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Nota realizada por Fedepaz

El pasado 02 de septiembre, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultoras, por lo que decidió absolverlos. En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser  absuelta por la segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

El pasado miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la “Mesa de trabajo para analizar Ley CADs – Ley N° 31494”, la cual reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y, posteriormente, publicada el 16 de junio.

La mesa de trabajo se realizó en el Congreso de la República y contó con la participación del representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el defensor del ambiente y presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca; así como de representantes de las organizaciones Red Muqui, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y el Instituto de Defensa Legal; y con la participación de los congresistas Ruth Luque y José Williams.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que, entre otros motivos, promueve la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas, abriendo la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa puedan adquirir armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CADs vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CADs,. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas que cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.El representante de IDL, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que entregar armas a los civiles no representa una solución apropiada a los problemas de inseguridad en las comunidades. Asimismo, que es el Estado quien “debe brindar seguridad, ese es su rol”. E indicó que, a través de esta ley, se está señalando que el Estado no tiene la capacidad de cuidar y proteger a la población.

Declaró también, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución el orden interno es competencia de la Policía Nacional, con la Ley CADs, se “está queriendo que las Fuerzas Armadas entren al orden interno”. Por tal motivo, se está creando una norma que lo que hace es “amenazar la institucionalidad y autonomía de las comunidades y rondas campesinas” y que “puede abrir puertas a la cooptación social”, lo cual representa un peligro para los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.

Posteriormente, Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, señaló, al igual que Ruiz, que el Estado es quien tiene la obligación de restablecer el orden en las zonas, es el “encargado de resguardar e impulsar el autodesarrollo”. También declaró que dar la responsabilidad a los civiles de que intervengan en la lucha contra la inseguridad, resulta demasiado riesgoso, y que “la misión del Estado constitucional no es esa”. Por su lado el representante de CEAS, Javier Jancke, señaló que desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hay preocupación por los “los paralelismos y violencia que se puede generar (con la aprobación de la Ley CADs), sobre todo en zonas de conflicto. Esto puede ser utilizado para fortalecer actividades ilegales como el narcotráfico”. Por esa razón, se declara que la ley puede generar una mayor vulneración de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, como históricamente se ha generado.

En cuanto a los dirigentes sociales presentes en la mesa técnica, Felix Suasaca señaló que ya existe un problema que las comunidades y defensores tienen que enfrentar constantemente, y es que los policías cometen delitos contra ellos, les reprimen de forma violenta en las protestas y el hecho de impulsar una ley que permite el acceso a armas representa un riesgo grave a los derechos de las comunidades. Incluso indicó que, en Puno no se les ha “consultado para que se generen los CADs”, es decir se ha vulnerado el derecho a la consulta previa a las comunidades.

Sumado a los señalado por Suasaca, el representante de la CUNARC, Santos Saavedra, declaró que como rondas campesinas “no aceptamos la ley (…). El Estado no puede imponernos la norma”. Recordemos que, anteriormente, organizaciones de rondas campesinas de diferentes regiones se han pronunciado y señalado su negativa a la Ley CADs debido a que vulnera la autonomía de las rondas.

La congresista Ruth Luque, comentó que los Comités de Autodefensa fueron generados para un contexto específico (tiempo de terrorismo), por lo cual señaló que no comprendía la razón por la que se quiere reactivarlos, sabiendo que las rondas campesinas ya cumplen con esa función. Además, indicó que esta ley puede generar fragmentación en la estructura y organización de la comunidad, ya que puede haber comunidades campesinas y rondas que no quieran que se creen Comités de Autodefensa, y puede haber otros que sí, “no es tan simple que se decida que hayan CADs”. Por eso declaró que hay que exigir que se haga una reflexión sobre esto, pero también “hay que exigir una mayor presencia del Estado” y que este debe tener una responsabilidad política clara.

Finalmente, es importante señalar lo declarado por el congresista José Williams, con respecto a que se ha realizado una modificatoria a la ley, y que ya no se estipula que se va a brindar el acceso a armas. Según Williams, “lo estamos cortando de la Ley, solo dice que los que tienen sus armas, cuando la violencia cese, deben entregarlas”. Lo que busca esta ley es que “los comités se incorporen a la seguridad ciudadana, como lo están las rondas campesinas, y que puedan apoyar a las rondas campesinas, ya que el Estado está lejos”. Pero acotó que la Policía Nacional y la municipalidad seguirán siendo las encargadas de la seguridad interna.

