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En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el pasado 20 y 21 de febrero, se realizó la reunión de voceros y voceras de las macroregiones Centro, Sur, Norte y Amazonía de defensoras de la campaña. En este evento, en el que participaron defensores de diferentes regiones del país (Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Junín, Apurímac, Puno, y Amazonas),

El evento inició informando sobre el contexto actual en sus regiones, las movilizaciones y las actividades realizadas como voceros y voceras defensoras del ambiente. Esto ha sido fundamental ya que, como red articulada de defensores, es fundamental que se conozcan sus realidades, problemáticas, entre otras.

Defensores, como Rosa de Piura, han señalado que el material y las capacitaciones brindadas por las organizaciones les han servido mucho para continuar informando a sus comunidades, para fortalecer sus mecanismos de autoprotección, y conocer sus derechos.

En zonas como la Amazonía, actualmente, tratan de callar a los dirigentes y generan miedo cuando apresan a uno. Sobre esto, se señaló que la actuación de la policía y las FFAA en las recientes movilizaciones ha sido un uso abusivo de la fuerza, y esto se ha comprobado porque los proyectiles han sido encontrados en la cabeza, espalda y por encima del tórax. Se consideró que lo que se debe buscar es evitar la impunidad de los policías, militares y establecer las responsabilidades políticas.

Como un segundo momento clave de la reunión, los representantes de las organizaciones del Grupo Impulsor y los voceros y voceras defensoras, realizaron una evaluación de las acciones y de las diferentes etapas de la campaña hasta la fecha.

Se coincide que se ha logrado fortalecer el auto-reconocimiento como defensores y defensoras ambientales, esto es fundamental ya que impulsa más la labor que realizan y se autoidentifican como actores que cumplen una labor importante en la protección de la vida. Asimismo, se han logrado visibilizar la situación de los defensores/as y sus demandas en espacios internacionales.

Los voceros y voceras defensoras señalaron que, a lo largo de la campaña, han logrado fortalecer sus capacidades y conocimientos a través de encuentros y talleres realizados en diferentes regiones, lo cual les ha permitido articularse mejor como defensores a nivel nacional, y poder tener más herramientas para autoprotegerse, ante la ausencia del Estado.

Si bien los y las participantes hicieron evidentes algunas debilidades de la campaña como consolidar más la articulación con organizaciones en los territorios; estas debilidades se pueden superar y contrarrestar con oportunidades que se han presentado gracias a las acciones y al trabajo que se ha venido realizando, como el compromiso que ha aumentado de organismos internacionales de derechos humanos para con los defensores; y el trabajo continuo con gobiernos locales y regionales para visibilizar la importancia de la labor de defensores a nivel regional y nacional.

Además de las oportunidades que también coinciden con las del grupo impulsor, los voceros y voceras defensoras consideraron al apoyo de medios de comunicación alternativos como un aliado fundamental para visibilizar sus voces y articular con más actores sociales y políticos. Asimismo, ven al hecho de que se den nuevas Elecciones, una oportunidad de cambio y salida de la crisis social, institucional y política.

Como un siguiente momento, los voceros y voceras del Centro acordaron realizar acciones para fortalecer la campaña y visibilizar sus demandas. Voceros de la Macrorregión Centro, se comprometieron a buscar tener más presencia en medios de comunicación como la radio para visibilizar sus demandas y la vulneración de los derechos humanos y ambientales, y fortalecer la red de defensores.

En cuanto al Sur, se realizarán talleres de capacitación en políticas ambientales para una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, y se solicitará la activación del Mecanismo de Protección para personas defensoras.

En cuanto a la Macrorregión Norte, diseñarán mini-campañas en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre la vulneración de derechos humanos y ambientales, sobre todo la criminalización, como en el caso de defensores de Chaparrí-Lambayeque; también convocarán reuniones con autoridades locales y regionales, así como con los frentes de defensa y rondas campesinas de sus zonas. Otra acción es la articulación con asociación Ecoaliados ADEADSEC – Sechura.

