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Resistir y transitar en defensa de la Amazonía. Rumbo al XI FOSPA, Bolivia

El Pre Foro Social Panamazónico (FOSPA) 2024 en Perú se realizará del 25 al 28 de abril en la Universidad Nacional de San Martín, en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. Este representa un encuentro de experiencias y reflexiones colectivas a fin de generar propuestas que aporten al documento de posicionamiento político y a la agenda de acciones estratégicas que se definirán en el XI FOSPA Bolivia 2024, el cual se realizará en junio del presente año.

En tal sentido, en el evento se consensuarán propuestas estratégicas desde Perú para preservar la Amazonía frente a desafíos y afectaciones como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el impacto de las industrias extractivas , la minería ilegal y la convivencia intercultural , aportes que se sumarán con las que lleven las delegaciones de los demás países al encuentro internacional.
Programa

El Pre-FOSPA 2024 se iniciará formalmente el jueves 25 de abril, pero días antes se realizarán actividades previas como la que organiza el Fórum Solidaridad Perú (FSP) con la Coordinadora de Ríos; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) con defensores/as y el Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático (MOCICC) con jóvenes.

El programa del Pre FOSPA Perú 2024 es el siguiente:

Jueves 25 de abril: Luego del registro de participantes, se llevará a cabo la inauguración, seguida por un panel inaugural titulado «FOSPA en el tiempo e importancia para la Amazonía: Historia y Desafíos».

En la ceremonia de apertura se dedicará un espacio en memoria de los/las defensores/as asesinados, así como de otros dirigentes y líderes que nos acompañan desde otra dimensión.

En la tarde se llevará a cabo una movilización por las calles de Tarapoto, para cerrar el primer día con una noche cultural.

Viernes 26 de abril: El día iniciará con una presentación de los objetivos y metodología del FOSPA. Luego de analizará el contexto actual en la Amazonía de acuerdo con cinco ejes o dimensiones de temas:

1) Estado del territorio y defensores.
2) Estado, Autonomías y el Territorio Panamazónico.
3) Crisis climática, ecología integral y transición ecológica.
4) Diálogo intercultural de lo andino y lo amazónico.
5) Avances y desafíos en los derechos de las mujeres amazónicas y andinas.

Por la tarde se llevarán a cabo reuniones de grupos de trabajo de las iniciativas de acción del FOSPA, enlistadas en siete títulos:

1) Soberanía, seguridad alimentaria y agroecología.
2) Defensores de los Ríos, Agua y Territorio.
3) Hidrocarburos y transición energética.
4) Educación comunitaria.
5) Autonomía indígena: economía, tierra y territorio.
6) Defensa del cuerpo y territorio de las mujeres amazónicas y andinas.
7) Extractivismo y economías ilegales.

Para cerrar el día, se llevará a cabo un Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. En este espacio las mujeres kukama de Loreto presentarán su estrategia legal, y luego se hablará sobre el derecho a intérpretes en San Martín.

Posteriormente, el tema serán las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el caso andino, en específico la afectación por contaminación de metales pesados a mujeres. Estas actividades tendrán un cierre festivo y comunicativo.

Sábado 27 de abril: En este día se continuará con las sesiones de los grupos de trabajo, para luego tener una plenaria y recoger el recorrido del día en sentires y pensares.

Domingo 28 de abril: En el último día del foro, se realizará una plenaria, seguida por la Sentencia del Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. Antes de pasar a la clausura del evento, habrá una plenaria de discusión y lectura del Pronunciamiento o Declaración Final del PRE FOSPA Perú.

La XI edición del FOSPA en Bolivia
El FOSPA es un espacio bianual de articulación y reflexión internacional para fortalecer alianzas e incidir a favor de la defensa de la Amazonía.

En este proceso se unen, actúan y piensan temas esenciales sobre la región amazónica que incluye a: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, República Cooperativa de Guyana, Surinam, Perú y Venezuela.

La XI edición del FOSPA se realizará en las ciudades de Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes, municipios vecinos ubicados en del norte amazónico de Bolivia.