Asimismo, señaló que los comités no se van a imponer si la comunidad no lo quiere, pero ya que no existe presupuesto para las rondas campesinas, los CADs sirvan de apoyo, que se vuelvan “núcleos ejecutores”.

Finalmente, esta mesa constituyó un importante espacio para discutir el reglamento de una normativa que tiene la negativa de las comunidades y rondas campesinas, de manera que se reciban los puntos de vista de sus representantes y dirigentes.

Durante el 18 y 20 de julio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo; representantes de la sociedad civil (entre ellos la Red Muqui), del Poder Judicial, del sector privado, partidos políticos, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En esas reuniones recogió de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas diferentes problemáticas y planteó sus preocupaciones a las autoridades, constatando que nuestro país aún se está recuperando de la pandemia de COVID-19, que fue “devastadora para la población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo”.

Apoyo a la agricultura familiar

En su informe sobre su visita oficial, reconoce que la pandemia no golpeó a todos por igual: “golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados”.

Precisa además el contexto actual de la conmoción de la guerra en Ucrania, que provoca que “unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos”. Además, advierte la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra, como también lo señalan las organizaciones agrarias.

En ese sentido, la Alta Comisionada de la ONU para DDHH, propone que hay que “apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal”.

Defensa de los defensores ambientales

Además, señaló su preocupación por el escenario de polarización política en que nos encontramos y que es necesario proteger el espacio democrático. Respecto a protección de los derechos humanos, señaló que Perú tiene que implementar las leyes, y herramientas, con presupuesto, que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, para la protección efectiva de los los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica.

Remediación ambiental y consulta previa es urgente

Michelle Bachelet reconoció el aporte económico de la minería en el Perú, pero lamenta que no hayan beneficiado a las comunidades afectadas, “especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales”.

En su carta enfatiza que “el remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad”. Puso el ejemplo de una defensora indígena de derechos medioambientales de Cusco, quien describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. «No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir», dijo.

Finalmente, sobre la problemática minera, señala que “los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo.

Sobre el sector privado, señala que deben aplicar la diligencia debida de las empresas. “Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, concluyó.

La Alta Comisionada de la ONU sobre DDHH, en su informe oficial tras su visita, reiteró por escrito que está dispuesta a trabajar con el gobierno peruano y las instituciones para el resguardo de los derechos humanos en nuestro país.

 

Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales del Norte del país se han reunido en la ciudad de Chiclayo para participar del “Taller – Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales del Norte” este 19 y 20 de mayo. El taller tiene como principal objetivo fortalecer las vocerías y liderazgos de las personas defensoras, y contribuir al fortalecimiento de capacidades de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades afectadas. Así mismo, en el taller, las personas defensoras compartirán sus experiencias de lucha y darán a conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante el avance de actividades extractivas que impactan sus vidas y territorios. 

En este evento promovido por la Red Muqui Norte, Red Muqui Nacional y los defensores de Chaparrí se impulsará la elaboración de una agenda común y estrategias de exigibilidad para la protección de defensores en riesgo y la atención de las legítimas demandas de las comunidades campesinas y marino costeras. Asimismo, se rendirá homenaje a las y los defensores violentados.

Finalmente, es de destacar que el taller es parte de un conjunto de actividades preparatorios para el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales que se realizará en Lima entre el 15 y 16 de junio. Espacio, cuyo propósito es fortalecer las vocerías y liderazgos territoriales de dirigentes/as y líderes/as de las organizaciones y comunidades que sufren violencia y criminalización por  defender  sus derechos territoriales y su medioambiente. 

 

Esta semana se darán encuentro en Lima defensores y defensoras ambientales de diversas regiones del país para discutir acerca de las amenazas que afrontan. Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú. 

