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Las defensoras, los defensores y las organizaciones e instituciones, que conformamos este gran movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales, en el marco del Día Internacional de los derechos humanos, señalamos lo siguiente:

  • Manifestamos nuestro profundo dolor e indignación por el asesinato del defensor ambiental Lucio Pascual Yumanga, ocurrido el 4 de noviembre último, quien se convierte en el onceavo defensor asesinado en el país en los últimos dos años; hecho que demuestra el enorme peligro que implica defender el territorio, los ríos y los bosques en nuestro país. De la misma manera, reconocemos el enorme trabajo de la Seguridad Indígena Asháninka (SIA) y de algunos ministerios por encontrar, a cuatro defensores que estuvieron desaparecidos en Pasco.
  • La emergencia sanitaria en el país ha generado un escenario de mayor desprotección para las y los defensores ambientales en sus territorios; y ante el crecimiento de las economías ilegales, principalmente la tala y la minería ilegal, así como el narcotráfico, es necesario que el Estado adopte medidas y políticas integrales de combate efectivo contra estas actividades que ponen en riesgo la vida de los defensores y las defensoras, principalmente en la Amazonía peruana.
  • Rechazamos la criminalización y estigmatización de la protesta social de cientos de defensoras y defensores y la instrumentalización del derecho penal para hostigarlos y desalentar su importante rol. Solo en el corredor minero del sur andino tenemos más de 99 defensores en procesos judiciales relacionados al ejercicio del derecho a la protesta en conflictos. Como son los casos de Las Bambas, Antapacay y Hudbay, o el caso reciente de los cinco defensores de Huarmey, que acaban de ser liberados por la justicia después de no encontrarse prueba alguna en su contra. Además de los casos señalados, están los defensores/as del Valle del Tambo, en Arequipa, que han sido criminalizados por defender el agro y la vida en su territorio.
  • Exigimos que el Estado proteja a las y los defensores con la implementación inmediata del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, creado a través del DS ° 004-2021-JUS, lo que implica proveerles del presupuesto necesario, porque sabemos que una política pública sin recursos es meramente declarativa, y no va a dar una verdadera protección. De la misma manera, es una exigencia que en el caso de las y los defensores que están en proceso judiciales largos y desgastantes, que la procuraduría del Ministerio del Interior se inhiba de participar como parte civil en los procesos en su contra.

 

  • Asimismo, pedimos a las empresas, en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que tengan una conducta proba y responsable, de respeto a los derechos de las y los defensores, sin despojarlos de sus territorios, ni contaminar el ambiente, agua y vida a los pobladores de los entornos de sus operaciones, y el cese a la estigmatización de la labor de los defensores acusándolos de ser antimineros, antidesarrollo y antiempresas.

Finalmente, hace unas semanas lanzamos la campaña #ProtegeAQuienNosProtege, con el objetivo de visibilizar esta problemática y los riesgos que sufren las y los defensores, pero fundamentalmente en la intención de sensibilizar a la sociedad peruana respecto al rol fundamental que tienen los defensores en la defensa de la vida y de la casa común, así como su gran aporte a los derechos humanos en el Perú.

Perú, 10 de diciembre del 2021.