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Las instituciones miembros del Grupo de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario de la Red Muqui, ante los diferentes hechos que atentan la integridad física y emocional de la monitora ambiental Jovita Dilas Cabrera, expresamos que:

– En el distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, la empresa minera Colpayoc S.A.C., está llevando a cabo actividades de exploración. El 28 de marzo de este año, se produjo un enfrentamiento entre los comuneros y comuneras y los operadores de la empresa minera, ya que las comunidades cercanas afirman que no fueron consultadas ni se les pidió su opinión sobre las 18 plataformas de exploración. La empresa señaló que coordinó con miembros de la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, mas no con las comunidades aledañas, vulnerando así el Convenio 169 de la OIT.

– La defensora y monitora ambiental Jovita Dilas, miembro del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, ha venido alertando durante varios años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino. Estas fuentes de agua son especialmente significativas en un contexto de escasez hídrica y cambio climático, teniendo en cuenta que, según las Naciones Unidas, al 2040, Perú enfrentará mayor escasez de agua dulce.

Ante ello, manifestamos:

– Nuestra solidaridad con las comunidades y con la monitora ambiental Jovita Dilas, por las agresiones que vienen recibiendo por parte de la empresa minera y solicitamos la investigación por parte de las autoridades, y la respectiva sanción a los responsables que atentan con la integridad física y emocional de las comuneras y comuneros.

– Respaldamos las demandas de las comunidades y planteamos la inmediata instalación de un espacio de diálogo que dé lugar a acciones concretas. Esto debe realizarse en pleno respeto a los derechos humanos y ambientales, asegurando que la consulta previa sea vinculante en la toma de decisiones, y no simplemente un formalismo.

– Solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que proporcione medidas de protección y apoyo a la defensora ambiental conforme al Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El 29 y 30 de noviembre se realizó el III Encuentro de Mujeres de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMPMOSQT) con la participación de lideresas provenientes de 13 regiones del país, en Lima.

El objetivo de este evento fue promover el autocuidado, fortalecer la organización y liderazgo de mujeres, así como elegir la primera Secretaría de Mujeres de la Plataforma.

Como parte de sus actividades, se llevaron a cabo talleres de autocuidado, cuidado colectivo y fortalecimiento de la organización a cargo de las facilitadoras Nancy Cifuentes y Gladys Vila.

A través de esta actividad, se viene fortaleciendo la organización interna y participación de las mujeres afectadas por metales en la Plataforma.

Además, OXFAM presentó la investigación “Contaminación por metales pesados en el Perú: Impactos y costos sobre la salud, la economía y el cuidado doméstico”.

Asimismo, se realizó un taller sobre el impacto de metales pesados a cargo de las especialistas Paula Meza y Ana Leyva. Dicha actividad fue acompañada con la presentación de la versión amigable del Plan Multisectorial Especial Para la Atención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM).

Durante el Encuentro, Karla Eroyla fue elegida la primera Secretaria de Mujeres de la Plataforma, representando a la región Cajamarca, y como subsecretaria fue electa Rudy Sajami, representante de Loreto.

“Este encuentro ha sido muy importante especialmente para las mujeres que estamos pasando momentos difíciles en nuestros territorios, afectados por metales pesados, ya que psicológicamente lo pasamos mal y también luchamos por el medio ambiente y en defensa de nuestras comunidades”, señaló Elsa Merma, representante de Espinar, Cusco.

El Encuentro es parte de las actividades programadas en la Semana de Salud Ambiental y Humana coordinada entre la Plataforma Nacional de Afectados y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, que va del 29 de noviembre al 03 de diciembre.

Durante el 18 y 20 de julio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo; representantes de la sociedad civil (entre ellos la Red Muqui), del Poder Judicial, del sector privado, partidos políticos, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En esas reuniones recogió de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas diferentes problemáticas y planteó sus preocupaciones a las autoridades, constatando que nuestro país aún se está recuperando de la pandemia de COVID-19, que fue “devastadora para la población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo”.

Apoyo a la agricultura familiar

En su informe sobre su visita oficial, reconoce que la pandemia no golpeó a todos por igual: “golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados”.

Precisa además el contexto actual de la conmoción de la guerra en Ucrania, que provoca que “unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos”. Además, advierte la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra, como también lo señalan las organizaciones agrarias.

En ese sentido, la Alta Comisionada de la ONU para DDHH, propone que hay que “apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal”.