Ante esta situación, en  el mes de junio se llevará a cabo el primer Encuentro de Defensoras y Defensores, en la que participarán líderes de más de 10 regiones del Perú. Para preparar este importante encuentro, este jueves 5 de mayo tendrá lugar en la capital una reunión de coordinación. En ella se buscará fortalecer la articulación de los defensores a nivel nacional, andino, amazónico y costero. Así mismo, se realizará un balance de las políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos y ambiente.

El Encuentro Nacional de junio tendrá como objetivo principal hacer visibles los riesgos, la persecución y la estigmatización que sufren los defensores a nivel nacional. Esto, debido a que los patrones de violencia sobre las y los defensores continúan siendo mortales, debido principalmente al ingreso de actividades como la minería, la tala, el narcotráfico, entre otras, que amenazan sus territorios ancestrales. Por lo cual, su situación y la de sus familias se vuelve cada vez más peligrosa en las diferentes regiones del país.

La comisión organizadora del encuentro está conformada por las defensoras y defensores de las distintas regiones, que vienen participando de una Campaña Nacional iniciada el año 2021 e impulsada por más de 15 organizaciones e instituciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el importante papel que cumplen. 

Las organizaciones e instituciones que conforman este movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales aseguran que este Encuentro Nacional será espacio de denuncia, de protesta, de propuesta, de movilización e incidencia para que en el más corto plazo las y los defensores encuentren la protección que el Estado debe brindarles frente a las amenazas de actividades económicas legales e ilegales.

El viernes 22 de abril, como parte de la campaña nacional “Defensoras y defensores del Perú”, se realizó un plantón convocado por diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que tenían como objetivo principal exigir justicia por los defensores del medio ambiente asesinados en el Perú. Recordemos que desde el año 2020, hasta la fecha, un total de 17 defensores y defensoras de la Amazonia peruana han sido asesinados en su lucha por la defensa del medio ambiente y su territorio, y contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, entre otras actividades.

Además, el plantón se realizó en el marco del día de la Tierra para representar la importancia que tienen las personas defensoras para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. De esa manera, los colectivos y organizaciones se agruparon, desde las 11 am, al frente del Congreso de la República para exigir las siguientes demandas

  • Justicia para las personas defensoras del medio ambiente asesinadas. En lo que va del año, de enero a abril 5 defensores perdieron la vida por defender el ambiente y sus territorios, y en dos años ya van 17 defensores muertos
  • Que el Congreso de la República apruebe y ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú, a pesar de que ya han transcurrido más de 4 años desde su aprobación, aún no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. 
  • Se exigió al Presidente de la República y ministros aprobar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales e implementarla de forma célebre y oportuna. Ello implica el reconocimiento público de su labor, garantizar el presupuesto público para la implementación del mecanismo intersectorial, y la acción conjunta y coordinada de los ministerios y operadores de justicia para proteger y garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos.
  • Se demandó la importancia de que el gobierno, a través de los ministerios y las instancias respectivas, vigile y fiscalice la actuación de las empresas, en todo lo relacionado con los derechos humanos, y se anulen los contratos de la PNP y las empresas extractivas. Igualmente necesaria es la derogatoria de leyes que avalan el uso de la fuerza pública a cargo de la PNP y FFAA, como la derogatoria de la “Ley del Gatillo fácil” y la prohibición del uso de armas letales en la protesta social. Recordemos que, lamentablemente, en las recientes movilizaciones sociales murieron 6 personas y hubo una decena de heridos, y, hasta la fecha, no hay ninguna investigación ni sanción para los responsables. 
  • Por esa razón, en el plantón también se exigió que el presidente Castillo pida la renuncia inmediata del Ministro del Interior, Alfonso Chavarry.
  • Finalmente, se exigió al Presidente de la República, al Congreso de la República y autoridades del país asumir políticas de emergencia, ante la evidente crisis climática que atravesamos. Señalando que es momento de grandes y radicales cambios en nuestro modo de relacionarnos con el medio ambiente, así como la importancia de regular la explotación desmedida de recursos no renovables,  aprobar una política de ordenamiento territorial y declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca ante la evidente contaminación de las fuentes hídricas para consumo humanos y actividades agropecuarias.

