La delegación multipartidaria del Parlamento Catalán que han visitado recientemente el Perú en una misión de observación sobre Democracia y DDHH ha constatado graves vulneraciones de derechos fundamentales y han observado con especial preocupación la estigmatización y criminalización de los manifestantes con el calificativo de terroristas.
La comisión integrada por los diputados y diputadas Francesc de Dalmases, Jenn Díaz, Susana Segovia y Carles Riera estuvieron en el país desde el 9 hasta el 14 de julio, tiempo en el que visitaron Apurímac, Puno y Ayacucho donde tomaron contacto directo con familiares de víctimas y diversas autoridades estatales.
También visitaron Ventanilla para conocer la situación un año y medio después del peor derrame de petróleo ocurrido hasta la fecha en la costa peruana causado por la empresa española Repsol en la zona.
La visita se basó en una Declaración aprobada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en Perú.
En su calidad de vocero de la delegación, Carles Riera secretario tercero del Parlamento de Cataluña, calificó de especialmente grave la disminución en la autonomía y separación de poderes del Estado que constataron en su visita, que repercute a su juicio en el ejercicio de la democracia en el país.
La diputada Jenn Diaz que se reunió con familiares de víctimas en Andahuaylas constató actos de racismo, clasismo y discriminación por género – sesgos aplicados por las instituciones estatales y promovidos por importantes medios de comunicación, que a su vez han sido reforzados por grupos de extrema derecha y fascistas, en lo que calificó de proliferación de discursos de odio. Un fenómeno social que se repite a nivel global.
Francesc de Dalmases que visitó la castigada ciudad de Juliaca, relató que en conversaciones con autoridades escuchó que en la represión ejercida por el Ejército y policía hubo más muertos que detenidos, un hecho que habla de la calidad y de las decisiones políticas sobre cómo enfrentar las protestas. Manifestó además que percibió en muchos testigos la sensación de vivir experiencias de actuaciones estatales que parecían superadas con el fin del conflicto armado interno, en lo que constituye, según él, una verdadera regresión democrática.
Susana Segovia, a su vez, lamentó la persistente criminalización de sujetos y actores de la protestas con el uso generalizado y estigmatizante del adjetivo de terroristas (terruqueo).
En relación a la visita que realizaron durante el primer día a Ventanilla para observar los estragos del desastre que dejó el masivo derrame de petróleo del consorcio español Repsol ocurrido en enero del año pasado, los representantes constataron en terreno la damnificación e indefensión de las comunidades de la zona que viven de la pesca y lamentaron la insuficiente respuesta ante las demandas y faltas de medidas de remediación por parte de la empresa y del gobierno.
Todas estas observaciones estarán plasmadas en el informe final de la investigación en elaboración y que será presentado próximamente al Parlamento de Cataluña.
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La comunidad campesina de Tantarcalla se ubica en el sector de Marccura, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, departamento de Cusco. Las actividades que realizan las comunidades campesinas de la zona giran principalmente alrededor de la agricultura y la ganadería, con lo cual logran subsistir. En una decisión que está causando un amplio rechazo en la sociedad, el Poder Judicial determinó hace algunos días que este 24 de marzo se desaloje a los comuneros para restituir el predio a los supuestos propietarios legítimos, sin tomar en cuenta los más de cien años de existencia de la comunidad, así como su arraigo cultural y originario. De acuerdo con la abogada de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), Karina Baca Gómez, quien también acompaña el caso, este hecho es un delito de lesa humanidad, ya que afecta los derechos fundamentales de la comunidad, la desarma y les despoja de su territorio con el cual tienen un nexo cultural.
El conflicto se inició cuando la comunidad campesina comenzó el procedimiento administrativo de titulación efectuada por el proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Cusco, mediante el cuál logró la adjudicación de 218 hectáreas pertenecientes al predio rústico Mallma Alto. Ante esta situación, Luis Gustavo Paz Vizcarra, supuesto heredero del predio rústico en mención, interpuso una demanda de nulidad del título de propiedad otorgada a la Comunidad Campesina de Tantarcalla, ante el Primer Juzgado Mixto de Santiago en Cusco. El juez del tribunal, Peña Mendoza, declaró fundada la demanda, la que fue ratificada por todas las instancias judiciales correspondientes.