Defensa de los defensores ambientales

Además, señaló su preocupación por el escenario de polarización política en que nos encontramos y que es necesario proteger el espacio democrático. Respecto a protección de los derechos humanos, señaló que Perú tiene que implementar las leyes, y herramientas, con presupuesto, que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, para la protección efectiva de los los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica.

Remediación ambiental y consulta previa es urgente

Michelle Bachelet reconoció el aporte económico de la minería en el Perú, pero lamenta que no hayan beneficiado a las comunidades afectadas, “especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales”.

En su carta enfatiza que “el remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad”. Puso el ejemplo de una defensora indígena de derechos medioambientales de Cusco, quien describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. «No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir», dijo.

Finalmente, sobre la problemática minera, señala que “los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo.

Sobre el sector privado, señala que deben aplicar la diligencia debida de las empresas. “Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, concluyó.

La Alta Comisionada de la ONU sobre DDHH, en su informe oficial tras su visita, reiteró por escrito que está dispuesta a trabajar con el gobierno peruano y las instituciones para el resguardo de los derechos humanos en nuestro país.

 

El lunes 18 de julio en horas de la tarde en Lima, en el auditorio de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la reunión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Michelle Bachelet, con representantes de la sociedad civil, principalmente organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, la población afroperuana, defensa de los migrantes, población LGTBI, entre otros grupos vulnerables en el Perú. En la reunión participaron alrededor de 30 organizaciones y cada uno informó sobre la situación actual en la afectación de derechos, así como sus planteamientos a la alta comisionada.

La Red Muqui fue invitada a esta reunión, y entre los temas que planteamos se pueden destacar los siguientes puntos:  1) La actividad extractiva minera en el Perú genera una serie de impactos sociales, ambientales, a la salud y a la vida de las poblaciones y comunidades donde se desarrolla esta actividad, así mismo vulneran los derechos humanos, individuales y colectivos de estas poblaciones. 2) La actividad extractiva minera genera impactos en el ambiente y la salud de las personas en los territorios, al momento tenemos más de 10 millones de personas expuesta a metales tóxicos (de acuerdo a estudio del MINSA) que, a través de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, busca la implementación del Plan Especial Multisectorial para los afectados en todo el país. 3) Muchas de las actividades mineras se asientan en zonas de cabeceras de cuenca, por ello se pide que se garantice su protección y su intangilidad, y que está discusión sea parte de la discusión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)

Así mismo, se ha insistido en la necesidad de plantear acciones concretas en favor de los defensores ambientales en el Perú:  4) En el Perú tenemos defensores y defensoras ambientales criminalizados en zonas de actividad extractiva, para ello se ha solicitado que dejen de ser perseguidos y criminalizados judicialmente, y que el Ejecutivo a través del MINJUSDH y de otros ministerios implementen el mecanismo intersectorial para proteger a los defensores de derechos humanos en el Perú. 5) Finalmente, se ha hecho de conocimiento a la alta comisionada que el Congreso de la República debe derogar la Ley 31494 que permite la conformación de los Comités de Autodefensa (CADs), norma que promueve abiertamente la violencia y el uso de armas de fuego en las comunidades y zonas de emergencia del país.

Sobre estas múltiples demandas, la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha señalado que en este momento se viene reuniendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos las poblaciones indígenas, los defensores de derechos humanos, así como con los diferentes representantes del gobierno nacional, empresas privadas, entre otros actores. Sobre los alcances de esta visita, se ha señalado que este miércoles 20 de julio, la alta comisionada realizará una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de su visita.

Más de 120 defensores y defensoras de todo el Perú llegaron a Lima ante ola de asesinatos,  persecución judicial y contaminación en sus regiones para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia.

 

Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de agua, nuestra seguridad alimentaria, medios de vida, tierras ancestrales, hogares e incluso nuestras propias vidas.

Exigimos que las defensoras y defensores sean reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática y soberana y en su importante rol  en la lucha contra el cambio climático.

Ellos y ellas luchan día a día por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, etc. 

Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María y por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.

Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la llegada de más de 120 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima quienes han participado del 15 al 17 de junio en el Encuentro Nacional de Defensores y en acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger la tierra,  el agua y la vida.