Por: Sara Delrio
Área Socio-ambiental
Red Muqui

Alrededor de 3 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a agua potable! (1)

Perú, siendo el octavo país con mayor volumen de agua dulce en el mundo y el tercero en América Latina, exhibe una distribución desigual en todo su territorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 97 por ciento del agua dulce disponible se concentra en la Región Hidrográfica Amazónica, habitada por menos de un tercio de la población peruana. En contraste, la Región Hidrográfica del Pacífico, donde reside el 65 por ciento de la población y se desarrollan las principales actividades económicas, apenas genera el 1,77 por ciento del agua dulce del país. (2)

Este desequilibrio se acentúa en Lima, situada en la Región Hidrográfica del Pacífico, donde el agua escasea. El crecimiento poblacional ha exacerbado la situación, con un aumento de poco más del 50 por ciento en los últimos 25 años, según cifras del INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 2018, el consumo de agua per cápita en Lima alcanzó los 163 litros al día, superando ampliamente los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (3)

Por otro lado, las mujeres son protagonistas de un desafío crítico en relación al acceso al agua. En muchas comunidades rurales y marginadas, donde no llega el agua, son las encargadas principales de la recolección y gestión, una responsabilidad que conlleva múltiples implicaciones en su vida diaria. Esta carga adicional no solo impacta en su salud y bienestar, sino que también puede limitar su acceso a oportunidades educativas y actividades productivas. Además, la falta de acceso a agua limpia y segura aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a enfermedades y afecta de manera significativa su salud reproductiva.

Fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones no solo es un imperativo de justicia, sino también una estrategia para aprovechar su compromiso, conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad en su conjunto. (4)

Entre los desafíos más urgentes que el Perú enfrenta y que representan un alarmante escenario de vulnerabilidad hídrica destacan: la destrucción de acuíferos, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la minería a gran escala. Además, las graves consecuencias de esta actividad impactan negativamente en la regulación de los caudales fluviales. La desaparición de los glaciares aumenta la vulnerabilidad de la población que reside en la franja costera del Pacífico. Esto se traduce en mayores riesgos de sequía e inundación para las comunidades. (5)

Sumándose a estos desafíos, emerge la dramática realidad de contaminación que, según datos del Ministerio de Salud, impacta más del 31% de la población, es decir más de 10 millones de peruanas y peruanos enfrentan diariamente el riesgo de contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas. (6)

Las fuentes de contaminación provienen tanto de operaciones mineras legales e ilegales en activo, como de derrames de petróleo frecuentes, entre otras fuentes contaminantes. Además, se suma la presencia de 7,668 pasivos ambientales mineros y 3,231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Esta situación representa un proceso de envenenamiento sistemático que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las comunidades campesinas e indígenas. Todo esto ocurre mientras el cambio climático plantea un futuro hidrológico preocupante para el país. (7)

Desde un punto de vista de los derechos humanos, la criminalización de quienes reclaman sus derechos al agua potable y saneamiento es sumamente alarmante. Según los datos recolectados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, además de los casos de represión violenta de protestas pacíficas y de asesinatos de líderes comunitarios, un alto número de testimonios enfrentan cientos de procedimientos judiciales por haber denunciado abusos e irregularidades o haber participado en protestas pacíficas. (8)

Piura en defensa del agua y la vida

Una de las regiones que está sufriendo mayormente la creciente vulnerabilidad climática que está afectando el país es Piura. En particular, se trata de una de las zonas donde las concesiones mineras se han incrementado y la falta de medidas legales para proteger sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina están poniendo en grave peligro los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), junto con las poblaciones en Piura, se enfrentan a tres problemas principales debido al conflicto relacionado con el proyecto minero Río Blanco.