Finalmente, en cuanto a la Amazonía, se estableció que se coordinarán para la realización de más talleres de fortalecimiento para sensibilizar sobre la vulneración de derechos a través de espacios de radios locales; coordinar un segundo taller de defensores ambientales de la Amazonía. Asimismo, coordinar reuniones que visibilicen las afectaciones al medioambiente, como en el distrito de Imaza, Bagua.

La campaña, así como las organizaciones que la conforman, se han comprometido a seguir luchando contra las amenazas actuales que sufren las personas defensoras, ya que en el contexto actual de crisis que se vive en el país, ha habido un incremento de asesinatos, amenazas, estigmatización, criminalización y discriminación contra defensores de derechos humanos y ambientales.

“Protege A Quienes Nos Protegen”.

Imágenes del evento:

La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.

La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.

En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado «terriqueo» n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.

En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.

En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.

Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita

 

VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:

Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.

Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.

Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales del Norte del país se han reunido en la ciudad de Chiclayo para participar del “Taller – Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales del Norte” este 19 y 20 de mayo. El taller tiene como principal objetivo fortalecer las vocerías y liderazgos de las personas defensoras, y contribuir al fortalecimiento de capacidades de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades afectadas. Así mismo, en el taller, las personas defensoras compartirán sus experiencias de lucha y darán a conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante el avance de actividades extractivas que impactan sus vidas y territorios. 

En este evento promovido por la Red Muqui Norte, Red Muqui Nacional y los defensores de Chaparrí se impulsará la elaboración de una agenda común y estrategias de exigibilidad para la protección de defensores en riesgo y la atención de las legítimas demandas de las comunidades campesinas y marino costeras. Asimismo, se rendirá homenaje a las y los defensores violentados.

Finalmente, es de destacar que el taller es parte de un conjunto de actividades preparatorios para el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales que se realizará en Lima entre el 15 y 16 de junio. Espacio, cuyo propósito es fortalecer las vocerías y liderazgos territoriales de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades que sufren violencia y criminalización por  defender  sus derechos territoriales y su medioambiente. 

 

Esta semana se darán encuentro en Lima defensores y defensoras ambientales de diversas regiones del país para discutir acerca de las amenazas que afrontan. Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú. 

Ante esta situación, en  el mes de junio se llevará a cabo el primer Encuentro de Defensoras y Defensores, en la que participarán líderes de más de 10 regiones del Perú. Para preparar este importante encuentro, este jueves 5 de mayo tendrá lugar en la capital una reunión de coordinación. En ella se buscará fortalecer la articulación de los defensores a nivel nacional, andino, amazónico y costero. Así mismo, se realizará un balance de las políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos y ambiente.

El Encuentro Nacional de junio tendrá como objetivo principal hacer visibles los riesgos, la persecución y la estigmatización que sufren los defensores a nivel nacional. Esto, debido a que los patrones de violencia sobre las y los defensores continúan siendo mortales, debido principalmente al ingreso de actividades como la minería, la tala, el narcotráfico, entre otras, que amenazan sus territorios ancestrales. Por lo cual, su situación y la de sus familias se vuelve cada vez más peligrosa en las diferentes regiones del país.

La comisión organizadora del encuentro está conformada por las defensoras y defensores de las distintas regiones, que vienen participando de una Campaña Nacional iniciada el año 2021 e impulsada por más de 15 organizaciones e instituciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el importante papel que cumplen. 

Las organizaciones e instituciones que conforman este movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales aseguran que este Encuentro Nacional será espacio de denuncia, de protesta, de propuesta, de movilización e incidencia para que en el más corto plazo las y los defensores encuentren la protección que el Estado debe brindarles frente a las amenazas de actividades económicas legales e ilegales.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

El último miércoles 15 de setiembre se realizó el foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El evento tenía como objetivo la discusión sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú, además de informar sobre los hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”.

Por esa razón, se contó con la participación de panelistas de diferentes organismos públicos y privados para generar una discusión desde diferentes visiones y generar las mejores recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú. En el foro participaron la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú; Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia.