Finalmente, luego del plantón se realizó un Tuitazo en las redes sociales desde las 5 pm para continuar exigiendo las demandas señaladas anteriormente. Esto se realizó con los diferentes colectivos, organizaciones e instituciones coordinadoras de la movilización, de manera que los mensajes puedan tener un mayor alcance. Los “hashtags” principales que se utilizaron fueron #JusticiaParaDefensores y #CongresoRatificaEscazú. Este tipo de actividades se continuarán desarrollando con el objetivo de que el Estado escuche las demandas que se exigen para que los derechos de las personas defensoras sean protegidos, así como los del medio ambiente.

Dada la necesidad de fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, quienes desarrollan su labor en un contexto de riesgo y violencia por su accionar a favor de la paz, la justicia, los pueblos indígenas, los territorios, el agua y la lucha por reconquistar derechos y exigir su garantía y respeto.

En razón de su rol de defensa de los derechos humanos son víctimas de asesinatos como los ocurridos  hace una semana que les quitaron la vida a cuatro defensores ambientales.

Por tal contexto de riesgo personal y criminalización, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Cusco, el Taller Macroregional de Formación de Defensores y Defensoras del Sur Andino. El evento se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Defensores y defensoras del Perú” y contó con la participación de defensoras y defensores provenientes de 11 provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno y se realizó con el apoyo conjunto de varias organizaciones de sociedad civil.

Al iniciar el encuentro se realizó un pequeño homenaje al hermano Oscar Mollohuanca Cruz,  guardándose un minuto de silencio en su memoria. A 19 días de su partida exigimos una seria investigación sobre las circunstancias en que ésta se produjo. Se reafirmó la solidaridad con los familiares de las víctimas de asesinato, exigiendo al Estado una respuesta oportuna seguida de una investigación con transparencia y una efectiva sanción a los responsables, pues ningún crimen debería quedar impune.

El taller se realizó de forma presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se ha debatido y analizado temáticas referidas a derechos colectivos, individuales, territorio, significancia de ser defensor de derechos humanos, fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones,  importancia de la cohesión social para el  autocuidado frente a la ausencia del Estado que deja a las defensoras y defensores y a sus familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, continuamos denunciando la criminalización, amenaza y hostigamiento hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos. 

Las actividades se desarrollaron de manera interactiva, involucrando a todas y todos los participantes en ejercicios, charlas y testimonios que reafirman la identidad y la unión en la lucha común y compartiendo las experiencias de defensa del territorio en las diferentes provincias y visibilizando las problemáticas que las personas defensoras buscan solucionar. Además, se tuvo la participación de Jorge Eliecer Sánchez del Comité político Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y especialista en la abogacía y los derechos humanos ambientales, el cual nos contó sobre las experiencias de la defensa del territorio en Colombia, y respondió algunas consultas que le hicieron las personas defensoras participantes del taller. Se propuso también estrategias de acción para hacer frente a las problemáticas actuales, articulando una Red de trabajo conjunto entre las defensoras y defensores participantes. 

Desde el encuentro se compartieron los avances de la campaña nacional “Defensoras y Defensores del Perú”, así como se creó expectativa por el impulso y avances de la mini campaña denominada “¡Acuerdo de Escazú Ya!”, la cual tiene como objetivo principal impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la defensa del medio ambiente y la protección de quienes lo defienden.

Finalmente, se reconoció la importancia crucial de la unión y la necesidad de levantar la voz contra el abuso, el despojo en los territorios, los asesinatos, la estigmatización y las amenazas constantes contra defensoras y defensores.

Cabe señalar que el eje de las actividades y el intercambio propuesto de los talleres es el de consolidar una Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Ambientales a corto plazo, por lo cual se anunció que se continuarán desarrollando talleres dirigidos a las personas defensoras que permitan fortalecer sus capacidades y conocimientos, así como fortalecer la articulación de las acciones. Además, se han propuesto las bases para el 1er Encuentro Nacional Costero Andino Amazónico de Defensores y Defensoras, que se llevará a cabo en el mes de junio en Lima.

PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS, ¡AHORA!

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS

¡NUESTRA LUCHA NO ES SÓLO EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, ES EN DEFENSA DE LA VIDA DE TODOS!