En primer lugar, el ingreso ilegal de la minera Río Blanco de capitales chinos (anteriormente conocida como empresa Majaz) en los territorios de las comunidades afecta sus derechos individuales y colectivos. La empresa minera nunca ha obtenido la autorización de las comunidades para acceder a los territorios comunales, como lo exige la Ley General de Comunidades Campesinas (n. 24656), la Ley de Tierras (n. 26505) y la Constitución Política del Perú.
En segundo lugar, la presencia del proyecto minero Río Blanco en la zona afectaría los páramos y bosques de neblina en el corredor biológico entre Ecuador y Perú, así como el área de extensión del Santuario Tabaconas Namballe. Esto pondría en serio riesgo de daño ambiental las aguas superficiales y subterráneas, afectando la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano y la economía agraria.

Finalmente, la realización del proyecto implicaría un aumento significativo de la actividad minera en la región, con la concesión de nuevas áreas para su exploración y explotación. Esto tendría repercusiones adversas no solo en nuestros ecosistemas y en las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, sino también en toda la región de Piura.

Los páramos y bosques de neblina juegan un papel vital como reservorios de agua para la formación de las cuencas del río Quiroz en Piura y del río Chinchipe en Cajamarca. Estos frágiles ecosistemas de montaña tienen la capacidad de abastecer de agua a las cuencas más bajas y se sitúan en una región conocida como «deflexión Huancabamba», caracterizada por su biodiversidad endémica y primordial de gran valor.

El área en riesgo abarca una extensión de 3,894 km2 e incluye los distritos El Carmen de la Frontera, Ayabaca, Pacaipampa en Piura, y Namballe en San Ignacio, Cajamarca. Dado que el proyecto minero se desarrollaría en un entorno de páramos y bosques de neblina, sus efectos negativos no se limitarían a la contaminación, al uso del agua subterránea, al desmonte y la pérdida de cobertura vegetal ocasionada por más de 50 millones de toneladas de desechos y residuos anuales. También se vería afectada la disponibilidad de agua para la agricultura y la subsistencia de las poblaciones en Ayabaca, Huancabamba, el valle de San Lorenzo y el valle del río Chira.

El polvo, las vibraciones y el ruido generados por las detonaciones o explosiones en la mina afectan los ecosistemas forestales y la biodiversidad de especies endémicas, provocando la huida irreversible de la fauna. Incluso se plantea la posibilidad de que el depósito de relaves pueda colapsar, dada la naturaleza del suelo y la influencia de las precipitaciones.

Además, Majaz S.A. (1999-2007) y Río Blanco Copper S.A. (2007-actualidad) han sido responsables de violaciones a los derechos humanos de trabajadores, miembros de comunidades locales y defensores del medio ambiente durante la fase de exploración del proyecto. Hasta la fecha, el conflicto ha dejado un saldo trágico con la pérdida de diez personas: cuatro miembros de una comunidad local, tres trabajadores cuya muerte en circunstancias misteriosas tuvo lugar en el campamento de Río Blanco, y tres trabajadores más que desaparecieron y perdieron la vida durante una operación de exploración en 2015. Además, 33 residentes de estas comunidades fueron sometidos a secuestro, tortura y posterior enjuiciamiento.

A lo largo de 21 años, las comunidades han sostenido una lucha incesante y movilizaciones sociales en defensa del agua y los páramos. Han dirigido críticas tanto al gobierno central como al regional de Piura por su respaldo al proyecto Río Blanco. El año 2023 fue testigo de dos grandes manifestaciones en Ayabaca (mayo) y Huancabamba (junio), en las cuales participaron activamente más de 5 mil residentes. Estas protestas expresaron un claro rechazo al proyecto minero Río Blanco y denunciaron lo que se percibe como una «permisología minera», así como la flexibilización de los estándares ambientales por parte de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas.

Las movilizaciones y la resistencia de las comunidades locales reflejan un clamor unánime por la protección de los recursos naturales y la preservación de su forma de vida. Estas manifestaciones son un recordatorio poderoso del papel activo que desempeñan los ciudadanos y las ciudadanas en la defensa de sus derechos y el medio ambiente.

