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Reanudación económica minera continúa sin información clara del Ministerio de Energía y Minas

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El 03 de mayo se aprobó el Decreto Supremo 080-2020-PCM “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”; en esta norma se estableció que la gran minería reanudaría sus labores en la primera fase. Luego de esto, el Ministerio de Energía y Minas emitió con bastante rapidez las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de las unidades mineras. Una vez presentados al Viceministerio de Minas, se inicia el procedimiento de registro en el SICOVID-19. De esta manera, durante todo el mes de mayo las empresas mineras han venido reanudando sus operaciones

La voz de la SNMPE

Durante el mismo mes de mayo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha ido anunciando la reactivación de varios proyectos mineros, como es el caso de Antamina, que desde el 13 de abril tuvo que paralizar operaciones debido al grave brote de COVID-19 en sus instalaciones. La empresa reportó más de 200 trabajadores contagiados. Ahora esta empresa minera realiza su reanudación de operaciones bajo el eslogan “Un nuevo comienzo: renovamos nuestro protocolo de salud y seguridad».

Hace unas semanas, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que como balance de la Fase 1 de reactivación económica se tenía la aprobación de 40 proyectos mineros. A comienzos de junio, la SNMPE señalaba que existían cuellos de botella y burocratismos excesivos en los procedimientos de aprobación de la reanudación económica que impedían la reactivación al 100% de sus operaciones.

La nula transparencia del Ministerio de Energía y Minas

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aún no ha emitido algún pronunciamiento o reporte oficial donde se transparente el número de trabajadores contagiados o expuestos al contagio de COVID-19 en las unidades mineras; al igual que las unidades mineras que estarían habilitadas para reanudar actividades.

Como señalamos desde Red Muqui, en nuestro documento de “Observaciones al Protocolo Sanitario del Sector Energía y Minas”, el proceso de reanudación económica debe contar con las garantías necesarias para la protección al derecho a la salud y vida de trabajadores, comunidades y poblaciones. Para ello el Estado peruano debe contar con información precisa sobre la situación de afectación a derechos humanos y, sobre ello, tomar mejores decisiones.

Lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre “Pandemia y Derechos Humanos en América Latina” estableció algunos lineamientos guía para un adecuado abordaje por parte de los Estados en materia económica, en este escenario de pandemia a causa del COVID – 19. En ese sentido, la CIDH señala la responsabilidad estatal de establecer procedimientos transparentes para la protección del derecho a la salud:  “Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos.”

Caso de a empresa minera Shougang

Por otro lado, sobre la aprobación de los Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo; una preocupación que planteamos desde Red Muqui, es que, bajo los parámetros aprobados por el MINEM, la mayoría de trabajadores mineros serían clasificados como trabajadores de bajo riesgo y esto llevaría a una reducción del estándar de protección a la salud. Este es el caso de la Minera Shougang, la cual ha presentado un plan donde clasifica a la mayoría de sus trabajadores con “bajo riesgo”. La situación se agrava debido a que las instalaciones de esta unidad minera se encuentran dentro de la ciudad de Marcona. Esta situación de reducción del estándar de protección a la salud podría estar replicándose en otras unidades mineras en el país; sin embargo, no se cuenta con información oficial y de libre acceso.

Exigencias

El Estado debe emitir información oficial de la situación real de afectación a la salud de trabajadores mineros y comunidades como parte de sus obligaciones de protección a los derechos humanos. Urge que haya respuestas oficiales por parte del MINEM  sobre los procedimientos  sectoriales, por los cuales se aprueba la reanudación económica minera. Ante la crisis que vivimos por el brote del COVID-19, es imperativo que el Estado transparente información y que las empresas mineras adecuen sus procesos y actividades bajo el análisis de los impactos en derechos humanos, tal y como lo señalan los Principios Rectores de Derechos Humanos de la ONU: “Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber: Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos”.

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Abogados de Muqui Sur alertan sobre iniciativas legislativas que atentan contra derechos humanos

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El día de hoy el Colectivo de abogados y abogadas de las instituciones integrantes de la Red Muqui Sur han emitido el pronunciamiento “Sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el contexto de la Declaratoria del Estado de Emergencia”; en ella evidencian su preocupación por las recientes normas emitiditas (DS N° 003-220-DE y Ley N° 31012), en lo que va del Estado de Emergencia, que regulan y reglamentan el uso de la fuerza a cargo de la PNP y las FFAA. El contenido de estas normas, se resalta, ha derogado garantías como el principio de razonabilidad y proporción en el uso de la fuerza, que son condiciones esenciales para que el uso de la fuerza pública no devenga en arbitraria e ilegal.