 

Si deseas conocer más sobre la campaña «Defensoras y Defensores del Perú», haz clic en estos enlaces:

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La situación de los defensores ambientales sigue agravándose. Con la pandemia del COVID19 todos los canales institucionales se han ralentizado y a ello se suma la falta de intervención del Estado frente a los ataques en contra de los defensores, que en su mayoría provienen de los pueblos indígenas.

Entre los principales móviles de estos ataques, resaltan dos: conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas como la explotación forestal. Solo el 2019, el informe, “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” elaborado por la organización internacional Global Witness, señala que se cometieron 212 crímenes en todo el mundo. Una de las cifras anuales más altas desde que ésta organización comenzó la documentación de estos hechos el 2012.

Durante el 2019, en nuestro país solo se registró el caso de Christian Java Ríos, asesinado a balazos en Urarinas, Loreto. Sin embargo, ese mismo año también fue asesinado Wilbelder Angel Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián, en Ayabaca, Piura. Un ejemplo de que solo se recogen los casos visibles de un problema latente y no se investiga a profundidad las causas de los asesinatos. En ese sentido para Global Witness existiría un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos como consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos.

Perú 2020

Respecto al 2019, el escenario en nuestro país ha empeorado para los defensores. En lo que va del año 2020, han sido asesinados 4 líderes indígenas en la Amazonia peruana. Se trata de: Arbildo Meléndez, en Huánuco; Gonzalo Pío Flores, en Junín; Santiago Vega Chota, en Ucayali; y Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el 01 de octubre la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos.  Según lo manifestado por Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”.

Sobre los casos

El primer asesinato ocurrió el 12 de abril, cuando Arbildo Meléndez, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, fue asesinado de un disparo mientras realizaba labores de pesca.

Según lo manifestado por su esposa, Zulema Guevara Sandoval, desde que asumió el cargo de presidente recibió amenazas como respuesta a su propuesta de impulsar la titulación de territorio comunal, un pedido que no era atendido por más de 20 años desde que la comunidad fue reconocida en 1995. A ello se suma su enfrentamiento contra invasores que pretendían dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca.

Lo llamativo del caso Melendez es que su asesino confesó haberle disparado al confundirlo con un animal mientras ambos se encontraban cazando. Redy Rabel Ibarra Córdova, persona que disparó contra Arbildo Melendez, primero mencionó que Meléndez se había disparado a sí mismo. La fiscal a cargo del caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Huánuco, manifestó que Ibarra fue liberado el viernes 17 de abril. Ello debido a que no había suficientes pruebas para considerar que se trató de un homicidio calificado en grado de alevosía.

Aproximadamente un mes después, el 17 de mayo, Gonzalo Pio Flores, comando Ashaninka de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, es asesinado. Producto del ataque, su esposa Maribel Casancho resultó gravemente herida. Pio Flores, venía trabajando por el reconocimiento jurídico de los territorios comunales y por la protección ante la presencia de actividades de tala ilegal de madera establecidas en el territorio del distrito de Puerto Bermúdez.

Para el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el caso Pío Flores no es aislado ya que ocurre en el contexto de conflicto por la tierra y el territorio en una zona caracterizada por la inexistencia de seguridad jurídica de los territorios indígenas y la presencia de actividades económicas ilegales de deforestación.

Un caso donde la impunidad no solo cae sobre su asesinato sino también sobre el de su padre Mauro Pio Peña quien fue asesinado el 2013 presuntamente por traficantes de madera.

Al igual que el caso anterior, Santiago Vega Chota, comunero de la comunidad nativa Sinchi Roca, fue asesinado en julio de este año. Vega Chota apareció muerto de un disparo en su chacra. Los líderes de la comunidad sufrían constantes amenazas por parte de narcotraficantes. Hasta la fecha no hay mayor información al respecto.

El 13 de julio, asesinaron al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura fueron los autores del crimen.

Los sicarios realizaron 8 disparos contra Noé Suárez, quien fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana.

Finalmente, el 11 de septiembre, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, es asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.

Roberto Carlos quien cultivaba principalmente castaña en la concesión de 842 hectáreas de bosque pertenecientes a su padre, venía registrando invasiones desde el 2012. Desde esa fecha realizó 8 denuncias por deforestación además de las constantes amenazas contra su vida. De esta forma logró convertirse en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por ambientalistas y propietarios de concesiones forestales. El comité lleva años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal e invasiones de terrenos.