Es evidente que el modelo de desarrollo basado en la explotación minera representa una amenaza directa para el medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
Es imperativo que las autoridades adopten políticas concretas para proteger los derechos humanos, los derechos de las comunidades y el entorno natural, especialmente en un escenario como el que estamos viviendo de colapso climático, priorizando alternativas de desarrollo sostenible que no comprometan el futuro de las generaciones venideras.

Anexos:
(1) Plataforma digital única del Estado Peruano. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/781301-el-10-la-poblacion-peruana-no-tiene-agua-potable-y-23-no-accede-al-alcantarillado
(2) “Recursos hídricos en Perú: el estado actual”. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/467536b0-es/index.html?itemId=/content/component/467536b0-es#abstract-d1e1639
(3) Ibid.
(4) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. Disponible en: https://enterateconlesly.com/wp-content/uploads/2023/09/Informe-sobre-relator-a-peru.pdf
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.

El 12 de diciembre pasado ha concluido la denominada Conferencia de las Partes No. 28 o COP 28 de Naciones Unidas, cumbre climática en Dubái capital de los Emiratos Árabes Unidos(EAU), con un acuerdo que no incluye de manera explícita el abandono de los combustibles fósiles.

En cambio, en el documento los firmantes se comprometen a limitar el calentamiento global a 1,5°C y proponen para ello reducciones «profundas, rápidas y sostenidas» de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una rebaja del 43 por ciento para 2030 y del 60 por ciento para 2035 respecto a 2019 y llegar a cero emisiones al 2050. Para alcanzar esas metas se ha reiterado en el documento la necesidad de acelerar la transición energética hacia la producción y consumo de energías renovables.

La atención por el momento se centra en la guerra de palabras en torno a compromisos plasmados en el texto del documento final de la cumbre que en vez de hablar de terminar paulatinamente con el uso de combustibles fósiles plantea la transición para alejarse de la combustión de hidrocarburos, responsables principales del calentamiento global. Es decir lo que ha habido nuevamente es una escenificación de luchas de narrativas, sin que hasta la fecha los compromisos anteriores, ni siquiera el acuerdo de París en 2015, que propuso limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C hasta fines de siglo, hubiese significado algún cambio palpable en la situación de crisis climática que estamos experimentando.

Al contrario tras 27 cumbres mundiales sobre el clima de la ONU, los mandatarios y jefes de gobierno ahí presentes no han conseguido frenar el crecimiento mundial en el consumo de gas, carbón y petróleo y en las emisiones de gases de CO2, que, por el contrario, son ahora un 60 por ciento más altas que en 1992. Por ello no es de extrañar que este encuentro anual, transformado en una especie de ritual en torno al desastre climático global, se realiza al terminar el año más caluroso en la historia de los registros del clima de la Tierra; después de más de 7 años que fueron a su vez de los más calurosos en la historia de los registros del clima.

Las evidencias de que estamos viviendo en la era del colapso climático, son cada vez más notorias con la presencia de eventos climáticos nunca vistos en la historia. A inicios de año el país sufrió las consecuencias de Yaku, el primer ciclón registrado en esta zona del Pacífico en 40 años, seguido del inusual calentamiento de las aguas oceánicas frente a las costas de Perú, que en parte se debe al Fenómeno Climático del Niño, que en la era de la crisis climática se repetirá con cada vez mayor frecuencia. En otras partes del Pacífico han ocurrido fenómenos aún peores como el huracán Otis de Acapulco, que arrasó al tocar tierra con máxima potencia todo lo que encontró a su paso o el megaincendio en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái, la catástrofe ambiental más letal en Estados Unidos en los últimos 100 años.

El rol asignado a los países del sur global en la llamada transición energética

Para evitar los peores escenarios de la catástrofe climática, los países del norte industrializado están proponiendo, tanto en esta cumbre como desde hace algunos años, la transición energética para terminar con el uso de combustibles fósiles a través de la instalación de infraestructura de generación de energías renovables y su almacenamiento posterior.