El encuentro logró reunir a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima. Este espacio tuvo como objetivo: (1)  Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales realizados en talleres anteriores (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Además, el encuentro nacional generó un espacio de autoformación, organización  y reflexión para exigirle al Estado garantice  acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea en la protección de los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

En este encuentro, los defensores y defensoras visibilizaron la situación de vulneración que viven en sus regiones, se plantearon las limitaciones estatales en protección a defensores en Latinoamérica, así como se realizaron propuestas de autoprotección como individuos.

Asimismo, el Encuentro contó con la participación de representantes de organismos internacionales que dieron su apoyo a los defensores y defensoras y a la lucha que realizan para proteger el medio ambiente.

Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras

Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto suficiente el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo y garantizar efectivamente la seguridad  de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.  Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas  que prevengan y eviten la criminalización de la protesta y la persecución judicial a los defensores y defensoras.

Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior

El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores realizaron un plantón – movilización  frente al Ministerio de Justicia y luego marcharon al Ministerio del Interior, dado que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP por acciones de defensa de sus territorios, el medio ambiente y la vida.

En cuanto a la reunión con representantes del Ministerio de Justicia, se lograron los siguientes acuerdos: 

  • Revisión de convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, 
  • Reunión sobre Acuerdo Plenario, lunes 20 de junio.
  • Mesa intersectorial para coordinación e intervención sobre violación de derechos a Defensores.

Con el Ministerio del Interior, los defensores y defensoras lograron que el viceministro del Interior se comprometa en desarrollar un proceso de capacitación al personal policial e implemente el el protocolo para defensores en el marco del DS 4-2021- del Ministerio de Justicia. Asimismo, señaló que revisaría los casos emblemáticos de represión y criminalización que expusieron los defensores ambientales. En la reunión participaron el Dr. Ernesto Fuentes Cole, Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, y el Dr. Erick Fernando Caso Giraldo, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior.

Ahora los 12 voceros nacionales elegidos en el Encuentro Nacional, monitorearán el cumplimiento de los acuerdos con los Ministerios.

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Lima, 17 de junio del 2022.

 

Por: Rodrigo Lauracio /Abg. Del Area de Incidencia Politico Legal – Red Muqui

El pasado 13 de setiembre Global Witness emitió su informe “ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA- Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente”. En este reciente informe se brinda información importante sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, en especial de aquellos que defienden derechos territoriales y ambientales en contexto de actividades extractivas, y los riesgos y agresiones que enfrentan y que provienen de agentes estatales y de empresas privadas.

Global Witness ha identificado que en el año 2020 se registró el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Este número de asesinatos como se menciona en el informe, “[…] convierte al último año, una vez más, en el más peligroso dentro de nuestros registros, para las personas que defienden sus hogares, tierra y medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y clima”. Aun cuando la tendencia debería ser al decrecimiento de los casos de asesinatos, y pese a que gran parte del año 2020 se vivió el confinamiento a casusa de la Covid-19, los casos de asesinatos de defensores se han incrementado. En el informe también se hace énfasis en que, debido a los diversos problemas que enfrenan los defensores como las restricciones de la libertad información, prensa, o incluso las medidas restrictivitas y de confinamiento dictadas a causa de la pandemia puede dar lugar a un sub registro de defensores asesinados; y es que en el contexto del año 2020 no todos los ataques a defensores han sido reportados y probablemente no han sido registrados por los órganos estatales.

Del total de las muertes registradas, 3 de cada 4 se produjeron en las Américas; dentro del cual américa latina tiene el mayor número de defensores fallecidos: Colombia 65, Brasil 20, Perú 6, Argentina 1. “[…] De los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina. Casi tres cuartas partes de los ataques registrados en Brasil y Perú sucedieron en la región amazónica”. Estos datos preocupantes evidencian que, en gran parte los ataques (un tercio) se produjeron en contextos de explotación de recursos como la explotación forestal, minería, petróleo, agroindustria a gran escala, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. Ello también evidencia que no solo estarían relacionados a agentes estatales, sino que incluso las empresas a cargo de la explotación tienen injerencias directas o indirectas en los ataques.

Gran parte de estos casos de asesinatos de defensores y defensoras, están vinculados directamente a los pueblos indígenas debido a que en sus territorios se desarrollan estas actividades de explotación, poniendo en grave riesgo su territorio, medio ambiente y derechos colectivos. Según el informe, “en el 2020 se mantuvo una vez más el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas. A pesar de que apenas representan el 5% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos a integrantes de los pueblos indígenas”. Evidenciándose así que actualmente los pueblos indígenas no solo tienen que seguir enfrentando las barreras estructurales y sociales, sino que ahora también enfrentan riesgos directos que amenazan su vida e integridad, en cada una de las luchas por la defensa de sus territorios y derechos colectivos.