Este hecho conllevó a una última resolución que autoriza el desalojo, la ejecución forzada y la entrega física del predio a través del uso de maquinaria pesada para derribar las casas de los comuneros. Además, en la resolución se solicita el apoyo de un total de mil efectivos policiales y se advierte a las comunidades aledañas que no interfieran con la diligencia, de lo contrario podrían detenidos e investigados por la Fiscalía Penal Provincial de Paruro. Asimismo, se recomienda la presencia de ambulancias y bomberos, en caso de que estalle la violencia entre las fuerzas del orden y los comuneros.
Ante este sombrío panorama la abogada Baca Gómez expresó que “decídase o no desalojar a la población el 24 de marzo, trataremos de llevar el caso a la corte internacional, ya que más allá del caso de esta comunidad que ha tenido que enfrentar una juicio por más de 15 años, no es el único caso similar de intención de despojar a comunidades de la zona de su propio territorio en el Perú, con la misma argumentación. Se les ha imputado por delito de usurpación”. Además, la letrada explicó que al tratarse de comunidades indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, el Estado tiene la responsabilidad de establecer medidas de protección de sus derechos fundamentales, algo que se ha obviado para favorecer a hacendados y a traficantes de tierras.
Desde Red Muqui se exhorta al Poder Judicial de Cusco a que adopte un enfoque intercultural y de derechos humanos adecuado, ya que la comunidad campesina originaria ya venía utilizando el predio de una manera pacífica y continua, sin problema legal alguno. Además, la organización rechaza de plano la violencia que se podría generar a razón de la ejecución de desalojo que cobraría un alto costo social y humanitario. De acuerdo al análisis de Red Muqui, la sentencia representa una violación internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas que involucra la responsabilidad del Estado peruano ante los organismos internacionales.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos de Argentina, ha denunciado gravísimas violaciones a los derechos humanos, al concluir el lunes 13 de febrero, su visita de relevamiento de información sobre las protestas y la represión ocurridas desde el pasado 7 de diciembre de 2022 en Perú.
En la presentación de sus conclusiones preliminares la misión acusó al Estado peruano de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil, a través de asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas en lo que constituyen crímenes de lesa humanidad por lo cual deberá ser investigado.
Las evidencias encontradas
Por una parte constataron el uso de armas de fuego en el asesinato de manifestantes. En muchos de los testimonios y registros recopilados, también se ha hecho evidente la presencia de elementos de civil de las fuerzas de seguridad, a quienes han identificado como «ternas» que se infiltran en las manifestaciones y que inician un conflicto para sobre esa base desatar la represión.
Lo mismo ocurre con las detenciones arbitrarias, en las que la PNP ha obstaculizado el derecho a la defensa, a un debido proceso de quienes son detenidos, obstaculizando también el libre ejercicio de la profesión de los abogados que voluntariamente defienden a muchas de las personas que sufren esas detenciones. Los referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina que integran la misión también constataron la persecución contra las y los dirigentes de diversas organizaciones. En el caso particular de las y los detenidos/as de Ayacucho, pertenecientes al FREDEPA identifican un caso paradigmático de persecución, amedentramiento y de intento de disciplinamiento de organizaciones sociales, populares, campesinas, de sindicatos, de mujeres que protagonizan las protestas sociales en el Perú.
En todas estas violaciones a los derechos humanos, los observadores, que han estado presentes en otros conflictos como durante el año antepasado en Colombia, constatan un patrón de conducta por parte de las fuerzas del orden en el transcurso de las protestas de las últimas semanas.
El caso de Juliaca
Los integrantes de esta comitiva, que presentarán el informe final en 15 a 20 días, no sólo estuvieron en Lima, donde presenciaron la marcha del 9 de febrero. También visitaron y se reunieron con algunas víctimas en Juliaca, Ayacucho, Cusco e Ica, algunos escenarios de los hechos más violentos de la represión, que ha dejado más de 48 personas asesinadas por la PNP y efectivos de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Juliaca, las conclusiones de la visita resultaron especialmente drásticas. De acuerdo a los observadores, la ciudad vivió una masacre. Afirman que “el 16 de enero la policía le dio tratamiento de guerra a una población civil que se encontraba indefensa”. Y van más allá al concluir que observan una subversión del Estado de Derecho. “Cuando la Policía Nacional tiene que defender a su población, la ataca sistemáticamente en contexto de protesta o para amedrentar y atemorizar a la población, podemos decir que ha cambiado la finalidad de la función de la policía”, afirman los observadores. Parecido ocurre con la justicia, ya que según la misión esta “persigue a su población en vez de garantizar una justicia reparadora. Por eso decimos que en Juliaca, lo que hemos presenciado a través de los testimonios, se instaló el terror en la población”.