El Banco Mundial estima que para cumplir los acuerdos de la cumbre del Clima de París, mediante este proceso, sería necesario en los próximos 30 años extraer otras 3000 millones de toneladas de recursos estratégicos, como cobre, litio, cobalto, níquel, grafito o tierra raras, lo que equivale a cuadruplicar la actual producción mundial de estos minerales. Mirado con un poco más de detalle, algunos metales como el cobre verían crecer su demanda al doble de su producción actual, en el caso del níquel se necesitaría seis veces lo obtenido actualmente y la demanda del litio se dispararía hasta 13 veces en relación a la extracción presente.

Nueva transición y viejos colonaliasmos

Existen cada vez más ejemplos que muestran cómo en esta denominada transición hacia las energías renovables persisten formas de colonialismo, concretamente un colonialismo energético o verde que cristaliza, entre otras cosas, en forma de «acaparamiento verde».
Término que describe el proceso de apropiación de tierras que tiene lugar en el marco de una agenda supuestamente verde, es decir: la apropiación de tierras y recursos con fines supuestamente ecológicos.

En la división mundial del trabajo que estructura nuestra realidad, la mayoría de las economías de la periferia o del Sur global son proveedores de recursos baratos y sirven como reserva de mano de obra disponible, por un lado, y como mercado de exportación para las economías industrializadas, por otro.

La actual transición desigual hacia las energías renovables, que se limita principalmente al Norte global, insiste en esa repartición desigual, pues se basa en la extracción continua de materias primas estratégicas como cobre, níquel, cobalto, litio o tierras raras para la producción de paneles solares, turbinas eólicas, palas de rotor y baterías eléctricas.

El sistema propuesto ahora es básicamente el mismo que antes, sólo cambian las fuentes de energía. En lugar de combustibles fósiles, ahora se utilizarán energías «verdes», pero se mantendrán los modelos globales de producción y consumo basados en disponibilidad de abundantes fuentes de energía.

Las superficialmente buenas intenciones que preceden a estos proyectos de energía renovable a gran escala en última instancia ocultan las brutales formas de explotación y despojo con las que se están impulsando. Estamos ante un esquema colonial familiar: Los recursos baratos (incluida la energía verde) fluyen sin obstáculos desde el Sur global hacia el Norte rico, mientras que la Fortaleza Europa levanta muros y vallas para impedir que la gente, obligada a refugiarse de los estragos del saqueo causado en sus países, llegue a sus costas.

El no tan inocuo hidrógeno verde:

Uno de los ejes centrales de esta estrategia de transición energética gira en torno al hidrógeno. Se trata del elemento químico más abundante en nuestro planeta y en el universo, pero en su estado elemental muy escaso, ya que generalmente se presenta en su forma molecular H 2, un gas extremadamente ligero, volátil y altamente combustible, producido industrialmente a partir de hidrocarburos como, por ejemplo, el metano.

Desde hace décadas es un importante vector energético, es decir una sustancia que almacena energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se distingue de fuentes primarias de energía como los hidrocarburos en que, a diferencia de éstas, se trata de un producto manufacturado, en el que previamente se ha invertido una cantidad de energía mayor para su elaboración. Ya que es el elemento principal del agua, se puede obtener a partir de ella.

De hecho, sus impulsores lo venden como la alternativa limpia, competitiva y sustentable a los hidrocarburos, pues no genera CO 2, uno de los gases de efecto invernadero, cuando es producido mediante electrólisis, proceso que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, utilizando energía eléctrica de una fuente renovable.
Al hidrógeno producido de esta forma se le ha dado el calificativo de verde, y se ha transformado en uno de los bienes energéticos cuya producción se desea expandir para satisfacer la demanda de energía del norte y a la vez descarbonizar sus economías.
Ejemplo de ello es el Pacto Verde Europeo (EGD), con el que la Unión Europea ha formulado una ambiciosa estrategia que prevé una transición al hidrógeno verde para 2050. Entre otros objetivos la Comisión Europea estima cuadruplicar sus importaciones de hidrógeno, de las actuales cinco millones de toneladas a 20 millones en 2030. La mitad se importará del norte de África, pero también se habla de países como Namibia, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chile, Arabia Saudí, etc.

