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En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

Defensoras y defensores de  derechos humanos y ambientales han reiterado su rechazo absoluto a la instalación del proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, paralizado desde el 2011. En una conferencia de prensa conjunta convocada por Red Muqui y Fedepaz, que apoyan las legítimas demandas de las comunidades campesinas, se ha destacado el alto valor que dicha zona tiene para la agricultura.

José Blanco, dirigente del Comité de Defensa del Valle recordó como en plena pandemia ”surtimos a los hogares también en la ciudad con ajos, cebollas, rabanitos, camote, papa, espinaca”. 

El Director Ejecutivo de FEDEPAZ, David Velasco Rondón  consintió con esa apreciación y explicó que el Valle de Tambo constituye una región de altísima importancia agrícola para todo el país y que es prioritario como sociedad lograr el ordenamiento del territorio “porque la minería puede ir de acuerdo a un uso racional que se haga del territorio y se instale en aquellos lugares en los que no afecte el medioambiente y la vida de las personas”. De acuerdo a esos parámetros sentenció que el proyecto minero de Tía María es absolutamente inviable, algo que ha sido ratificado incluso por organismos internacionales.

Como completamente incoherente y contraproductivo calificó la práctica que han tenido los diferentes gobiernos de establecer espacios de diálogo, cuando estallan los conflictos y persistir al mismo tiempo en criminalizar a quienes protestan. Una forma de reclamar por demandas legítimas, algo que no sólo es un derecho fundamental refrendado por el Tribunal Constitucional, sino que incluso es una obligación ética por proteger las bases esenciales de la vida.

La conferencia de prensa culminó la serie de actividades que Red Muqui y FEDEPAZ realizaron en Arequipa dirigidas, principalmente a apoyar, a las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales del distrito de Valle de Tambo, y que forman parte de la campaña nacional de “Defensoras y Defensores”. 

En esta zona, las personas que defienden derechos son constantemente criminalizadas y denunciadas por oponerse al proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), ubicada en el desierto La Joya, al norte de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las protestas que realizan los agricultores y defensores de la zona se deben a la contaminación del agua que se generaría a través de las operaciones de la empresa minera.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, explicó que el objetivo de la campaña es que se establezca una real protección para las defensoras y defensores que continuamente son perseguidos, estigmatizados y criminalizados. Para ello haría falta, según su planteamiento, que el Congreso dote de presupuesto y el Ejecutivo implemente efectivamente el protocolo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos aprobado por el Ministerio de Justicia.

Una de ellas es Grimalda Chávez, defensora criminalizada y procesada por haber realizado una llamada telefónica para confirmar si otro defensor ambiental había sido detenido. Chávez expresó su gratitud hacia FEDEPAZ y Red Muqui por el apoyo legal que le han brindado y afirmó que hay muchas mujeres como ella dispuestas a defender el ambiente y “defender la comida que nos llevamos a la boca”.

Para finalizar, Justo Centeno, presidente del Frente cívico de la Provincia de Islay reafirmó el rechazo absoluto del proyecto Tía María por parte del pueblo, que según sus palabras está bien organizado y ha demostrado unidad en su lucha y que seguirá luchando en defensa del medio ambiente, de la agricultura y del agua.

 

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

15 octubre de 2019