Ayacucho y algunas reflexiones finales
El equipo argentino también relevó información sobre la represión ejercida contra la población el 15 de diciembre pasado en los alrededores del aeropuerto de Ayacucho, cuando militares armados con fusiles asesinaron a diez civiles, algunos de los cuales ni siquiera participaban de las protestas. En este caso les ha parecido particularmente cruel, que los familiares no sólo estén llorando a sus padres o a sus hijos, sino que además tienen que sufrir que les digan que es por su culpa. Por eso exigen el cese de las amenazas a los familiares: “Ya tienen suficiente carga con lo que les ha pasado, como para que más encima le digan: vas a ser la segunda sigues hablando”. Existe ahí lo que se conoce como revictimización de familiares.
Los medios de comunicación han abonado en ese proceso de estigmatización de las víctimas y sus familiares que se vincula con una alta dosis de racismo contra las poblaciones andinas, donde se concentra la mayor parte de las víctimas.
Como recoge el diario argentino Pagina12, para el referente social Juan Grabois integrante de la comitiva y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano “Si no existiera este racismo contra el campesino, el indígena, el pobre, y esta invisibilización de las violaciones más graves de los derechos humanos, sería bastante más difícil para quienes cometen estos delitos, hacerlo. Hay una campaña de estigmatización, de discriminación, de difamación, que profundiza la situación de violencia”.
Finalmente es importante tener presente que por ser delitos de lesa humanidad, estos crímenes no prescriben y pueden juzgarse internacionalmente. Como dijo el abogado Juan Grabois al iniciar la visita a Perú ”es importante que los violadores de derechos humanos sepan que aunque puedan corromper por un tiempo a la justicia de su país, cuando las cosas están debidamente documentadas, a la larga o a la corta, estos crímenes se pagan”.
Representantes de organizaciones sociales de base de las provincias altas del Cusco y de Apurímac, entre líderes/as y defensores/as ambientales han participado en el taller preparatorio para la instalación del espacio multiactor del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos. El taller se ha desarrollado en la ciudad de Cusco del 31 de agosto al 02 de septiembre, y fue acompañado por la Plataforma Nacional de Empresas y Derechos Humanos y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En ese marco, el viernes 02 de septiembre, se instaló el espacio de diálogo con participación de la sociedad civil, empresas privadas, el Estado, y organismos internacionales, como parte del proceso de implementación del PNA sobre Empresas y DD.HH. Este diálogo debe conducir a la instalación de la Mesa Multiactor Descentralizado en la ciudad del Cusco. En la instalación de este espacio se han dado a conocer las principales problemáticas en los derechos humanos debido a los impactos de la actividad empresarial.
Desde Red Muqui creemos importante que el Plan Nacional de Acción se implemente de forma adecuada y se acelere especialmente para la protección de derechos de los pueblos indigenas, derechos ambientales, derecho al acceso al agua y de las personas defensoras de derechos humanos, y del mismo modo se tengan resultados concretos en los avances multisectoriales del PNA, que ha sido aprobado hace más de un año (junio de 2022) y actualmente se encuentran en fase de implementación.
Así mismo, los retos del Plan Nacional de Acción deben estar centrados en el eje ambiental y el de pueblos indígenas, tomando en cuenta los siguientes puntos: 1) Acciones con vinculación multisectorial y transversal a otros ministerios como MINAM, MINJUSDH, MIDAGRI, etc. 2) Transparencia y rendición de cuentas de las empresas mineras respecto a sus compromisos con los DDHH y la debida diligencia y 3) Participación efectiva y diálogo multiactor donde se respete la voz de las comunidades y poblaciones afectadas en sus derechos humanos. Sobre este último punto es donde mayor incidencia vienen haciendo los líderes/as y defensores/as que han participado de los talleres preparatorios previos, sobre todo de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en Cusco y Apurímac.
Dada la necesidad de fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, quienes desarrollan su labor en un contexto de riesgo y violencia por su accionar a favor de la paz, la justicia, los pueblos indígenas, los territorios, el agua y la lucha por reconquistar derechos y exigir su garantía y respeto.