Las agresiones en contra de la familia Pacheco eran constantes. En el 2017, Roberto Carlos fue amenazado y golpeado con arma de fuego y machete. Ese mismo año, le pusieron el cañon de un arma en la boca además de destruir sus viene personales. Según lo manifestado por su padre, Demetrio Pacheco, “la única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al defensor del pueblo en madre de dios”.

A estos casos, se suma el último intento de asesinato al defensor ambiental Ismael Acha, el día miércoles 30 de septiembre. Alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria de la comunidad campesina Yanta, se presentó en la parcela de Ismael Acha para agredirlo por su posición frente al proyecto minero Río Blanco.

Las agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante con el objetivo de matarlo, según lo expresado por Alexander Acha, hermano de la víctima.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

Majuan, quien es secretaria de la comunidad campesina Yanta, es acusada por la población de trabajar como promotora de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. Señalan que Elvia Majuan habría estado sobornando a familias de la comunidad para que den su aprobación al proyecto minero. Debido a las medidas de restricción impuestas por la emergencia sanitaria, la comunidad de Yanta aún no ha podido destituir a Elvia Majuan de su cargo.

Todos estos hechos grafican la falta de implementación de leyes, normas y Protocolos desde el Estado para combatir la impunidad con la que se comenten asesinatos de defensores medioambientales. Esto a pesar de la aprobación de la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo” Mar Pérez coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Desde la sociedad civil se ha participado activamente en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2018. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo especial énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en contexto de actividades extractivas mineras.

Abusos de la PNP

Recientemente, el viernes 2 de octubre, mujeres de la Antigua Morococha fueron violentadas por efectivos policiales que lejos de comprender los reclamos de 8 pobladores, decidieron reprimirlas. Lo único que exigían las mujeres y los pobladores era dialogar con representantes de la minera Chinalco frente a los abusos que vienen agravándose en los últimos 2 meses: bloqueo con desmonte de la única vía de acceso y salida a la Antigua Morococha, cortes de agua e intentos de desalojo a las familias que aún viven en la ciudad, por no aceptar ser reasentados en una ciudad: Carhuacoto, que no brinda las garantías para un desarrollo sostenible.

Estos abusos por parte de las fuerzas policiales, no son los únicos cometidos en lo que va del año.  El 22 de julio en Espinar, Cusco, tras los reclamos por parte de los pobladores por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y la reformulación del convenio marco; resultaron heridos 5 pobladores entre los cuales 3 fueron por impacto de bala. En Bretaña, Loreto, entre el 8 y 9 de agosto; 3 indígenas Kukamas fallecieron por impacto de bala tras realizar una protesta donde exigían a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. Además de ello, 11 indígenas resultaron gravemente heridos.

Estos últimos hechos muestran el uso desmedido de la fuerza policial frente a protestas sociales donde pobladores de diversas comunidades han terminado siendo agredidos de forma desmedida.

Otros casos

El 26 de abril, Benjamín Ríos Urimishi, comunero de la comunidad Kipachari, provincia de Atalaya, región Ucayali, fue asesinado en la chacra donde venía trabajando. La única forma de ingresar al lugar del asesinato es mediante una trocha caminando 6 horas o en moto lineal. Benjamín de 25 años de edad fue asesinado delante de su esposa e hijos. Según la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato tendría vinculaciones con el narcotráfico; sin embargo, últimas informaciones indican que el asesinato se dio por asuntos personales.

El miércoles 29 de julio, Lorenzo Wampagkit Yamil, de 54 años,  guardaparque de la reserva comunal Chayu Nain, ubicada en la región Amazonas, es asesinado en su domicilio en Chiriaco, capital del distrito de Imaza, Bagua.

Lorenzo se encontraba de licencia con goce de haber otorgado al amparo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Su trabajo como defensor de la naturaleza se vio opacada por razones que aún se desconocen.

Ambos asesinatos significan igualmente la perdida de personas relacionadas al cuidado y defensa del medio ambiente y no deben quedar impunes.