Al mismo tiempo, se resalta que también se ha afectado el principio de independencia judicial de jueces y fiscales, pues ahora se prohíbe explícitamente que se pueda requerir cualquier medida de detención judicial o prisión preventiva de un miembro de la PNP que cause muerte o lesión en el ejercicio de su función.

Los abogados de este colectivo también alertan algunas intensiones legislativas, propuestas por actuales bancadas del Congreso, que pretenden hacer modificaciones a la Constituciones y normas penales, con la intensión socavar las facultades de dirección de investigación a cargo del Ministerio Público y ser transferidas a la PNP.

El actual contexto de pandemia a causa del Covid-19 que enfrentamos, no debe de ser aprovechado para emitir normas que atenten contra principios y derechos constitucionales, reconocidos también en tratados internacionales, pues ello también implica un resquebrajamiento del Estado constitucional de Derecho y la democracia.

Pronunciamiento- Red Muqui Sur by prensamuqui on Scribd

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Diálogo virtual: Reactivación económica, minería, agro y COVID-19, este martes a las 5:30pm

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A pesar que en nuestro país el brote del COVID-19 aún no se encuentra controlado y el sistema sanitario ya está colapsando; el 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de las actividades económicas en 4 fases. Desde la FASE 1, se encuentra la actividad empresarial minera.

Desde que se dio inicio al estado de emergencia nacional y la medida sanitaria de cuarentena, la minería es una de las actividades no esenciales que no paró sus operaciones. Lo que hizo que varios de los trabajadores de diversas unidades mineras en el país se contagien de COVID-19. A la fecha se reportan más de 270 trabajadores contagiados y 1 de ellos falleció (Antamina), producto del contagio.

El sector agrario tampoco paró, pero tuvo y tiene aún muchas dificultades para poder desarrollarse, con la diferencia de que es una actividad esencial al proveernos de alimentos en nuestro país y en el mundo. A diferencia del sector empresarial minero que fue atendido desde el 1er día del estado de emergencia; el sector agrario sigue desatendido con las exigencias de los gremios agrarios y las comunidades campesinas.

Por estas razones, las comunidades, poblaciones y pueblos indígenas, a través de sus representantes, vienen señalando los riesgos a los que se encuentran expuestos por la continuidad de la actividad minera, sumando a ello los impactos acumulativos de las actividades extractivas en sus territorios y fuentes de agua; y el abandono del agro y las zonas rurales del país.

¿Qué significa la reactivación económica para las comunidades en estas circunstancias?

Desde Red Muqui organizamos la presente edición de “Diálogos Virtuales”: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MINERÍA, AGRO Y COVID-19 en el Perú.

La transmisión en vivo será vía FACEBOOK/RED MUQUI este martes 12 desde las 5.30pm.

PROGRAMA:

PANEL 1: Reactivación económica en contexto del COVID-19: Minería y Agricultura.

-José De Échave – Economista Cooperacción
– Clímaco Cárdenas- Presidente de CONVEAGRO
– Rocío Silva Santisteban – Congresista de la República

Modera: Jaime Borda – Secretario Ejecutivo de Red Muqui

PANEL 2: Afectaciones a la salud y vida de los PPII, comunidades y trabajadores a causa de la reactivación económica minera.

– Melania Canales – Presidenta de ONAMIAP
– Oscar Mollohuanca – Ex alcalde de Espinar

– Jorge Juárez – Sec. General de la Federación de Trabajadores Mineros ( Por confirmar)

Modera: Beatriz Cortez – Área político-legal de Red Muqui

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Policía nacional y Minera Yanacocha implementan convenio de servicio policial extraordinario para hostigar a la familia de Máxima Acuña en Cajamarca

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Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides

Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial   

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.

La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.

Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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3 trabajadores más de Hudbay con COVID-19, confirma director de hospital regional de Cusco

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El fin de semana reciente, el equipo COVID-19 del Hospital Regional de Cusco realizó pruebas de descarte a 70 trabajadores de la empresa minera Hudbay. 3 de estos casos resultaron positivos.

El director del hospital, Félix Hidalgo Ramírez, sostuvo que los tres trabajadores ya cumplen la cuarentena. “En ninguno de los casos se requiere hospitalización debido a que presentan un cuadro estable y asintomático”, señaló a la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco – integrante de la Red Muqui-.

Las pruebas de descarte a los trabajadores se realizaron en el Centro de Salud de Acamana, del distrito de San Jerónimo, antes de que sean trasladados al campamento minero como relevo. “Médicos, enfermeras y biólogos hicieron el triaje, atención médica y la toma de pruebas rápidas, que fueron proporcionadas por la empresa minera”, señala la nota de DHSF.

