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Este 7 de diciembre se cumple un año del intento de golpe del expresidente Pedro Castillo y su posterior vacancia por parte del Congreso de la República. A partir de esta fecha asumió la presidencia del Perú Dina Boluarte, que inmediatamente estableció una alianza con los grupos más conservadores, mafiosos y perdedores de las elecciones presidenciales del 2021, incluido el Congreso, abandonando rápidamente la agenda reivindicativa derechos en favor de las comunidades y poblaciones más empobrecidas del país con la que fue elegida en la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales. A partir de aquel 7 de diciembre, luego de la destitución de Castillo, se desató una gran movilización popular de corte popular, campesina e indígena que remeció el país.

La movilización comenzó en las entrañas del surandino peruano, específicamente en Andahuaylas – Apurímac, extendiéndose rápidamente a Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica. Las organizaciones sociales y poblaciones de marcada composición campesina e indígena, comenzaron a desconocer el gobierno de Dina Boluarte y a exigir el cierre del Congreso. El Barrio Chino en Ica, una de las zonas donde se aplica el régimen laboral más explotador desarrolló bloqueos de carreteras, en el distrito arequipeño de Chala las movilizaciones convocaron a una mayoría de población de procedencia indígena y campesina que tuvieron que migrar a la costa en busca de trabajo.

En Andahuaylas – Apurímac las mujeres indígenas fueron de las primeras en levantarse y a organizar las ollas comunes para sostener la protesta popular. Comunidades, organizaciones barriales, mercados y frentes de defensa sostuvieron esta revuelta que rápidamente se extendió al Sur Andino. Las comunidades campesinas se movilizaron masivamente hacia las capitales de sus regiones, y para enero del 2023 se retomaron las protestas. Las comunidades incluso decidieron movilizarse hasta Lima, la capital del país, para hacer sentir su voz de protesta. Las demandas principales de estas movilizaciones giraron en torno a la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, entre otras consignas.

Así también desde el inicio, la represión policial y militar con la que respondió el gobierno fue brutal y sanguinaria. La CIDH ha reconocido que se cometieron masacres, por la masividad del ataque y el uso indiscriminado de la fuerza. Según la Coordinadora Nacional de DDDHH, hasta la fecha se registran 49 personas asesinadas y un centenar de heridos por el uso ilegítimo de la fuerza estatal. A casi un año de los hechos, no existe ningún policía o militar sancionado por estos hechos. Pese a que el Estado desarrolló una política de persecución y detenciones arbitrarias, que incluyó el apresamiento de jóvenes campesinos por protestar en Cuyo Grande en Cusco o de trabajadores agrarios en Ica. Las vulneraciones y vejámenes de la población indígena movilizada fueron reiteradas, y en ella se reflejó el racismo y la indiferencia que le despensa la sociedad mayoritaria en las capitales de las regiones a los habitantes originarios provenientes de las comunidades.

A un año de estos hechos históricos y dolorosos para el pueblo, la situación política y económica empeora cada vez más. Especialmente el Congreso de la República ha consolidado su poder, junto a aliados como Patricia Benavides, que a pesar de las evidencias de corrupción solo ha sido suspendida del Ministerio Público. Los sectores autoritarios y el fujimorismo han logrado uno de sus principales objetivos: la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, una acción facilitada por Dina Boluarte que sigue siendo útil a los intereses de las mafias y los grandes grupos económicos como ha quedado evidenciado en estos días.

Por su parte los gremios mineros, preocupados por garantizar sus inversiones han pedido que la crisis institucional no les perjudique. En consonancia Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola ya han anunciado el reimpulso de proyectos mineros, a pesar de que estos causarán aún mayor rechazo y conflictos sociales, tal como ha ocurrido con proyectos similares en las últimas décadas. En medio de esta grave crisis, el empresariado minero se sigue fortaleciendo y tantea el terreno para garantizar sus proyectos. Por ello han propuesto realizar una serie de reformas para garantizar sus inversiones a costa de la institucionalidad ambiental y en desmedro de los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Sin duda, la reacción de las organizaciones impactadas por la minería no se va a hacer esperar, en las últimas semanas ya se han desarrollado masivas movilizaciones campesinas en defensa del agua como en Candarave- Tacna y en Lambayeque.

En síntesis, a un año del régimen de Boluarte y su alianza autoritaria es preciso manifestar que las agendas que propiciaron las masivas movilizaciones siguen más vigentes que nunca, y no se ha parado la descomposición institucional del Estado en todos sus ámbitos, ni se ha puesto freno a la impunidad policial y ni a la criminalización a los manifestantes, la corrupción y el blindaje de altas autoridades estatales. También sigue campando el racismo y la discriminación hacia las comunidades y los pueblos indígenas movilizados. Por otra parte, es evidente la complicidad de los empresarios y gremios mineros para aprovechar la crisis para expandir sus negocios, con lo que se arriesga la reactivación de los conflictos sociales en los territorios por tantas demandas insatisfechas. Por todo lo anterior y frente al deterioro de la democracia y por el respeto a los DDHH en nuestro país es tiempo de organizarnos y movilizarnos por un nuevo pacto social.

