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El lunes 06 de julio se emitió el Decreto de Urgencia N° 081-2020, amparándose en el inciso 19 del artículo 117° de la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.” Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala objetivos específicos:

  1. Contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo.
  2. Lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.

En su artículo 4 autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Para el caso de Gobiernos Regionales, los recursos solo financian las actividades de emergencia vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en el marco de sus competencias. Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por consiguiente, en su artículo 5° se habilita a los Gobiernos Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana al respecto señala que “la emisión de este decreto es una medida esperada en el marco de los aprietos fiscales que viene pasando el estado, especialmente las municipalidades; que ya no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la crisis” (…) esta medida no va a tener impacto nacional, solo algunas regiones cuentan con suficientes recursos por canon como Arequipa, Moquegua y Cuzco. Ahora con este decreto el Ejecutivo libera de restricción fiscal a los gobiernos regionales para poder utilizar recursos del canon para prevención y control del Covid-19.”

Sobre el canon minero, recordemos que está reconocido en el artículo 77° de la Constitución y regulado mediante Ley N° 27506, es destinado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura de gran impacto. Con esta norma se habilita el uso de estos recursos para prevención y control del Covid-19 hasta diciembre de 2020.

Finalmente, es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de reactivación económica para diferentes sectores, entre ellos fondos destinados a los gobiernos locales y regionales para atender la crisis sanitaria y económica, en algunos casos estos fondos han sido mal utilizados por las autoridades de locales, al respecto la Fiscalía hasta el mes de mayo había señalado que investigaba más de 500 casos de corrupción en todo el país. Por ello, es importante estar vigilantes y exigir transparencia para el buen uso de estos recursos extraordinarios en las regiones señaladas.

Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Durante la mañana del día de hoy, martes 7 de julio, gremios de pescadores artesanales, sindicatos de pescadores, juntas y frentes vecinales de Chimbote -región Ancash-, protestaron contra la entrega ilegal de millones de hectáreas del mar de la costa norte a la empresa petrolera Tullow Oil para explorar y explotar hidrocarburos, aprobado recientemente el 2 de julio a través de los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM. Estos decretos fueron aprobados inicialmente por el gobierno de PPK, pero frente a la protesta masiva de los pescadores artesanales de la costa norte, tuvo que derogar estos decretos antes de renunciar a la presidencia.

Las organizaciones agrupadas en el FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SÍ PETRÓLEO NO – desde Ancash hasta Tumbes – , señalan a través de un comunicado que este es un atentado contra nuestra fuente alimentaria peruana sin previsión de los impactos imprevisibles de esta crisis, y que es incompatible con la pesca y la cultura marino-costera al atentar contra la vocación productiva, y la cultura y cosmovisión de la costa peruana. Las organizaciones señalaron a Red Muqui que convocarán a otra jornada de protesta para el 16 de julio con el objetivo de que el gobierno del presidente Vizcarra derogue los decretos supremos en mención.

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamiento:

  1.  DEROGATORIA EN PLAZO INMEDIATO de los D.S. 016-2020-EM (Lote Z 67 – ANCASH), 017-2020-EM (Lote Z 68 – ANCASH) (Julio 2020) y los DS. 006-2019-EM (Lote Z 38 – TUMBES) 012-2019-EM (Lote Z 64 – TUMBES), URGENTE INTERPELACION A LOS SECTORES DE ENERGIA Y AMBIENTE Y DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL GERENTE DE PERUPETRO.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por PERUPETRO -en representación del Estado Peruano – que afecte la vida natural y en particular la zona marino costera en el país.
  3.  Políticas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, conservación de áreas marinas (Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras) recuperación de ecosistemas afectados y sitios impactados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero, promovidas desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
  4.  Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

Perú, Julio 2020

¡¡PESCA SI PETROLEO NO!! ¡¡PARO MACRO REGIONAL AHORA!!
¡¡DEROGATORIA IMMEDIATA DE LOS DS 016 2020 EM Y 017 2020 EM!!

FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SI PETRÓLEO NO: Lorenzo Macedonio Vásquez Contreras – Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos / Manuel Hector Galán Llontop – FEPUN Lambayeque / Guillermo Panta Jacinto – Gremio de Pescadores de Tumbes / Aristides Chulle Purizaca – Coordinadora Provincial de Paita
Oswaldo Cruz Villegas – Sindicato Único de Pescadores de Pescadores de Paita / Fidel Periche – Comite Multisectorial de Defensa de las Pesquerías y Bahía de Sechura / COPROPESCA / Frente de Maricultores de Sechura

Elmer Peña Rodríguez – Sec. Gen. Junta Directiva PPJJ 15 de Abril – Chimbote; Maria Lissetti Avila Aguilar – Teniente Gobernadora PPJJ 15 de Abril – Chimbote, Raúl Vásquez Ojeda – Sec. Gen. Junta Directiva – Urb La Libertad – Chimbote; Frente Cívico de Nuevo Chimbote; Sindicato Glorioso de Trabajadores en Construcción Civil de Ancash; Instituto NATURA; Comisión de Justicia Social de Chimbote; Delegación de Pastoral Social de la Diócesis de Chimbote; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura; Colectivo Chimbote de Pie – Chimbote; Jorge Chumpitaz – Asesor de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural Domiciliario del Perú; Instituto Pachamana – Chimbote; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Lima; CooperAcción; Proyecto Amigo – La Libertad; Foro Ciudades para la Vida (FCPV) – Lima; Guillermo Naco Rosas (DNI 20982468) Alto Comisionado Ashaninka Ante El Covid 19/Embajador del Pueblo Ashanninka; David Roca Basadre (DNI 09490813) – Radar Verde; Maritza Barrow (DNI 46699488) – Radar Verde; Milagros Peña Callirgos (DNI 41925695) – Radar Verde; Marleni Canales Rubio (DNI 04824982) – Radar Verde; Guillermo Bettocchi Ibarra (DNI 06530307) S.O.S. ABEJAS; María Ysabel Vicente Cuzcano (DNI 15437549) S.O.S. ABEJAS; Milka Jacqueline Silva Mendoza (DNI 17436059) – Ciudadanos por el Cambio; Hernando Cevallos Flores (DNI 02792297) Ex – Congresista de la República; María E. Foronda Farro (DNI 32985633) Ex – Congresista de la República. FORO DE SOBERANIA ENERGETICA, Manuel Dammert Ex – Congresista de la República; Hugo Cabieses Cubas (DNI 10585951) Ex Vice Ministro del Ambiente.

Nota realizada en coordinación con el Instituto Natura de Chimbote – miembro de la Red Muqui-. Fotos del Instituto Natura.

Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado

Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

El día viernes 05 de junio se llevó a cabo la Mesa Multiactor del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos. La mesa se llevó a cabo de manera virtual y se retoma después de unos meses de paralización por la emergencia nacional declarada a causa del brote del COVID-19. Desde la Red Muqui venimos participando en este espacio a través de la “Plataforma de la sociedad civil sobre Empresas y Derechos Humanos” impulsado por instituciones como la Coordinadora Nacional de DDHH, Cooperacción, CEAS, y diversas organizaciones de defensa de derechos humano en el país. En mayo último, esta plataforma elaboró un Informe Especial denominado: “Perú: Empresas y Derechos Humanos en tiempos de Covid-19” que ha sido presentado a diversos ministerios del Ejecutivo nacional

Antecedentes

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, viene impulsando este proceso desde diciembre de 2018 cuando desarrolló el Taller 0 como etapa previa al inicio del proceso de construcción del Plan de Empresas y Derechos Humanos. En abril del 2019 se dio a conocer el primer documento presentado como metodología de elaboración del PNA, a lo que siguió posteriormente la Primera Mesa Multiactor. En agosto del 2019 el MINJUSDH presenta un segundo documento mejorado, y a finales de agosto se aprueba este documento mediante Resolución Viceministerial N° 001-2019. El 06 de septiembre del 2019, con la aprobación de estos documentos, se da inicio a la etapa de construcción del Diagnóstico y la Línea Base del PNA.

Posición de Red Muqui

Actualmente el MINJUSDH ha replanteado el cronograma de elaboración del PNA; originalmente se preveía que se logre su aprobación en el 2020; sin embargo, el nuevo cronograma lo establece para inicios del 2021. Se plantea también que entre junio y octubre se tengan 6 mesas virtuales a nivel regional. Desde Red Muqui consideramos muy importante que el MINJUSDH de continuidad a este proceso y se siga con el recojo de información para el “Diagnóstico y Línea Base” a la vez que se garantice la participación de las organizaciones sociales e instituciones de DDHH regionales que defienden derechos humanos frente a proyectos extractivos mineros, y mucho más en este escenario de la reactivación económica que viene priorizando la inversión minera.

 

 

 

 

Por Bladimir Carlos Martinez Ordoñez  / Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno

Durante el período de aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional peruano, imágenes de la naturaleza recobrando su vitalidad y armonía en ciudades con presencia visible de contaminación como Lima y otras, inundaron las redes sociales. Sin embargo, la situación en zonas periféricas y en algunas zonas rurales, especialmente en aquellas seleccionadas para almacenar los residuos sólidos producidos en estas grandes ciudades es distante de la anterior, ya que la ausencia de control, fiscalización y supervisión durante la etapa de aislamiento ocasionó deficiencias en el funcionamiento y operación para la correcta disposición de residuos sólidos. Tal es el caso del proyecto denominado “celdas transitorias de Huanuyo”, construido a partir de dos declaratorias de emergencia por la inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca, y que solo representa una solución temporal ya que su vida útil alcanzaría un plazo no mayor de 15 meses desde su funcionamiento a finales del 2019. El proyecto en mención resume una historia de emergencias, inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos, con impactos ambientales en tiempos de Coronavirus.

Para entender la situación actual de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca, y comprender la situación actual del proyecto “celdas transitorias de Huanuyo”, es necesario recordar que el distrito de Juliaca disponía los residuos sólidos municipales en el botadero municipal a cielo abierto ubicado en la comunidad campesina de Chilla desde el 2007, esta etapa viene marcada por innumerables denuncias de organizaciones en defensa del medio ambiente sobre la inadecuada gestión y manejo en dicho botadero, la misma que se evidenciaba con la presencia de malos olores, la contaminación de pozos destinados para consumo humano, la degradación de áreas naturales y ecosistemas[1], ocasionando así, que la Defensoría del Pueblo registre el caso en febrero del 2017[2], y así también organizaciones sociales de base del distrito de Juliaca se unan para solicitar al MINAM la declaratoria en emergencia de la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca el 17 de enero del 2018. Es así que, se declara en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca en un primer plazo de sesenta (60) días y una prórroga de cuarenta y cinco (45)[3], ambas durante el 2018, dando pase a la construcción apresurada como alternativa temporal de corto plazo a las “celdas transitorias de Huanuyo”.