29 trabajadores con COVID-19 de empresas mineras de Cusco

A estos 3 casos, se suman los 18 casos que confirmó la Red De Salud de Chumbivilcas, tras el reporte inicial de la empresa minera Hudbay, que luego quiso desmentir a través de un comunicado. Con estos tres casos más, ya suman 21 trabajadores con COVID-19 de Hudbay. Y, en la región, suman 29 casos del sector minero, con los 8 trabajadores que dieron positivo, hace unos días, a prueba rápida de la empresa minera Antapaccay.

Es importante resaltar que ahora las empresas mineras están empleando como estrategia, señalar que no tienen casos de coronavirus en sus empresas hasta que no les hagan las pruebas moleculares. Esto pasó con los 18 trabajadores de Hudbay, que dieron positivo a prueba rápida de COVID-19, y que luego la empresa señaló que no tenían a trabajadores confirmados con coronavirus. Sin embargo, la empresa trasladó a estos 18 trabajadores hasta un hotel en Arequipa sin haber coordinado con la Red de Salud de Chumbivilcas y la Dirección Regional de Salud de Cusco.

Familiares preocupados por trabajadores

De acuerdo al contacto que pudimos tener desde Red Muqui con uno de los familiares de los trabajadores que se encuentran en cuarentena en el Hotel Los Andenes de Arequipa, los trabajadores todavía no saben cuándo ESSALUD o el MINSA de Arequipa les van a hacer las pruebas moleculares y atenderlos para que haya un registro oficial desde el Estado y puedan atenderlos si es que la situación de alguno de ellos empeora.

Como lo hizo conocer la Red de Salud de Chumbivilcas (Cusco), la empresa minera reportó que les habían hecho las pruebas rápidas a sus trabajadores, pero la Red de Salud no tuvo ni tiene conocimiento de las marcas de esas pruebas, ni los protocolos sanitarios realizados por la empresa minera.

Solo el médico contratado por la empresa minera de Hudbay es quien periódicamente va a visitar a los trabajadores al hotel para ver cómo siguen. Sin embargo, esto se da por presión de los propios trabajadores y familiares.

DIRESA Cusco convoca a reunión con empresas mineras

Frente a estos hechos que se han denunciado públicamente desde la propia Red de Salud de Chumbivilcas y varias instituciones, la Dirección Regional de Salud ha convocado para este martes 5 de mayo,  a una reunión con los representantes de las empresas mineras que operan en Cusco «para que se constituyan en unidades epidemiológicas informantes, así como para evaluar y verificar que sus planes de contingencia de prevención, control y vigilancia epidemiológica del COVID-19 estén dentro y cumplan con los lineamientos del MINSA y DIRESA Cusco, que incluye nos alcancen la certificación de uso de las pruebas rápidas que están utilizando», señala el comunicado del 03 de mayo de la DIRESA Cusco.

Además, agrega que 2 trabajadores, de los 8 que dieron positivo a COVID-19 de la empresa minera Antapaccay,están en “fase final contagiante”; y precisa que dos clínicas donde la empresa había realizado las pruebas de descarte, no estaban autorizadas por la DIRESA.

Vigilancia

Desde la Red Muqui y sus instituciones miembro, estaremos atentos al desarrollo de esta reunión debido a que la irresponsabilidad de las empresas mineras y del gobierno, que dio facilidades para que la actividad minera se siga desarrollando, han generado que en varias provincias y regiones, los trabajadores mineros contagiados hayan esparcido el virus al no haberse implementado un control sanitario efectivo, con protocolos estrictos de parte del gobierno, y con la debida fiscalización de parte de todos los organismos del Estado.

El gobierno ha aprobado el plan de reactivación económica y la minería se encuentra como prioridad para el desarrollo de este plan; sin embargo, las empresas mineras continúan actuando de manera unilateral en las regiones, y la fiscalización del Estado es muy débil, como se ha visto en el caso de Antamina, Hudbay, y otros casos de empresas mineras que hemos reportado.

254 trabajadores mineros con COVID-19

Aumento de trabajadores con COVID-19 en el sector minero va en aumento. Al reporte que se tenía al 29 de abril de 251 contagiados, ahora la cifra subre a 254 y con las últimas informaciones que hemos podido recabar de parte de los trabajadores de la empresa minera Chinalco, la cifra aumentará mucho más en los próximos días.