El viernes 28 de julio, a través del Proyecto de Ley N° 05633/2023-PE, el Ejecutivo propuso incorporar la denominada Policía de Orden y Seguridad a la categorización de la Policía Nacional del Perú, el cual no formará parte de la carrera policial per se sino que será parte de una “estrategia” para atender el déficit de personal.

La propuesta genera zozobra por el contexto de las constantes movilizaciones en contra del régimen debido a que el artículo 6 del proyecto especifica que la Policía de Orden y Seguridad “tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, además, de acuerdo con la exposición de motivos, “la capacitación será de 6 meses a un año como máximo y una menor remuneración mensual en función de la actividad funcional asignada”. Por otro lado, el artículo 17 destaca la designación del superior policial que ejercerá comando y supervisión directa sobre el Policía de Orden y Seguridad.

Los tres presupuestos jurídicos señalados, por lo tanto, dan cuenta de que la nueva categorización tendrá la misma potestad coercitiva que un policía instruido con más años, asimismo, contarán con una capacitación breve e insuficiente en el manejo de armas y defensa personal; y, exigirá ocupar el tiempo de un oficial por la supervisión que necesitan al realizar sus actividades. En pocas palabras, la creación de esta figura implica que las nuevas fuerzas policiales puedan cometer abusos de autoridad y/o usos ilegítimos de la fuerza por su falta de entrenamiento adecuado con enfoque de derechos humanos y basados en la proporcionalidad y la no discriminación.

En ese sentido, desde la Red Muqui exigimos mayor congruencia en la formulación de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, ya que existen estándares internacionales de capacitación de armamento en el marco de la protección de la población que se debe cumplir a cabalidad por los tratados internacionales en materia de DDHH ratificados con anterioridad. De otro lado la imagen que hoy tiene la población sobre la PNP es de una institución abusiva y de impunidad debido a las graves violaciones a los DDHH que se han cometido en las recientes movilizaciones en el sur andino peruano y que han sido constatados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Para mayor información sobre el contenido del Proyecto de Ley, click aquí.

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el pasado 20 y 21 de febrero, se realizó la reunión de voceros y voceras de las macroregiones Centro, Sur, Norte y Amazonía de defensoras de la campaña. En este evento, en el que participaron defensores de diferentes regiones del país (Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Junín, Apurímac, Puno, y Amazonas),

El evento inició informando sobre el contexto actual en sus regiones, las movilizaciones y las actividades realizadas como voceros y voceras defensoras del ambiente. Esto ha sido fundamental ya que, como red articulada de defensores, es fundamental que se conozcan sus realidades, problemáticas, entre otras.

Defensores, como Rosa de Piura, han señalado que el material y las capacitaciones brindadas por las organizaciones les han servido mucho para continuar informando a sus comunidades, para fortalecer sus mecanismos de autoprotección, y conocer sus derechos.

En zonas como la Amazonía, actualmente, tratan de callar a los dirigentes y generan miedo cuando apresan a uno. Sobre esto, se señaló que la actuación de la policía y las FFAA en las recientes movilizaciones ha sido un uso abusivo de la fuerza, y esto se ha comprobado porque los proyectiles han sido encontrados en la cabeza, espalda y por encima del tórax. Se consideró que lo que se debe buscar es evitar la impunidad de los policías, militares y establecer las responsabilidades políticas.

Como un segundo momento clave de la reunión, los representantes de las organizaciones del Grupo Impulsor y los voceros y voceras defensoras, realizaron una evaluación de las acciones y de las diferentes etapas de la campaña hasta la fecha.

Se coincide que se ha logrado fortalecer el auto-reconocimiento como defensores y defensoras ambientales, esto es fundamental ya que impulsa más la labor que realizan y se autoidentifican como actores que cumplen una labor importante en la protección de la vida. Asimismo, se han logrado visibilizar la situación de los defensores/as y sus demandas en espacios internacionales.

Los voceros y voceras defensoras señalaron que, a lo largo de la campaña, han logrado fortalecer sus capacidades y conocimientos a través de encuentros y talleres realizados en diferentes regiones, lo cual les ha permitido articularse mejor como defensores a nivel nacional, y poder tener más herramientas para autoprotegerse, ante la ausencia del Estado.

Si bien los y las participantes hicieron evidentes algunas debilidades de la campaña como consolidar más la articulación con organizaciones en los territorios; estas debilidades se pueden superar y contrarrestar con oportunidades que se han presentado gracias a las acciones y al trabajo que se ha venido realizando, como el compromiso que ha aumentado de organismos internacionales de derechos humanos para con los defensores; y el trabajo continuo con gobiernos locales y regionales para visibilizar la importancia de la labor de defensores a nivel regional y nacional.