Con estos antecedentes se da inicio a una segunda etapa, la construcción del proyecto denominado “celdas transitorias de Huanuyo”, cuyo funcionamiento inició el 2019. Este proyecto forma parte del plan de acción[4] propuesto por la MPSR para atender la referida emergencia, esta etapa viene enmarcada por diferentes reclamos de Organizaciones Sociales de Base y personas naturales solicitando mayor información sobre las consecuencias que dicho proyecto podría ocasionar en el área directa e indirecta de intervención, dichos reclamos toman mayor sustento cuando se recuerda que el proyecto se ubica a aproximadamente a 50 metros de la quebrada Huanuyo y a menos de 500 metros del río Cabanillas[5], lo que es aún más preocupante cuando se recuerda que aguas abajo existen 4 bocatomas utilizadas para el riego de cultivos con certificación orgánica[6], siendo la más cercana la bocatoma denominada “Cabana-Mañazo-Vilque”[7]. Ante la no atención de los reclamos los solicitantes se vieron forzados a recurrir a información adicional solicitada a otras entidades estatales tal cual consta en la denuncia fiscal 2706015200-2019-139-0[8] y los innumerables oficios dirigidos a otras instancias. A pesar de lo anterior, en fecha 10 de julio de 2018, la MPSR presenta al MINAM el expediente técnico para la instalación de las celdas transitorias en el sector Taya Taya (Huanuyo)[9], y el 13 de agosto del 2018 la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM emite la opinión favorable a las características de la celda transitoria propuesta en el expediente anterior, ambos procesos se dan con normalidad a pesar de problemas preexistentes no solucionados y la existencia de un memorial del año 2016 y reingresado el 2017 con cientos de firmas de personas rechazando el proyecto “celdas transitorias de Huanuyo” como parte del plan de contingencia de la disposición temporal de residuos sólidos de la ciudad de Juliaca, advirtiendo en el mismo que la población no permitirá la continuidad del proyecto, y alertando sobre una “campaña de convencimiento para conseguir la licencia social del proyecto y el incumplimiento de algunos requisitos”[10]. En este punto es necesario resaltar que Organizaciones Sociales de Base y autoridades competentes locales solicitaron en reiteradas ocasiones el expediente técnico del referido proyecto sin posibilidades de acceso. Estos reclamos se unen a los diferentes oficios remitidos por parte de la Municipalidad Distrital de Cabanillas rechazando la construcción del proyecto. Frente a estos reclamos no hubo respuestas claras por parte del órgano ejecutor, desencadenando así protestas fundadas en los antecedentes de desagravios en los que incurrió dicho órgano durante la gestión y manejo del botadero Chilla y los ocurridos desde el anuncio de la construcción del proyecto “celdas transitorias de Huanuyo”. A pesar de lo anterior, en fecha 15 de octubre del 2018 la Dirección General de Residuos Sólidos del MINAM remite a la MPSR un informe[11] poniendo en conocimiento la realización del taller informativo en fecha 28 de setiembre del 2018 llevado a cabo en dicha municipalidad[12]. En este punto es necesario cuestionar si los esfuerzos de los interesados en la implementación de esta “solución temporal” (celdas transitorias de Huanuyo) fueron suficientes y acertados para garantizar y asegurar la participación de las partes afectadas en los talleres informativos, lo que a juzgar por la situación actual y la conflictividad latente no se habría logrado.

A la actualidad y después de diálogos llevados a cabo en diciembre del 2019 y febrero del 2020, el primero en las instalaciones de la MPSR y el segundo en las celdas transitorias de Huanuyo, se logra que el MINAM emita el informe N° 00213-2020-MINMA/VMGA/DGRS atendiendo al memorial del Frente Interdistrital en Defensa del Medio Ambiente (2016), concluyendo en lo siguiente: “el MINAM cumplió en efectuar algunas precisiones respecto al proyecto de la celda transitoria a implementarse, la misma que no está considerada como infraestructura de residuos sólidos. Por tanto, en ese contexto no resultarían aplicables los artículos 109 y 110 del reglamento LGIRS, referidos a la selección del área para las infraestructuras de disposición final y a las condiciones para la ubicación de dicha infraestructura, respectivamente, así como tampoco le resultaría exigible la presentación de un instrumento de gestión ambiental”. Entonces es inevitable cuestionar si los nueve (9) parámetros evaluados por la MPSR en siete (07) áreas como parte del estudio de evaluación de predios[13] son suficientes para garantizar la seguridad ambiental y social del proyecto, asimismo, ¿cómo se garantizará la remediación, control, mitigación y otras medidas que aseguren la seguridad ambiental y social sin un Estudio de Impacto Ambiental?, es evidente que este proyecto se posiciona como una solución temporal de corto plazo ante la ausencia de un relleno sanitario que permita la disposición final adecuada, cabe resaltar que respecto del relleno sanitario se sabe que la fase de inversión del proyecto inició el 2014 a cargo de la Unidad Ejecutora 003 CIGA, y actualmente se están elaborando los estudios definitivos del proyecto para su posterior ejecución. Entonces ¿Por qué a la fecha (2020) no se cuenta aún con un relleno sanitario que permita la disposición final adecuada de los residuos sólidos para el distrito de Juliaca? Algunos recortes periodísticos mencionan que la MPSR se encontraría negociando la adquisición de terrenos para la construcción del tan anhelado relleno sanitario. Sin embargo, los antecedentes en el manejo y gestión del botadero de Chilla (antes) y las celdas transitorias de Huanuyo (ahora) se posicionan como causas principales para que la población rechace las iniciativas presentadas por la MPSR.

Frente a la afectación evidente de derechos fundamentales, Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) viene acompañando el caso desde finales del 2019 a solicitud del Frente Interdistrital en Defensa del Medio Ambiente, y con ello intentar crear nuevos caminos pacíficos en la resolución de conflictos con los líderes y lideresas de las comunidades campesinas y Organizaciones Sociales de Base para el logro del buen vivir y la justicia social.

