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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Durante la ultima semana hemos recibido denuncias de trabajadores mineros que se encuentran varados o sin poder salir de sus campamentos mineros. Esta vez su principal preocupación es que temen estar contagiados con el virus; por ello, han solicitado a sus empleadores que se les haga las pruebas rápidas de descarte del Covid-19 para volver a sus lugares de origen. Como se recuerda, el gobierno peruano a exceptuado a las empresas mineras del estado de emergencia permitiéndoles seguir laborando en operaciones remotas.

El caso de Antamina es el que más preocupación ha generado. La semana pasada se ha confirmado la existencia de 7 de trabajadores contagiados con el virus, inclusive algunos medios nacionales y familiares han denunciado que son muchos más los casos de contagios y que la empresa minera no atiende a sus pedidos de hacerles las pruebas rápidas. Al respecto, Antamina ha emitido un comunicado público señalando que han decidido realizar una “parada estratégica de seguridad” por las próximas dos semanas, y que esto lo hacen “para implementar mecanismos y protocolos de seguridad y de salud para sus trabajadores”. La empresa lamentablemente solo paraliza las operaciones por el pedido y reclamo de los mismos trabajadores, y porque probablemente el numero de contagiados debe ser mayor del que señalan.

Así como Antamina, hay una decena de empresas mineras que han sido denunciadas por sus trabajadores y por las comunidades aledañas por exponerlos al contagio del virus; son los casos de Las Bambas, Antapaccay, Cerro Verde, entre otros. La minería no debería ser una actividad esencial, tal como lo señala el gobierno peruano, ya que desde hace mucho tiempo recibe un trato preferencial en comparación con la actividad agropecuaria, por ejemplo. Por ello, llama la atención y preocupa lo que ha señalado en un comunicado Cooperacción, ya que el gobierno estaría trabajando con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) “un protocolo para seguir operando en medio de la emergencia”.

Desde la Red Muqui creemos que no se puede elaborar un protocolo de trabajo para el sector minero sin la participación de los trabajadores mineros, que están organizados a través de la Federación Nacional De Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico-Perú, ya que se han hecho publico múltiples denuncias en este sector a través de este gremio. Asimismo, creemos que se debería escuchar también la opinión de las comunidades afectadas por la minería en la elaboración de este protocolo y de cualquier otra medida que se quiera tomar. Lo contrario significaría que se pone en riesgo la salud y la vida de estas poblaciones.

El Centro Labor, miembro de la Red Muqui, con el apoyo de la institución Desarrollo y Paz de Canadá, realizaron la semana pasada una jornada de apoyo solidario a las familias afectadas por metales tóxicos que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, que no han recibido canastas de los municipios distritales y tampoco el bono de 380 soles del gobierno central. Esta jornada se realizó la semana pasada en los distritos de Simón Bolivar, Yanacancha y Chaupimarca, pertenecientes a la provincia de Cerro de Pasco. Provincia que ha sido afectada ambientalmente por décadas de actividad minera, y que en la actualidad tiene presencia activa de las empresas mineras Volcan – en proceso de transferencia a la empresa Cerro de Pasco Resources-; el Brocal; y Nexa.

Doblemente afectados

Durante la visita del Centro Labor a las familias que identificaron en extrema pobreza se encuentra la familia de la señora Carmen Cristobal del distrito Simón Bolivar, quien señaló: “Yo estoy diagnosticada con plomo en mi organismo y mi hijo también. A la vuelta de la casa está el desmonte minero. Y actualmente no puedo trabajar por esta coyuntura del Covid_19 en la que no podemos salir y porque me encuentro enferma».

También se apoyó a la familia de Rusbel Templadera de la comunidad campesina de Quilacocha, quien se dedica al pastoreo de animales con su esposa. “No nos ha llegado el bono y tampoco podemos reclamar por el estado de emergencia”, manifestó.

La madre de familia Sonia Terrazos del AAHH José Carlos Mariátegui del distrito Simón Bolivar, también señaló que su hija y ella están afectadas por metales tóxicos en su cuerpo, con plomo en la sangre. «Encima no hay trabajo, y ahora estoy arriesgando la vida trabajando en una bodega».

 

 

Provincia afectada

El director de la institución Centro Labor de Pasco, Jaime Silva, nos manifestó que el agua que se consume en Cerro de Pasco “tiene metales pesados; el aire también lo tiene producto de los pasivos ambientales que se encuentran en la ciudad. El tajo abierto en la ciudad de Cerro de Pasco genera afectación al ambiente y al suelo por donde la gente transita”.

En Cerro de Pasco hay diversos estudios internacionales y por parte de CENSOPAS (Ministerio de Salud) que señalan que hay miles de afectados en la región. Si se tomaran muestras a la totalidad de habitantes de la provincia, quizá se encontraría que más de un 80% tiene metales pesados en su organismo.