 

Por: Abog. Rodrigo Lauracio / Área de incidencia politico legal de Red Muqui.

El pasado 03 de Julio del presente año, el Tribunal Constitucional del Perú emitió la sentencia en el proceso de inconstitucionalidad N° 0009-2018-PI/TC; en ella por primera vez el Tribunal reconoció de forma explícita el derecho constitucional a la protesta. En el presente artículo haremos un recuento de las principales implicancias de esta sentencia y su impacto en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

Estas cortas reflexiones deben partir por el reconocimiento al Colegio de Abogados de Puno, quien en uso de su facultad constitucional[1] de cuestionar las normas (leyes), decidió ejercerla y presentar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto Legislativo 1237, que modificó el artículo 200 del Código Penal. Este artículo regula el delito de extorsión y venía siendo invocado en las investigaciones y acusaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en contextos de protestas socioambientales[2], para buscar sancionar penalmente a representantes de organizaciones sociales y comunidades campesinas y nativas (pueblo indígenas).

Otro elemento importante a tener en cuenta es la “constitución viviente”, este concepto hace referencia a que las Constituciones Políticas, y con ello las disposiciones que contiene (artículos), tiene una constante transformación y readaptación al contexto histórico, social y cultural de un país. Es decir, cada una de las normas y principios que contiene nuestra Constitución Política, son interpretadas constantemente por el Tribunal Constitucional para dar respuesta a los desafíos que plantean los problemas surgidos en nuestra sociedad, por ello es una Constitución viviente. Si esto no ocurriera probablemente terminaría siendo desfasada o inoperativa para regular las relaciones entre ciudadanos – ciudadano o ciudadano – Estado.

En el presente caso, se sostuvo que el artículo 200 del Código Penal (delito de extorsión) vulneraba el derecho a la protesta social. Si bien este derecho no se encontraba reconocida de forma explícita[3] en la Constitución, si se encontraba protegida de forma implícita, pues ella derivaba del ejercicio de derechos constitucionales como a la libertad de reunión, libertad de expresión, pensamiento, entre otros. La protesta como derecho están reconocidas en instrumentos internacionales[4] y sentencias como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es el punto central que el Tribunal Constitucional analizó en el presente caso: ¿La protesta social es un derecho constitucional?, ¿Se encuentra reconocida en nuestra Constitución?, ¿Qué es lo que protege este derecho?.

Para dar respuesta a estas interrogantes, el Tribunal parte por reconocer que “[…] la protesta se erige también como un auténtico mecanismo de expresión y eventual reivindicación de las minorías que no logran ser representadas en los ámbitos institucionales a los que solo acceden legítima y legalmente las mayorías, de forma tal que la omisión, en cuanto a su reconocimiento y garantía desde el Estado, no solo menoscabaría profundamente las posibilidades reales de presentar sus demandas a quien corresponda, siempre que estas sean legítimas y legales de acuerdo al orden público constitucional, sino también que dicha omisión contravendría un principio basilar del Estado peruano, de acuerdo con la Constitución Política de 1993, como es el pluralismo, en sus manifestaciones política, ideológica, de pensamiento y creencias. [Fundamento 73]. Es decir, en el marco de un Estado social y plural, es innegable que la protesta social es un mecanismo inescindible para que los diferentes grupos sociales, en especial aquellos excluidos históricamente, puedan demandar la protección de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio.

Esta posibilidad de reconocer a la protesta social como derecho constitucional explícito, encuentra su fundamento en el artículo 3 de la Constitución:  “La apelación al artículo 3° de la Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita”. [Fundamento 60].

Determinada la necesidad de reconocimiento y su posibilidad constitucional, el Tribunal estableció el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, el cual puede ser resumido en los siguientes elementos:

  1. Naturaleza del derecho

El derecho a la protesta social tiene una naturaleza relacionada con la libertad, tanto en su ejercicio o realización. [Fundamento 78].

 

  1. Deber del Estado

El reconocimiento explícito de este derecho constitucional conlleva un deber para el Estado, entendida ella como el conjunto de las instituciones públicas e incluso los ciudadanos, esta obligación es: “[…] más allá de la sola no injerencia o interferencia, lo que también se aprecia en el caso del derecho fundamental a la protesta, como es el caso del deber de protección del derecho ante la obstaculización proveniente de terceros, el deber de promover las condiciones para resolver los conflictos, en la medida de lo posible, a través de los canales institucionales existentes, y, eventualmente, el deber de reparar el derecho ante su violación”. [Fundamento 79].

