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En Perú, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente corren peligro de ser vulnerados en sus derechos e incluso se enfrentan a la amenaza de muerte. Un final que desde el 2020 han tenido al menos 20 defensoras que han sido asesinadas en el Perú, dos en lo que corresponde a este año. La mayoría de las víctimas son personas defensoras de los derechos humanos de las regiones amazónicas, y la mayoría de los ataques se atribuyen a actores vinculados a actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala de árboles, el tráfico de tierras y, crecientemente, el narcotráfico. Mientras que en las regiones andinas y costeras del país, predominan tendencias de criminalización de personas defensoras del territorio, del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinas. Estos últimos casos tienen como protagonistas responsables a las empresas mineras.
Sobre esta situación y las tendencias en el país y en el ámbito internacional se ha dialogado martes pasado en el marco del conversatorio “Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, alcances y desafíos” organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) en Perú en colaboración con el Centro Cultural de España en Lima.
En relación al marco internacional de protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su vínculo con las amenazas que enfrentan sus líderes y lideresas, el ex Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya explicó en su análisis que ha habido importantes avances en el reconocimiento internacional. Sin embargo, lamentó que es a la hora de implementar las herramientas y de acatar la legislación que se registran los mayores retrasos y lo ejemplificó con el caso de la nación maya en Belice. En el histórico caso Cal contra Belice, el Pueblo Maya se presentó ante los tribunales por concesiones otorgadas para la explotación de recursos naturales en su territorio sin su consentimiento. Reclamo que en 2010 fue reconocido por el Tribunal Supremo de Belice y ratificado en 2013. Sentencia que confirmó el título de propiedad de los pueblos maya mopan y ke’ekchi, reconoció el derecho consuetudinario en sus demandas de uso y ocupación tradicional, y confirmó que el título tiene protección legal bajo la Constitución de Belice. A pesar de los años transcurridos el veredicto aún no ha sido implementado en su totalidad explicó el experto internacional en derechos de los pueblos indígenas.
Karen Huere, defensora asháninka, integrante de ONAMIAP y de la Organización de Mujeres Indígenas llamó la atención sobre una forma más sutil que tiene el Estado peruano de apropiarse de territorio y mermar la autonomía de los pueblos indígenas en la Amazonía al presionar a las comunidades en la selva a transformarse en centros poblados a cambio de instalar dentro de sus linderos servicios públicos esenciales como postas de salud o escuelas. Además para el Estado resulta más fácil negociar con centros poblados bien delimitados que con comunidades que habitan y controlan vastos territorios.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui la crisis social y política que está viviendo el país no es nueva en cuanto a la represión y otras formas de persecución que viven las comunidades en conflictos socio ambientales no solo en el corredor minero.
Apunta que el Estado diligentemente denuncia a los dirigentes sociales que levantan la voz, manifestado en casos como el del fallecido dirigente Oscar Mollohuanca en Espinar, pero no persigue a las mineras responsables de tantas vulneraciones a los derechos humanos y ambientales, causa de dichos conflictos.
En su interpelación al Estado cuestionó la contradicción evidente que existe entre la contínua persecución y criminalización de defensores por parte del Estado y en particular de este gobierno encabezado por Dina Boluarte y los autoelogios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en relación al decreto que hace dos años creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Conjunto de medidas que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades.
Un tema que retomó también James Anaya que criticó la creciente tendencia en la región a judicializar a los defensores e intentar acallar, a través de costosos procesos que se extienden durante años, las voces de las comunidades organizadas.
Un síntoma de la escasa voluntad política hacia el reconocimiento de la labor de los defensores de derechos ambientales en Perú es que, a la fecha, el Congreso de la República no ha aprobado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Acuerdo que recoge estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en materia ambiental, lo que favorece las actividades de defensa del medio ambiente en la región de América Latina y el Caribe.

Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
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Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

La campaña de los defensores y defensoras visibiliza a nivel local, regional y nacional la situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales que son constantemente criminalizadas, violentadas e, incluso, asesinadas.