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En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

El debate electoral: Propuestas ante la problemática minera en el Perú se desarrolló el miércoles 11 de diciembre a las 6pm, en la sala de conferencias del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la presentación  inicial de dos casos emblemáticos de la problemática minera en nuestro país, que fueron parte de los ejes de debate de los candidatos al Congreso: Salud ambiental y humana; territorio – concesiones, recursos naturales (agua) y ordenamiento Territorial; criminalización de la protesta; y alternativas al desarrollo (minería).

Casos emblemáticos

Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, desarrolló su presentación señalando a los candidatos que se encontraban escuchándola: Manuel Dammert de Juntos por el Perú; Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio; Juan Gálvez de Acción Popular; y Pedro Gamio del Partido Morado; que sus partidos políticos y de ser electos como congresistas, incidan ante la PCM en la conformación de la Comisión Multisectorial que permita la articulación de diferentes ministerios para que haya políticas de prevención, remediación y atención integral en salud a las y los afectados por metales tóxicos, que actualmente se encuentran en una situación muy difícil al no tener medicamentos y atención especializada.

Yolanda Zurita expone las propuestas de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos

Yolanda Zurita expone la problemática y propuestas de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos

Asimismo, que recojan los proyectos de ley impulsados, como el de Salud Integral Ambiental y Humana, Registro Nacional de afectados/as por metales tóxicos, y el proyecto de modificación de la Ley de Pasivos ambientales.

Pasivos Ambientales

A su turno, el representante de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Río Rímac, Genaro Aguilar, recalcó, sobre los pasivos ambientales (PAMs); que una muestra de la poca remediación de los PAMs en nuestro país, es lo que se ve con Tamboraque. “638 mil toneladas de residuo tóxico siguen al borde del río Rímac sin ser trasladados y remediados. Hace más de 10 años la PCM declaró en emergencia Tamboraque y hasta ahora nada”. De haber un fuerte sismo, los residuos tóxicos caerían al río Rímac y afectaría el agua que toman los limeños.

Genaro Aguilar, vocero de la Cuenca Alta del Río Rímac presenta la problemática de los pasivos ambientales

Entre las propuestas que señaló el vocero de la Cuenca alta del río Rímac, fue la defensa estricta de los ríos, manantiales, ecosistemas frágiles que se encuentran amenazados por los pasivos ambientales, actividades mineras en operación, hidroenergía, etc. “El Congreso debe exigir a la Autoridad Nacional del Agua que cumpla con establecer los criterios pendientes para la delimitación de las cabeceras de cuenca a ser protegidas, como un proceso de ordenamiento hídrico. Este proceso es parte de la aplicación de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca aún pendiente de ejecutar”.

Agenda de Red Muqui

Añadiendo al desarrollo de los casos expuestos; el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, señaló la agenda prioritaria de la Red para el nuevo período político con el nuevo congreso. “La aplicación del Ordenamiento Territorial, que tiene un proyecto de ley archivado en el Congreso, tiene que basarse en las visiones de futuro y modos de vida de los actores sociales, y buscando la decisión que brinda mayor sostenibilidad; y no en el ordenamiento del territorio para beneficio principalmente de las empresas mineras”.

Asimismo, enfatizó, igual que el vocero de la Cuenca alta del río Rímac, que el Congreso debe exigir a la ANA, que se dicte la metodología de aplicación de los criterios para el establecimiento de las cuencas que deben ser protegidas, como parte del cumplimiento de la Ley de Protección de cabeceras de cuenca que hasta ahora no se ejecuta.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui.

En materia de criminalización de la protesta, el vocero de Red Muqui señaló que los futuros congresistas deben plantear la derogatoria de los marcos normativos que permiten la criminalización de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad de las fuerzas armadas en los “actos en el ejercicio de sus funciones”. Agregó, por ejemplo, que se debe derogar la ilegal ley de “Activos Críticos” que permiten la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a la policía en situación de conflictos social en que estén involucradas con el desarrollo estratégico del país. Esta ley incluso plantea el apoyo de fuerzas internacionales en apoyo a situaciones de riesgo de los “activos críticos”.

Y, en materia ambiental, remarcó que se deben revisar los marcos normativos dictados en el Congreso que han afectado derechos fundamentales y colectivos, y limitado las funciones de la institucionalidad ambiental.