 

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Fallece por Covid-19 trabajador de Antamina que fue evacuado de Ancash a Lima

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El día de hoy, jueves 30 de abril, algunos trabajadores de Antamina recibieron la noticia de un trabajador fallecido por COVID-19 en una clínica de Lima. El trabajador del área de operaciones falleció en la madrugada y la noticia la recibieron a tempranas horas del día.

Como se recuerda, Antamina evacuó el 23 de abril a 1500 trabajadores desde el campamento de Yanacancha hacia Lima para que les realicen la prueba de descarte de COVID-19 y hagan la cuarentena en hoteles de la ciudad. Para ese entonces, Antamina ya confirmaba más contagiados, además de los 7 que la DIRESA de Ancash había confirmado días anteriores.

En los días siguientes, Antamina emitió un comunicado el reciente lunes 27 señalando que tenía a 210 trabajadores que hasta esa fecha habían dado positivo a la prueba molecular de covid-19. 17 se encontraban hospitalizados y uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intesivos (UCI).

Frente a este desenlace, la empresa envió un correo a los trabajadores el día de hoy, jueves 30 de abril a las 10 y 24 am, señalando la muerte del trabajador en Lima, pero no especificando que era por Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui, después de llamadas telefónicas al gerente de recursos humanos, pudimos tener una respuesta 5 horas después vía wasap, en que señalaba que por respeto a la familia «no emitirían ningún pronunciamiento al respecto».

En el transcurso de esas horas, llamamos al teléfono de la oficina que registran en su página web, y una voz masculina nos señaló que no podían transferirnos con ningún representante de la empresa porque todo está cerrado hasta que se levante el estado de emergencia.

Los trabajadores están indignados porque la empresa no es transparente con la información respecto a la situación de los trabajadores hospitalizados y evaluados.

Gobierno evade responsabilidad sobre trabajadores

Estos días, desde la Red Muqui hemos denunciado el aumento de contagios en el sector minero, ascendiendo a 251 la cifra total oficial de trabajadores con COVID-19 reportada por empresas, Sunafil, y las DIRESAs, desde que se decretó la cuarentena obligatoria; sin embargo, el gobierno hasta ahora no anuncia ninguna medida correctiva para el sector minero. El día de ayer, miércoles 29 de abril, ante la pregunta de un medio periodístico sobre los protocolos de supervisión que se están realizando a las empresas mineras, poniendo como ejemplo el de Antamina; el ministro de salud, Victor Zamora, señaló que «por la descentralización, son las regiones las encargadas de implementar cada una de las normas y regulaciones que el ministerio estipula».

De esta manera, el gobierno no asume ninguna responsabilidad por lo que viene pasando con la salud de los trabajadores mineros. Cuando fue el gobierno quien permitió que la actividad minera sea parte de las actividades esenciales que pueden funcionar durante el estado de emergencia.

Protocolo de traslado de personal minero en cuestión

Sumado a ello, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, emitió un protocolo de traslado de personal minero que no obliga a las empresas a realizar las pruebas de descarte de COVID-19 para sus trabajadores. Sin embargo, algunas empresas lo están haciendo ante la exigencia de los sindicatos de trabajadores y de instituciones que velan por los derechos humanos; pero no hay fiscalización del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Salud, sobre la calidad de las pruebas que están utilizando, ni de la implementación del protocolo establecido por el MINEM. Ejemplo de ello es lo que hizo la empresa minera Hudbay en Cusco, que solo informó a la Red de Salud de Chumbivilcas sobre los trabajadores que habían dado resultado positivo a la prueba rápida de Covid-19, y que había trasladado a sus trabajadores contagiados hacia Arequipa, sin haber coordinado absolutamente nada con la Red de Salud.

Frente a ello, desde la Red Muqui señalamos que el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

Gobierno debe evaluar paralizar actividad minera

Entonces, frente a situación que ya se está desbordando en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

Ver reporte sobre total de contagiados a la fecha en el sector minero. Hacer clic AQUÍ

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

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A 251 asciende el número total de contagiados de COVID-19 en empresas del sector minero

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Actualización 29 de abril a las 10pm: Empresa minera Antapaccay emitió un comunicado confirmando lo que señalamos en nuestra nota, a través de la información de uno de los miembros del Comando Covid de Espinar. 8 trabajadores de su empresa dieron positivo a prueba rápida de Covid-19. Señalan que trabajadores se contagiaron fuera de la mina.