Global Witness resalta también que, de acuerdo a los datos registrados desde 2012 acerca de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, muestran que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también tienen un impacto cada vez más violento sobre las personas; y que el número de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con más de 200 personas defensoras asesinadas en 2019 y 2020, son más del doble de los números que registramos en 2013, existiendo claramente una tendencia de incremento de ataques empeorando la situación de los defensores. Esto también lleva a sostener que existen “[…] razones estructurales de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente reflejan lo que sabemos sobre la crisis climática en sí: i) sus impactos son desiguales, ii) las empresas son responsables, y iii) los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de las causas”.

Esta tendencia de incremento de riesgos para defensores no es ajena para Perú, ya que nuestro pais sigue siendo uno de mayor inseguridad para la defensa de derechos humanos en el mundo. En el 2020 se registró el asesinato de 06 defensores territoriales y ambientales: Arbildo Meléndez Grandes, Gonzalo Pío Flores, Jorge Muñoz Saavedra, Lorenzo Caminti, Roberto Carlos Pacheco y Santiago Vega Chota; quienes perdieron la vida denunciando afectación de sus territorios, la deforestación, depredación de especies silvestres y ecosistemas y la contaminación como consecuencia del desarrollo de actividades extractivas. Lamentablemente hasta la actualidad los agresores aún no han sido sancionados y las víctimas no han recibido una reparación integral.

A estos casos se suman los otros que se han registrado en años anteriores, evidenciándose nuevamente que en contextos de conflictividad socio ambiental existe un recurrente uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública, un uso indiscriminado de instituciones jurídicas como los Estados de Emergencia u otros instrumentos legales, orientados a reprimir la labor de los defensores. No olvidemos que en diciembre del año pasado han muerto dos personas en las protestas por mayores derechos laborales en el sector agroexportador en Ica y la Libertad, producto de la intervención violenta de la PNP.

Finalmente es importante recoger las recomendaciones más importantes que hace Global Witness a partir de las tendencias y casos identificados, las cuales no solo están dirigidas a los Estados, sino también a los atores privados como las empresas, quienes si tienen una injerencia directa en el escenario de inseguridad y de riesgo que se genera para los defensores territoriales y ambientales, pues “[m]uchas amenazas y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente ocurren luego de que las comunidades expresan su preocupación sobre el impacto en sus derechos y tierras del accionar de las empresas y correspondientes proyectos”.

  • Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que a menudo se encuentran en la primera línea de la crisis climática.
  • Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medioambiente en el contexto comercial, mediante una normativa eficaz. Cualquier legislación utilizada para criminalizar a las personas defensoras debe ser declarada nula y sin efecto.
  • Exigir a las empresas e instituciones financieras radicadas en el país que realicen la debida diligencia de forma obligatoria.
  • Las empresas deben publicar e implementar procedimientos sólidos de diligencia debida que busquen prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos en sus operaciones globales, incluidas las cadenas de suministro y relaciones comerciales.
  • Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos adversos en materia ambiental y de derechos humanos.

 

 

El último martes 07 se llevó a cabo la tercera mesa de discusión del “Ciclo de conversatorios: el Perú del Bicentenario: los problemas actuales de las personas defensoras del ambiente y los territorios”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en colaboración con Asociación SER, CBC, Oxfam, Kené, DAR, DHUMA, IDL y Red Muqui, y fue transmitida por el Facebook de Red Muqui. En esta mesa se abordó sobre la situación de vulneración y formas de resistencia de Defensores Ambientales en el Perú, y se contó con la participación de panelistas pertenecientes a organizaciones sociales y organismos públicos. 

Los defensores y defensoras ambientales son personas que tienen como objetivo principal realizar acciones para proteger los derechos relacionados con el medioambiente, la tierra y su territorio. De esa manera, su trabajo, al tener una importancia vital para el cuidado de nuestros hogares, la protección de estas personas también incumbe a todos y todas. Sin embargo, de acuerdo con Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la labor de los Defensores/as Ambientales viene siendo afectada por diferentes problemas como la constante estigmatización que sufren clasificándolos como ‘anti desarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales; además, sufren de hostilización, agresiones, utilización indebida del derecho e inclusive de la criminalización. A pesar de eso, comenta que hay una ausencia de sanción por los ataques realizados contra estas personas protectoras del ambiente, e incluso, no existe, a la fecha, sentencia alguna por las muertes de defensores ambientales e indígenas en el Perú.