En razón de su rol de defensa de los derechos humanos son víctimas de asesinatos como los ocurridos hace una semana que les quitaron la vida a cuatro defensores ambientales.
Por tal contexto de riesgo personal y criminalización, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Cusco, el Taller Macroregional de Formación de Defensores y Defensoras del Sur Andino. El evento se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Defensores y defensoras del Perú” y contó con la participación de defensoras y defensores provenientes de 11 provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno y se realizó con el apoyo conjunto de varias organizaciones de sociedad civil.
Al iniciar el encuentro se realizó un pequeño homenaje al hermano Oscar Mollohuanca Cruz, guardándose un minuto de silencio en su memoria. A 19 días de su partida exigimos una seria investigación sobre las circunstancias en que ésta se produjo. Se reafirmó la solidaridad con los familiares de las víctimas de asesinato, exigiendo al Estado una respuesta oportuna seguida de una investigación con transparencia y una efectiva sanción a los responsables, pues ningún crimen debería quedar impune.
El taller se realizó de forma presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se ha debatido y analizado temáticas referidas a derechos colectivos, individuales, territorio, significancia de ser defensor de derechos humanos, fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones, importancia de la cohesión social para el autocuidado frente a la ausencia del Estado que deja a las defensoras y defensores y a sus familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, continuamos denunciando la criminalización, amenaza y hostigamiento hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Las actividades se desarrollaron de manera interactiva, involucrando a todas y todos los participantes en ejercicios, charlas y testimonios que reafirman la identidad y la unión en la lucha común y compartiendo las experiencias de defensa del territorio en las diferentes provincias y visibilizando las problemáticas que las personas defensoras buscan solucionar. Además, se tuvo la participación de Jorge Eliecer Sánchez del Comité político Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y especialista en la abogacía y los derechos humanos ambientales, el cual nos contó sobre las experiencias de la defensa del territorio en Colombia, y respondió algunas consultas que le hicieron las personas defensoras participantes del taller. Se propuso también estrategias de acción para hacer frente a las problemáticas actuales, articulando una Red de trabajo conjunto entre las defensoras y defensores participantes.
Desde el encuentro se compartieron los avances de la campaña nacional “Defensoras y Defensores del Perú”, así como se creó expectativa por el impulso y avances de la mini campaña denominada “¡Acuerdo de Escazú Ya!”, la cual tiene como objetivo principal impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la defensa del medio ambiente y la protección de quienes lo defienden.
Finalmente, se reconoció la importancia crucial de la unión y la necesidad de levantar la voz contra el abuso, el despojo en los territorios, los asesinatos, la estigmatización y las amenazas constantes contra defensoras y defensores.
Cabe señalar que el eje de las actividades y el intercambio propuesto de los talleres es el de consolidar una Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Ambientales a corto plazo, por lo cual se anunció que se continuarán desarrollando talleres dirigidos a las personas defensoras que permitan fortalecer sus capacidades y conocimientos, así como fortalecer la articulación de las acciones. Además, se han propuesto las bases para el 1er Encuentro Nacional Costero Andino Amazónico de Defensores y Defensoras, que se llevará a cabo en el mes de junio en Lima.
PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS, ¡AHORA!
BASTA DE CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS
¡NUESTRA LUCHA NO ES SÓLO EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, ES EN DEFENSA DE LA VIDA DE TODOS!
Si deseas conocer más sobre la campaña «Defensoras y Defensores del Perú», haz clic en estos enlaces:
A pesar que, en la región de Cusco, las comunidades de los distritos de Ccapacmarca y Coporaque han realizado el cese de sus paros en contra de la empresa minera MMG Las Bambas, la situación no es la misma en Apurímac. Sumado a esto, el conflicto ha dejado de ser netamente entre las comunidades y la empresa, y se ha extendido a un conflicto entre ambas regiones, concretamente, entre sus autoridades.
Ccapacmarca – Chumbivilcas también suspendió protestas
El domingo último, la PCM, a través de una reunión sostenida con las comunidades de Sayhua, Huascabamba, Ccapacmarca y Tahuay, consiguió una tregua de 45 días con las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca, provincia de Chumbivilcas, para resolver sus demandas, las cuales pasan por anular la Resolución Ministerial 372-MTC e incluir a las comunidades como zona de influencia directa de la mina Las Bambas.