Nota original

Tras la última información brindada por el representante de la sociedad civil en el Comando Covid de la provincia de Espinar (Cusco),  Vidal Merma, que confirma 08 casos de COVID-19 de la empresa minera Antapaccay; la cifra total oficial, hasta el día de hoy, asciende a 251 trabajadores mineros contagiados. A los reportes que las propias empresas mineras han dado, ante la presión de los trabajadores y denuncias periodísticas, se suma también el reporte que Sunafil está realizando tras la visita a los campamentos mineros, y los reportes de las direcciones provinciales de salud donde operan las mineras, y los comandos Covid que se han formado en diferentes provincias y regiones del país, con la presencia de militares, gobernadores regionales, representantes de salud y representantes de la sociedad civil.

En estos últimos días, la cifra de contagiados en el sector minero subió estrepitosamente con el informe de Antamina en Ancash, que hasta el lunes ha reportado 210 casos, faltando saber los resultados del resto de trabajadores que también están siendo evaluados. En Cusco, la minera Hudbay pretendió negar 18 casos que había reportado a la Red de Salud de Chumbivilcas, que se pronunció a través de un comunicado. En Arequipa, la minera Bateas emitió un comunicado señalando 06 casos de prueba rápida que luego quiso negar. En Junín, la empresa minera Chinalco emitió un comunicado señalando que tenían un trabajador minero con covid y luego trataron de desmentirlo, pero tras la visita de Sunafil, por exigencia de los trabajadores mineros, se confirmó, hasta el sábado pasado, que habían 4 trabajadores confirmados con Covid-19. El sindicato de trabajadores de Chinalco denuncia que hay más casos pero la empresa no quiere emitir un comunicado oficial hasta ahora.

Por otro lado, los trabajadores de Impala Terminals del Callao, recibieron un comunicado de la empresa la semana pasada en la que señalan que hay 2 trabajadores con covid. Los trabajadores señalan que hay más casos, y que han sido evacuados, pero la empresa no ha vuelto a emitir un comunicado oficial. Esta empresa, que denunciamos los primeros días del estado de emergencia, por no implementar protocolos sanitarios y seguir desarrollando sus labores contra la voluntad de los trabajadores; es una empresa que recibe los minerales que llegan en camiones y tren desde las regiones.

Hace 9 días, el 20 de abril, también se confirmó de parte de la empresa minera Nexa Resources, el caso de un trabajador de una de sus empresas contratistas en el distrito de Yaruyascán, en la provincia de Pasco. La unidad minera se encuentra dentro de la comunidad, por lo que representa un peligro al compartir la misma entrada a la comunidad.

Estos casos se suman a los primeros casos conocidos: minera Cerro Verde: 01 caso; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y los primeros casos que se dieron a conocer de Antamina, que como vemos no estableció las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores, y hoy lidera al sector minero como la empresa con más casos de Covid-19.

8 casos de minera Antapaccay

A continuación se presentan las actas emitidas el día de hoy por la clínica Coylloriti y el centro de salud de Espinar. En la clínica se confirman 7 casos y en en el centro de salud, 1 caso de Covid-19. A estas horas, la empresa minera Antapaccay se encuentra elaborando un comunicado. El Comando Covid de Espinar, Cusco, siguió todas estas diligencias hacia la clínica y el centro de salud para poder resguardar la seguridad de todos los espinarenses y exigir la realización del cerco epidemiológico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de Chinalco

Este es el reporte preliminar que emitió el representante de SUNAFIL tras la visita al campamento minero de Tucto en la región de Junín, tras la solicitud del sindicato de trabajadores mineros de Chinalco. La visita fue realizada el día sábado y Sunafil confirmó hasta ese día 04 trabajadores con Covid-19 que habían sido trasladados a Lima. El sindicato de trabajadores de Chinalco viene denunciando en redes sociales la situación en la que se encuentran los trabajadores, como confirma la Sunafil en su reporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui,  señalamos que «frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales». Ver nuestra editorial completa del día de hoy.

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

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«Hoy más que nunca se vuelve vigente el modelo comunal, solidario y reciproco: Ayni”

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El Centro para el desarrollo de los pueblos – Ayllu CEDEP AYLLU, institución miembro de Red Muqui, desarrolla sus actividades en el sector rural de Cusco impulsando modelos alternativos de buen vivir, principalmente vinculadas al sector agrario.

La humanidad está atravesando una profunda crisis con la presencia del COVID-19 y uno de los sectores más vulnerables en el Perú es el agropecuario y principalmente la pequeña agricultura. Compartimos la entrevista de Gloria Velasco Jauregui al responsable de proyectos Ing. Andrés Loaiza Fernández, sobre las propuestas avanzadas con las comunidades campesinas.

¿Cuál es su opinión sobre el sector agrario en este contexto de pandemia por COVID 19?