Además de las oportunidades que también coinciden con las del grupo impulsor, los voceros y voceras defensoras consideraron al apoyo de medios de comunicación alternativos como un aliado fundamental para visibilizar sus voces y articular con más actores sociales y políticos. Asimismo, ven al hecho de que se den nuevas Elecciones, una oportunidad de cambio y salida de la crisis social, institucional y política.

Como un siguiente momento, los voceros y voceras del Centro acordaron realizar acciones para fortalecer la campaña y visibilizar sus demandas. Voceros de la Macrorregión Centro, se comprometieron a buscar tener más presencia en medios de comunicación como la radio para visibilizar sus demandas y la vulneración de los derechos humanos y ambientales, y fortalecer la red de defensores.

En cuanto al Sur, se realizarán talleres de capacitación en políticas ambientales para una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, y se solicitará la activación del Mecanismo de Protección para personas defensoras.

En cuanto a la Macrorregión Norte, diseñarán mini-campañas en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre la vulneración de derechos humanos y ambientales, sobre todo la criminalización, como en el caso de defensores de Chaparrí-Lambayeque; también convocarán reuniones con autoridades locales y regionales, así como con los frentes de defensa y rondas campesinas de sus zonas. Otra acción es la articulación con asociación Ecoaliados ADEADSEC – Sechura.

Finalmente, en cuanto a la Amazonía, se estableció que se coordinarán para la realización de más talleres de fortalecimiento para sensibilizar sobre la vulneración de derechos a través de espacios de radios locales; coordinar un segundo taller de defensores ambientales de la Amazonía. Asimismo, coordinar reuniones que visibilicen las afectaciones al medioambiente, como en el distrito de Imaza, Bagua.

La campaña, así como las organizaciones que la conforman, se han comprometido a seguir luchando contra las amenazas actuales que sufren las personas defensoras, ya que en el contexto actual de crisis que se vive en el país, ha habido un incremento de asesinatos, amenazas, estigmatización, criminalización y discriminación contra defensores de derechos humanos y ambientales.

“Protege A Quienes Nos Protegen”.

Imágenes del evento:

La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.

La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.

En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado «terriqueo» n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.

En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.

En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.

Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita

 

VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:

Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.

Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.

Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales del Norte del país se han reunido en la ciudad de Chiclayo para participar del “Taller – Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales del Norte” este 19 y 20 de mayo. El taller tiene como principal objetivo fortalecer las vocerías y liderazgos de las personas defensoras, y contribuir al fortalecimiento de capacidades de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades afectadas. Así mismo, en el taller, las personas defensoras compartirán sus experiencias de lucha y darán a conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante el avance de actividades extractivas que impactan sus vidas y territorios. 

En este evento promovido por la Red Muqui Norte, Red Muqui Nacional y los defensores de Chaparrí se impulsará la elaboración de una agenda común y estrategias de exigibilidad para la protección de defensores en riesgo y la atención de las legítimas demandas de las comunidades campesinas y marino costeras. Asimismo, se rendirá homenaje a las y los defensores violentados.

Finalmente, es de destacar que el taller es parte de un conjunto de actividades preparatorios para el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales que se realizará en Lima entre el 15 y 16 de junio. Espacio, cuyo propósito es fortalecer las vocerías y liderazgos territoriales de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades que sufren violencia y criminalización por  defender  sus derechos territoriales y su medioambiente. 

 

Esta semana se darán encuentro en Lima defensores y defensoras ambientales de diversas regiones del país para discutir acerca de las amenazas que afrontan. Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú. 

Ante esta situación, en  el mes de junio se llevará a cabo el primer Encuentro de Defensoras y Defensores, en la que participarán líderes de más de 10 regiones del Perú. Para preparar este importante encuentro, este jueves 5 de mayo tendrá lugar en la capital una reunión de coordinación. En ella se buscará fortalecer la articulación de los defensores a nivel nacional, andino, amazónico y costero. Así mismo, se realizará un balance de las políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos y ambiente.

El Encuentro Nacional de junio tendrá como objetivo principal hacer visibles los riesgos, la persecución y la estigmatización que sufren los defensores a nivel nacional. Esto, debido a que los patrones de violencia sobre las y los defensores continúan siendo mortales, debido principalmente al ingreso de actividades como la minería, la tala, el narcotráfico, entre otras, que amenazan sus territorios ancestrales. Por lo cual, su situación y la de sus familias se vuelve cada vez más peligrosa en las diferentes regiones del país.

La comisión organizadora del encuentro está conformada por las defensoras y defensores de las distintas regiones, que vienen participando de una Campaña Nacional iniciada el año 2021 e impulsada por más de 15 organizaciones e instituciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el importante papel que cumplen. 

Las organizaciones e instituciones que conforman este movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales aseguran que este Encuentro Nacional será espacio de denuncia, de protesta, de propuesta, de movilización e incidencia para que en el más corto plazo las y los defensores encuentren la protección que el Estado debe brindarles frente a las amenazas de actividades económicas legales e ilegales.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.