabinete Cateriano fue por la “presión” de algunos grupos de poder que están en el Congreso y que buscan traerse abajo la reforma universitaria, aunque en los medios nacionales se ha querido hablar solo sobre este último punto.

 

El nuevo gabinete recompuesto y liderado esta vez por el ex ministro de Defensa, Walter Martos, tiene varios desafíos en frente; el más importante es encarar la pandemia de la Covid-19, que en los últimos días ha tenido un crecimiento exponencial de contagiados (450,000) a nivel nacional, así como en la cifra de fallecidos (196 muertos por día). En las últimas semanas el virus se ha propagado al sur del Perú, donde la situación se torna cada día más dramática debido a la precariedad del sistema de salud. Así mismo las comunidades campesinas, siendo una población vulnerable, corren el riesgo de verse afectados por la Covid-19; por ello es urgente que el nuevo gabinete y el MINSA implementen estrategias comunitarias de atención a la salud de estas poblaciones.

 

El otro desafío que debe encarar este gabinete es la reactivación económica, pero no solo priorizando la actividad minera del gran empresariado privado. La gente necesita trabajar, es cierto, por ello hay que reactivar la economía de la gente apoyando a las pequeñas y microempresas, al agro y las iniciativas locales que están surgiendo a nivel nacional. Desde la Red Muqui esperamos que el presidente Martin Vizcarra y el nuevo gabinete presidido por Walter Martos centre su atención en estos temas.

 

Finalmente, una comisión de alto nivel se ha constituido en Espinar el día de hoy, presidido por los ministros de Energía y Minas y de Agricultura, esperemos que finalmente se instale la mesa de diálogo y se escuche y atienda al pueblo de Espinar en sus demandas, y esto para por escuchar a los actores sociales, a las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera, y no solo a las autoridades locales o sectoriales, lo que suele pasar cuando se instalan estas mesas de diálogo.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente ingresamos al último año de gobierno del presidente Martín Vizcarra. En julio del 2021, año del bicentenario, deberá entregar la banda presidencial al nuevo/a mandatario/a en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestro país y el mundo. En ese sentido, el pasado 28 de julio hemos escuchado lo que fue el último mensaje a la nación del presidente Vizcarra, que para muchos ha sido un mensaje con poco impacto en la ciudadanía y que solo ha buscado dar cuenta de las principales obras y acciones que se han realizado en medio de la crisis generada por la pandemia, así como las medidas de reactivación económica que se van a impulsar en el último año y el llamado a las fuerzas políticas para construir un nuevo acuerdo político denominado el “Pacto Perú”.

 

Dentro de las casi dos horas que habló el presidente sobre las medidas implementadas en los diferentes sectores del gobierno y los desafíos que se plantean para el último año, el referido al tema minero es el que quisiéramos comentar con más detenimiento. Al respecto el presidente ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». Sobre esta afirmación, que no es novedoso, ya los gremios empresariales mineros habían anunciado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, entonces lo nuevo por decirlo así, es que el presidente Vizcarra, alineado con el Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.

 

Sobre este último punto habría que señalar que desde la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería en los últimos años ya se había alcanzado y discutido propuestas sobre la necesidad de contar con un nuevo marco normativo para la minería; sin embargo, esta discusión no se ha podido dar, y por el contrario solo se han alcanzado algunos aportes de cambios normativos desde una “Comisión de especialistas para el desarrollo de la minería sostenible y el centro RIMAY”, como lo ha señalado el mismo presidente en su mensaje. Nos parece que este anuncio en realidad no plantea cambios de fondo y mucho menos en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no que se busca facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo presidente.

 

Desde la Red Muqui queremos señalar que, si bien la reactivación económica es importante en medio de esta crisis, insistir en que la reactivación solo se centre en determinados sectores como la minería no siempre es la mejor decisión, ya que a la par los conflictos sociales también se van a reactivar como lo que viene pasando en la provincia de Espinar (Cusco), así mismo los costos ambientales en el futuro serán muy altos para las poblaciones locales. Por ello era importante que el presidente haga más énfasis en la reactivación del agro, por ejemplo, ya que la crisis alimentaria está a la vuelta de la esquina, y porque la pandemia de la Covid-19 se quedara un buen tiempo con nosotros.