Esta segunda etapa culmina con esfuerzos por retomar el diálogo entre las partes, con compromisos claros por parte del MINAM y la MPSR para facilitar el acceso a la información y llevar a cabo talleres informativos para facilitar la comprensión y atención al ciudadano, asimismo, se acuerda garantizar la seguridad ambiental del proyecto mediante la elaboración de estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, los mismos que estarían a cargo de la MPSR, e involucrar a la población afectada en los monitoreos ambientales llevados a cabo por la MPSR, el MINAM se compromete en seguir supervisando el funcionamiento del proyecto.

En esta última etapa, y después de los acuerdos producto del diálogo alcanzado, se suscita la tan temida afectación ambiental. En fecha 20 de marzo del 2020, se produce el colapso de la poza de lixiviados del proyecto en mención, evidenciándose el discurrimiento de lixiviados hacia la quebrada Huanuyo en temporada de avenida y conectando con el río Cabanillas, afluente directo de 4 bocatomas destinadas para riego de cultivos orgánicos. Es así que los pobladores, alarmados por la noticia intentan denunciar los hechos al OEFA y la fiscalía de prevención de delitos ambientales pero los mensajes son los mismos “Estamos cumpliendo las disposiciones del gobierno nacional”, entonces, ¿Cómo se garantiza el bienestar del ambiente en tiempos de Coronavirus?, ¿Habrá sanciones ejemplares sobre lo ocurrido?. Ante los antecedentes de la MPSR es evidente que las sanciones serán necesarias. Este hecho ocurre a no más de 6 meses del funcionamiento del proyecto en mención y a menos de una semana de iniciada la cuarentena nacional, lo que inevitablemente despierta preocupación y alarma sobre las competencias de la Municipalidad Provincia de San Román en el manejo de este proyecto, evidenciándose que debido al confinamiento el MINAM no pudo, ni podrá supervisar el funcionamiento de la obra, acrecentando el temor, la preocupación y el desasosiego de la población frente a lo que temían desde el inicio. En este punto es imperante cuestionarse si la MPSR es competente para garantizar la seguridad ambiental y social del proyecto, así como cumplir con los acuerdos y compromisos tomados durante los diferentes espacios de diálogo, hasta el momento esto parece no encajar con los expectativas locales y regionales sobre la situación.

En conclusión, los antecedentes en el manejo y gestión inadecuada de los residuos sólidos por parte de la MPSR acrecientan la preocupación y zozobra de la población; por lo que es recomendable que la MPSR mejores sus prácticas y la competencia del personal encargado de la labor en mención. Además, se debe comprender la urgencia de contar con un relleno sanitario ya que ante el colapso o termino de la vida útil de las celdas transitorias el destino de los residuos sólidos es incierto, lo que podría reflejarse en un estado de emergencia adicional.

Ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental el órgano ejecutor debe elaborar estudios técnicos adicionales (geotécnicos, geológicos, hidrogeomorfológicos, etc.) para garantizar la seguridad ambiental y social de las celdas transitorias.

Sobre el acceso a la información, la MPSR y el MINAM deben mejorar el acceso a la información y ampliar el alcance de los talleres informativos para garantizar la participación de los afectados y así absolver las dudas a tiempo.

Sobre el Coronavirus, acuerdos y compromisos, la MPSR y el MINAM deben encontrar formas de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos ya que las afectaciones ambientales como el “colapso de la poza de lixiviados” contribuyen a incrementar la mala imagen de la MPSR para con su población.

[1] Extracto del documento “Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos”, Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en el sector Chilla, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, elaborado por el Ministerio del Ambiente en colaboración con la agencia de cooperación internacional JICA. (pág. 68 y 69)

[2] Reporte de Conflictos sociales N° 187, Defensoría del Pueblo 2019.

[3] Mediante Resolución Ministerial N° 238-2018-MINAM de fecha 23 de junio del 2018 se declara por primera vez en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca por un plazo de sesenta (60) días. Y su prórroga de cuarenta y cinco (45) días mediante Resolución Ministerial N° 297-2018-MINAM de fecha 22 de agosto del 2018.