Una tajada de la torta para el Perú

En Perú se ha formado una poderosa alianza entre empresas generadoras de energía e instituciones del Estado que han visto una oportunidad de negocios y han identificado zonas (valles) de Moquegua y de Puno como lugares ideales para la producción de hidrógeno verde, por la potente irradiación solar y la aparente disponibilidad de agua. Por el momento son planes aún en fase de estudio, pero que generan expectativas de lucrativos negocios y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha extendido la duración de un grupo de trabajo creado para promover el desarrollo de proyectos del vector energético referido. En tanto, avanza una legislación que crearía una ley de promoción del hidrógeno verde para lo cual la Comisión de Energía y Minas del Congreso recomendó recientemente sustituir tres proyectos legislativos por una sola iniciativa que abarque su investigación, desarrollo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, venta y exportación.

Los costos escondidos de su producción

En un reciente artículo el investigador y activista argelino Hamza Hamouchene expresó que para la producción de esta fuente de energía «No sólo se explotarán de nuevo los ya escasos recursos hídricos, sino que los procesos de desalinización necesarios supondrán un riesgo de mayor contaminación ambiental. Así pues, este proyecto forma parte de una dinámica en la que el Sur global se está convirtiendo en un vertedero para el Norte global y tiene que soportar los costes medioambientales del consumismo y la prosperidad en otros lugares…».

De acuerdo a cálculos conservadores por cada kilo de cada kilo de hidrógeno se usan 10 litros de agua dulce. Es decir en casos de insuficiente disponibilidad de ese recurso se deberá aplicar primero la desalinización de agua de mar. Sin embargo, no es suficiente que sea agua dulce, ya que también debe ser desmineralizada, proceso que a su vez requiere de energía.

Por eso y de forma crítica, Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), advierte, en una reciente entrevista en Radio Universidad de Chile, de la paradoja que significa producir energía a partir de fuentes renovables y luego inyectar esa energía en un proceso electroquímico para obtener este vector energético que luego se traslada a otros parajes del mundo donde se ha determinado que este elemento sea uno de los ejes centrales de la transición energética y evitar la catástrofe climática.

El caso de Chile

Un ejemplo muy cercano de inversión en este tipo de proyectos se encuentra precisamente en Chile, donde la estrategia de hidrógeno se declaró a fines del 2020 por el gobierno de Piñera que ha tenido continuidad por el actual gobierno de Boric. Se trata de un plan de hidrógeno verde que afecta al conjunto del territorio, ya que los elementos más importantes son la disponibilidad de agua y la instalación de plantas de generación de energía renovable.

Por eso Lucio Cuenca plantea en la misma reflexión el problema de expandir la generación de energía eléctrica para producir hidrógeno verde, pero no para el recambio de la matriz energética en el propio país y prescindir de tal manera del uso de carbón para las termoeléctricas o diesel para los camiones, ya que la “la prioridad del hidrógeno verde lamentablemente está puesta en la exportación y Chile no va a tener hidrógeno verde, porque es muy caro y responde más bien a una estrategia global, que están empujando las grandes trasnacionales”. Por lo tanto cuando se habla de hidrógeno verde “se está hablando de miles de hectáreas para el uso de energía eólica y fotovoltaica, …. una presión muy grande a todos los sistemas hídricos”. Presión que profundiza aún más la actual crisis hídrica que está viviendo Chile hace años con más de la mitad de los comunas (distritos) del país declaradas con escasez hídrica, con muchos ríos desaparecidos y con recurrentes megaincendios forestales que han arrasado los ya de por sí desecados territorios del centro del país.