Sobre este acuerdo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que no serán necesarios los 45 días de tregua otorgados por el distrito de Ccapacmarca, ya que buscarán atender los pedidos de las comunidades antes de que culmine el tiempo pactado.
Coporaque – comunidades acceden a reinstalar mesas de diálogo
El último jueves 17, las 27 comunidades del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, y la Asociación Vecinal, acordaron con el gobierno reinstalar el espacio diálogo, en el cual también participarán representantes de la minera MMG La Bambas. De esa manera, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el 03 de marzo a las 10:00 am en el mismo distrito de Coporaque. De esa manera, desaparece el riesgo de un nuevo bloqueo en la vía por parte de las comunidades.
Cabe señalar que, de acuerdo al acta de reunión, la única agenda que plantea la representación de Coporaque, en relación a la minera Las Bambas, es que esta haga al distrito un aporte de 20 tractores agrícolas.
La situación de Apurímac es diferente a la de Cusco. A pesar de que en diciembre del 2021, el gobierno y la empresa minera Las Bambas se comprometieron a avanzar en los compromisos asumidos en el 2016 del DS. 005-2016 sobre obras de desarrollo, así como de los 12 puntos referidos a proyectos que debía realizar la minera, el Comité de Lucha sostiene que estos compromisos no se han cumplido casi nada. Las comunidades, además, exigen ser consideradas como zona de influencia directa ambiental y social del proyecto minero Las Bambas.
Por esa razón, alrededor de 500 habitantes acataron desde la madrugada del viernes 18 un paro preventivo de 24 horas en contra del gobierno y de la empresa Las Bambas. Además, los dirigentes y el comité de luchas firmaron un pronunciamiento para pedir la presencia del presidente Castillo y del premier Anibal Torres, así como de funcionarios de la embajada de China y de Las Bambas para renegociar y hacer cumplir los compromisos de la empresa.
Paro en el Distrito de Mara – Cotabambas
Sumado a esto, la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres del distrito de Mara inició el viernes un paro preventivo de 48 horas, bloqueando, así el corredor minero, esto debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debía, a través de Provias Nacional, cumplir los compromisos asumidos en 2019 para el pago del justiprecio por los terrenos comunales y de comuneros por donde pasa el corredor minero. Sin embargo, hasta el momento, estos no han sido cumplidos.
Conflicto entre regiones
En una reunión llevada a cabo el miércoles 16 de febrero, autoridades y dirigentes de Apurímac, encabezadas por el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, acordaron exigir la anulación de las actas firmadas por el Gobierno y Las Bambas con las comunidades quechuas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, ya que consideran que las comunidades de Apurímac son las únicas afectadas y, por lo tanto, deben ser las únicas beneficiadas y atendidas por parte del gobierno y la minera.
De esa manera, no quieren que las comunidades de Ccapacmarca, pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas, sean consideradas como zona de influencia directa de Las Bambas. Según el gobernador Lantarón Núñez, las comunidades de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, quieren ser consideradas como parte de la zona de influencia directa de Las Bambas para recibir canon y regalías mineras, cosas que no está considerado en la plataforma de lucha ni las agendas suscritas con el gobierno y la minera.
Hay que considerar que este pedido no es uno sin sustento, ya que está basado en un informe realizado por la OEFA. El informe detectó contaminación sonora y afectaciones al aire, al agua y a los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas.
Mediante la Resolución Directoral 00069-2019-OEFA, el organismo dispuso un conjunto de medidas para reducir los impactos ambientales en los distritos de Chumbivilcas y ordenó la modificación o actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de MMG Las Bambas, para incorporar en ese instrumento estas disposiciones e incluir a varias comunidades como zona de influencia social y ambiental.
Si bien, en el 2019 la empresa minera apeló las disposiciones ante la Sala Especializada en Minería, Energía y Actividades Productivas del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, cuestionando sus competencias y la calidad de la fiscalización ambiental realizada en el corredor, en enero de 2020, por mayoría, la sala confirmó la resolución del OEFA, por lo cual MMG Las Bambas debe cumplir todas las disposiciones establecidas.
El pasado 19 de noviembre diez comunidades de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, re-iniciaron una protesta y bloqueo del Corredor Minero Sur con el objetivo de denunciar que la compañía minera MMG Las Bambas no ha estado cumpliendo con los compromisos que se habían pactado.