Haciendo un análisis de las condiciones actuales de la actividad rural, podemos mencionar que en los últimos diez años se han visto grandes cambios y uno de ellos es que la actividad agropecuaria no es la única que dinamiza el desarrollo de las comunidades campesinas.  Se ha diversificado la economía con la incorporación del turismo, trabajos remunerados, esporádicos y/o informales (minería, construcción, etc.) y la articulación a los mercados; los cuales son actividades que se mueven de acuerdo a las coyunturas.

En el contexto de Pandemia, todas las actividades económicas en nuestro país están paralizadas pero la producción en campo no puede parar; porque el calendario agrícola no espera, la temporada de siembra y cosecha no puede modificarse y las familias productoras siguen trabajando en sus pequeñas parcelas, más aún cuando todas sus otras actividades económicas no están activas. Desde esta perspectiva el papel de las comunidades campesinas para la seguridad alimentaria es fundamental. Sin embargo, el estado de aislamiento en el que nos encontramos puede dificultar el acceso a insumos; como semillas de calidad, para poder producir y responder a las necesidades propias de cada comunidad.

En respuesta a estos escenarios que se avizoran, se está impulsando acciones para que las familias comuneras sean las que produzcan sus propias semillas, adaptables a los diferentes pisos ecológicos y la recuperación de prácticas ancestrales, porque consideramos que es importante seguir fortaleciendo estas capacidades que permiten afrontar contextos adversos de manera saludable y en armonía con el ecosistema.

En el caso de los cultivos tradicionales andinos; las comunidades campesinas tienen una gran ventaja porque conocen y manejan los germoplasmas de papa, quinua, tarwi, oca, lizas y granos andinos como kiwicha que cuentan con un aporte nutricional alto. Desde el CEDEP Ayllu hemos estado reintroduciendo algunas variedades de papas nativas que estaban en el olvido, ahora se cuenta con “semillas refrescadas” que permitirá a las familias ser “criadores de vida” y junto a los conocimientos y saberes ancestrales para manejar estos cultivos podrán enfrentar los retos venideros.

Otro elemento indispensable para analizar la situación es el cambio climático y como afecta al sector rural. Para enfrentarlo desde el CEDEP Ayllu hemos estado impulsando la “siembra y cosecha de agua” práctica que permite un manejo respetuoso del ecosistema y contribuye a la disponibilidad de agua, tan indispensable para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos. Es preciso que las entidades del Estado tomen en cuenta las experiencias desarrolladas por las comunidades campesinas en el buen manejo de los ecosistemas, por ello considero que aparte dar paliativos como los bonos, el Estado debe invertir en trabajos como estos.

El rol del Estado en el sector rural andino, debe estar fuertemente vinculado a promover el Ordenamiento del Territorio Comunal, lo que permitiría utilizar de mejor manera los recursos comunales, fomentando alternativas colectivas de hacer agricultura, valorando el rol de la autoridad comunal, lo cual ha permitido a las Comunidades subsistir y trascender en el tiempo como instancia de organización, control y gobierno efectivo del territorio en contextos adversos y desarticulados, muchas veces violentados y olvidados. Hoy más que nunca se vuelve vigente el modelo comunal, solidario y reciproco. “Ayni”

¿Qué acciones deben tomar las comunidades campesinas y principalmente la pequeña agricultura para adecuarse a este contexto?

En esta adversidad las comunidades campesinas pueden demostrar esa capacidad que les permitió subsistir a todos los embates durante más de 500 años donde desafiaron grandes problemas políticos, ambientales, climáticos a las cuales las comunidades han enfrentado como sociedades recilientes respondiendo de manera oportuna a los avatares con una adecuada organización y gestión de sus recursos, capitalizando sus conocimientos ancestrales y la capacidad de leer los ecosistemas.

Las comunidades deben aprovechar este gran capital social y organizativo, el potencial genético agrícola, el adecuado uso de sus zonas de producción (zonas de riego, zonas de secano, laymes etc) donde pueden producir todas las especies cultivares para asegurar su alimentación y aprovisionar a los mercados

Desde el CEDEP Ayllu consideramos que es necesario incorporar nuevas tecnologías a la par de seguir recuperando todo el legado histórico de los saberes ancestrales andinos.

 

Con la presencia de los retornantes (personas de las comunidades que Vivian en las ciudades que están regresando

en este contexto por que se quedaron sin trabajo) habrá mayor cantidad de colaboradores que permitir trabajar las tierras de laymes y muyus que han estado abandonadas por falta de mano de obra y la migración que las comunidades han vivido durante los últimos años.