Luego de la presentación del evento realizada por Jaime Borda, Secretario General de Red Muqui, comenzó la participación de la embajadora Kate Harrisson quien señaló que la mayoría de los conflictos que se registran en el Perú son conflictos socioambientales, es decir que se generan a partir de la afectación de un recurso natural en la zona, lo cual también genera impactos negativos en las comunidades cercanas. Además, comentó que, si bien el trabajo que realizan las empresas pueden generar impactos positivos, no se debe dejar de lado el deber que tienen de trabajar sin vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas, ni de las personas defensoras ambientales, lo cual es una problemática constante en el país. Sobre lo último, la Embajadora del Reino Unido en el Perú, informa un dato alarmante, y es que “entre el 2020 y el presente, en el país ha habido al menos 10 defensores ambientales que han perdido la vida” buscando defender sus derechos y los del medio ambiente. Por esa razón, como comenta Kate Harrisson, es crucial “fortalecer el apoyo legal de las personas defensoras para que puedan denunciar crímenes en su contra”.

Constantemente, las personas defensoras de diferentes regiones del país sufren de amenazas, estigmatización, criminalización y ataques lo cual afecta sus derechos y su labor de defensa de la tierra y el medio ambiente. Frente a esto, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que hay una extrema inseguridad de las personas defensoras, ya que no se sienten protegidas ni ellas ni sus familias, y esto se refleja en el informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”, presentado en el foro. Informa también que “los riesgos que enfrentan los defensores han subido durante la pandemia, por actividades contra el ambiente legales e ilegales, y por acceso a la tierra”. En cuanto a la inseguridad con la que viven las personas defensoras, comenta que esto se le asocia también al fracaso del sistema de justicia, que no brinda una respuesta a los pedidos de protección ni una solución concreta a la problemática.

Continuando con los resultados obtenidos por el informe realizado por CAFOD, Emily Mulville, representante de la misma organización, completando la información de las anteriores panelistas, señala que el Perú es uno de los países más peligrosos para la defensa del medioambiente, la realidad comprobada en los estudios y datos sobre la problemática que sufren las personas defensoras, “es escandalosa e inadmisible”. Informa, además, que es debido a que existen fuerzas políticas que tienen como objetivo apoderarse de las tierras que se generan los ataques a los defensores y los impactos negativos al medio ambiente. 

Por esa razón, David Velazco, abogado perteneciente a la organización FEDEPAZ, comenta que es fundamental que se reconozca la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en la sociedad, para que se genere un respaldo social, y en el Estado peruano de manera que “integre mecanismos de protección preventivos ante posibles amenazas”. Sin embargo, la atención que brinda el Estado a la problemática a través del diseño de mecanismos de protección es aún insuficiente, lo cual genera que las personas defensoras sigan siendo criminalizadas y se vean obligadas a refugiarse en los Derechos Humanos, establecidos por la ONU, como señala Hilda Torocahua, defensora de Valle del Tambo.

En el foro también se contó con la participación de la congresista Ruth Luque y de Guillermo Vargas, Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia del  MINJUS, con el objetivo de conocer los retos que se plantean desde el Estado para apoyar el trabajo de las personas defensoras y proteger sus derechos. Ruth Luque señaló que existen aspectos estructurales que el Estado debe cambiar para que se priorice la integridad de las personas defensoras y de las comunidades, de manera que, además, se legitime su rol y labor. Para lograr esto, el sistema normativo debe tomar en cuenta las necesidades de los defensores y que el sistema funcione en favor de ellos y ellas, los cuales son, constantemente, asediados por la minería ilegal.

Guillermo Vargas, reconoce la importancia de que el Estado priorice la atención de la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas defensoras. Por esa razón, comenta que el 22 de abril del presente año, se aprobó el mecanismo intersectorial para la prevención de las situaciones de riesgo, en favor de los defensores ambientales.

Si bien se ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, aún hay retos que cumplir para que las personas defensoras puedan realizar su labor en espacios seguros. Por esa razón, como señala Guillermo Vargas, “solo el compromiso del Estado en conjunto y de todos los actores permitirá que sigamos contribuyendo a la defensa de las personas defensoras del ambiente”.