Esto también es complementado por lo señalado por el Secretario General de las Asociaciones de Urbanización y pueblos jóvenes de Espinar, Vidal Merma, quien explica casos de una gran cantidad de defensores ambientales y dirigentes en la provincia de Espinar que reclamaban sus justicia, pero que fueron criminalizados e incluso asesinados por parte de la policía y que, a pesar de que hay evidencias del asesinato, los casos nunca se han visibilizado a nivel nacional e internacional. Además, comenta sobre hechos similares ocurridos en Moquegua en donde las empresas que realizan actividades que afectan el territorio han llegado a asesinar a dirigentes y defensores del medio ambiente. Merma añade que las empresas silencian sistemáticamente a las personas que reclaman justicia, y solo las que cuentan con dinero suficiente, pueden obtenerla, mientras que las que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no pueden pagar un juez.

A raíz de eso, las poblaciones y los/las defensores que sufren constantemente las violaciones de sus derechos, viven con una inseguridad total porque no hay una institución del Estado que pueda brindarles seguridad, y señala que el Ministerio Público no hace su trabajo de administrar justicia, y no hay nadie de parte del Estado que los defienda.

Es importante tomar en cuenta que la criminalización, la violencia ejercida hacia los/las defensores no solo les afecta a ellos/ellas, sino que también afecta a sus familias. Por esa razón, y ante la ausencia del Estado para proteger la labor y los derechos de las personas defensoras del ambiente, surge la necesidad de organizaciones como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), en la que trabaja la panelista Judith Nunta. Esta organización ha diseñado un Programa Mujer Indígena que trabaja con mujeres indígenas, quienes han quedado viudas, por el asesinato de defensores. El programa busca promover el liderazgo femenino y la reivindicación de su rol dentro de las comunidades, federaciones y otras organizaciones de gobierno indígena.

Discutiendo sobre las problemáticas que generan la afectación a los derechos de los defensores y defensoras, Percy Castillo señala que la Defensoría del Pueblo considera que las principales causas de los ataques, amenazas y homicidios a este grupo son los problemas estructurales: actividades ilegales (tala, minería, agroindustria, etc.), falta de titulación de comunidades, falta de presencia estatal, impunidad frente a ataques, y corrupción. El adjunto para los DDHH de la Defensoría del Pueblo señala que mientras no se dé solución a estos problemas, siempre va a haber un marco de amenaza a los/las defensores.

Frente a esto, Vidal Merma comentó que a los problemas estructurales explicados por Castillo, se le debe agregar un problema fundamental, y es el hecho de que el Estado suele priorizar la protección de los capitales extranjeros y la inversión extranjera, por lo cual permite que las empresas transnacionales sigan cometiendo vulneraciones de los DDHH. El hecho de que el Estado y sus instituciones prioricen la generación de recursos económicos frente a los derechos humanos y ambientales, representa una problemática constante para la cual se debe buscar solución desde el Gobierno.

Desde el 2018 a la actualidad, ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, lo cual se ve reflejado en que, actualmente, se cuenta con el Decreto Supremo 003-2021/MINJUS (Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos). Sin embargo, Mar Pérez, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que aún faltan implementar acciones, como la participación constante de la sociedad civil, para que el mecanismo pueda garantizar la independencia, imparcialidad, y que se den medidas de protección flexibles y acordes a las necesidades reales y concretas de las personas defensoras.

Además, Pérez destaca la lucha de las mujeres defensoras, que, lamentablemente, son víctimas de violencia sexual y de género. Por esa razón, pide que todas las autoridades vinculadas en la problemática se pongan los lentes de género y diseñen herramientas para también proteger las defensoras. Además, señala que se necesita que el protocolo de revisión personal sea modificado para que las mujeres defensoras no sean sometidas en comisaría con la búsqueda de elementos delictivos.