 

Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), la RED MUQUI, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel regional y nacional, ante el inicio del paro indefinido en la Provincia de Espinar (Cusco) por la distribución de un bono humanitario de mil soles con fondos del Convenio Marco para los pobladores de Espinar, manifestamos lo siguiente:

  1. El Convenio Marco es un acuerdo aprobado en el año 2003 entre la empresa minera, el gobierno local y los actores sociales de la provincia de Espinar, y establece un fondo para el desarrollo y necesidades urgentes de las comunidades de la Provincia de Espinar. El uso de los recursos económicos derivados del convenio los decide el Comité de Gestión, y debe implementarse de acuerdo a las demandas y necesidades de la población local y sus comunidades. La profunda crisis generada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país y en Espinar, ha llevado a que el Comité de Gestión del Convenio Marco autorice el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles.
  2. En ese sentido, invocamos a las partes involucradas para que a través del diálogo encuentren los canales adecuados para la implementación de los acuerdos del Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar e integrado por los alcaldes distritales, Frente de Defensa, Federación Unificada de Campesinos de Espinar, AUPE, Cuenca Cañipia, Cuenca Salado y representante de la Compañía Minera Antapaccay.
  3. Exhortamos al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación. Del mismo modo, hacemos un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las OSBs, y a las autoridades locales evitar caer en actos de provocación y de violencia -como los extraños hechos ocurridos el día lunes 20-, así como evitar la exposición y diseminación del Covid-19 a través de las aglomeraciones.
  4. Deploramos que frente a las medidas tomadas por el Comité de Gestión del Convenio Marco, y en pleno contexto de pandemia y crisis, se haya iniciado una campaña de desprestigio a las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, la misma que ha sido desestimada por el Comité. Estos hechos en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Finalmente, como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social, como ocurre en las actuales circunstancias en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar, en este sentido rechazamos cualquier forma de abuso de autoridad, así como de actos de violencia que se puedan desatar.

 

Lima, 20 de julio de 2020

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Hemos tenido una semana movida en el escenario político peruano, y es que el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer cambios en la mayoría de las carteras ministeriales, incluyendo al premier. La PCM ahora es encabezada por Pedro Cateriano, quien no es nuevo en el cargo, ya que fue premier en el ultimo año de la gestión de Ollanta Humala. Lamentablemente los antecedentes políticos del señor Cateriano en materia de respeto de derechos humanos, así como en la gestión de los conflictos sociales no son las mejores; son malas noticias para las comunidades y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. Es más, los anuncios del nuevo premier han ido en esa línea estos días, por ejemplo, ha señalado que “no se puede vivir de bonos por siempre, hay que destrabar las inversiones”, dejando en claro su línea política, que ha sido aplaudida por la CONFIEP.

En este contexto, el escenario que se avecina es muy difícil, debido a que los conflictos sociales se vienen reactivando. Esta semana la provincia de Espinar en Cusco ha iniciado un paro indefinido, ellos reclaman el uso de los fondos del Convenio Marco de la minera Antapaccay y del gobierno local de Espinar, para otorgar un bono solidario de mil soles a los pobladores de toda la provincia y de esta forma ayudar a las familias afectadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que vivimos actualmente; sin embargo, la empresa minera se opone a esta medida. De otro lado, los pobladores del valle de Tambo en Arequipa también están preocupados por los reiterados anuncios de los gremios mineros y el ministerio de Energía y Minas por retomar el proyecto minero Tía María. Se han venido realizando cacerolazos en semanas pasadas y con el retorno de Pedro Cateriano a la PCM, esta preocupación es más que comprensible, ya que el 2015 en el conflicto de Tía María el papel del premier en ese momento fue deleznable.

Mientras el escenario político apunta a complejizarse más, dentro de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil la situación tampoco es la mejor, esta semana dos iniciativas de protección del medio ambiente han sido duramente cuestionadas. En el plano nacional y del Congreso de la República se viene discutiendo un proyecto de ley para reconocer a los monitores y vigilantes ambientales comunitarios en la Comisión de Pueblos Indígenas; este proyecto debió ser votado el pasado martes, sin embargo, por presión de algunos congresistas y la oposición de sectores privados y ministerios del ejecutivo se ha suspendido el debate, esperamos que la comisión apruebe la propuesta y se discuta finalmente en el pleno del congreso. Finalmente, el otro tema que cuestionan y a la que se oponen los gremios empresariales como la CONFIEP es la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano, este acuerdo busca implementar medidas para asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todos los peruanos y peruanas. Pero para la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE) esto sería una amenaza para la soberanía nacional y que, además, ya contaríamos con suficientes normas de control y participación ciudadana ambiental.

Desde la Red Muqui hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades y poblaciones locales a estar más vigilantes que antes en medio de esta crisis, ya que las medidas del gobierno nacional, así como los últimos cambios en el gabinete ministerial y la posición de los gremios empresariales en el país, no apuntan a garantizar derechos; por el contrario, se busca solo priorizar la reactivación económica del gran empresariado a toda costa.