[4] Plan de acción para atender la emergencia de gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca, presentado por la Municipalidad Provincial de San Román al MINAM mediante oficio N° 119-2018-MPSR-J/GSPMA/ADB de fecha 28 de junio del 2018.

[5] Acta Fiscal de la constatación fiscal de las celdas transitorias del 10 de diciembre del 2019, presente en la carpeta fiscal N° 139-2019.

[6] Certificado 05863 Japanese Agricultural Standard (JAS) para productos orgánicos a Cooperativa Agro industrial Cabana ltda.

[7] Mapa de principales bocatomas del río Cabanillas del Ministerio de Agricultura y Riego elaborado en Geohidro versión 2.

[8] Denuncia fiscal caso N° 2706015200-2019-139-0 de la dependencia FPEMA-PUNO (NCPP)

[9] Mediante oficio N° 129-2018-MPSR-J/GSPMA/ADB, de fecha 10 de julio del 2018 se presenta expediente técnico para la instalación de las celdas transitorias en la comunidad de Taya Taya al MINAM.

[10] Memorial que rechaza el proyecto “celdas transitorias de Huanuyo” dirigido alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román con fecha 15 de noviembre del 2016, debidamente ingresado a mesa partes de la Municipalidad Provincial de San Román en fecha 17 de noviembre del 2016. Y reingresado el 06 de febrero del 2017.

[11] Mediante Oficio N° 688-2018-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 15 de octubre del 2018, se menciona también que la municipalidad

[13] Informe N° 001-2018-JP1/JP2, informe de asistencia técnica de evaluación de predios para la construcción del relleno sanitario y celda transitoria de la ciudad de Juliaca.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente el escenario se va aclarando sobre las verdaderas prioridades del gobierno peruano para enfrentar la pandemia del Covid-19. A más de 80 días de la cuarentena podemos señalar que el dilema entre salud y economía se ha ido definiendo, aún a pesar de las esfuerzos que se plantearon por priorizar la salud.  La apuesta económica es la opción que ha decidido optar el gobierno de Vizcarra, la presión de los gremios empresarios ha surtido efecto; es triste decirlo, pero la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno han estado orientados hacia este sector. Encontramos varios ejemplos de ello, como que la minería es una actividad esencial, la reactivación económica centrado en más extractivismo, la suspensión perfecta de labores, la no regulación del precio de los medicamentos, el abuso en el cobro de las clínicas, los balones de oxigeno, entre otros.

Es en ese marco que se ha aprobado la 2da fase de la reactivación económica (D.S. No 101-2020-PCM) que en la practica dispone las mismas medidas para las actividades económicas extractivas: “3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. Es decir, para la segunda fase no hay mayor cambio, esta claro que esto obedece a las presiones de la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE). Recientemente el director de este gremio, Pablo de la Flor, había señalado que existe un “excesivo burocratismo transversal” en el Estado para reiniciar las operaciones mineras. Y semanas después su pedido es refrendado en este Decreto Supremo. Entonces se evidencia nuevamente las prioridades del gobierno de Vizcarra.

De otro lado, un tema no menos importante en este escenario del que queremos comentar, es el día del medio ambiente. Cada 05 de junio conmemoramos este día y creo que por lo menos este año en particular requiere de una reflexión y revisión seria sobre nuestros hábitos de vida a nivel personal, familiar y colectivo. Mucho se ha hablado sobre la nueva normalidad en las ultimas semanas, y de modo particular de nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente. Si bien desde la sociedad civil podemos incorporar estas nuevas practicas, no se piensa lo mismo desde el Estado o en las empresas privadas. En plena cuarentena se han registrado varios casos de contaminación ambiental en zonas mineras, por ejemplo; o el mismo gobierno que busca relajar las acciones administrativas de fiscalización y protección del medio ambiente a través del decreto legislativo Nro. 1500, emitido recientemente.

Por todo ello, desde Red Muqui creemos que si el Estado no garantiza la protección de la salud de las personas, así como del medio ambiente, poco o nada estamos aprendiendo de esta pandemia, y por el contrario vamos profundizar la crisis y las profundas brechas sociales que tiene el Perú de hoy en tiempos de Covid-19.