En la reunión realizada en el sector de Ccollana, distrito de Velille, el último viernes 19 para discutir los temas correspondientes al Subgrupo de Trabajo N°2, Evaluación y análisis de las afectaciones ambientales (presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM)), se había acordado que le correspondía a la empresa minera presentar una propuesta económica para las comunidades que son parte de las áreas de interés ambiental y social por la alta contaminación que sufren. Sin embargo, los representantes de la mina llegaron a la reunión sin ninguna propuesta clara de apoyo económico, lo cual fue la razón por la que las 10 comunidades decidieron reiniciar las protestas declarada en el acta de la reunión
Frente a esto, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilder Fuentes, señaló que los bloqueos más fuertes se encuentran en los sectores de: Cruzpampa, Cancahuani, Ahuichanta, Idiopa Ñaupa Hapo, Urinsaya, Lacca Lacca, Yanque Parccobamba, Hatun Ccollana, Huaylla Huaylla y Huininquiri. Además, otra de las demandas de las comunidades de Chumbivilcas es que se las incluya como ‘áreas de interés ambiental’, por lo que recibirían cierto monto como apoyo económico, además de ser partícipes de la cadena de valor a través como proveedores de bienes y servicios a la empresa. Esta última representa una demanda que se había establecido en los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo del mes de octubre y que, sin embargo, la empresa minera Las Bambas aún no cumple.
De esa manera, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, a través de un pronunciamiento, exigió la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, además de los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas, pero también de los altos ejecutivos y funcionarios de la minera en mención, para que se puedan atender las demandas que exigen las comunidades que no están siendo cumplidas por la minera.
SEGUNDA REUNIÓN PARA DISCUTIR LAS DEMANDAS
En el quinto día de protesta, el 24 de noviembre en la institución Educativa Huininquiri, se llevó a cabo una segunda reunión entre representantes de la minera MMG Las Bambas y las comunidades manifestantes, además, en la reunión se contó con la participación de funcionarios de la PCM. Cabe resaltar que la reunión fue convocada por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.
En esta reunión, la empresa minera presentó una serie de propuestas a las comunidades:
- Incluir a las comunidades en la cadena de valor con un cupo para 12 unidades para transporte de concentrado, y otros 12 cupos para camionetas y mantenimiento vial de todo el tramo de Chumbivilcas
- La minera se encargará del mantenimiento del micropavimento, mantenimiento de la carretera de tierra y regado de la vía.
- Las comunidades de la zona que son afectadas serán consideradas como áreas de interés ambiental y social hasta que presente la cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), lo cual significa que la empresa aportará un presupuesto para proyectos de desarrollo sostenible en cada una de las comunidades.
Sin embargo, las comunidades de Chumbivilcas presentaron una contrapropuesta. En esta exigen que se les consideré un 20% de unidades de transporte de concentrado, un aproximado de 75 unidades y 50 camionetas,
Si bien los representantes de las comunidades aceptaron la propuesta del mantenimiento vial por parte de la minera, no hubo un acuerdo en las demás propuestas, por lo cual se decidió continuar con la protesta hasta que la minera Las Bambas presente una mejor propuesta. Hasta el cierre de esta nota, no se ha establecido una fecha para una futura reunión entre ambas partes.
El miércoles 7 de octubre a las 5 y 30pm, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentó la guía de Monitoreo Ambiental Comunitario basada en el reconocimiento de los indicadores biológicos de los macroinvertebrados en el río Cañipía, zona de influencia de la empresa minera Glencore Antapaccay en Espinar, Cusco.
Tras realizarse la experiencia de monitoreo ambiental comunitario entre DHSF y la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) el 2017 y 2018, se hizo un balance respecto a las diferencias de la calidad del agua entre un año y otro. «El objetivo de la presentación de la guía es que de ahora en adelante, estos estudios lo realicen la propias comunidades, comparando los análisis de cada año y emitiendo informes para que generen su propia información a las comunidades y al Estado peruano», señaló Karem Luque, responsable de la guía de DHSF.
En esta experiencia han participado aproximadamente 20 espinarenses de Huisa Collana y Huisa.