Terminada la 1era parte, inició el debate de candidatos al Congreso con la moderación del periodista Glatzer Tuesta; quien planteó los ejes del debate a los candidatos y preguntó y repreguntó para que las y los candidatos tengan respuestas concretas a los ejes presentados.

Debate de candidatos

Roció Silva Santisteban, candidata del Frente Amplio.

Respecto al eje de salud ambiental y humana, la candidata número 2 del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló que no se oponen a la minería en todo el Perú, sino que son antiextractivistas por los efectos que genera en la población. “El estado debe cumplir con su deber de atención a la salud con una comisión de alto nivel multisectorial”, precisó.

A su turno, el candidato número 15 del Partido Morado, Pedro Gamio, señaló: “se necesita mayor predictibilidad y establecer líneas de base en salud en los estudios de impacto ambiental (EIA). Para eso se necesitan reformas”, enfatizando en la necesidad de la prevención para que no haya más personas enfermas por exposición a metales pesados en sus territorios.

Ordenamiento Territorial

Manuel Dammert, candidato de Juntos por el Perú.

Respecto al eje de ordenamiento territorial; el candidato número 2 de Juntos por el Perú, Manuel Dammert señaló: “Hay que buscar fuentes alternativas de energía en el sur del Perú; debido a que el gas lo están quemando para la minería. El sur es fuente de alimentos y no puede ser destruido. O el gas sirve para la agricultura o sirve para que lo rematen afuera”.

Rocío Silva Santisteban señaló: “Para nosotros la propuesta es un cambio constitucional, en lo ambiental los conflictos que se vienen dando son ecoterritoriales como en el Valle de Tambo donde los agricultores defienden su tierra y defienden su valle que es fértil. Por ello la licencia social debe estar incorporada en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”

Pedro Gamio, candidato del Partido Morado

Pedro Gamio enfatizó: “El ordenamiento territorial debe ser vinculante. El país debe tener planeamiento estratégico de lo que se puede hacer con sus recursos. Actualmente no tenemos política rural. No podemos seguir tan pasivos con el tema de la minería ilegal”

Juan Gálvez, candidato número 19 de Acción Popular, precisó que es necesario “una ley marco del ordenamiento territorial. El ordenamiento tiene que asegurar una gestión integral de los recursos hídricos y debe garantizar la participación de las comunidades y garantizar su salud”

Criminalización de la protesta

Respecto a la criminalización de la protesta; Rocío Silva señaló que en el país se criminaliza la disidencia. Es una estrategia del Estado usar figuras del derecho penal para castigar a las organizaciones sociales, por eso hay que derogarla Ley 30251, derogar las normas que permiten los convenios entre empresas y la PNP”

En su intervención, Pedro Gamio precisó “es cierto que hay que garantizar el derecho a la protesta, pero hay un límite, no puede afectar otros derechos. Hasta en la guerra hay límites.

Manuel Dammert señaló que el fondo del asunto es la soberanía del Estado. “Se deben rechazar los convenios privados entre la minería y la PNP, y se debe garantizar el derecho a la protesta”.

Juan Gálvez, candidato de Acción Popular

Juan Gálvez, agregó: “El estado utiliza la fuerza para amedrentar. La PNP tiene un rol que le otorga la constitución. El estado debe ponerse los pantalones y hacer que la actividad minera sea en beneficio de las comunidades”.

En el último eje de debate, el periodista Glatzer Tuesta señaló que la corrupción era hoy uno de los grandes temas en el Perú, y preguntó, cuál era la opinión de los candidatos frente a este tema.

Al finalizar el debate, en representación del Consejo Directivo de Red Muqui, Nury García dio el agradecimiento a los candidatos por haber presentando sus propuestas y enfatizó que en el Perú no todo puede verse como mercancía que hay que vender y comprar. Por ello, como Red Muqui, señaló, continuarán acompañando a las organizaciones, comunidades y poblaciones, en defensa de sus derechos frente a un modelo de desarrollo que privilegia el desarrollo de la actividad minera y no de otras actividades económicas que la gente desarrolla de manera sostenible.

Ver video del debate, 1era parte 

Ver parte final del debate