Algunas reflexiones finales

Este estado de aislamiento social obligatorio es un momento de reflexión para valorar lo que somos y los bienes con los que contamos, nos permite ver las oportunidades que se nos presentan.  Es una oportunidad para que las grandes zonas urbanas reconozcan que el valor de la agricultura familiar en el Perú y como siempre aporto a todo a la seguridad alimentaria, respetando a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra que nos da la vida

Necesitamos cambiar no solamente en la gestión de los recursos para sobrevivir como especie, necesitamos hacer un cambio interior, como personas, en nuestras familias en nuestras formas de relacionarnos con nuestros hijos y seres queridos, volver a lo esencial y poner el justo valor a las cosas.

Estos cambios incluyen el respeto y tolerancia a los que piensan distinto, a las mujeres, a los pueblos originarios y los grupos minoritarios. Debemos permitir que las voces de todos y todas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta para probar otras formas de construir nuestro mundo.

 

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Después de semanas, Gobierno da facilidades para traslado de producción agropecuaria

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Después de la presión de Conveagro, gremio que reúne a las organizaciones agrarias y ganaderas a nivel nacional, y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, que lograron tener una reunión con el ministro de Agricultura el 30 de marzo, Jorge Montenegro; el Ministerio emitió el 4 de abril la resolución ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, que “establecen disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19”.

Como es de conocimiento público, los gremios agrarios han estado exigiendo al gobierno central medidas para que las y los agricultores del sector rural puedan sobrevivir a esta crisis desencadenada por el Covid-19, que los perjudica en su producción regular al tener limitaciones de tránsito y encarecimiento del transporte de carga, compra de insumos, comercialización, etc, que agrava más las condiciones en las que ya venían produciendo; especialmente en aquellos lugares donde no tienen acceso al agua y a la tierra por el uso que hacen de los bienes comunes las empresas extractivas como la minería. Y, también en aquellos lugares donde los pasivos ambientales mineros son un peligro para la producción agropecuaria.

Actividades que comprende la medida

Hasta la fecha, después de 23 días de cuarentena, la resolución ministerial del MINAGRI es la única medida que el gobierno ha emitido para el sector agropecuario. Medida que “comprende a toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como: a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional. b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y actividades agropecuarias diversas. c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización. d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan para su formulación y uso. f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, productos veterinarios y material genético. g) Importación y exportación de productos agropecuarios. h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego)”.

Estas medidas comprenden a los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realizan algunas de las actividades señaladas con el objetivo de que se mantenga la cadena alimenticia en el país que, en las últimas semanas, se ha visto perjudicada con el alza de precios de algunos alimentos en las ciudades del país y el abastecimiento al gran mercado mayorista de Lima.

Gráfica de la reducción de ingresos promedio al Mercado Mayorista (Eduardo Zegarra)

 

 

 

Pase laboral de tránsito

La resolución del Ministerio de Agricultura también comprende que los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario puedan tramitar virtualmente el pase personal laboral ante la única Plataforma Digital del Estado Peruano (gob.pe/pase laboral) o, en su defecto, tramitar el pase en la comisaría más cercana con la acreditación expedida por la Junta de Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, con el formato anexo en la resolución ministerial.

Protocolo sanitario

La resolución también señala que “los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados para dichos fines”. Para ello, el Ministerio emitió un protocolo en el que señala que los productores, trabajadores y empresarios deben desinfectar sus herramientas de trabajo; guardar la distancia mínima de un metro si interactúan con otras personas; no compartir cabinas de tractores ni de camiones durante la campaña; uso de ropa exclusiva para labores del campo; y el personal dedicado a la carga y descarga de alimentos, debe hacer uso obligatorio de guantes y mascarilla. Si quieres revisar todo el protocolo, entra AQUÍ.

Agro abandonado

En declaraciones al periodista Glatzer Tuesta, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, señaló que además de la indiferencia de los grandes medios de comunicación con la problemática del sector en estas crisis por el Covid-19; los funcionarios del Estado del sector agricultura no están informando sobre la realidad del campo al gobierno central.

“Somos 2.2 millones de agricultores familiares que alimentamos al país (..) y 1 millón 200 mil productores viven en condición de pobreza y no podemos colocar nuestras colocar nuestras cosechas de papa, producción de quesos que venían a Lima, etc. El bono social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no llega a los hombres y mujeres de la agricultura familiar, porque no han sido reconocidos en la primera medida”.