Edgardo Rodríguez, director general de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), respalda las palabras de Mar Pérez, y comentó que el Estado, a pesar de haber dado pasos  significativos para solucionar las problemáticas que afectan a los defensores/as ambientales, estos aún siguen siendo insuficientes y que, así como señala Mar Pérez, se debe buscar solución a los impactos diferenciados en razón de género, dado que se suele olvidar de los contenidos de la afectación especial a las niñas y mujeres que también buscan defender sus derechos.

Por último, según Rodríguez, el esfuerzo para solucionar la problemática y cerrar las brechas tiene que ser uno que comprometa a distintos actores, no solo a las organizaciones defensoras ni a la población, sino a otros actores como a las empresas formales y no formales, lo cual también se está trabajando en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH. Esto es importante, ya que permite concretar el compromiso de las empresas para que tengan respeto y garanticen los derechos de las personas defensoras. Además, agrega la importancia de construir redes de actores que contribuyan a desarrollar un trabajo más articulado entre el Estado y las comunidades cuando ocurran situaciones que vulneran los derechos de las personas y del medio ambiente, ya que, muchas veces, las denuncias llegan tarde por, justamente, la falta de conexiones con autoridades locales o con actores que apoyan hacer llegar las demandas.

Teniendo en cuenta la importancia y los desafíos que aún quedan por enfrentar, les invitamos a participar del foro en cual se presentará el informe regional “Proteger Nuestra Casa Común” el miércoles 15 de septiembre, y en el que participarán diferentes panelistas de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales. En este evento, se informarán los desafíos a los que se enfrentan defensores y defensoras de seis países de Latinoamérica, y se generarán mayores propuestas sobre cómo mejorar el entorno y protección para los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos

Por: Gladys Huamán /Área de incidencia político legal de Red Muqui

¿Cuál es la situación de las y los defensores ambientales?

Como antecedente, se les reconoce legalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1998, donde se aprueba la “Declaración de los defensores de derechos humanos”, marco internacional para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los defensores/as de derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo trabajan a través de medios no violentos para defender o promover los derechos humanos[1]. En estos últimos años se ha conocido casos de defensores/as procesados, hostigados y criminalizados por defender derechos, cuyos procesos judiciales incluso han llegado a espacios internacionales.

Michel Forst[2], el entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, después de su visita (del 21 de enero al 03 de febrero de 2020) al Perú y luego de haberse reunido con unos 450 defensores y defensoras señaló: “sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, además emitió la “Declaración de Fin de Misión” en la que expone recomendaciones al Gobierno peruano, entre ellas “poner fin a la criminalización imperante de los defensores”“asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan a sus comunidades”, entre otras. Además propuso 7 principios que se debería tener en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores/as de los derechos humanos, del cual destacamos que el Estado peruano debe “adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos”.

Por ello, nos preguntamos ¿Qué avances tenemos en el Perú en relación a la protección de defensores de derechos humanos?

Desde el gobierno nacional, el 31 de enero del 2018, a través del decreto supremo 002-2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El tercer lineamiento estratégico dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, entre ellos, de los defensores/as de derechos humanos.
Se planteó “garantizar el ejercicio seguro y en igualdad de condiciones de las labores de las defensoras/es de derechos humanos”, y como meta al 2021 “Un mecanismo implementado para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos” .  Es decir, ya debería estar implementando el mecanismo. Sin embargo, a pocos meses de culminar el año, aún no se aprueba el protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección.

Al año siguiente (2019) aprobaron desde el Ministerio de Justicia el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, a través de la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS. Y en octubre de año 2020, crearon el “Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos” y aprueban los “Lineamientos para el funcionamiento del registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”.

Hace poco, el 22 de abril de 2021, publicaron el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, este mecanismo está constituido por principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, señala el artículo 1° del mencionado decreto.

Este mecanismo contiene además los principios, medidas y procedimientos que deben ser implementados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Interior; Ambiente; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Relaciones Exteriores; Energía y Minas; y Desarrollo Agrario y Riego.

Otro aspecto fundamental, es que en la primera semana de este mes de Junio debería haberse aprobado el “protocolo para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección”. Esperamos que puedan pre publicar el texto para que los defensores/as emitan su opinión antes de su aprobación. Es fundamental que este protocolo garantice la protección a los defensores/as de derechos humanos y mucho más en un contexto donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a los lideres/as y dirigentes sociales.

[1] Valiente. Una receta para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú. Amnistía Internacional.

[2] Noticias ONU, 3 febrero 2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1468992

La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.

En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.

La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”

Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras

Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
  • Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
  • Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.

TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.