La ocupación de territorio a gran escala se explica por la necesidad de producir energía a costos competitivos a nivel global a partir de proyectos eólicos o fotovoltaicos que obligadamente deben ser de grandes dimensiones. Sólo así se logra obtener hidrógeno verde a precios que en Chile se proyectan a 1,5 a 2 US$ por kilo y que entonces lograrían competir por su bajo precio en los mercados internacionales. Esto explica que en el país vecino la generación de energía renovable alcance los porcentajes más altos de América Latina e incluso tenga un excedente de producción de electricidad, algo creado en función de la estrategia del hidrógeno verde.

Otro impacto invisibilizado pero a la vista de quienes padecen su vecindad tiene que ver con las estructuras gigantescas como las turbinas eólicas que se están instalando cerca de las casas de la gente, infraestructura que modifica las condiciones de vida de estos territorios.

Evitar experiencias fallidas

En Chile no se le ha consultado a la gente sobre la estrategia de hidrógeno verde que involucra a todo el país y sin que se hubiese implementado una evaluación ambiental estratégica. Una evaluación que estudiase este plan a partir de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial, de planes de desarrollo de las regiones, de la comuna (distrito), de las áreas protegidas y de los pueblos indígenas. Es decir, se está impulsando una estrategia sin medir previamente los reales impactos y cómo se inserta en cada uno de los territorios donde ya están presentes previos conflictos ambientales, como aquellos originados por la falta de agua.

Con la experiencia de la expansión minera en Perú, donde las concesiones muchas veces se superponen a los territorios de las comunidades sin respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la población debe estar alerta y entender que la transición energética promovida en el norte global no responde a una aparente toma de conciencia por las múltiples emergencias civilizatorias y las necesidades de la gente, sino más bien es una nueva vuelta de tuerca para exprimir recursos baratos del sur para goce de una minoría que sigue consumiendo el planeta dejando detrás una huella de territorios devastados.

El Centro para el desarrollo de los pueblos – Ayllu CEDEP AYLLU, institución miembro de Red Muqui, desarrolla sus actividades en el sector rural de Cusco impulsando modelos alternativos de buen vivir, principalmente vinculadas al sector agrario.

La humanidad está atravesando una profunda crisis con la presencia del COVID-19 y uno de los sectores más vulnerables en el Perú es el agropecuario y principalmente la pequeña agricultura. Compartimos la entrevista de Gloria Velasco Jauregui al responsable de proyectos Ing. Andrés Loaiza Fernández, sobre las propuestas avanzadas con las comunidades campesinas.

¿Cuál es su opinión sobre el sector agrario en este contexto de pandemia por COVID 19?

Haciendo un análisis de las condiciones actuales de la actividad rural, podemos mencionar que en los últimos diez años se han visto grandes cambios y uno de ellos es que la actividad agropecuaria no es la única que dinamiza el desarrollo de las comunidades campesinas.  Se ha diversificado la economía con la incorporación del turismo, trabajos remunerados, esporádicos y/o informales (minería, construcción, etc.) y la articulación a los mercados; los cuales son actividades que se mueven de acuerdo a las coyunturas.

En el contexto de Pandemia, todas las actividades económicas en nuestro país están paralizadas pero la producción en campo no puede parar; porque el calendario agrícola no espera, la temporada de siembra y cosecha no puede modificarse y las familias productoras siguen trabajando en sus pequeñas parcelas, más aún cuando todas sus otras actividades económicas no están activas. Desde esta perspectiva el papel de las comunidades campesinas para la seguridad alimentaria es fundamental. Sin embargo, el estado de aislamiento en el que nos encontramos puede dificultar el acceso a insumos; como semillas de calidad, para poder producir y responder a las necesidades propias de cada comunidad.

En respuesta a estos escenarios que se avizoran, se está impulsando acciones para que las familias comuneras sean las que produzcan sus propias semillas, adaptables a los diferentes pisos ecológicos y la recuperación de prácticas ancestrales, porque consideramos que es importante seguir fortaleciendo estas capacidades que permiten afrontar contextos adversos de manera saludable y en armonía con el ecosistema.

En el caso de los cultivos tradicionales andinos; las comunidades campesinas tienen una gran ventaja porque conocen y manejan los germoplasmas de papa, quinua, tarwi, oca, lizas y granos andinos como kiwicha que cuentan con un aporte nutricional alto. Desde el CEDEP Ayllu hemos estado reintroduciendo algunas variedades de papas nativas que estaban en el olvido, ahora se cuenta con “semillas refrescadas” que permitirá a las familias ser “criadores de vida” y junto a los conocimientos y saberes ancestrales para manejar estos cultivos podrán enfrentar los retos venideros.

Otro elemento indispensable para analizar la situación es el cambio climático y como afecta al sector rural. Para enfrentarlo desde el CEDEP Ayllu hemos estado impulsando la “siembra y cosecha de agua” práctica que permite un manejo respetuoso del ecosistema y contribuye a la disponibilidad de agua, tan indispensable para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos. Es preciso que las entidades del Estado tomen en cuenta las experiencias desarrolladas por las comunidades campesinas en el buen manejo de los ecosistemas, por ello considero que aparte dar paliativos como los bonos, el Estado debe invertir en trabajos como estos.

El rol del Estado en el sector rural andino, debe estar fuertemente vinculado a promover el Ordenamiento del Territorio Comunal, lo que permitiría utilizar de mejor manera los recursos comunales, fomentando alternativas colectivas de hacer agricultura, valorando el rol de la autoridad comunal, lo cual ha permitido a las Comunidades subsistir y trascender en el tiempo como instancia de organización, control y gobierno efectivo del territorio en contextos adversos y desarticulados, muchas veces violentados y olvidados. Hoy más que nunca se vuelve vigente el modelo comunal, solidario y reciproco. “Ayni”

¿Qué acciones deben tomar las comunidades campesinas y principalmente la pequeña agricultura para adecuarse a este contexto?

En esta adversidad las comunidades campesinas pueden demostrar esa capacidad que les permitió subsistir a todos los embates durante más de 500 años donde desafiaron grandes problemas políticos, ambientales, climáticos a las cuales las comunidades han enfrentado como sociedades recilientes respondiendo de manera oportuna a los avatares con una adecuada organización y gestión de sus recursos, capitalizando sus conocimientos ancestrales y la capacidad de leer los ecosistemas.

Las comunidades deben aprovechar este gran capital social y organizativo, el potencial genético agrícola, el adecuado uso de sus zonas de producción (zonas de riego, zonas de secano, laymes etc) donde pueden producir todas las especies cultivares para asegurar su alimentación y aprovisionar a los mercados

Desde el CEDEP Ayllu consideramos que es necesario incorporar nuevas tecnologías a la par de seguir recuperando todo el legado histórico de los saberes ancestrales andinos.

 

Con la presencia de los retornantes (personas de las comunidades que Vivian en las ciudades que están regresando

en este contexto por que se quedaron sin trabajo) habrá mayor cantidad de colaboradores que permitir trabajar las tierras de laymes y muyus que han estado abandonadas por falta de mano de obra y la migración que las comunidades han vivido durante los últimos años.

Algunas reflexiones finales

Este estado de aislamiento social obligatorio es un momento de reflexión para valorar lo que somos y los bienes con los que contamos, nos permite ver las oportunidades que se nos presentan.  Es una oportunidad para que las grandes zonas urbanas reconozcan que el valor de la agricultura familiar en el Perú y como siempre aporto a todo a la seguridad alimentaria, respetando a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra que nos da la vida

Necesitamos cambiar no solamente en la gestión de los recursos para sobrevivir como especie, necesitamos hacer un cambio interior, como personas, en nuestras familias en nuestras formas de relacionarnos con nuestros hijos y seres queridos, volver a lo esencial y poner el justo valor a las cosas.

Estos cambios incluyen el respeto y tolerancia a los que piensan distinto, a las mujeres, a los pueblos originarios y los grupos minoritarios. Debemos permitir que las voces de todos y todas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta para probar otras formas de construir nuestro mundo.