 

  1. Titular del derecho

“En cuanto a su titularidad, este derecho asiste, en principio, a toda persona, sin que quepa condicionar el reconocimiento del mismo por los motivos prohibidos establecidos de conformidad con el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política de 1993, esto es, de origen, edad, opinión, etc. [Fundamento 80]. Es decir, este derecho es universal y puede ser demandado por todas las personas en nuestro país; a “excepción de los servidores públicos con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los jueces y fiscales, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. [Fundamento 81].

 

  1. Contenido constitucionalmente protegido

“[…] este derecho comprende la facultad de cuestionar, de manera temporal o periódica, esporádica o continua, a través del espacio público o a través de medios de difusión (materiales, eléctricos, electrónicos, virtuales y/o tecnológicos), de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas (incluso normativas) por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes públicos o privados, con el objeto de obtener un cambio del status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo según el orden público constitucional, y que en el ejercicio de la protesta se respete la legalidad que sea conforme con la Constitución”. [Fundamento 82].

 

  1. Límites al derecho

Como todo derecho, su ejercicio debe estar sujeto a límites y la protesta social no es la excepción: “[E]n lo que respecta a sus límites, debe tenerse presente que, como todo derecho fundamental, el derecho a la protesta no es un derecho absoluto o ilimitado. Así, los límites de este derecho se desprenden de la prohibición de vaciar de contenido otros derechos, principios y reglas constitucionales. En todo caso, el alcance de los límites que específicamente operen sobre este derecho deberá ser evaluado a la luz de cada caso concreto […]”. [Fundamento 83].

El Tribunal también aclara que este derecho “[…] no ampara el uso de la violencia como fin o mecanismo de la protesta, como tampoco el uso de armas ni la promoción de la discriminación” [Fundamento 84].

Los límites a este derecho también pueden provenir de la facultad legislativa, la cual debe cumplir con todos los requisitos materiales o formales; al igual que la limitación de este derecho en el momento de su ejercicio debe “[…] ser motivado por la autoridad competente, de manera tal que el derecho solo sea restringido por causas válidas, objetivas y razonables (principio de razonabilidad), y, en modo alguno, más allá de lo que resulte estrictamente necesario y proporcional (principio de proporcionalidad). Cabe advertir, además, que el ejercicio de este derecho no está subordinado a autorización por parte de las autoridades”. [Fundamentos 86-88].

El reconocimiento del derecho a la protesta social, como sostuvimos, tiene un impacto directo en la labor de la defensa de derechos humanos, pues actualmente existen más de 800[5] casos de procesos penales seguidos contra defensores y defensoras de derechos humanos. El reconocimiento explícito del derecho constitucional a la protesta social conlleva una obligación material para los jueces y fiscales al momento de realizar los procesos de juzgamiento o investigación que tienen a su cargo; es decir, realizar una distinción de si la protesta social fue un ejercicio legítimo y constitucional o fue un acto ilícito. Antes de esta sentencia existía una suerte de ambigüedad al respecto, pero ahora se cuenta con un parámetro de control constitucional, el cual es de obligatorio cumplimiento y garantía.  Incluso esta podría ser aplicada de forma retroactiva, en tanto las sentencias constitucionales y más aún los derechos constitucionales tienen un valor normativo.

[1] La Constitución Política, en su artículo 203, inciso 8 reconoce la legitimidad activa a los Colegios Profesionales para interponer demanda de inconstitucionalidad.

[2] Al mes de mayo del presente año, la Defensoría del Pueblo ha reportado 128 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 64.1% (82 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 17.2% (22 casos). REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N.° 195, mayo del 2020. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-195-mayo-2020.pdf

[3] Los derechos constitucionales pueden estar reconocidos de forma explícita o taxativamente en la Constitución, como en el catálogo del artículo 2 y otros.

[4] CIDH. Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf  

[5] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “Criminalización de la protesta y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos”. http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

15 octubre de 2019