Desde la Red Muqui, institución que ha venido denunciando las condiciones en las que laboran los trabajadores mineros en esta emergencia sanitaria nacional, nos sumamos también a las exigencias de Conveagro y las organizaciones gremiales agrarias para que este sector, que es indispensable para la alimentación del país, sea apoyado por el Estado. Es inadmisible que el gobierno permita que las actividades mineras continúen funcionando con normalidad sin una adecuada fiscalización, teniendo a la fecha 4 personas contagiadas en el sector minero; y al sector agrario se le mantenga abandonado.

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Trabajadores de campamento de Antamina protestan y exigen que les hagan pruebas de Covid-19

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Desde la madrugada del viernes 3 de abril, más de 50 trabajadores de la empresa contratista ATC de Antamina, vienen exigiendo que Antamina les facilite la realización de las pruebas de descarte de Covid-19, debido a que tomaron conocimiento del reporte público de la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre el trabajador minero que dio resultado positivo de Covid 19 el 31 de marzo, quien pertenece al mismo campamento en el que laboran: Yanacancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.

Trabajadores bloquean ingreso a comedor

Los trabajadores fueron a buscar al gerente de la empresa minera desde tempranas horas para plantear sus exigencias, pero al no ser recibidos bloquearon el ingreso al comedor exigiendo respuesta de algún representante de la empresa. Posteriormente salió el superintendente de seguridad de Antamina y frente a las exigencias señaló que la empresa entiende la preocupación de los trabajadores, pero “muchas cosas se han mentido acá. Todos los que estamos acá no tenemos un síntoma de nada. Estamos bien, respiramos bien”. Frente a estas declaraciones los trabajadores dijeron: ¡NO! y señalaron que eso era falso.

El superintendente de Antamina continuó con su discurso señalando que el médico no estaba presente en ese momento para dar información sobre la prueba de descarte de Covid-19, y que él estaba presente para resolver las cosas de manera tranquila y que “la gente que quiera ir a trabajar, pueda trabajar, y si ustedes no lo quieren hacer están en su derecho y esperen una respuesta del departamento médico. (…) “Si queremos vamos al hall y el médico vendrá y les explicará la situación, sino yo voy también con mascarilla para hablar con ustedes y no me contagie nada. Un resfriado es muy diferente a estar con el covid19. Cuanta gente ha trabajado acá y tose; eso no quiere decir que estemos a punto de irnos todos a una pandemia a morir”.

Campamento minero continúa desarrollando labores

Enseguida un trabajador señaló que están trabajando todos los días, incluido de noche, y eso es un peligro para el contagio, porque todos transitan en el campamento y ya hubo un caso de Covid-19. Además, enfatizó que la empresa no les ha dado ninguna información hasta el momento.

Frente a este reclamo, el representante de Antamina señaló que la empresa estaba evacuando a los trabajadores que presentan fuertes resfríos, y que el señor que salió positivo de Covid 19 en Huaraz no había sido la única persona evacuada. “Han salido muchos evacuados de acá y todos han sido negativos”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones los trabajadores respondieron enardecidamente que eso no era cierto.

El representante de Antamina continuó y señaló: “lo mismo que tú respiras acá, yo también lo respiro, cuando yo vaya a las ciudades (..), ¿le vamos a pedir a todos el certificado de si tiene o no Covid-19? Ni saben”.

Esto enardeció más a los trabajadores y tuvo que intervenir otro representante de la empresa Antamina que pidió desarrollar una reunión en un salón de la empresa.

En el tránsito al salón de reuniones los trabajadores seguían exigiendo que se les haga la prueba de descarte de Covid 19 para que vuelvan a casa con sus familias. Hasta ahora la empresa Antamina no emite un comunicado respecto a esta situación y los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores.

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Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos se pronuncia

Frente al último comunicado del 31 de marzo de la empresa Antamina sobre el trabajador minero con Covid 19; el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de San Marcos que preside el alcalde de San Marcos, Crhistian Palacios, exigió el mismo día, a través de un pronunciamiento, que la empresa mantenga en aislamiento social a sus trabajadores directos y a los trabajadores de sus empresas contratistas que laboran en sus campamentos.

También solicitaron en el comunicado que la empresa minera entregue una relación de los trabajadores mineros que han salido del campamento minero hacia sus hogares desde el 12 de marzo hasta la fecha. Agregaron que la empresa debe dar seguimiento y realizar descarte de Covid 19 de todas esas personas. En el pronunciamiento finalizan exigiendo que la empresa pare el transporte de su personal a las comunidades y ciudad de San Marcos, así como el apoyo que vienen realizando a comuneros de la zona en el marco de esta crisis para evitar posibles contagios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados en Ancash

Hasta el día de hoy, 3 de abril, la Dirección Regional de Salud de Ancash viene reportando 18 personas con Covid 19.

 

 

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