Sin embargo, para brindar una solución concreta a la problemática, es importante que todos los actores sociales estén involucrados en esto, no solo la sociedad civil y el Estado. Velazco señala que es importante que las empresas evidencien su compromiso con las personas defensoras y no elaboren proyectos que generan impactos negativos en el ambiente, de manera que se pueden prevenir las consecuencias negativas que afectan también a las poblaciones cercanas a la zona.

Durante la audiencia que se realizó el día de ayer en Ica, martes 18 de febrero, en contra del ex alcalde de Espinar-Cusco, Oscar Mollohuanca; Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ex dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE; el juez William Fernández Pinto del 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica declaró infundada la solicitud de la Fiscalía que pretendía que los testimonios recogidos en la investigación preliminar el 2012 sean leídos en la audiencia el día de ayer y valorados como parte probatoria en el juicio.

Los delitos que se le imputan a Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán, son el de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento a los servicios públicos y disturbios, en el marco de la protesta social de mayo del 2012 en la cual la población de Espinar denunciaba la contaminación al medio ambiente y exigía la reformulación de un nuevo convenio marco por parte de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). El caso ya lleva 8 años en las instancias judiciales de Ica y la Fiscalía está solicitando 20 años de cárcel por los supuestos delitos señalados.

¿Por qué el juez rechazó estos testimonios?

“Durante el juicio, la Fiscalía ha ofrecido que declaren once testigos; de los cuales, solo han declarado 05. Todos efectivos policiales. A cuatro no se les puede ubicar, razón por la cual se prescindió de sus testimonios; es decir, no van a declarar en el juicio. Y, aún faltan dos”, relata el abogado del ex alcalde y de los dirigentes sociales, Ramiro Llatas de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras.

Sin embargo, la Fiscalía pretendía que los cuatro testimonios recogidos en la etapa preliminar de la investigación fiscal el 2012 sean leídos en la audiencia, a pesar que esas personas actualmente están inubicables, y que cuando se recogió esos testimonios; estas personas nunca fueron confrontadas o interrogadas por la defensa legal del ex alcalde y de los dirigentes sociales acusados; tal como lo manda el código procesal penal para que se ejerza el derecho a la defensa.

2 de esos 4 testigos eran un chofer del Ministerio Público en Cusco y, el otro, un ex fiscal que se fue al campamento minero y estando ahí le revocan su mandato, nombrando a otro fiscal en su lugar, añade el abogado Ramiro Llatas.

Esos 2 testigos de la Fiscalía supuestamente señalaban la responsabilidad penal de Oscar Mollohuanca, Sergio Humaní y Herbert Huamán, pero al final ellos testificaron aquella vez, que solo habían escuchado que los tres acusados estaban en la protesta, pero no presentaban una prueba que relacione directamente la acción de los acusados y los delitos que se les imputan, como la explosión de un local del Ministerio Público –no hay peritaje-. Hasta ahora no hay ninguna prueba certera de lo que se les acusa a las personas señaladas.

Juzgamiento irregular

Durante la investigación fiscal el 2012, cuando se desarrolló el conflicto, se cometieron una serie de irregularidades: “detenciones arbitrarias a los acusados; a los detenidos se les llevo al campamento minero, donde no existía una comisaría y se cometieron probables torturas. Ninguno de estos hechos ilícitos ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público, sin embargo, a los defensores ambientales, se les mantiene en juicio desde mayo del 2012, en Ica, una región ubicada a cientos de kilómetros de Espinar. Ellos constitucionalmente deben de ser juzgados en Cusco”, precisa el abogado Ramiro Llatas.

¿Cuál es el desenlace?

En julio del 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a Mollohuanca, Huamaní y Huamán. Sin embargo, la Fiscalía apeló a segunda instancia y el juicio se reabrió en el 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica y ahora falta que se desarrollen 3 audiencias más: la próxima audiencia el 28 de febrero en que se espera se presenten los 2 testigos notificados; la penúltima audiencia el 11 de marzo que será de alegatos finales, en que tendrán que estar los dirigentes acusados; y la última audiencia que será la lectura de sentencia.

Si absuelven nuevamente a los defensores ambientales, la Fiscalía puede apelar por tercera vez e interponer un recurso de casación para que el caso se vea en la Corte Suprema.