En la presentación participaron el presidente de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), Santos Chuchullo, quien contó como seleccionaron sus puntos de monitoreo y la importancia de esta labor en una zona donde hay presencia minera desde hace décadas. Actualmente opera la empresa Glencore Antapaccay, que quiere ampliar su explotación a través del proyecto minero Coroccohuayco.
En la presentación, además de Karem Luque de DHSF, encargada del proyecto de monitoreo y la guía, participaron: Diana Flores, MG. Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, quien también fue parte de la elaboración de la guía; la Dra. Ana Huamantinco, zoóloga, especialista en Taxonomía y Ecología de Insectos; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que informó que su Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales.
Ahora falta que el dictamen se agende y apruebe por el pleno del Congreso.
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En el octavo día de paro, tras la confirmación de 3 heridos de bala por la médico cirujana del Hospital de Espinar, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón; el día de ayer, jueves 23 de julio, las organizaciones de Espinar, los alcaldes distritales y el alcalde provincial, Lolo Arenas, se reunieron y acordaron llamar a la calma a la población para que no haya más heridos producto de la represión policial.
El miércoles 22 de julio, durante el día, la policía reprimió fuertemente la protesta que se movilizaba hacia las instalaciones de la empresa minera que se ubica en los territorios de la comunidad Tintaya Marquiri. Y durante la noche del mismo día, la policía ingresó a la capital de la provincia de Espinar, a la ciudad, y reprimió con bombas lacrimógenas, perdigones y balas a los manifestantes.
Acuerdos
Los principales acuerdos de la reunión multisectorial entre los alcaldes y dirigentes sociales, fue la solicitud de una “comisión de alto nivel del poder ejecutivo” con la presencia del premier Cateriano y los ministros de Estado. Como mediador y facilitador de comisión de alto nivel se acordó designar al monseñor de la Prelatura de Sicuani.
Entre los otros acuerdos se señaló que en la comisión se deben tratar los 6 puntos de agenda del Comité de Lucha de Espinar, y se exige el retiro de las fuerzas policiales y militares del territorio de Espinar. Además, se solicita que “el Ministerio Público denuncie a los responsables de la arremetida, violencia de derechos humanos y abusos cometidos hacia la población de Espinar”.
Los pobladores de Espinar señalan que el coronel Vargas pateó en el piso a las personas que viajaban en un camión para apoyar la protesta, que roció alcohol en el cuerpo de las personas y que los militares abusaron sexualmente de las mujeres tocándole las partes de sus cuerpos. Ver video
Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), la RED MUQUI, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel regional y nacional, ante el inicio del paro indefinido en la Provincia de Espinar (Cusco) por la distribución de un bono humanitario de mil soles con fondos del Convenio Marco para los pobladores de Espinar, manifestamos lo siguiente:
- El Convenio Marco es un acuerdo aprobado en el año 2003 entre la empresa minera, el gobierno local y los actores sociales de la provincia de Espinar, y establece un fondo para el desarrollo y necesidades urgentes de las comunidades de la Provincia de Espinar. El uso de los recursos económicos derivados del convenio los decide el Comité de Gestión, y debe implementarse de acuerdo a las demandas y necesidades de la población local y sus comunidades. La profunda crisis generada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país y en Espinar, ha llevado a que el Comité de Gestión del Convenio Marco autorice el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles.
- En ese sentido, invocamos a las partes involucradas para que a través del diálogo encuentren los canales adecuados para la implementación de los acuerdos del Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar e integrado por los alcaldes distritales, Frente de Defensa, Federación Unificada de Campesinos de Espinar, AUPE, Cuenca Cañipia, Cuenca Salado y representante de la Compañía Minera Antapaccay.
- Exhortamos al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación. Del mismo modo, hacemos un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las OSBs, y a las autoridades locales evitar caer en actos de provocación y de violencia -como los extraños hechos ocurridos el día lunes 20-, así como evitar la exposición y diseminación del Covid-19 a través de las aglomeraciones.
- Deploramos que frente a las medidas tomadas por el Comité de Gestión del Convenio Marco, y en pleno contexto de pandemia y crisis, se haya iniciado una campaña de desprestigio a las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, la misma que ha sido desestimada por el Comité. Estos hechos en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.
Finalmente, como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social, como ocurre en las actuales circunstancias en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar, en este sentido rechazamos cualquier forma de abuso de autoridad, así como de actos de violencia que se puedan desatar.
Lima, 20 de julio de 2020