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Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente: 

  • Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia. 
  • Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
  • El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente. 
  • La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.

Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.

La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/