Empresas mineras continúan trabajando

Durante estos días se ha tomado conocimiento que en el centro poblado de Corquijilca, del distrito de Tinllahuarco, provincia de Pasco, que hay trabajadores mineros en el campamento de la empresa Brocal que deben ser relevados al estar ya más de 30 días trabajando. La comunidad se opone a que ingreses nuevos trabajadores porque esto genera riesgo de contagio de Covid_19 en la comunidad y en el campamento minero. La mayoría de trabajadores de la empresa vienen de Lima, Arequipa, Cusco.

En la provincia de Cerro de Pasco continúan trabajando al 60% las empresas mineras Volcan – en proceso de transferencia a la empresa Cerro de Pasco Resources-; la empresa mencionada, Brocal; y Nexa, que antes era la empresa minera Milpo.

Por Gloria De Marino / Área Político-Legal de Red Muqui

Durante la actual fase de la pandemia global del COVID-19, caracterizada por diferentes medidas de restricción y limitación de las libertades personales en la mayoría de los países del mundo; las principales organizaciones internacionales se han expresado sobre los deberes de los Estados en relación al respeto de los derechos humanos, exponiendo varias recomendaciones. Considerando las múltiples preocupaciones que han caracterizado el contexto peruano y que vienen siendo documentadas por Red Muqui en las últimas semanas: respecto a las condiciones laborales de los trabajadores mineros (ambos formales e informales); al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas; y a la vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad, como los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas contaminadas por metales pesados producto de la industria extractiva; se considera necesario revisar los últimos pronunciamientos de los organismos internacionales sobre el tema.

Para empezar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencia que los derechos humanos más afectados por la pandemia son el derecho a la vida y a la salud, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la vivienda, al agua y a la alimentación. En este contexto de vulnerabilidad, especial atención debe ser puesta a las necesidades de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, como las personas mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y las personas con discapacidad, entre otros. Además, hay que tomar en cuenta la dificultad de tomar medidas de prevención contra el virus en aquellos contextos de pobreza y pobreza extrema, especialmente cuando falta el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, una vivienda adecuada y un ingreso regular. Por lo tanto, las medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación de la enfermedad deben incorporar no solo una adecuada asistencia sanitaria, sino el acceso a una correcta alimentación, a medios de limpieza, y el otorgamiento de apoyo económico para los individuos en más dificultad[1].

Fundamental es también el rol de las empresas, que deben adoptar “procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos […], particularmente por los efectos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y ambientales] de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las personas que trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades locales”[2]. De acuerdo con este punto, las personas que siguen con sus actividades laborales deben poder contar con medidas de protección adecuadas a la emergencia.

Por otro lado, la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnes Callamard, se expresa sobre el uso de la fuerza policial y militar durante el estado de emergencia, declarado por muchos países frente a la pandemia. La Relatora Callamard subraya que el derecho a la vida no es derogable, y que los principios de legalidad, necesidad, proporción, precaución y no discriminación deben guiar las medidas del uso de la fuerza. Además, recuerda que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía es ilegal bajo el derecho internacional, incluido durante el estado de emergencia. En otras palabras, el estado de emergencia puede legítimamente asignar más poder a la policía, pero esta opción nunca incluye el poder de tomar la vida de manera arbitraria. El aumento de la violencia policial durante el estado de emergencia, a nivel global, se ve generalmente dirigido hacia individuos y grupos que se encuentran constreñidos a romper la cuarentena y las restricciones a la movilidad personal por razones de necesidad y sobrevivencia, como es el caso de personas en pobreza y trabajadores de la calle, personas sin casa y migrantes. Por lo tanto, romper una restricción de libertad no puede ser una excusa para un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, y bajo ninguna circunstancia debería comportar el uso de fuerza letal. Finalmente, la Relatora Callamard recomienda que los Estados y la policía consideren y entiendan estas realidades[3].

Para concluir, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU destaca que es responsabilidad de los Estados prevenir y mitigar los múltiples impactos de la pandemia, actuando en el marco de los derechos humanos, con una atención especial hacia los grupos más vulnerables de la sociedad[4].

Considerando que los impactos de la pandemia se cuentan, en primer lugar, en términos de vidas humanas afectadas a nivel de salud, el derecho a la vida y el bienestar de la persona deberían representar la prioridad por los Estados. Un segundo nivel de afectación abarca las consecuencias sociales, culturales y económicas de la pandemia y de la cuarantena. Unos ejemplos son el aumento de la violencia domestica contra mujeres, niños y niñas; el incremento de los casos de racismo y xenofobia dirigidos a particulares grupos, como migrantes y estranjeros; y la dificultad económica vivida en casos de interrupción de ingreso. Todos estos elementos concurren a crear un escenario complejo de riesgos para los derechos humanos, y al mismo tiempo un desafío por los Estados.

 

 

 

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

[2] Ibid. p. 12.

[3] Human Rights Dispatch No. 1 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf

[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ONU https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx